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Conceptos jurídicos básicos

Descripción.- Este apartado tiene por objeto conocer, de forma sucinta, el significado de términos o instituciones jurídicas habitualmente utilizadas en la Administración Municipal, con referencia a la normativa aplicable y con remisión, en su caso, a términos relacionados con el fin de su diferenciación o comparación.

Diccionario abierto.- Este compendio de voces o términos jurídico-administrativos no tiene carácter cerrado sino que podrá ampliarse, bien por considerar necesario este autor la incorporación de otros, bien por sugerencias o peticiones de los lectores.

Abreviaturas utilizadas:

CE = Constitución Española

LCSP = Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

LEA = Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

LEF = Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa

LJCA = Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

LOEPSF = Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

LOREG = Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

LPACAP = Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

LPAP = Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

LRBRL = Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

LRJSP = Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

RB = Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio

RJFHN = Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

ROF = Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

TRLEBEP = Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

TRLHL = Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

TRLSRU = Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

TRRL = Texto refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril

Abstención en el procedimiento.

Deber del personal o de los miembros de la Corporación de no intervenir en un procedimiento cuando se de alguna situación de interés personal, parentesco, amistad o enemistad o relación de las previstas en el artículo 23.2 de la LRJSP. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

Ref.: artículos 23 de la LRJSP y 76 de la LRBRL

Abstención en la votación.

Sentido del voto, junto con el afirmativo o el negativo, de un miembro de un órgano colegiado. Para el resultado de la votación es indiferente el número de abstenciones ya que lo cuenta es que el número de votos afirmativos sea superior (en su caso con quórum especial) al de los negativos. La ausencia de un Concejal, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.

Ref.: artículos 19.3 c) y Disposición Adicional vigésimo primera de la LRJSP y 46.2 d) de la L.R.B.R.L

Acta de sesión.

Es el documento público y auténtico redactado por el Secretario del órgano colegiado correspondiente donde se recogen los acuerdos adoptados por dicho órgano en el curso de la sesión, el resultado de las votaciones y las incidencias que hayan tenido lugar durante aquélla.

No son válidos los acuerdos no reflejados en el correspondiente libro de actas.

[Ver, así mismo, Certificación].

Ref.: artículos 50 y 52 TRRL

Acto administrativo.

Acto dictado por la Administración Pública Municipal en el ejercicio de una potestad administrativa.

El acto ha de dictarse por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido; su contenido ha de ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y debe ser determinado y adecuado a su fin.

Ref.: artículo 34 LPACAP

Véase el término “Administración Pública Municipal

Acto administrativo definitivo.

Acto que pone fin a la vía administrativa, es decir que el órgano administrativo correspondiente “ha dicho su última palabra, ha tomado la decisión”, en un asunto de su competencia; y, por lo tanto, el interesado puede ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, sin perjuicio del potestativo recurso de reposición.

En el Ayuntamiento ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos:

   – El Pleno

– El Alcalde

– La Junta de Gobierno

En los tres supuestos anteriores, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2 LRBRL

– . Autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

– Cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal

Ref.: artículo 52 de la L.R.B.R.L.; artículo 114 LPACAP.

Véase el término “Acuerdo o Resolución”.

Acto administrativo de trámite.

Es un acto que sirve de presupuesto a la decisión final, por ejemplo un informe, un dictamen o una Propuesta de Resolución, es un eslabón del procedimiento. No es susceptible de recurso, como el acto definitivo, salvo que implique para el interesado la imposibilidad de continuar el procedimiento o le produzca indefensión o decida directa o indirectamente el fondo del asunto.

Ref.: artículo 112.1 LPACAP

Acto administrativo firme.

Es aquel acto que, salvo el recurso extraordinario de revisión, ya no puede ser impugnado en vía administrativa, ni en vía contencioso-administrativa, bien porque ya se hubieran agotado todos los recursos admisibles, bien porque el interesado hubiera dejado transcurrir los plazos establecidos o hubiera utilizado un recurso improcedente.

Ref. Artículos 113 LPACAP y 28 de la L.J.C.A

Acto comunicado.

Documento mediante el que el interesado pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Pudiendo iniciarse la actividad o ejercitarse el derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuida la Administración.

Ref.: artículos 69.2 LPACAP y 84.1 c) LRBRL.

Ver “Declaración responsable”

Acuerdo o Resolución.

Es un acto administrativo decisorio adoptado por un órgano unipersonal o colegiado de la Administración Pública Municipal en el ejercicio de sus atribuciones.

Acuerdo de Junta de Gobierno Local.

Acto administrativo decisorio adoptado por la Junta de Gobierno Local en el ejercicio de sus atribuciones.

Acuerdo de Pleno.

Acto administrativo decisorio adoptado por el Pleno en el ejercicio de sus atribuciones.

Administración Pública Municipal.

Tienen la consideración de Entidades que constituyen Administración Pública y por lo tanto sometidas en su régimen jurídico al derecho administrativo:

            -el Ayuntamiento.

            -los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes del Ayuntamiento

Ref.: artículo 2, apartados 1 c) y 2 a) LRJSP

[Véanse los términos “Entidad pública empresarial” y “Organismo Autónomo Municipal]

Archivo General.

Es un servicio general del Ayuntamiento al que deben remitirse periódicamente y conforme a las normas reglamentarias establecidas al efecto los documentos y los expedientes ya terminados, los cuales quedan ordenados y custodiados y pueden ser objeto de acceso, por los ciudadanos, a la información en ellos contenida. La ley exige actualmente que cada Administración cuente con un archivo electrónico único.

Ref.: artículos 105 CE, 17 LPACAP, 46.1 LRJSP, 57 y 59.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 179 del R.O.F).

Avocación de competencias.

Acto motivado en virtud del cual un órgano atrae para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda por delegación a otro órgano, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Ref.: artículo 10 de la LRJSP

Bien comunal.

Bien demanial cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

Ref.: artículo 79.3 LRBRL

Bien demanial.

Bien municipal de dominio público destinado a un uso o servicio público.

Ref.: artículo 79.3 LRBRL

Bien patrimonial.

Bien que siendo propiedad de la Entidad Local no está destinado a uso público ni afectado a algún servicio público y puede constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad.

Ref.: artículos 80.2 LRBRL y 6 del RB

Caducidad.

Forma de terminación del procedimiento administrativo por transcurso del plazo establecido para resolver (si hubiese sido iniciado de oficio) o para la realización por el interesado de una determinada actividad o trámite indispensable para resolver (si hubiese sido iniciado a instancia de parte); procediendo en ambos casos el archivo de las actuaciones. [Véase, así mismo, “prescripción”]

Ref.: artículos 25.1 b) y 95 de la LPACAP

Certificación.

Documento expedido por quien está facultado para ello que da fe de la existencia de un determinado documento o expediente, así como de su contenido. Con carácter general, las funciones de fe pública en el Ayuntamiento se ejercen por el Secretario General o, en el caso de los municipios de gran población, por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las que estén atribuidas al Secretario General del Pleno, al Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local y al secretario del Consejo de Administración de las entidades públicas empresariales.

Ref.: artículos 70.3, 92 bis.1 a) y disposición adicional octava d) de la LRBRL

Ciudadano.

El concepto de ciudadano es más amplio que el de interesado o el de vecino, ya que debe considerarse como tal a cualquier persona física, ya sea española o extranjera, y en cuanto tales gozan de los derechos y libertades establecidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en la misma. En cuanto a sus relaciones con la Administración Municipal tienen los derechos que establece el artículo 13 de la LPACAP.

[ref.: artículos 13 LPACAP y 69 y 70.3 L.R.B.R.L.]

[Véase, así mismo, “Interesado” y “Vecino”]

Comisión Informativa.

Es un órgano complementario en el Ayuntamiento, integrado exclusivamente por miembros de la Corporación, de forma proporcional al número de Concejales de cada Grupo Político y cuyas funciones son: -El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.

-El seguimiento de la gestión del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones, de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general le corresponde al Pleno.

Además, en los municipios de gran población, tienen la denominación de Comisiones de Pleno y, además de las anteriores, pueden ejercer las funciones resolutorias que el Pleno les delegue.

[Ref.: artículos 20.1 c) y 122.4 de la LRBRL]

Concurso. En materia de función pública:

– Uno de los sistemas de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera.

– Uno de los sistemas selectivos de personal laboral fijo, junto a la oposición y el concurso-oposición.

En ambos casos, el concurso consiste en la valoración de méritos de los aspirantes.

Ref.: artículos 61.7 y 79 TRLEBEP

Concurso-oposición.

En materia de función pública:

Uno de los sistemas selectivos del personal, junto a la oposición y el concurso.

Incluye, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, valorándose así mismo los méritos de los aspirantes.

Ref.: Artículos 61, apartados 6 y 7 TRLEBEP

Consejo Sectorial.

Es un órgano que puede crear el Ayuntamiento para canaliza la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales en un determinado sector de actividad. Desarrolla exclusivamente funciones de informe, y en su caso propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad. Tiene la naturaleza de órgano complementario.

[Ref.: artículos 69.2 y 72 LRBRL y 130 y 131 del ROF]

Consejo Social de la Ciudad.

Es un órgano consultivo que emite informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Está integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.

Tiene la naturaleza de órgano necesario en los Municipios de gran población.

[Ref.: artículos 20.3, 69.2, 72 y 131 LRBRL]

Convenio urbanístico.

Acuerdo o pacto suscrito entre la Administración y otra persona física o jurídica para la colaboración en privada en actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias o para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística.

Pueden tener el contenido expresamente previsto en la normativa urbanística o el que las partes libremente acuerden, siempre que no vulneren, directa o indirectamente, la normativa urbanística o el planeamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas; no pueden establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados, siendo nula la cláusula que contravenga estas reglas.

Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia.

Ref.: artículo 9.8, 25.1 y 61 TRLSRU; y legislación urbanística de la Comunidad Autónoma respectiva

Cuenta General.

Cuenta que debe formarse a la terminación del ejercicio presupuestario, que tiene por objeto poner de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; debe ser rendida por el Alcalde antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda y aprobada por el Pleno.

Ref.: artículos 208 a 212 TRLHL y 116 LRBRL

Ver “Presupuesto General”

Declaración ambiental estratégica.

informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica ordinaria y que se pronuncia sobre la integración de los aspectos ambientales en la propuesta final del plan o programa.

Ref.: artículos 5.2 d), 7 y 8 de la LEA

Declaración de impacto ambiental.

Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.

Ref.: artículos 5.3 d), 7 y 8 de la LEA

Declaración responsable.

Documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. Pudiendo iniciarse la actividad o ejercitarse el derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuida la Administración.

Ref.: artículos 69.1 LPACAP y 84.1 c) LRBRL.

Ver “Acto comunicado”

Decreto del Alcalde.

Acto administrativo adoptado por el Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

[Ref.: artículos 52.2 a), y 124.4 g) LRBRL y 43.5, 44, 112.3, 115 c), 121, 164 y 172.2 del ROF]

[Véase, así mismo, “Acuerdo o Resolución” y “Resolución del Alcalde”]

Decreto de Concejal Delegado.

Acto administrativo decisorio adoptado por un Concejal en el ejercicio de atribuciones delegadas.

[Ref.: artículos 52.2 a), y 124.4 g) LRBRL y 43.5, 44, 112.3, 115 c), 121, 164 y 172.2 del ROF]

[Véase, sí mismo, “Acuerdo o Resolución” y “Resolución del Alcalde”]

Delegación de competencias entre órganos o delegación de atribuciones.

Delegación del ejercicio de la competencia de un órgano de la Administración Municipal en otro órgano de la misma, aún cuando no sea jerárquicamente dependiente, o de entidad de derecho público vinculada o dependiente de dicha Administración Municipal.

El término “competencias” se refiere a las competencias que corresponden al Ayuntamiento en virtud del artículo 25 de la L.R.B.R.L. y otras leyes.

El término “atribuciones” se refiere a las facultades que tienen los órganos administrativos para aprobar, autorizar, resolver, etc. A diferencia de la transferencia de competencias, en la delegación de atribuciones se delega el “ejercicio” de la competencia y las Resoluciones adoptadas por el órgano delegado se entienden dictadas por el órgano delegante.

[Ref.: Artículos 9 LRJSP, y 20.1 c), 21.3, 22.4, 52.2 b) y 123.2, 124.5 y 127.2 L.R.B.R.L]

Delegación de competencias entre entidades de derecho público. Delegación del ejercicio de la competencia que realiza el Ayuntamiento en otra entidad de derecho público o que realiza ésta a favor del Ayuntamiento.

El término “competencias” se refiere a las competencias que corresponden al Ayuntamiento en virtud del artículo 25 de la L.R.B.R.L. y otras leyes, o bien las que corresponden a la Administración General del Estado o a la Comunidad Autónoma.

El término “atribuciones” se refiere a las facultades que tienen los órganos administrativos para aprobar, autorizar, resolver, etc.

[Ref.: artículos 22.2 g) y 27 L.R.B.R.L.].

Delegación de firma.

Delegación de la firma de los actos o resoluciones del titular de un órgano al titular de otro órgano o unidad administrativa dependiente de aquél. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación debe hacerse constar la autoridad de procedencia.

[Ref.: artículo 12 LRJSP].

Desafectación de bien inmueble.

Alteración de la calificación jurídica de un bien demanial a través de un procedimiento en el que se acredite la oportunidad y legalidad de su desvinculación del uso o servicio público y su incorporación al patrimonio municipal.

Ref.: artículos 69 de la LPAP y 8 del RB

Dictamen de Comisión Informativa o Comisión de Pleno.

Modalidad de proyecto de acuerdo consistente en propuesta que se somete al Pleno por una Comisión Informativa o de Pleno tras el estudio del expediente. Normalmente se limita a mostrar la conformidad a la Propuesta de Resolución procedente de los servicios administrativos, si bien puede formular una propuesta alternativa.

[Véase, así mismo: “Proyecto de acuerdo”]

[Ref.: artículo 136.2 del ROF.]

Diligencia.

En sentido amplio, diligencia es cualquier actuación o trámite de impulso del expediente o de ejecución de las resoluciones adoptadas. En sentido estricto es un acto del instructor del expediente o del fedatario en el que se hace constar en el expediente o en un documento un hecho o dato concreto.

Documento público administrativo.

Son documentos públicos administrativos los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. Las Administraciones Públicas deben emitir los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.

[Ref.: artículo 26.1 LPACAP

Documento electrónico.

Documentos administrativo emitido a través de medios electrónicos, que deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos. e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

[Ref.: artículo 26.2 LPACAP]

Ejecución del procedimiento.

Fase del procedimiento que tiene por objeto llevar a cabo las actuaciones materiales y formales necesarias para ejecutar la resolución recaída en el procedimiento.

[Véase, así mismo, “Notificación”]

Encomienda de gestión.

Encomienda a otro órgano o entidad de la Administración Municipal o de otra Administración de la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de aquélla, no suponiendo dicha encomienda cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

[Véase, así mismo: “Delegación de atribuciones”, “Delegación de competencias”, “Delegación de firma” y “Transferencia de competencias”.

[Ref.: artículo 11 LRJSP]

Entidad pública empresarial.

Organismo público creado bajo la dependencia o vinculación de la Administración Pública Municipal al que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de un servicio o la producción de bienes de interés público de la competencia municipal susceptibles de contraprestación. Se rige por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente regulados para las mismas en el artículo 85 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en sus estatutos y en la legislación presupuestaria.

La entidad pública empresarial es una de las formas de gestión directa de los servicios de competencia municipal junto con la gestión por el propio Ayuntamiento, la gestión a través de un organismo autónomo y la gestión a través de una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal.

Véase, así mismo, “Organismo autónomo” y “Sociedad mercantil municipal”.

[Ref.: artículo 85 bis L.R.B.R.L.]

Estudio de Detalle.

En urbanismo, instrumento de planeamiento para completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas en el Plan General para el suelo urbano y en los Planes Parciales y Especiales; en los términos previstos en la legislación urbanística de la respectiva Comunidad Autónoma.

Entidad Urbanística de Conservación.

En urbanismo, entidad que se constituye para la conservación de las obras de urbanización, con sujeción al régimen establecido en la normativa urbanística de la respectiva Comunidad Autónoma.

Evaluación ambiental.

Procedimiento administrativo instrumental respecto del de aprobación o de adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de los planes, programas y proyectos. La evaluación ambiental incluye tanto la «evaluación ambiental estratégica» como la «evaluación de impacto ambiental»

Ref.: artículos 5, 7 y 8 de la LEA

Ver «Declaración de evaluación ambiental estratégica» y «Declaración de evaluación de impacto ambiental»

Expediente.

Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

Los expedientes deben formarse mediante la agregación sucesiva de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, decretos, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos.

[Ref.: artículos 70.1 LPACAP y 164 R.O.F.]

Expediente electrónico.

Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. Los expedientes deben tener formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

[Ref.: artículo 70.2 LPACAP]

Expropiación forzosa.

Cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Ref.: artículos 33.3 de la CE y 1.1 de la LEF

[Ver ocupación directa de terrenos]

Funcionarios Públicos Habilitados para la asistencia a los interesados en el uso de medios electrónicos.

Funcionarios públicos habilitados para realizar la identificación o firma electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante el uso del sistema de firma electrónica del que estén dotados dichos funcionarios públicos. Así como para asistir a los ciudadanos que soliciten y, en su caso, consientan, de forma expresa, ser asistidos para que suplan la carencia de medios electrónicos que padecen.

Ref.: artículos 12.2, 13 b) y 14 LPACAP

Información pública.

Es un trámite de la fase de instrucción del procedimiento que tiene por objeto la participación de los ciudadanos en el mismo; es trámite preceptivo en los casos previstos en la correspondiente norma de procedimiento. En todo caso, la información debe publicarse en el tablón de edictos y en el Boletin Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma uniprovincial.

[Ref.: artículos 83 LPACAP]

Informe.

Acto administrativo de trámite –que forma parte de la fase de instrucción del procedimiento- en el que se emite un juicio o parecer por el empleado u órgano competente para ello y que resulta preceptivo o conveniente para la resolución del procedimiento.

[Ref.: artículos 79 Y 80 LPACAP y 172 a 174 R.O.F.]

Informe ambiental estratégico

Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la evaluación ambiental estratégica simplificada.

Ref.: artículo 5.2 e) de la LEA

Iniciación del procedimiento.

Trámite que inicia formalmente un procedimiento y que determina, por lo tanto, la iniciación del cómputo del plazo máximo de resolución y demás efectos legales.

En el caso de iniciación a solicitud del interesado, el único documento que formaliza la iniciación es dicha solicitud, debidamente inscrita en el Registro Electrónico General de la Entidad Local.

En el caso de iniciación de oficio, la iniciación se formaliza únicamente mediante la providencia u orden de proceder o mediante resolución o acuerdo del órgano competente para resolver.

Ref.: artículos 16, 58 y 66 LPACAP

Interesado.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

[Véase, así mismo, “Ciudadano” y “Vecino”]

[Ref.: artículo 4.1 de la LPACAP]

Instrucción del procedimiento.

Fase del procedimiento que incluye los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución.

Véase, así mismo: “Informe”, “Información pública” y “Propuesta de Resolución”]

[Ref.: artículos 75 a 83 LPACAP.]

Instructor del expediente.

Es el empleado municipal responsable, en cada expediente, de la instrucción y demás funciones de impulso, control y cumplimiento de trámites.

[Ref.: artículos 20, 53.1 b) y 71 LPACAP]

Junta de Distrito. Órgano de gestión desconcentrada al que corresponde el gobierno y administración del Distrito (división territorial del municipio), sin perjuicio del mantenimiento de la unidad de gestión y gobierno municipal.

[Ref.: Artículos 24, 70 bis.1,  123.1 c) y 128 LRBRL y 119.2 b) y 128 y 129 del ROF]

Libro de Actas.

Instrumento público solemne previamente foliado y legalizada cada hoja, ya sea su soporte o formato, en papel o electrónico, en el que necesariamente deben transcribirse todos los acuerdos adoptados por los órganos colegiados de gobierno.

[Ref.: 52 T.R.R.L., 110.2, 113.1 f) y 198 R.O.F.]

Libro-Registro de Resoluciones.

Instrumento público solemne previamente foliado y legalizada cada hoja, ya sea su soporte o formato, en papel o electrónico, en el que necesariamente deben transcribirse todas las Resoluciones adoptadas por los órganos unipersonales resolutorios.

[Ref.: artículo 200 R.O.F.]

Licencia de actividad.

Acto de control preventivo que realiza el Ayuntamiento para el ejercicio de una actividad cuando fuese necesario por venir así exigido en la normativa aplicable, especialmente por precisar alguna tramitación de calificación ambiental.

Ref. artículo 84.1 b) LRBRL

Ver “acto comunicado” y “declaración responsable”; así como la LEA y la legislación ambiental de la respectiva Comunidad Autónoma

Moción.

Es la propuesta, formulada por escrito u oralmente, que se somete directamente a conocimiento del Pleno por razones de urgencia.

También es frecuente que se regule en el respectivo Reglamento Orgánico Municipal como modalidad de proyecto de acuerdo que se eleva al Pleno, bien por los Grupos Políticos o por la Junta de Portavoces, el Alcalde, la Junta de Gobierno Local o cualquier Concejal; cuyo proyecto de acuerdo debe tener contenido municipal, ser presentado por escrito e incluir una exposición de motivos y una parte dispositiva.

[Véase, así mismo: “Proyecto de acuerdo”]

[Ref.: artículos 86, 91.4, 94 b) y 97.3 del  ROF

Moción de censura.

Procedimiento de destitución del Alcalde, que se inicia mediante propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción; resultando aprobada y por consiguiente destituido el Alcalde si en la sesión plenaria convocada al efecto si es apoyada por la mayoría absoluta indicada

Ref.: artículos 197 de la LOREG 22.3 y 123.1 b) LRBRL y 40.6 ROF

Nota interior.

Es un documento que se utiliza para una comunicación de carácter interno, sin que la misma forme parte de un expediente administrativo.

[Véase, así mismo, “Carta” y “Oficio”]

Notificación.

Acto de traslado al interesado de una resolución o acto administrativo que afecta a sus derechos o intereses, cuyo acto de traslado debe efectuarse con sujeción a los requisitos establecidos en los artículos 40 y 41 de la LPACAP.

[Véase, así mismo, “Ejecución del procedimiento”]

Notificación electrónica.

Notificación que se efectúa utilizando algún medio electrónico si el interesado ha señalado dicho medio como preferente y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía; el sistema debe permitir acreditar la fecha y hora en que se produce la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación así como el acceso a su contenido.

[Véase, así mismo: ”Ejecución del procedimiento” y “Notificación”] [Ref.: artículo 41 LPACAP]

Oferta de empleo público.

Instrumento de gestión de la provisión de las necesidades de personal, que se aprueba por el Alcalde de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, y que comporta la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos.

En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

Ref. artículos 10.4 y 70.1 TRLEBEP y 21.1 g) LRBRL

Oficina de Asistencia para la presentación electrónica de documentos.

Oficina en que se presta asistencia al ciudadano para la presentación electrónica de documentos y donde se pueden presentar estos. El Ayuntamiento y las Administraciones Públicas en general deben hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se presta asistencia para la presentación electrónica de documentos

Ver artículo 16, apartados 4 d) y 7, de la LPACAP

Oficio.

Es un documento que se utiliza para la comunicación entre unidades y órganos administrativos en la tramitación de un expediente, o bien escrito del Alcalde, Concejal Delegado u otro órgano unipersonal en el que se dirige una comunicación o información a otra autoridad cuyo escrito debe inscribirse en el Registro Electrónico General.

[Véase, así mismo, “Carta” y “Nota interior”]

[Ref.: artículos 16.1 LPACAP y 192.2 y 193 R.O.F.]

Ocupación directa de terrenos.

En urbanismo, instrumento previsto en la legislación urbanística de las respectiva Comunidad Autónoma para la obtención de terrenos destinados por el planeamiento a redes públicas de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos, mediante el reconocimiento a su titular del derecho a integrarse en un ámbito de actuación, sector o unidad de ejecución en el que el aprovechamiento urbanístico total permitido por el planeamiento exceda del aprovechamiento que corresponda a sus propietarios.

Al igual que en la expropiación forzosa, debe publicarse de la relación de los terrenos y propietarios afectados y notificarse a éstos y en el momento de la ocupación debe levantarse acta.

[Ver expropiación forzosa]

Oposición.

En materia de función pública:

Uno de los sistemas selectivos de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo, junto al concurso y el concurso-oposición Incluye, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes.

Ref.: Artículo 61, apartados 6 y 7 TRLEBEP

Organismo Autónomo.

Organismo público creado bajo la dependencia o vinculación de la Administración Pública Municipal al que se encomienda, en régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad de una Concejalía, la realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos municipales. Se rige por el Derecho administrativo.

El Organismo Autónomo es una de las formas de gestión directa de los servicios de competencia municipal junto con la gestión por el propio Ayuntamiento, la gestión a través de una entidad pública empresarial y la gestión a través de una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal.

Véase, así mismo, “Entidad pública empresarial” y “Sociedad mercantil municipal”.

[Ref.: artículos 85 bis L.R.B.R.L.]