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AYUNTAMIENTO: Conceptos jurídicos básicos DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL-Conceptos jurídicos básicos

Diccionario de conceptos jurídicos básicos en la Administración municipal

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DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL-Conceptos jurídicos básicos Mis artículos

CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Descripción.- Este apartado tiene por objeto conocer, de forma sucinta, el significado de términos o instituciones jurídicas habitualmente utilizadas en la Administración Municipal, con referencia a la normativa aplicable y con remisión, en su caso, a términos relacionados con el fin de su diferenciación o comparación.

Diccionario abierto.- Este compendio de voces o términos jurídico-administrativos no tiene carácter cerrado sino que podrá ampliarse, bien por considerar necesario este autor la incorporación de otros, bien por sugerencias o peticiones de los lectores.

En esta entrada incluyo las primeras voces o términos que comprende de la A a la C. En próximas entradas incluiré el resto.

Abreviaturas utilizadas:

CE = Constitución Española

LCSP = Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

LEA = Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

LEF = Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa

LJCA = Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

LOEPSF = Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

LOREG = Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General

LPACAP = Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

LPAP = Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas

LRBRL = Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

LRJSP = Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

RB = Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio

RJFHN = Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional

ROF = Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

TRLEBEP = Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

TRLHL = Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

TRLSRU = Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

TRRL = Texto refundido de las disposiciones legales en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril

VOCES O TÉRMINOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS:

Abstención en el procedimiento.

Deber del personal o de los miembros de la Corporación de no intervenir en un procedimiento cuando se de alguna situación de interés personal, parentesco, amistad o enemistad o relación de las previstas en el artículo 23.2 de la LRJSP. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

Ref.: artículos 23 de la LRJSP y 76 de la LRBRL

Abstención en la votación.

Sentido del voto, junto con el afirmativo o el negativo, de un miembro de un órgano colegiado. Para el resultado de la votación es indiferente el número de abstenciones ya que lo cuenta es que el número de votos afirmativos sea superior (en su caso con quórum especial) al de los negativos. La ausencia de un Concejal, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención.

Ref.: artículos 19.3 c) y Disposición Adicional vigésimo primera de la LRJSP y 46.2 d) de la L.R.B.R.L

Acta de sesión.

Es el documento público y auténtico redactado por el Secretario del órgano colegiado correspondiente donde se recogen los acuerdos adoptados por dicho órgano en el curso de la sesión, el resultado de las votaciones y las incidencias que hayan tenido lugar durante aquélla.

No son válidos los acuerdos no reflejados en el correspondiente libro de actas.

[Ver, así mismo, Certificación].

Ref.: artículos 50 y 52 TRRL

Acto administrativo.

Acto dictado por la Administración Pública Municipal en el ejercicio de una potestad administrativa.

El acto ha de dictarse por el órgano competente, ajustándose al procedimiento establecido; su contenido ha de ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y debe ser determinado y adecuado a su fin.

Ref.: artículo 34 LPACAP

Véase el término “Administración Pública Municipal

Acto administrativo definitivo.

Acto que pone fin a la vía administrativa, es decir que el órgano administrativo correspondiente “ha dicho su última palabra, ha tomado la decisión”, en un asunto de su competencia; y, por lo tanto, el interesado puede ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, sin perjuicio del potestativo recurso de reposición.

En el Ayuntamiento ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos:

    – El Pleno

– El Alcalde

– La Junta de Gobierno

En los tres supuestos anteriores, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2 LRBRL

– . Autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.

– Cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal

Ref.: artículo 52 de la L.R.B.R.L.; artículo 114 LPACAP.

Véase el término “Acuerdo o Resolución”.

-Acto administrativo de trámite.

Es un acto que sirve de presupuesto a la decisión final, por ejemplo un informe, un dictamen o una Propuesta de Resolución, es un eslabón del procedimiento. No es susceptible de recurso, como el acto definitivo, salvo que implique para el interesado la imposibilidad de continuar el procedimiento o le produzca indefensión o decida directa o indirectamente el fondo del asunto.

Ref.: artículo 112.1 LPACAP

Acto administrativo firme.

Es aquel acto que, salvo el recurso extraordinario de revisión, ya no puede ser impugnado en vía administrativa, ni en vía contencioso-administrativa, bien porque ya se hubieran agotado todos los recursos admisibles, bien porque el interesado hubiera dejado transcurrir los plazos establecidos o hubiera utilizado un recurso improcedente.

Ref. Artículos 113 LPACAP y 28 de la L.J.C.A.

Acto comunicado.

Documento mediante el que el interesado pone en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho. Pudiendo iniciarse la actividad o ejercitarse el derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuida la Administración.

Ref.: artículos 69.2 LPACAP y 84.1 c) LRBRL

Ver “Declaración responsable”

Acuerdo o Resolución.

Es un acto administrativo decisorio adoptado por un órgano unipersonal o colegiado de la Administración Pública Municipal en el ejercicio de sus atribuciones.

Acuerdo de Junta de Gobierno Local.

Acto administrativo decisorio adoptado por la Junta de Gobierno Local en el ejercicio de sus atribuciones.

Acuerdo de Pleno.

Acto administrativo decisorio adoptado por el Pleno en el ejercicio de sus atribuciones.

Administración Pública Municipal.

Tienen la consideración de Entidades que constituyen Administración Pública y por lo tanto sometidas en su régimen jurídico al derecho administrativo:

            -el Ayuntamiento.

            -los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes del Ayuntamiento

Ref.: artículo 2, apartados 1 c) y 2 a) LRJSP

[Véanse los términos “Entidad pública empresarial” y “Organismo Autónomo Municipal]

Archivo General.

Es un servicio general del Ayuntamiento al que deben remitirse periódicamente y conforme a las normas reglamentarias establecidas al efecto los documentos y los expedientes ya terminados, los cuales quedan ordenados y custodiados y pueden ser objeto de acceso, por los ciudadanos, a la información en ellos contenida. La ley exige actualmente que cada Administración cuente con un archivo electrónico único.

Ref.: artículos 105 CE, 17 LPACAP, 46.1 LRJSP, 57 y 59.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y 179 del R.O.F).

Avocación de competencias.

Acto motivado en virtud del cual un órgano atrae para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda por delegación a otro órgano, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

Ref.: artículo 10 de la LRJSP

Bien comunal.

Bien demanial cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos

Ref.: artículo 79.3 LRBRL

Bien demanial.

Bien municipal de dominio público destinado a un uso o servicio público

Ref.: artículo 79.3 LRBRL

Bien patrimonial.

Bien que siendo propiedad de la Entidad Local no está destinado a uso público ni afectado a algún servicio público y puede constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad

Ref.: artículos 80.2 LRBRL y 6 del RB

Caducidad.

Forma de terminación del procedimiento administrativo por transcurso del plazo establecido para resolver (si hubiese sido iniciado de oficio) o para la realización por el interesado de una determinada actividad o trámite indispensable para resolver (si hubiese sido iniciado a instancia de parte); procediendo en ambos casos el archivo de las actuaciones.

[Véase, así mismo, “prescripción”]

Ref.: artículos 25.1 b) y 95 de la LPACAP

Certificación.

Documento expedido por quien está facultado para ello que da fe de la existencia de un determinado documento o expediente, así como de su contenido.

Con carácter general, las funciones de fe pública en el Ayuntamiento se ejercen por el Secretario General o, en el caso de los municipios de gran población, por el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, sin perjuicio de las que estén atribuidas al Secretario General del Pleno, al Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno Local y al secretario del Consejo de Administración de las entidades públicas empresariales.

Ref.: artículos 70.3, 92 bis.1 a) y disposición adicional octava d) de la LRBRL

Ciudadano.

El concepto de ciudadano es más amplio que el de interesado o el de vecino, ya que debe considerarse como tal a cualquier persona física, ya sea española o extranjera, y en cuanto tales gozan de los derechos y libertades establecidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en la misma.

En cuanto a sus relaciones con la Administración Municipal tienen los derechos que establece el artículo 13 de la LPACAP

[ref.: artículos 13 LPACAP y 69 y 70.3 L.R.B.R.L.]

[Véase, así mismo, “Interesado” y “Vecino”]

Comisión Informativa.

Es un órgano complementario en el Ayuntamiento, integrado exclusivamente por miembros de la Corporación, de forma proporcional al número de Concejales de cada Grupo Político y cuyas funciones son:

-El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno.

-El seguimiento de la gestión del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local y los Concejales que ostenten delegaciones, de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general le corresponde al Pleno.

Además, en los municipios de gran población, tienen la denominación de Comisiones de Pleno y, además de las anteriores, pueden ejercer las funciones resolutorias que el Pleno les delegue.

[Ref.: artículos 20.1 c) y 122.4 de la LRBRL]

Concurso.

En materia de función pública:

– Uno de los sistemas de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de carrera

– Uno de los sistemas selectivos de personal laboral fijo, junto a la oposición y el concurso-oposición

En ambos casos, el concurso consiste en la valoración de méritos de los aspirantes.

Ref.: artículos 61.7 y 79 TRLEBEP

Concurso-oposición.

En materia de función pública:

Uno de los sistemas selectivos del personal, junto a la oposición y el concurso.

Incluye, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, valorándose así mismo los méritos de los aspirantes.

Ref.: Artículos 61, apartados 6 y 7 TRLEBEP

Consejo Sectorial.

Es un órgano que puede crear el Ayuntamiento para canaliza la participación de los ciudadanos y de las asociaciones en los asuntos municipales en un determinado sector de actividad. Desarrolla exclusivamente funciones de informe, y en su caso propuesta, en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad.

Tiene la naturaleza de órgano complementario.

[Ref.: artículos 69.2 y 72 LRBRL y 130 y 131 del ROF]

Consejo Social de la Ciudad.

Es un órgano consultivo que emite informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Está integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.

Tiene la naturaleza de órgano necesario en los Municipios de gran población.

[Ref.: artículos 20.3, 69.2, 72 y 131 LRBRL]

Convenio urbanístico.

Acuerdo o pacto suscrito entre la Administración y otra persona física o jurídica para la colaboración en privada en actuaciones de transformación urbanística y en las edificatorias o para el mejor y más eficaz desarrollo de la actividad administrativa urbanística. Pueden tener el contenido expresamente previsto en la normativa urbanística o el que las partes libremente acuerden, siempre que no vulneren, directa o indirectamente, la normativa urbanística o el planeamiento, y respeten el principio de indisponibilidad de las potestades administrativas; no pueden establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los propietarios afectados, siendo nula la cláusula que contravenga estas reglas. Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia.

Ref.: artículo 9.8, 25.1 y 61 TRLSRU; y legislación urbanística de la Comunidad Autónoma respectiva

Cuenta General.

Cuenta que debe formarse a la terminación del ejercicio presupuestario, que tiene por objeto poner de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; debe ser rendida por el Alcalde antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda y aprobada por el Pleno

Ref.: artículos 208 a 212 TRLHL y 116 LRBRL

Ver “Presupuesto General”

Ver el diccionario completo de CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS de la Administración Local, en https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/conceptos-juridicos-basicos-2/

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

¿Sabías que…

El ciudadano tiene derecho a la participación pública en la elaboración de los proyectos normativos?

En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial debe figurar en lugar visible [ver nota crítica al final de esta entrada] un punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de normas reglamentarias que se impulsen por los ministerios y sus organismos públicos dependientes o vinculados y deban someterse a consulta, audiencia o información pública.

Los puntos de acceso ministeriales deben ofrecer una doble opción: «Consulta pública previa» y «Audiencia e información pública». Se acompañará una explicación del contenido de cada una de ellas:

► El trámite de “consulta pública previa” tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

Esta opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

En relación con cada proyecto normativo, debe ofrecerse información sobre los siguientes aspectos:

– Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).

– Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

– Necesidad y oportunidad de su aprobación.

– Objetivos de la norma.

– Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

Por ejemplo: actualmente se encuentra abierto el plazo para que cualquier ciudadano pueda intervenir, con sus aportaciones, en la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo (del Ministerio de Trabajo y Economía Social) consistente en la modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, siendo la fecha límite para la presentación de aportaciones el próximo 4 de marzo de 2021. Para participar:

https://www.mites.gob.es/es/participacion/consultas/index.htm

► Los “trámites de audiencia e información pública” tiene por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

El punto de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración normativa contará con un buscador de los proyectos normativos sometidos a consulta, audiencia o información pública, tanto de aquéllos que tengan abierto el plazo como de aquéllos para los que el trámite haya finalizado. El buscador empleará al menos los siguientes criterios de búsqueda: rango normativo, ámbito material, palabras del título, trámite abierto/cerrado y fecha de cierre del plazo de aportaciones

Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia,

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html

que canalizará a cada Ministerio competente las correspondientes propuestas:

La participación pública en los proyectos normativos está recogida en:

– el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

– la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales

https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590

Nota crítica personal.- A pesar de lo indicado, si se acude a la pantalla de inicio del portal web de cada Ministerio puede observarse que no está en lugar “bien visible” el acceso a dicha participación. Y aunque, como queda señalado, puede acudirse al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y una vez en el mismo, entrar en cada Ministerio, el método y criterios de publicación no son homogéneos.

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ATLETISMO

Mis 26 maratones disputados

Antes de relacionar los veintiséis maratones que disputé y finalicé, y de contar experiencias vividas (que lo haré en otro momento), quiero aclarar el origen de la palabra maratón y cuál es la distancia de esta carrera

Origen de la palabra Maratón: En el año 490 a.c., durante las guerras médicas, un soldado ateniense llamado Filípides fue designado para avisar a los atenienses que habían vencido a los persas en la batalla de Maratón. Filípides tuvo que recorrer 40 Km para llegar a Atenas, y -según cuenta la leyenda- en el momento de llegar y tras gritar “¡hemos vencido!” falleció por el agotamiento.

¿Cuál es la distancia de un maratón? Si bien muchas veces se utiliza la palabra para referirse a cualquier carrera de fondo, realmente solo se puede llamar maratón a la carrera que consiste en recorrer una distancia de 42.195 metros (42,195 km). Los 42.195 m por los que hoy día conocemos el Maratón datan de 1908, cuando se celebraron los Juegos Olímpicos de Londres y la reina estableció, sin quererlo, esta distancia como la oficial de la carrera de resistencia por antonomasia. Y ello porque esta distancia es la que separa la ciudad inglesa de Windsor del estadio White City, en Londres. Los últimos metros fueron añadidos para que la final tuviera lugar frente al palco presidencial del estadio.

En la siguiente tabla consta la fecha, el lugar, el tiempo en que hice la carrera (en horas, minutos y segundos) y el ritmo (es decir, minutos/km.). También, de las que tengo referencia, el puesto en la general y, en su caso, en la categoría.

    fecha  Lugar    tiempo    ritmopuesto gral./ puesto categoría
16.10.94SAN SEBASTIÁN3:12:004:33318 (de 638 llegados)
30.04.95MADRID3:09:004:29586 (de 5000) / 103 de veter.
26.11.95BENIDORM3:17:004:40 
21.04.96PARÍS3:02:004:19 
20.04.97ROTTERDAM2:58:004:13 
22.02.98SEVILLA2:56:004:10 
28.06.98GIJÓN2:55:404:1023 / 4º veter.
01.11.98NUEVA YORK3:16:004:39 
20.06.99GIJÓN3:01:004:1728 / 2º veter.
28.11.99SAN SEBASTIÁN3:04:424:23370
28.05.00LAREDO3:01:394:1857 / 3º veter.
27.11.00SAN SEBASTIÁN2:56:414:11 
28.10.01VENECIA03:05:514:24500 / 53 veter.
  14.04.02 LONDRES  3:04:57 4:23  1457 (de 40000)
27.10.02VALLE DEL NALÓN (ASTURIAS)3:01:444:1848 (de 194) / 9º veter.
06.04.03PARÍS2:55:184:091169 (de 28992) / 421 (de 9099) veter.
23.11.03SAN SEBASTIÁN3:05:234:24416 (de 1858) / 40 veter.
06.04.04VITORIA3:06:584:26 
03.09.05)SAN SEBASTIÁN3:25:084:52203 (de 762) / 45 (de 136)
09.04.06PARÍS3:04:514:23 
26.11.06SAN SEBASTIÁN3:03:494:21406 (de 1948) / 11 (de 21)
06.04.08PARÍS3:08:034:271864 (de 35000) / 163º (de 4030)
28.11.10SAN SEBASTIÁN3:24:544:511146 (de 2435) / 68 (de 238)
07.04.13PARÍS3:43:595:18 
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LITERATURA-RELATOS CORTOS

Relatos cortos

CIERRE PERIMETRAL

Estoy obsesionado y confuso con la pandemia. Pero más con las normas que rigen en cada momento y lugar. Desconozco si las normas son durante diez o quince días, dudo si el lugar es todo el territorio nacional, o la comunidad autónoma, o la provincia, o el municipio y dentro de éste los comercios, la hostelería (y si ésta comprende el interior o las terrazas) y los domicilios particulares (para estos también hay normas: reuniones, familiares, allegados, número de personas).

Además, están las mascarillas, que el otro día un familiar procedente de América Latina lo llama “cubreboca” y también acabo de leer en el BOE que además de poder llamarse también “cobertor facial comunitario” (¡qué susto, creí que ahora habría que cubrir toda la cara con una manta de abrigo como las que se usaban antes para la cama!), resulta que deben reunir un montón de requisitos, hasta la composición, la fecha de caducidad, otros (ahora en uso) se van a retirar en breve si no cumplen los requisitos.

Como viajo con frecuencia a Asturias y vuelvo a Madrid, y viceversa, desde unos días antes repaso minuciosamente las normas vigentes en cada Comunidad Autónoma (y las que hay para cada pueblo,  pues nunca se sabe cuándo necesitaré entrar en alguno), también reviso los salvoconductos que he de llevar para desplazarme.

Cuando en casa recibo visitas, recuento las personas que nos juntamos, me obsesiono pensando si habrán estado en contacto con algún positivo, si habrán subido por la escalera o habrán pulsado el botón del ascensor, si la mascarilla, o cubreboca, o cobertor facial comunitario que llevan, estará homologado o habrá caducado; si tendrán salvoconducto y si cumplirán la hora del toque de queda.

Estoy obsesionado. Ya he preparado los carteles  para colocar en los distintos lugares de la casa: “obligatorio el uso de mascarilla”, “guarde la distancia de seguridad”, … dudo dónde poner “cierre perimetral”

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TRANSPARENCIA

LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA

No es mi opinión subjetiva sino el resultado plasmado en la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno aprobada por Resolución de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y que se publicó en el B.O.E. el día 12 de este mes de febrero de 2021.

La evaluación ha partido de la selección de tres municipios efectuada por aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que hayan atribuido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones del artículo 24 de la Ley mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración. En concreto, Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Siendo el objeto de la evaluación el grado y calidad de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)

Por ello, es cierto que los resultados que seguidamente comentaré son solo una muestra, tomada en el sentido indicado, del conjunto de los 8.131 municipios españoles. Y vaya por delante que la crítica aquí apuntada no puede extenderse ni mucho menos a todos los Ayuntamientos ya que los hay que cumplen escrupulosamente las obligaciones de publicidad activa de dicha Ley.

En lo que se refiere a las Entidades Locales, la evaluación se ha centrada en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)

Los resultados que destaco aquí son los siguientes

  1. LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Los municipios evaluados disponen de un acceso específico para la información sujeta obligaciones de publicidad activa. Sin embargo, uno de ellos posiciona al visitante en la página web de su correspondiente Diputación provincial. Esta dispersión no ha contribuido a facilitar la localización de la información que, además, se presentaba en su mayor parte desactualizada.

En cuanto a la estructuración de la información incluida bajo estos accesos específicos de transparencia seis estructuran el acceso de transparencia de acuerdo con los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI); y los restantes conforme al patrón que definen sus ordenanzas municipales o de modo organizado pero sin ajustarse exactamente a los bloques de información que definen la LTAIBG o su norma autonómica.

Por otro lado, en cinco de los once municipios evaluados se ha localizado información sujeta a publicidad activa al margen del acceso específico de transparencia. Y cuatro de ellos mantienen publicada información que carece de actualización y que, con carácter general, no ha sido posible tener en cuenta.

B) Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

B.a) Información IOP (Institucional, Organizativa y de Planificación) y Registro de Actividades de Tratamiento.

La proporción de informaciones publicadas correspondiente a este bloque de obligaciones alcanza casi un 64%. La falta de publicación de información vinculada al grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas, así como la ausencia de publicación del inventario de actividades de tratamiento son los factores que explican el déficit de cumplimiento en este bloque de obligaciones.

Por lo que respecta a la calidad de la información, únicamente un 39% de la información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la fecha de actualización.

El nivel global de cumplimiento en este bloque de obligaciones alcanza el 63,5%.

B.b) Información de relevancia jurídica.

La proporción de informaciones obligatorias publicadas es muy inferior en este bloque: un 16,2%. Este valor promedio se explica porque en cinco de los once municipios no ha resultado posible localizar información respecto de este grupo de obligaciones.

En cuanto a la calidad de la información publicada, se observa cierto margen de mejora en cuanto a la utilización de formatos reutilizables y referencias que permitan conocer su grado de actualización.

El nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es muy bajo: un 16,3 %.

B.c) Información EPE (Económica, Presupuestaria y Estadística).

En este bloque de obligaciones vuelve a aumentar la proporción de informaciones publicadas, pero sin llegar a alcanzar el porcentaje del bloque de información institucional, organizativa y de planificación: un 50,9%. Ninguno de los municipios evaluados cumple con la totalidad de las obligaciones de este grupo.

Respecto de la calidad de la publicación de las informaciones obligatorias, en este bloque de obligaciones los dos principales déficits se localizan en la forma de acceso a la información – más del 57% de las informaciones no se publica de manera directa en el Portal sino que los enlaces dirigen a otras webs para localizarla (contratación, cuentas públicas e informes de auditoría y fiscalización, principalmente) y como consecuencia de esto, una proporción similar de informaciones presentan dificultades de acceso. Otro déficit observado es que parte de la información no se proporciona en formato reutilizables.

B.d) Información sobre bienes patrimoniales.

Diez de los once municipios evaluados cumplen con la obligación de publicar este tipo de información, bien mediante una relación específica de bienes inmuebles (de naturaleza urbana y rústica), bien a través de la publicación del inventario municipal.

Los diez municipios que publican esta información la presentan de forma directa, es accesible y comprensible. Sin embargo, poco más del 45% cumple con el requisito de reutilización y solo la mitad con el de actualización.

B.e.) Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).

El valor medio del ICIO de los municipios evaluados es bajo, se sitúa en el 49%, aunque con una gran variabilidad ya que un municipio alcanza un 87,7% frente a otro con un índice de cumplimiento del 28,7%. El ICIO mediano se sitúa en el 36,8%, es decir, la mitad de los ayuntamientos presentan un nivel de cumplimiento igual o inferior a esta proporción.

La falta de publicación de informaciones obligatorias explica fundamentalmente la puntuación alcanzada y en un segundo plano, la publicación mediante formatos de imagen o directamente sobre la propia web, el recurso a fuentes de datos centralizadas para la publicación de muchas de las informaciones del bloque Información EPE, y la falta de referencias a la actualización de la información.

  • TRANSPARENCIA COMPLEMENTARIA Y BUENAS PRÁCTICAS.

Todos los municipios evaluados publican información adicional, relevante desde el punto de vista de la Transparencia, que va más allá de las informaciones obligatorias que recoge la LTAIBG, si bien en la mayor parte de los casos no cabe tratarla como transparencia voluntaria, en la medida en que estas informaciones responden a obligaciones fijadas por las normas autonómicas o sus propias ordenanzas en esta materia, mucho más exigentes en cuanto a obligaciones de publicidad activa que la ley básica estatal. Y en ocasiones, esta información adicional deriva de las obligaciones impuestas por normas de aplicación al ámbito local como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LBRL).

Entre las informaciones que un mayor número de municipios publican, cabe destacar, de mayor a menor frecuencia: Plenos municipales, planeamiento urbanístico, relación de puestos de trabajo, información sobre empleo y procesos selectivos, Agendas, órdenes del día y actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local Gastos de viajes y dietas Plazas e Identificación de personal eventual Flota de vehículos adscritos al Ayuntamiento Composición del Comité de empresa Gastos en campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional e Información medioambiental urbana.

Como buenas prácticas identificadas (respecto a las que debe felicitarse a los Ayuntamientos autores) el CTBG destaca las siguientes:

Aprobación de una ordenanza de transparencia o una Carta de Servicios en materia de transparencia.

Inclusión de textos introductorios o explicativos.

Inclusión de la fecha de la actualización en los documentos incorporados a la web.

Elaboración y publicación de una Memoria anual de Transparencia.

Inclusión dentro del Portal de Transparencia de un bloque dedicado a la última información publicada.

Inclusión de buscadores con varios filtros para facilitar la localización de la información.

Proporcionar la información en más de un formato reutilizable.

En conclusión, estimo que los Ayuntamientos necesitan mejorar en transparencia, porque de la evaluación realizada se deduce:

● Existe un acceso y una estructura no clara de la información. Efectivamente, si acudimos a las webs municipales se observa muchas veces que la información (obligatoria) figura al margen del acceso específico de transparencia.

● En esta misma línea, en muchos casos se estructura el acceso de transparencia de acuerdo con los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI). Esta organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global, cumple una finalidad elogiable y ha impulsado la función de transparencia de los municipios españoles. Pero al propio tiempo he de decir, a la vista de mi experiencia, que en muchos casos -dada la publicidad que supone salir en el ránking anual de municipios más transparentes que dicha organización difunde- seguir la estructura de contenidos de la misma (que está bien, cuánta más información mejor) impide que se incluyan los demás bloques de contenidos que la ley de transparencia (la LTAIBG) exige. Y no digamos sobre la veracidad y actualización de los contenidos, que hace que la transparencia sea “flor de un día”

Y es que también -como ha observado el CTBG, se mantiene publicada información que carece de actualización.

● En cuanto a los distintos bloques de materias, el CTBG DETECTA déficits en:

– publicación de información vinculada al grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas. ¿Será que se planifica poco y se evalúa menos?

– información de relevancia jurídica: me sorprende enormemente que el nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es solo de un 16,3 %

● Finalmente, en cuanto a la calidad de la información, únicamente un 39% de la información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la fecha de actualización. Se incumple, en este sentido, la Ley de Transparencia.

Confirma esta evaluación realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la crítica que en este mismo blog (trasladando mi artículo en el blog EsPublico) hacía, cuestionado si en los Ayuntamientos españoles,en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales en la materia, hay transparencia o postureo, claridad o tinieblas:

https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/133

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CONSUMO NOVEDADES NORMATIVAS

¿Sabías que…

han entrado en vigor nuevas normas en relación a los servicios de atención al cliente para proteger a los consumidores y usuarios?

Desde el pasado 23 de diciembre está en vigor el Real Decreto-Ley 37/2020, de 22 de diciembre, que, entre otras medidas, modifica algunos preceptos del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007 [TRLGDCU], de 16 de noviembre, que afectan especialmente a los servicios de atención al cliente.

¿Quién no ha sufrido, se ha desesperado, se ha encontrado indefenso, se ha enfadado porque su interlocutor es una “máquina”, o ha recibido una factura telefónica elevada por haber utilizado números de tarificación especial precisamente para formular alguna queja o reclamación o simplemente obtener una información?

Pues bien, entre las medidas ya vigentes con anterioridad y las que acaban de aprobarse y entrar en vigor, debes saber que, sobre los servicios de atención al cliente, rigen estas disposiciones:

● Las oficinas y servicios de información y atención al cliente que las empresas pongan a disposición del consumidor y usuario deberán asegurar que éste tenga constancia de sus quejas y reclamaciones, mediante la entrega de una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero.

● Si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance.

● Las oficinas y servicios de información y atención al cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos. [Debe llamarse la atención de antes del 23 de diciembre pasado, esos requisitos de accesibilidad regían solo para “personas con edad avanzada”].

● Deben identificarse claramente los servicios de atención al cliente en relación a las otras actividades de la empresa. Estando expresamente prohibido la utilización de este servicio para la utilización y difusión de actividades de comunicación comercial de todo tipo.

● Coste de la llamada telefónica en relación con el contrato celebrado. En caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar.

● En el supuesto de utilizarse, de acuerdo con el párrafo anterior, una línea telefónica de tarificación especial que suponga un coste para el consumidor o usuario, el empresario facilitará al consumidor, junto con la información sobre dicha línea telefónica de tarificación especial y en igualdad de condiciones, información sobre un número geográfico o móvil alternativo.

● No solo eso: en los supuestos de servicios de carácter básico de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer, en cualquier caso, de un teléfono de atención al consumidor gratuito. A estos efectos, tendrán la consideración de servicios de carácter básico de interés general los de suministro de agua, gas, electricidad, financieros y de seguros, postales, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, protección de la salud, saneamiento y residuos, así como aquellos que legalmente se determinen.

● En todo caso los empresarios pondrán a disposición de los consumidores y usuarios información sobre:

– la dirección postal

– número de teléfono

– fax, cuando proceda, y

– dirección de correo electrónico

 en los que el consumidor y usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre los bienes o servicios ofertados o contratados. Los empresarios comunicarán además su dirección legal si esta no coincidiera con la dirección habitual para la correspondencia.

Los empresarios deberán dar respuesta a las reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y, en todo caso, en el plazo máximo de un mes desde la presentación de la reclamación.

(Artículo 21,apartados 2 y 3 del TRLGDCU)

● Son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios de atención al cliente (artículo 49.1 p) del TRLGDCU)

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Acceso

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NOVEDADES NORMATIVAS

NOVEDADES NORMATIVAS

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DE EMPLEO: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/01/26/2/con

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA Y EN MATERIA DE TRANSPORTES: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/37/con

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el listado de las entidades del Tercer Sector que tienen la consideración de mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado, a los efectos de las acreditaciones de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. B.O.E. sábado 6 de febrero de 2021 Sec. III. Pág. 14072

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario. B.O.E. viernes 29 de enero de 2021 Sec. II.B. Pág. 10298

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas

ACTUALIZACIÓN de las Normas básicas del Dcho. Admtvo. Local

Actualizado en la página de LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN, las NORMAS BÁSICAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL, con la incorporación de la disposición que regula el Punto de Acceso General a la Administración General del Estado:

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLAEspecialmente los artículos 103, 105, 106 y 140 a 142https://www.boe.es/eli/es/c/1978/12/27/(1)/con

LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCALhttps://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con

LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAShttps://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con

LEY 40/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICOEspecialmente los artículos 1 a 4; 8 a 14; 23 a 46; y 155https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/40/con

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALEShttps://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con

ORDEN HAP/1949/2014, DE 13 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE REGULA EL PUNTO DE ACCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y SE CREA SU SEDE ELECTRÓNICAhttps://www.boe.es/eli/es/o/2014/10/13/hap1949/con

LEY 19/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNOhttps://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con

REAL DECRETO 1112/2018, DE 7 DE SEPTIEMBRE, SOBRE ACCESIBILIDAD DE LOS SITIOS WEB Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES DEL SECTOR PÚBLICOhttps://www.boe.es/eli/es/rd/2018/09/07/1112/con

LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAhttps://www.boe.es/eli/es/l/1998/07/13/29/con

LEY ORGÁNICA 3/1981, DE 6 DE ABRIL, DEL DEFENSOR DEL PUEBLOhttps://www.boe.es/eli/es/lo/1981/04/06/3/con

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS Y OTRAS LEYES COMPLEMENTARIAShttps://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con

REAL DECRETO 1690/1986, DE 11 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LAS ENTIDADES LOCALEShttps://www.boe.es/eli/es/rd/1986/07/11/1690/con

RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2020, DE LA SUBSECRETARÍA, POR LA QUE SE PUBLICA LA RESOLUCIÓN DE 17 DE FEBRERO DE 2020, DE LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL, POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES TÉCNICAS A LOS AYUNTAMIENTOS SOBRE LA GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPALhttps://www.boe.es/eli/es/res/2020/04/29/(5)/con

REAL DECRETO LEGISLATIVO 6/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIALhttps://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/6/con

REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANAhttps://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/7/con

LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTALhttps://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/21/con

LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDOhttps://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/37/con

LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTALhttps://www.boe.es/eli/es/l/2007/10/23/26/con

REAL DECRETO 646/2020, DE 7 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDEROhttps://www.boe.es/eli/es/rd/2020/07/07/646/con

LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOShttps://www.boe.es/eli/es/l/2012/12/26/12/con

LEY ORGÁNICA 1/2002, DE 22 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓNhttps://www.boe.es/eli/es/lo/2002/03/22/1/con

LEY 38/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONEShttps://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/38/con

LEY 33/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAShttps://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/03/33/con

REAL DECRETO 1372/1986, DE 13 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALEShttps://www.boe.es/eli/es/rd/1986/06/13/1372/con

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICOhttps://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con

LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 2014https://www.boe.es/eli/es/l/2017/11/08/9/con