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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todas las NORMAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENTIDADES LOCALES

En esta entrada puede verse el lndice del CAPÍTULO III de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (de la colección Todo Administración Local, que edita Wolters Kluver), recientemente publicada, en el que de forma sistemática y minuciosa y desde mi experiencia como Secretario Municipal compendio y analizo, en clave local, todas las normas e instituciones jurídicas comunes a las distintas fases del procedimiento administrativo, desde los principios rectores del mismo, los requisitos y vicios de los actos o trámites, los órganos o unidades intervinientes y el régimen jurídico de la abstención y la recusación, así como las normas específicas o tradicionalmente consideradas de ordenación (actualizadas al necesario funcionamiento electrónico de la administración local). Finalmente se incluye el análisis actualizado de instituciones tan vinculadas a las fases procedimentales como los plazos y su régimen jurídico (abarcando igualmente las peculiaridades producidas durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020), el registro electrónico y el archivo electrónico único

En el INDICE se incluyen los apartados siguientes:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

III. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Producción de los actos administrativos

3. Requisitos: contenido, motivación e inderogabilidad singular

3.1. Contenido y motivación  

3.2. Inderogabilidad singular

4. Forma

IV. LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO

1. Consideraciones previas

2. Empleados públicos, unidades y órganos administrativos

2.1. Empleados públicos

2.2. Unidades administrativas

2.3. Órganos administrativos

V. LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DEL PERSONAL Y LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO

1. Conceptos

2. Supuestos de abstención

3. Régimen jurídico de la abstención y efectos4. Régimen jurídico de la recusación

VI. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

VII. LOS VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Clases de vicios en el acto administrativo

3. Errores materiales, de hecho o aritméticos

4. Irregularidades no invalidantes

5. Vicios de anulabilidad

6. Vicios de nulidad

7. Procedimiento de revisión de los vicios del acto administrativo

8. Efectos

9. Conversión, conservación y convalidación

VIII. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. El expediente

1.1. Concepto

1.2. Formato

1.3. Contenido y formación

1.4. Impulso de la tramitación

1.5. Orden de tramitación

1.6. Desglose de documentos y carácter bifronte de éstos

1.7. Custodia de documentos

1.8. Salida de expedientes de las oficinas

1.9. Remisión del expediente electrónico

2. Publicidad de las relaciones de procedimientos

3. Impulso del procedimiento

4. Cumplimiento de trámites

5. Concentración de trámites

6. Cuestiones incidentales

7. Tramitación simplificada

8. Responsabilidad de la tramitación

9. La actuación administrativa automatizada

9.1. Consideraciones previas

9.2. Definición y distinción de conceptos afines

9.3. Régimen jurídico

9.4. Algunos ejemplos

10. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales

IX. TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto y obligatoriedad

2. Reglas sobre el cómputo de plazos administrativos

2.1. Regla general

2.2. Excepciones

2.3. Comienzo y cómputo del plazo

2.4. Finalización del plazo

3. Reglas sobre el cómputo de los plazos en los registros electrónicos

4. Las aplicaciones informáticas y los plazos

5. La habilitación de medios para el cumplimiento de los plazos

6. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo

7. La reducción de plazos en el procedimiento administrativo

7.1. Régimen común de la tramitación de urgencia

7.2. La tramitación de urgencia en virtud de ley

8. La suspensión del plazo máximo de resolución

9. La ampliación del plazo máximo de resolución

10. Los plazos administrativos y el funcionamiento de las oficinas de las AAPP

11. La excepcional suspensión de plazos en el estado de alarma

X. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

1. Lugares de presentación de los documentos que los interesados dirijan a la Entidad local

2. Objeto

3. Naturaleza y características

4. Las oficinas de asistencia en materia de registro

5. El registro y la sede electrónica

6. Horario de funcionamiento del Registro de la Entidad local

7. Orden de anotación en el Registro, contenido, recibo acreditativo y curso del documento

8. Dirección de la función de fe pública

9. Creación y regulación.

10.-Entrada en vigor

XI. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

1. Consideraciones previas y definiciones de interés en la legislación vigente sobre archivos

2. El archivo electrónico de documentos

3. La figura del archivo electrónico único y el procedimiento administrativo

4. Conservación y medidas de seguridad

5. Los antiguos archivos en papel

6. Dirección de la función de fe pública

7. Acceso de los ciudadanos al Archivo

8. Entrada en vigor

Más información en este blog:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/

https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

Tribunales calificadores de las pruebas de acceso libre convocadas para FHN (Secretaría-Intervención, Secretaría de entrada e Intervención-Tesorería de entrada)

En relación a las pruebas selectivas convocadas por las Resoluciones de 29 de junio del presente año para el acceso a las subescalas indicadas de funcionarios de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, ya han sido designados los Tribunales calificadores en virtud de las Ordenes HFP/1100, 1101 y 1102, respetivamente, de  de 7 de octubre de 2021, publicadas en el BOE del día de hoy, 13 de octubre.

Los Tribunales son los siguientes:

Subescala de Secretaría-Intervención:

Tribunal titular

Presidente: Jesús Torres Martínez. Magistrado.

Secretario: Sonia Justo Justo. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vocales:

Julio Prinetti Márquez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

María Teresa Montero Pujante. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Mariano Cano Martínez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Julia Amaro Millán. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Virginia Róscales García. Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.

Alfonso Moreno Gómez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Begoña Muelas Escamilla. Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

Silvia Blázquez Herranz. Grupo Técnico de Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Daniel Sancho Jaraíz. Magistrado.

Flora María Pérez Almoguera. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Francisco Javier Yagüe Soto. Cuerpo de Inspectores de Hacienda. Administración Autonómica.

Tribunal suplente

Presidente: María José Portilla López. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Secretario: Alfonso Beceiro Leboso. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vocales:

Jaime José Álvarez de Toledo Jaén. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Susana Lazaro Cabello. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Irene Tovar Lerena. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Ignacio Rodrigo Rodríguez Pozuelo. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vicente Marquina Sánchez. Técnico Superior Administración General. Comunidad Autónoma.

María Pilar Moreno Sastre. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ricardo Gómez Hernández. Escala de Administración General. Subescala Técnica. Administración local.

María Isabel Conde Bueso. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

Rosa María Aldarias García. Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Fernando Talavera Esteso. Cuerpos Superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Elena María Gómez Marcos. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Administración local.

Subescala de Secretaría, categoría de entrada:

Tribunal titular

Presidente: Bárbara García-Andrade Díaz. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Pablo Vaquero Pinto. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Administración local.

Vocales:

Paloma Ramírez Pastor. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

José Antonio Fernández Marín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Fernanda Rodríguez González. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Javier Pereira Pagan. Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración local.

José María Bautista Samaniego. Cuerpo Jurídico Militar.

Lourdes Barranco Jiménez. Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración local.

Beatriz Vozmediano Ares. Escala de Letrados de Universidad Autónoma de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente: Alfredo Carrero Santamaría. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Silvia Villa Albertini. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

Vocales:

Carlos Santa Cecilia Roma. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Alfonso Magaña Ponte. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

María Jesus de la Calle García. Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

Isabel Mayoral Mayoral. Cuerpo Técnico de Administración General de la Comunidad de Madrid.

Laura Irene Jerez Martín. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Administración local.

Ana Belen Gómez Chia. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Administración local.

Octavio Martínez Rodríguez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada:

Tribunal titular

Presidente: Beatriz M.ª Vigo Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Javier Font Miret. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Vocales:

María del Carmen Miralles Huete. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Juan Andrés Gil Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Elena María Estrada González. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Francisco Almonte Gregorio. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Fernando Rodríguez Duque. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

M.ª Concepción López Arias. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

María Esther García Manzanares. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Tribunal suplente

Presidente: José Joaquín Serrano Ortega. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Esther Barrios Burgos. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Vocales:

Eva Donoso Atienza. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Marina Menéndez Miralbes. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Luis Bartolomé La Huerta. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

M.ª Isabel García Aliaga. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Ignacio Ollero Borrero. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Belén García Carretero. Profesora Titular de Universidad.

Adolfo González Méndez. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Contra las Ordenes ministeriales indicadas puede interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes desde esta publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro de las Órdenes publicadas en el BOE:

Secretaría-Intervención:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16546.pdf

Secretaría, categoría de entrada:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16547.pdf

Intervención-Tesorería, categoría de entrada:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16548.pdf

Ver más información sobre estas pruebas selectivas, aquí: https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/2495

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ATLETISMO Mis artículos

LA MARATÓN ES UNA CARRERA DE RITMO… CONSTANTE

De pequeño, en la salida de una carrera de unos 3 kms. en mi pueblo un amigo me comentó “yo voy a sprintar y ponerme el primero”. Y efectivamente tras la recta inicial de aproximadamente 100 metros se colocó en primera posición; pero al llegar yo -en una mediana posición- a alcanzar esa pequeña distancia encontré a mi amigo parado, con las manos sobre los muslos de las piernas y con la respiración entrecortada diciendo “ya no puedo más”.

Cuando unos cuantos años más tarde reanudé mi afición por el atletismo y comencé a preparar y a disputar maratones, leía en una revista especializada en la materia que entre las reglas de oro de la mítica carrera de 42 kms y 195 metros una de ellas era que la maratón “es una carrera de ritmo”. Aquéllo me sonaba a algo muy técnico, más propio de los corredores “de la élite” como denominamos los corredores “populares” o “aficionados” a los maratonianos profesionales o semiprofesionales.

Tengo que confesar que a pesar de la experiencia que fui adquiriendo y de la carrera que voy a mencionar, en la gran mayoría de las 26 maratones que disputé y finalicé, incurrí en un error similar al de mi amigo en aquella pequeña carrera.

¿Por qué incurrimos en este error?

 En primer lugar hay que dejar claro que para disputar una maratón -y digo disputar en el sentido de terminar la carrera queriendo hacerlo en el menor tiempo posible, de acuerdo con la capacidad y condiciones de cada uno, es decir no “caminar” durante 42 kms- es necesaria una preparación previa de entrenamiento de carrera continua cinco o seis días a la semana durante un año más algún entrenamiento “de calidad” (series, cambios de ritmo, cuestas) y varios entrenos “de largo recorrido” (de entre 28 y 32 kms) al menos un día a la semana en el mes previo a la competición.

Pues bien, una vez hecho ese trabajo previo, cuando se da el pistoletazo de salida, además de la euforia, del ambiente, de los ánimos del público y del locutor de turno es lógico que nuestro cuerpo nos pida -y sin duda está capacitado para ello- correr rápido, quizás no tanto como sprintar como había hecho mi amigo, pero sí correr a un ritmo superior, más veloz, del que esa regla de oro del maratón exige: es decir, si de acuerdo con nuestras condiciones y entrenamiento realizado podríamos terminar el maratón en un tiempo de 3 horas y 10 minutos, nuestro cuerpo está preparado para comenzar, y seguir durante varios kms, a un ritmo de unos 4 minutos por kilómetro. Si lográsemos mantener este ritmo conseguiríamos no solo nuestro objetivo sinó una gran marca de 2 horas y 48 minutos (es decir, 22 minutos menos de nuestro objetivo). El problema está en que, partiendo de dicho objetivo realista de hacer el maratón en 3 horas y 10 minutos, si bien podemos correr más rápido durante 3, o 5, o 10 o incluso 15 o 20 kms debemos ser plenamente conscientes, tener grabado en nuestra mente, que aún faltan por correr 39, o 37, o 32, o 27, o 22 kms, respectivamente.

Dicho de otro modo: si nuestro objetivo (en función de la preparación y capacidad de cada uno) es terminar la maratón en 3 horas y 10 minutos, debe mantenerse un ritmo medio de 4 minutos y 30 segundos por kilómetro.

¡Claro que sería posible mantener un ritmo de 4 minutos por km durante los 21 primeros kilómetros y un ritmo de 5 minutos por km durante los 21 kms restantes! Sin duda las matemáticas no fallan y al final el resultado sería un ritmo medio de 4 minutos y medio por cada km y la marca en la meta sería la buscada de 3 horas y 10 minutos. Pero eso ni es fácil ni es recomendable, y ello porque lo más probable es que al ir a un ritmo mucho más rápido del previsto el cuerpo y sobre todo las piernas acusarían un tremendo cansancio y con ello lo más seguro es que la segunda parte la hagamos no a un ritmo de 5 minutos por km sino a un ritmo mucho peor, es decir probablemente a seis o siete minutos por km. Es decir, iríamos de más a menos y además desde el punto de vista psicológico lo más probable es que nuestro ánimo se viniese abajo, además de nuestras fuerzas.

Un ejemplo paradigmático de ritmo constante para mí lo fue la Maratón de Rotterdam que disputé.

No voy a hablar de la ciudad -como en el caso de Nueva York- ya que Rotterdam aparte de una gran ciudad portuaria e industrial no es tan bonita como Amsterdam, por ello si alguien va a disputar la maratón de Rotterdam lo más recomendable (al menos es lo que yo hice) es alojarse en Amsterdam y trasladarse en tren (lo hay cada 30 minutos aproximadamente) y llegar a la ciudad portuaria en menos de una hora. Lo que quiero mostrar es mi experiencia en cuanto al tema que estoy tratando en esta entrada, es decir el ritmo del maratón.

Pues bien, aparte de haber supuesto la maratón en que por primera vez bajé de las 3 horas (en otras posteriores lo haría seis o siete veces más), lo que me supuso sin duda una gran satisfacción, fue probablemente la maratón más cómoda en el sentido de que ni sufrí el llamado ”muro” (alrededor de ese km 30 en que el cansancio acumulado hace que te encuentres con una especie de muro) ni me vine “abajo” ni física ni anímicamente en ningún  momento, ni llegué “desfondado”, “agotado” (como suele ocurrir), no solo eso sino que llegué a la meta con tales fuerzas que habría hecho unos cuantos kms más.

El perfil de Rotterdam es llano (de ahí que en esa ciudad se hayan batido varios récords mundiales) y aquél día de finales del mes de abril la temperatura era de 0º (para mí, al menos, fenomenal).

Pero circunstancias ambientales aparte (siempre hay “excusas” para justificar lo bien o mal que nos salió un maratón) lo más trascendental -y es lo que quiero poner aquí de manifiesto y mostrar de ejemplo por si a alguien le puede servir es el ritmo constante que mantuve a lo largo de toda la carrera. El chip que llevamos los corredores en la zapatilla conectado con el sistema informático así lo registró:

-Del km 0 al 5: ritmo de 4 minutos y 41 segundos

-Del km 5 al 10: ritmo de 4 minutos y 17 segundos

-Del km 10 al 15: ritmo de 4 minutos y 14 segundos

-Del km 15 al 20: ritmo de 4 minutos y 10 segundos

-Del km 20 al 25: ritmo de 4 minutos y 9 segundos

-Del km 25 al 30: ritmo de 4 minutos y 6 segundos

-Del km 30 al 35: ritmo de 4 minutos y 9 segundos

-Del km 35 al 40: ritmo de 4 minutos y 6 segundos

-Del km 40 al 42,1: ritmo de 4 minutos y 9 segundos

El ritmo medio que me salió al final es de 4 minutos y 13 segundos cada km. Si os fijáis, aparte de los primeros cinco kms (es normal, o mejor dicho muy recomendable, salir algo más despacio al principio) en el resto, es decir durante los 35 kilómetros restantes la desviación sobre el ritmo medio es prácticamente inexistente: cuatro segundos más entre el km 5 y el 10 y siete segundos menos entre el km 35 y el 40; incluso -si volveis a la tabla- fui arañando segundos al ritmo medio (el retroceso de 3 segundos justo al pasar el km 30 es anecdótico, sobre todo teniendo en cuenta que entre el km 35 y el 40 volví a recuperar el ritmo anterior).

La marca final conseguida (las matemáticas y el chip de cronometraje no fallan) fue de 2 horas y 58 minutos.

Repito: el haber mantenido la constancia descrita en el ritmo de carrera es para mí -y creo que para cualquier maratoniano- el mayor logro, el mejor éxito. La marca conseguida, ese tan deseado hito de bajar de las 3 horas, es solo la consecuencia de haber seguido al pie de la letra esa regla de oro de una maratón: es una carrera de ritmo, pero de ritmo constante.

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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Obra sobre Procedimiento administrativo: ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS I Y II

En esta entrada puede verse al detalle el índice de los dos primeros capítulos de mi obra, recientemente publicada

CAPÍTULO I. NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Consideraciones previas

1. Objeto de este bloque de materias.

2. Objeto de este Capítulo

3. Las fuentes del procedimiento administrativo local

II. Concepto y finalidad del procedimiento administrativo de las Entidades Locales

III. Legislación básica sobre procedimiento administrativo aplicable a las Entidades Locales

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1.1. Naturaleza.

1.2. Contenido de la LPAC. Especial referencia al Título preliminar, las Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposición derogatoria y Disposición final séptima (entrada en vigor). Relación entre los Títulos I a VI y los Capítulos o epígrafes de esta Obra.

2. Otras disposiciones orgánicas o básicas, comunes a los procedimientos administrativos de las EELL 

2.1. Supuestos de informe del Secretario

2.2. Solicitud de informe al Consejo de Estado

2.3. Supuestos de informe del Interventor y de fiscalización en los expedientes.

2.4. Procedimientos cuya resolución corresponde al Alcalde

2.5. Procedimientos cuya resolución corresponde al Presidente de la Diputación

2.6. Ejercicio de la competencia por los órganos de las EELL

2.7. Requisitos de funcionamiento y de adopción de acuerdos de los órganos colegiados

2.8. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno Local

2.9. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación

2.10. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento

2.11. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno de la Diputación

2.12. Notificación y publicación de acuerdos

IV. Normativa estatal, autonómica y local

1. Normativa estatal. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

2. Legislación autonómica:

2.1.Canarias.

2.2.Cataluña.

2.3.Illes Balears.

2.4.La Rioja.

2.5.Navarra.

3. Normativa local

V. Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de  actividades administrativas de las Entidades Locales

1.-Potestad reglamentaria

2.-Aceptación de competencias o delegación de competencias

3.- Creación de Entidades Locales

4.- Alteración de términos municipales

5.-Constitución de la Corporación

6.-Elección de Alcalde y del Presidente de Diputación y de los Cabildos y Consejos Insulares

7.-Régimen de sesiones del Pleno

8.-Sustitución de Concejales

9.-Instrumentos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

10.-Moción de censura

11.-Cuestión de confianza

12.-Consulta popular

13.-Ejercicio del derecho a la información pública

14.-Procedimiento sancionador 

15.-Procedimiento de responsabilidad patrimonial

16.-Elaboración y aprobación del Presupuesto

17.-Aprobación de la liquidación del Presupuesto

18.-Aprobación de la Cuenta General

19.-Aprobación de Ordenanzas Fiscales

20.-Establecimiento o modificación de tributos 

21.-Procedimiento de recaudación

22.- Revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos

23.-Aprobación de convenios

24.-Ejercicio de acciones

25.-Sistemas de selección de los empleados públicos

26.-Régimen de las situaciones administrativas

27.-Régimen disciplinario

28.-Procedimientos de concesión de subvenciones

29.-Procedimiento de justificación y reintegro de subvenciones 

30.-Aprobación del expediente de contratación 

31.-Procedimientos de adjudicación de los contratos

32.-Procedimientos de adquisición de bienes

33-Procedimientos de autorización y concesión de bienes demaniales

34.-Procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales

35.- Establecimiento, organización y supresión de servicios

36.-Ejercicio de actividades de servicios y de comercio

37.-Instrumentos de prevención ambiental

38.- Espectáculos públicos

39.-Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico

40.-Aprobación de Convenios urbanísticos

41.-Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 

42.-Procedimiento de disciplina urbanística

VI. Leyes autonómicas sobre administración local, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y sobre urbanismo

1.-Leyes autonómicas sobre administración local

2.-Leyes autonómicas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

3.-Leyes autonómicas sobre urbanismo

CAPÍTULO II. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Consideraciones previas

II. Conceptos y régimen jurídico

1. Las personas y la capacidad de obrar ante la Administración: tipos de personas (personas físicas, personas jurídicas, ciudadanos y vecinos)

1.1. Personas físicas y personas jurídicas

1.2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

1.3. La extensión de la capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

1.4. Los ciudadanos

1.5. Los vecinos

2. Los interesados

3. La representación

4. El registro de apoderamientos

5. La identificación ante la Administración. Clases. Sistemas de identificación electrónica

5.1. Clases de identificación:

5.2. Sistemas de identificación electrónica:

6. La firma ante la Administración. Concepto. Clases. Sistemas de firma electrónica

6.1. La firma ante la Administración

6.2. Clases de firma electrónica:

7. El Punto de Acceso electrónico de la Administración

8. La sede electrónica

9. Las oficinas de asistencia en materia de registro

9.1. Introducción.

9.2. Régimen jurídico

10. Documentos aportados por los interesados

11. Modelos normalizados de solicitud

12. Documentos públicos administrativos 

12.1. Introducción.

12.2. Concepto.

12.3. Clases:

12.4. Documento y acto administrativo

12.5. Las normas técnicas de interoperabilidad que afectan al documento electrónico administrativo

12.6. Requisitos de validez del documento electrónico administrativo

13. Copias auténticas realizadas por las AAPP

13.1. Concepto de copia auténtica.

13.2. Requisitos de las copias auténticas.

13.3. Efectos.

13.4. Derechos de los interesados

13.5. Órganos y funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas

13.6. Expedición de copias auténticas de otros documentos públicos

14. Transmisiones de datos entre AAPP

14.1. Consideraciones previas.

14.2. La transmisión de datos entre AAPP y el derecho de los interesados.

14.3. La transmisión de datos entre AAPP y la protección de datos de carácter personal

14.4. La Norma Técnica de Interoperabilidad en materia de intermediación de datos

14.5. Plataforma de intermediación de datos

III. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración

1. Derechos

1.1. Elección del medio para relacionarse con la Administración

1.2. Comunicación a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

1.3. Asistencia en el uso de medios electrónicos

1.4. Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la LPAC

1.5. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

1.6. Acceso a la información pública, archivos y registros

1.7. Trato con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

1.8. Facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

1.9. Protección de sus datos de carácter personal

1.10. Exigencia de responsabilidad a la Administración y autoridades

1.11. Otros derechos

2. Obligaciones

2.1. Acreditar la identidad

2.2. Firmar el documento en los supuestos exigidos

2.3. Inscribirse en el Padrón del Municipio de residencia habitual

2.4. Colaborar con la Administración en los supuestos exigidos

2.5. Comparecer en una oficina pública en los supuestos legalmente previstos

2.6. Otros deberes

3. Derechos y obligaciones de los vecinos

IV. Derechos y obligaciones de los interesados en sus relaciones con la Administración.

1. Derechos.

1.1. Consideraciones previas

1.2. Derechos reconocidos a las personas

1.3. Obtención de información y orientación sobre requisitos impuestos a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

1.4. No aportación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración

1.5. No presentar documentos originales

1.6. Conocer el estado de la tramitación del procedimiento

1.7. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda

1.8. Conocer el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

1.9. Conocer los actos de trámite dictados en el procedimiento

1.10. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento

1.11. Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento

1.12. Formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos y aportar documentos

1.13. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente

1.14. Interponer el recurso resulte procedente en caso de desestimación por silencio administrativo

1.15. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

1.16. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes

1.17. Otros derechos reconocidos a los presuntos responsables en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora

2. Obligaciones.

2.1. Relacionarse electrónicamente con la Administración en los supuestos exigidos

2.2. Responsabilizarse de la veracidad de los documentos que presenten

2.3. Cumplir los plazos establecidos en la LPAC u otras leyes

V. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con las personas

VI. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con los interesados en el procedimiento

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todo Administración Local: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Acaba de publicarse esta obra de la que soy autor.

Examino el régimen jurídico del procedimiento administrativo en clave local.

Puesto al día a partir del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Forma parte de la colección: Todo Administración Local. Editorial El Consultor de los Ayuntamientos (Wolters Kluver).

Con el objetivo de que los operadores jurídicos del procedimiento administrativo local encuentren toda la información necesaria se abordan cada uno de aspectos de esta materia acompañándose en todo momento de la normativa aplicable, la jurisprudencia, doctrina y consultas de interés y en su caso modelos de documentos.

En el Capítulo I se recogen todas las normas de aplicación en el procedimiento administrativo de las Entidades locales, no solo las de la LPAC sino otras disposiciones tanto orgánicas o básicas como otra normativa estatal, autonómica y local, así como las Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de actividades administrativas o ejercicio de potestades por las Entidades Locales.

El Capítulo II supone un compendio de derechos y obligaciones de las personas y de las entidades locales en la actuación administrativa de éstas y en el Capítulo III un estudio pormenorizado de todas las normas rectoras y de ordenación del procedimiento (incluyendo entre las mismas instituciones esenciales para el procedimiento como los requisitos de los actos administrativos y los vicios de éstos y las garantías del procedimiento, el régimen jurídico de los órganos, los términos y plazos, los registros y los archivos administrativos).

En los Capítulos IV y V se analizan las fases de iniciación e instrucción y la de terminación, con especial referencia en este último a las instituciones del silencio administrativo, la notificación y la publicación.

El Capítulo VI trata exhaustivamente de los recursos administrativos, así como otras figuras afines o complementarias, especialmente en su aplicación a la administración local.

Finalmente, el Capítulo VII analiza las peculiaridades procedimentales de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora de la Administración.

En definitiva, una novedosa obra sobre una materia tan cotidiana en el actuar de la Administración local como imprescindible en EL CONSULTOR VISIÓN en la que voy desgranando los aspectos que a la luz de mi experiencia como Secretario municipal resultan fundamentales en el procedimiento administrativo, a la vez que facilita al usuario las fuentes y herramientas necesarias para la resolución de la problemática que en la práctica se plantea.

Más información: https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN INSTA A LAS ENTIDADES LOCALES MEJORAR EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Se trata de la Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con]

El ámbito objetivo de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas se centró en los aspectos siguientes:

► Cumplimiento de la normativa sobre publicidad activa, incluyendo la efectiva creación de los portales de transparencia y otros medios de publicidad activa, así como un análisis de su contenido, con objeto de determinar si se ajustan a lo previsto en la Ley. Se han verificado las páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas.

Regulación de la materia: Artículo 5 de la Ley 19/2013, de(9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).  Las EELL deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Dicha información debe publicarse en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables

El contenido principal de las obligaciones de publicidad activa se encuentra en los artículos:

6.- Información institucional, organizativa y de planificación

6 bis.- Registro de actividades de tratamiento

7.- Información de relevancia jurídica

8.- Información económica, presupuestaria y estadística

Y en otras disposiciones estatales, como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el TRLHL y el RD 424/2017, de 18 de abril

► Aplicación del régimen sancionador en materia económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. Se ha examinado la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención y se ha solicitado información complementaria:

Regulación de la materia: Artículos 27, 28 y 29 LTAIBG

Las CONCLUSIONES del Tribunal de Cuentas, tras dicha fiscalización son, en síntesis, las siguientes

► CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA

 1. Las entidades locales analizadas disponen, en su mayoría, de página web, portal de transparencia y sede electrónica, instrumentos esenciales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa de la información pública, si bien los porcentajes disminuyen significativamente en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

 En las entidades que no disponen de portal de transparencia, pese a que su carencia no implica un incumplimiento legal, la presentación de la información a través de otros medios no favorece, en ocasiones, el conocimiento inmediato de la organización y el funcionamiento de aquellas, lo que afecta negativamente a la transparencia de la actividad pública.

2. Un número significativo de municipios de población inferior a 5.000 habitantes y de entidades locales de menor dimensión disponen de portales de transparencia y sedes electrónicas fruto de la asistencia prestada por las respectivas diputaciones, comunidades autónomas o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que proporcionaba un modelo normalizado susceptible de ser utilizado por las entidades locales, a través del denominado Portal de Administración Electrónica.

3. La mayoría de las entidades dependientes disponen de página web propia o publican la información a través de la de su entidad principal, pero existe un porcentaje significativo de tales entidades dependientes que carecen de portal de transparencia (un 54 %) o de sede electrónica (un 83 %), lo que repercute negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que se encuentran sujetas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA

 A) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

— La información sobre las funciones desempeñadas por las entidades locales, incluyendo los denominados catálogos de servicios y de procedimientos administrativos, se publica en la gran mayoría de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas, mientras que en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio (EATIM), los resultados son muy inferiores. En este último colectivo, las limitaciones de recursos personales y materiales dificultan el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa.

— La publicación de información correspondiente a la normativa que sea de aplicación a la entidad, es muy reducida en lo referente a la regulación estatal o autonómica, para toda clase de entidades locales y, en los ayuntamientos, prácticamente para todos los tramos de población.

 En los ayuntamientos de municipios de mayor número de habitantes se incrementa el grado de cumplimiento de la obligación de publicar la normativa de la propia entidad local, siendo dicha publicación muy inferior en los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes y en el resto entidades de reducida dimensión.

—- En relación con la estructura organizativa, la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes publican la información sobre la composición del Pleno de la Corporación, observándose un porcentaje inferior respecto a la publicación de la composición de la Junta de Gobierno Local, órgano que no es obligatorio en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

 —- La información sobre la Comisión Especial de Cuentas, de la que deben disponer todos los municipios, no se publica por el 56 % de los ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes; mientras que la relativa a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo se encuentra publicada en el 2 % de las entidades analizadas, si bien la gran mayoría de ellas no estaban obligadas a disponer de ella, al no ser municipios de gran población.

—- En la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas se publica la información sobre las concejalías o áreas de gobierno. Por su parte, en todos los municipios de gran población, excepto en tres de ellos, se encuentra disponible la información sobre las Juntas Municipales de Distrito, órgano de existencia obligatoria en tales ayuntamientos.

 —- En un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes y de entidades de menor dimensión no se publica la información sobre el presidente y los miembros del máximo órgano de gobierno, o bien figuran los titulares de la Corporación anterior, al no haber sido actualizada la información tras las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019. En ciertos casos solo se publica la composición de la Junta de Gobierno Local.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN LA LTAIBG EN LAS ENTIDADES LOCALES

Por lo que se refiere a las causas de la ausencia de procedimientos sancionadores por infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, detectada en la fiscalización, debe considerarse:

– el desconocimiento del referido régimen sancionador, como lo demuestra la falta de comunicación observada de hechos advertidos por los órganos de Intervención que pudieran ser constitutivos de dichas infracciones

– también puede guardar relación con las dificultades que plantea la adaptación de la regulación contenida en la LTAIBG al régimen jurídico local, y que se manifiestan tanto en la identificación de los posibles responsables de las infracciones tipificadas en el artículo 28 de la citada Ley, como en la regulación del procedimiento sancionador.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la LTAIBG, las normas sobre buen gobierno contenidas en su Título II son de aplicación a “los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales”. La aplicación de esta norma plantea el problema de la ausencia en la legislación estatal básica de régimen local de una definición del concepto de “alto cargo”. Es cierto que la legislación autonómica sobre régimen local o los reglamentos orgánicos aprobados por la propia entidad local pueden establecer esa definición, pero, en su defecto, la identificación de los gestores sometidos, en su condición de altos cargos o asimilados, a la regulación del buen gobierno contenida en el mencionado Título II de la Ley requiere la aplicación analógica de otras normas, en virtud del artículo 25.1, segundo párrafo, de la LTAIBG, que establece que, a los efectos de la aplicación de las disposiciones sobre buen gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado, “se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses”

El artículo 75.8 de la LRBRL establece que, durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las Corporaciones Locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local les serán de aplicación, en el ámbito territorial de su competencia, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

 Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, se refiere al personal directivo que no es miembro electo de las Corporaciones Locales, disponiendo la aplicación a los titulares de los órganos directivos de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la mencionada Ley 3/2015, en los términos en que establece el artículo 75.8 LRBRL, antes citado, respecto de los cargos electos que hubieran ostentado responsabilidades ejecutivas.

 Sin embargo, la aplicación del régimen sancionador de la LTAIBG a los responsables a los que se refieren tanto el artículo 75.8 como la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, por aplicación de la normativa local en materia de conflicto de intereses, chocaría con lo establecido en el artículo 27.4 de la LRJSP, que, en cumplimiento del principio de tipicidad en materia de potestad sancionadora, establece que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica”.

 Como consecuencia de lo anterior, y salvo que la normativa autonómica o local identifique a otros altos cargos de las entidades locales, el régimen sancionador previsto en los artículos 27 y siguientes de la LTAIBG solo resultaría aplicable a los “miembros de las Juntas de Gobierno”, a los que se refiere expresamente el artículo 25.2 de dicha Ley. Por otra parte, la regulación de la competencia y el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, contenida en el artículo 31 de la LTAIBG, plantea también importantes dificultades para su aplicación en el ámbito de las entidades locales

Existen dificultades en la aplicación práctica del régimen sancionador previsto en la LTAIBG en el ámbito de las entidades de la Administración Local, que se refieren a la identificación de los presuntos responsables, así como a la determinación del órgano competente tanto para la incoación como, en su caso, para la resolución del procedimiento sancionador, lo que coadyuvaría a explicar la práctica inexistencia de expedientes iniciados para la imposición de sanciones por las infracciones en materia de gestión económico-presupuestarias tipificadas en el artículo 28 del citado texto legal.

Por todo ello, El Tribunal formula las siguientes

RECOMENDACIONES:

DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES LOCALES:

 1. Se recomienda la implantación de portales de transparencia en todas las entidades del Sector Público Local, en los que debe figurar publicada la información exigida por la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia, así como el resto de información que se considere necesaria para dar cumplimiento a los principios de transparencia, con el fin de facilitar el acceso a la información que, en ocasiones, no es fácilmente localizable en la página web o la sede electrónica de la entidad, dificultando su conocimiento. La información publicada en los referidos portales de transparencia, además de presentarse de forma clara, estructurada y entendible, debe actualizarse con carácter recurrente indicando la fecha de publicación de cada contenido.

2. Deberían implantarse procedimientos internos y dotarse de los medios personales y materiales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa previstas en la legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, actualizándose la información de manera periódica e informando expresamente de aquellos apartados en los que no existe información que deba ser publicada.

 3. Se recomienda, con carácter general, ampliar la información objeto de publicidad activa en relación con aspectos específicos del régimen de organización y funcionamiento del Sector Público Local no previstos expresamente en la LTAIBG, como los relativos a las relaciones de puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales.

 4. Deberían adoptarse disposiciones y procedimientos específicos relativos a la exigencia de responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como regularse en las entidades locales la figura del alto cargo o asimilado, para poder aplicar efectivamente el régimen sancionador previsto en la LTAIBG.

DIRIGIDA A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 Deberían incrementarse las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a las entidades locales, especialmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes y a otras entidades de menor dimensión, para que puedan disponer de páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas y proporcionarles el apoyo necesario para mantener actualizado y completo el contenido de tales instrumentos.

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN LOCAL:

 Deberían hacer hincapié, en relación con los hechos advertidos en el ejercicio de su función de control interno de la actividad económico-financiera, en la apreciación de aquellos que sean susceptibles de constituir infracciones de buen gobierno tipificadas en la LTAIBG y en su comunicación al órgano competente, así como su eventual traslado al Tribunal de Cuentas por si procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable.

Ver el Informe completo del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15644.con

-Ver, así mismo, en este sitio web, otros artículos que he publicado sobre la materia:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/07/16/sabias-que-un-alto-procentaje-de-las-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-son-silenciadas-por-la-administracion/

-–LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021): https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN Mis artículos

CERCO A LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS

El reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) se utiliza habitualmente para aplicar al Presupuesto obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos, tramitando así el pago de prestaciones a terceros que las han realizado por orden de la Administración, pero al margen, por diferentes motivos, del procedimiento legalmente establecido.

El contexto de esta figura es el artículo 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) [https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con] que -al regular los Presupuestos de las Entidades Locales (EELL) y en concreto los estados de gastos, en los que deben incluirse con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones- establece el principio y norma de la “temporalidad de los créditos” que significa que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, previéndose no obstante que como excepción podrán aplicarse a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

De lo expuesto hasta ahora fácilmente ha de colegirse que el REC:

-Es una técnica de aplicación de créditos al Presupuesto vigente.

-Es excepcional.

-Existe un tercero a quien procede efectuar un pago al haber realizado una obra, servicio o suministro por “alguna orden” de la Administración.

-El “encargo” u “orden” ha sido realizado fuera del procedimiento legalmente establecido. Esto supone que existe una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

En este sentido, por poner dos ejemplos extremos, se ha venido utilizando la citada “técnica de aplicación de créditos” mediante reconocimiento extrajudicial de éstos tanto respecto a una factura de 500 euros correspondiente a un gasto debidamente comprometido en el ejercicio anterior pero sin cobertura en el ejercicio presente como al supuesto de una factura presentada por un contratista relativa a una obra, servicio o suministro realizados sin procedimiento de contratación alguno y por importe de 2.000.000 de euros.

Y, claro, en numerosas ocasiones los responsables políticos, o empleados públicos, y/o los contratistas, conocedores de la referida “técnica salvadora” (el REC) del problema existente (el Interventor “dice que no puede pagarse”) con una factura que el contratista viene reclamando, han usado, y abusado, de la referida “técnica” como instrumento “sanador” y “reparador” de la irregularidad existente.

 Pero, ojo, quedémonos con el dato de que en todo REC ha existido una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

Es por eso que el Tribunal de Cuentas y/o las cámaras de cuentas regionales han venido “entrando a saco” (como en el Informe de Fiscalización a que me referiré en esta entrada) en el análisis, fiscalización y necesidad de nueva regulación de los REC

A la par, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local ha venido a “atar corto” los referidos abusos al establecer que en los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el artículo 28 de dicho Real Decreto. [https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/04/28/424/con]

En fin, esto que he llamado el cerco a los REC me hace recordar que algo parecido ha ocurrido con los “modificados” de los contratos (hace muchos años el Consejo de Estado había proclamado en un dictamen sobre los mismos que “una cosa son circunstancias técnicas imprevistas y otra imprevisiones del proyecto técnico”) de forma que ante el uso y abuso de tales “modificados” la legislación reguladora de los contratos públicos [hasta llegar a la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)] ha limitado las posibilidades legales de modificación de los contratos.

Pues bien, como digo, el “rejonazo” (esperemos que definitivo) al uso indebido de los REC se produce con las funciones atribuidas al órgano Interventor en las EELL en el citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y con el Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las EELL en el ejercicio 2018, que ha asumido la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, acordando asumir el contenido del citado Informe del Tribunal de Cuentas, así como sus conclusiones y recomendaciones.

También, instar al Gobierno a:

–Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

Proceder a la revisión normativa de la figura del R.E.C. concretando de manera taxativa los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado, a fin de evitar su utilización irregular; así como de impedir la utilización de esta figura como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, lo cual no está admitido en nuestro ordenamiento. Y regular su procedimiento, garantizando los siguientes extremos:

a) Que su aprobación corresponda al Pleno, con las particularidades aplicables en municipios de gran población.

b) Su utilización como instrumento de imputación presupuestaria exclusivo de las obligaciones que no deriven de gastos debidamente adquiridos a los que se refiere el artículo 176.2.b) del TRLHL y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho, con independencia de que se hubiera instado o no la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento.

c) Que, durante la tramitación del procedimiento se incorpore la información que pueda aportar el órgano gestor, así como el Servicio Jurídico de la entidad, con carácter previo a que la Intervención local emita el correspondiente informe en los mismos términos establecidos en el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

d) Que, en la tramitación del expediente se establezca el procedimiento para instar las medidas pertinentes para la exigencia de responsabilidades a las autoridades y personal al servicio de la Administración local, previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la disposición adicional vigésimo octava de la LCSP.

Finalmente, instar las Entidades locales a:

Seguir las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas.

Establecer, en las Bases de ejecución del Presupuesto, el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. [Aquí alguien dirá ¡pero si ya lo tenemos regulado! respecto a la cual continúa el Tribunal de Cuentas precisando que en dicha regulación:] limitando su utilización para la imputación al Presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho; y disponiendo, con carácter exclusivo, la competencia para su aprobación al Pleno como máximo órgano de la entidad para autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la normativa de aplicación –o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar a Presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen los artículos 176.2.b) del TRLHL y el 26.2.b) del Real Decreto 500/90, tramitándose, en caso de ser necesario, la correspondiente modificación presupuestaria.

–El procedimiento de tramitación de estos expedientes debería incluir al menos:

► La designación del Pleno como órgano competente para su aprobación, como máximo órgano de la entidad el responsable de autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

► La necesidad de que, en la tramitación del procedimiento se incluya: –informe del órgano gestor sobre las causas que han generado el reconocimiento extrajudicial de crédito

informe del Servicio Jurídico pronunciándose sobre la procedencia de instar la revisión de oficio

informe de la Intervención local de acuerdo con las previsiones del artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

► El informe del interventor, al apreciar la posibilidad y conveniencia de la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento a que se refiere el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017, atendiendo al artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, además de otras circunstancias como pudiera ser su carácter recurrente o el perjuicio del interés público derivado de la suspensión inmediata del servicio.

–Hacer un uso excepcional de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, evitando un uso generalizado o descontrolado que conlleve el incumplimiento de la normativa presupuestaria y contable reflejo de una gestión poco eficaz o poco transparente.

Establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con], de la LCSP o de la normativa presupuestaria de aplicación, que se concretan fundamentalmente en el compromiso de obligaciones adquiridas sin cobertura contractual o sin consignación presupuestaria.

Establecer procedimientos de gestión en relación con los gastos de menor cuantía que eviten la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación, de tal forma que las Bases de Ejecución del Presupuesto deberán prever la retención de crédito cuando se tramitan contratos menores y cuando se libran los fondos a través del procedimiento de anticipo de caja fija.

Elaborar y aprobar una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y establecer las fechas límite para realizar los trámites de imputación de gastos e ingresos al presupuesto del ejercicio corriente, facilitando que los gastos e ingresos ejecutados se apliquen al presupuesto del ejercicio corriente, y se garantice la correcta aplicación de los principios de imputación presupuestaria, devengo y anualidad presupuestaria.

– Adoptar instrucciones que regulen las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de procedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como para aplicar gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero de entrada en los registros en enero del año siguiente, respetando el principio de devengo y la anualidad presupuestaria.

– Implementar mecanismos que garanticen la adecuada conexión entre los registros administrativos y los registros contables para reducir el riesgo de errores, retrasos e incidencias en su tramitación.

– Establecer procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible hacer un seguimiento de las facturas pendientes y evitar la posible demora de su tramitación, que puede condicionar la ejecución del presupuesto.

Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan recurrentemente, mediante la aplicación del reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al Presupuesto del ejercicio corriente de gastos de ejercicios anteriores derivados de actos administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las medidas para remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

–Acordar y aplicar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a Presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación.

[Puede verse el texto completo del Informe del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15642.pdf]

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Transparencia y protección de datos… Protección de datos y transparencia

Autor: Javier Brines Almiñana

tuayuntamientoaqui.com

La obra completa, cuya realidad y conocimiento se imponen para los operadores jurídicos de la Administración Local

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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Tengo el gusto de anunciar, a través de este sitio web, la publicación en los próximos días de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que edita Wolters Kluver y que forma parte de una completa colección de El Consultor denominada “Todo Administración Local”.

Igualmente se publicará en los próximos días el libro CONTRATACIÓN PÚBLICA, de Milagros Arcocha Giménez.

Y ya han sido publicados los siguientes libros de esta misma colección “Todo Administración Local”:

RÉGIMEN COMPETENCIAL, ORGANIZATIVO Y DE FUNCIONAMIENTO. Autor: Manuel Cebrián Abellán

RÉGIMEN DE BIENES. Autor: Manuel Cebrián Abellán

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. Autor: Javier Brines Almiñana

Informaré próximamente de los libros que formarán parte de la completa documentación práctica, innovadora y actualizada que supondrá esta colección para todos los operadores jurídicos en el ámbito de la Administración local

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LO LLAMAN BUROCRACIA Y NO LO ES

En el año 2011 surgió el movimiento de los indignados frente al bipartidismo, por una democracia más participativa y otras medidas para la mejora del sistema democrático. Uno de los lemas que coreaban los manifestantes era el de “Lo llaman democracia y no lo es”. No voy a entrar en la valoración de esa frase ni del llamado Movimiento 15 M. Sin duda que algo cambió en la política de España desde entonces.

Lo único que extraigo de aquella frase es el título de esta entrada que -inspirado en aquel lema- lo reconvierto en “lo llaman burocracia y no lo es”, para demostrar -desde mi punto de vista- el uso inadecuado de dicho término en numerosas ocasiones tanto por la clase política como por el ciudadano de a pie.

Partamos de las dos acepciones, entre las varias que tiene el término (tanto desde la teoría política como a la vista del diccionario de la RAE) que mejor simbolizan su significado tanto desde el punto de vista positivo como negativo del mismo:

– Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo.

– Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

Y es cierto que a veces nos encontramos bien con “papeleo” excesivo o con formalidades innecesarias o superfluas. Lo cual -si es así, y cuando es así- va incluso en contra del principio constitucional de la eficacia que debe presidir la actuación de la Administración Pública (artículo 103 de la Constitución Española (CE).

Sin embargo, a uno -firme defensor tanto del procedimiento administrativo en cuanto garantía de la seguridad jurídica y de los derechos del ciudadano como de la simplificación, celeridad y eficacia administrativa- le duele enormemente que se banalice sobre los trámites y el procedimiento administrativo hasta generalizar y creer y hacer creer y suponer que aquél se identifica con la burocracia en la acepción negativa antes descrita.

El procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, supone la materialización de los principios de eficacia y de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho, como exige el artículo 103 de la CE.

En definitiva, el procedimiento administrativo es un instrumento preventivo de la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas y por ello “expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”, como reza el artículo 103 CE” [y así lo recuerda la Introducción de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)].

Y es que ¿es burocracia (en el sentido negativo descrito)?:

-¿que haya un plazo para resolver el procedimiento, tanto para el iniciado a instancia de parte como el iniciado de oficio por la Administración; lo que supone una garantía y seguridad jurídica para el ciudadano?

-¿que estén definidos, o presupuestos legalmente, los efectos jurídicos del silencio de la Administración; lo que otorga al ciudadano, además de la citada seguridad jurídica, el conocimiento del efecto estimatorio (y en definitiva la habilitación de un derecho al interesado, frente a la inacción de la Administración) o desestimatorio (y con ello la apertura del plazo legal para la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo correspondiente)?

-¿que sea necesario un determinado informe técnico y/o jurídico, como garantía de la debida motivación o justificación de la decisión administrativa a tomar?. ¿O es que el ciudadano prefiere que la licencia o autorización solicitada se le conceda, o deniegue, sin más, por la autoridad u órgano político correspondiente, sin el informe previo de un funcionario cualificado en la materia?

-lo mismo un trámite de información pública y/o de audiencia a interesados. ¿O es que el ciudadano no quiere que le den traslado -previamente a la imposición de una sanción- de las circunstancias concretas que motivan la instrucción del expediente, así como el fundamento legal tanto de la infracción imputada como de la sanción prevista? ¿tampoco desea ese ciudadano que le den trámite de audiencia en un expediente no iniciado a instancia del mismo sino de otro, pudiendo afectarle la resolución a sus derechos?

¿Los ejemplos citados pueden calificarse de burocracia? Si lo son en la acepción positiva expuesta, denominémoslos burocracia. Pero no creo que nadie los califique de “burocracia” en el sentido negativo o peyorativo antes indicado.

Los ejemplos citados son paradigmas del procedimiento administrativo. Este -en el marco y contexto constitucional vigente- no es algo inventado por los funcionarios, ni ha de considerarse un instrumento contra el ciudadano sino precisamente salvaguarda y garantía de los derechos del mismo y, cómo queda indicado, expresión clara de que la Administración actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Cualquier actuación de la Administración que vulnere las pautas y normas citadas, denúnciese. La propia ley otorga instrumentos para ello, desde las quejas ante el Defensor del Pueblo hasta la utilización de la justicia administrativa mediante los recursos ante la propia Administración y/o ante los juzgados y tribunales.

Es cierto que deben corregirse determinadas deficiencias de la Administración, como la falta de resolución expresa o la tardanza en la misma, en definitiva el silencio tantas denunciado desde este sitio [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/silencio-administrativo/] y actualmente, con la utilización (necesaria e imparable) de medios electrónicos por la Administración, la falta de atención al ciudadano (igualmente denunciada en este sitio [blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano] en el uso de tales medios, incluso en la propia atención telefónica ante la necesidad de una información por el ciudadano