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“A río revuelto, ganancia de pescadores”. SÍ AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE MANIFESTACIÓN Y HUELGA

1. En virtud de dos recientísimas disposiciones legales (las Leyes 21 y 22, del año 2021) el colectivo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal ha visto afectados seriamente sus derechos:

► Por un lado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20] establece en su Disposición adicional una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de tal manera que -a los efectos que aquí interesan- la Administración competente convocará, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas contempladas y dotadas presupuestariamente, que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Es decir: frente al sistema selectivo de oposición libre para ingresar como funcionario de carrera en la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se introduce la posibilidad de acceso a través de un concurso para otros empleados públicos que hubiesen estado ocupando interinamente los puestos reservados desde hace cinco años, aunque no hubiesen realizado las duras pruebas selectivas para ingreso en dicha escala

Recordemos que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TRLEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del TRLEBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

Me remito a mis artículos anteriores en que abordaba esta “ley de reducción de la temporalidad”:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/02/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-i-las-luces-de-la-ley-20-2021/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/07/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-ii-las-sombras-de-la-ley-20-2021/

► Por otro lado, la Disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf] al modificar la disposición adicional segunda (introduciendo un Apartado 7) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo apartado 7 quedará redactado como sigue:

«7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92.bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.»

A este respecto debe recordarse:

-por un lado, conforme a la Disposicional adicional segunda (apartado 1.2) del propio TRLEBEP y el artículo 92 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

– las disposiciones del Estatuto [es decir, el TRLEBEP] se dictan al amparo del artículo 149.1. 18ª de la CE, constituyendo “bases del régimen estatutario de los funcionarios” (competencia exclusiva del Estado)

Es decir, por recapitular y para entendernos:

El propio Estado, que considera como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, las citadas de Secretaría y las de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, y regula las mismas a través de una legislación básica (competencia exclusiva del Estado), mediante un ejercicio de “puro funambulismo normativo” introduce, por vía de una ley de Presupuestos Generales para el año 2022, una modificación de su propia ley básica de régimen local otorgando a una Comunidad Autónoma todas las competencias en la materia.

2.  El colectivo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal considera seriamente afectados sus derechos ya que por una parte podrán ser ocupadas las plazas a que aspiraban, incluso ya solicitadas una vez superada la correspondiente oposición libre, por otros empleados públicos que -sin el cumplimiento de tal requisito-las estuviesen ocupando interinamente; y por otra parte se desnacionaliza esta Escala de funcionarios, “troceándose” de tal modo que en la Comunidad del País Vasco será la Administración de ésta las que convoque, apruebe las bases, seleccione y nombre a los funcionarios que tienen reservadas en las EELL de dicho territorio las funciones antes citadas y en el resto del Estado será éste quien ostente tales atribuciones, de forma que -al menos yo me atrevería a calificarlo así- a partir de ahora habrá dos “castas” de funcionarios que realicen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería en las EELL de España: la de los funcionarios estatales y la de los funcionarios en el País Vasco.

3. Tanto el derecho de manifestación como el de huelga son reconocidos en la Constitución (artículos 21 y 28.2, respectivamente) entre los derechos fundamentales y libertades públicas.

No voy a ser yo, y menos en este foro, quien vaya a hacer aquí una crítica a ningún partido o formación o grupo políticos (que no lo hago, sino sobre unas leyes), tampoco a ningún colectivo de empleados públicos, como pudiera ser el de los interinos o los funcionarios que seleccione y nombre la Administración del País Vasco (que tampoco lo hago sino que cuestiono la constitucionalidad de dos leyes, y a mis artículos anteriores me remito).

Pero, ya se sabe: “a río revuelto: ganancia de pescadores”.

En estos días, el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local recibirá a una representación de un numeroso grupo de funcionarios afectados por las modificaciones legales antes relatadas y dispuestos a seguir medidas de protesta como las del ejercicio -en el marco de las leyes- de derechos constitucionales como los antes citados.

Bien haría dicho Consejo General en apoyar a este numeroso grupo de funcionarios que claman la defensa de sus derechos.

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DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA, LA FUTURA LEY DE VIVIENDA Y LOS AYUNTAMIENTOS

Según el Anteproyecto de Ley de Vivienda, ésta se dicta al amparo del artículo 149.1 (1ª y 13ª) de la Constitución que atribuye al Estado las competencias para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Recordemos que el artículo 47 de la CE dispone que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”; así mismo “la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”

En la Exposición de Motivos del texto legal proyectado se justifica que el ejercicio estatal de los títulos competenciales antes citados exige la aprobación de normas estatales sobre la materia vivienda, sin perjuicio, naturalmente, del legítimo ejercicio de las competencias exclusivas en dicha materia asumidas por las Comunidades Autónomas y también por otras Administraciones públicas, particularmente la municipal, a la que se atribuye como competencia propia la promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera en virtud del artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Antes de seguir adelante, apuntar que justo en estos días se habla en los medios de comunicación -al hilo del proyecto de Ley cuya aprobación anuncia el Gobierno- de la existencia de un informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre determinados aspectos, como que el Estado tenga competencia para aprobar una Ley de Vivienda con el contenido previsto (sobre el que aludiré después), la falta de concreción en algunos puntos, especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas o la calificación del derecho a la vivienda como un derecho subjetivo.

Pero no voy a entrar en el análisis de cada uno de los aspectos concretos de la proyectada ley (parece que se limará algún aspecto del texto y que deberá emitir un nuevo informe el CGPJ) y tiempo habrá de examinar y en su caso criticar con detalle algún aspecto determinado. Y, si se plantease, momento habrá de juzgar por el Tribunal Constitucional la constitucionalidad o no de algún precepto de la ley.

Es cierto que conforme al artículo 148.3 de la CE corresponde a las Comunidades Autónomas las competencias en materia de   Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda” Pero no cabe duda que el Estado tiene competencias en la materia (véanse los títulos competenciales invocados) y de hecho ya existe una ley estatal de suelo (el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre; en adelante TRLSRU) que -una vez solventadas las diferencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en cuanto a distribución de competencias en la materia por la Sentencias del TC 61/1997 de 20 marzo y 164/2001 de 11 julio- regula, entre otras cosas:

-Las condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los ciudadanos (Título I), como por ejemplo: el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados (artículo 5 a); o los deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación urbanística y a las actuaciones edificatorias, entre los que se encuentra el deber de entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística (artículo 18.1 b)

-Los criterios básicos de utilización del suelo (artículo 20), como por ejemplo el deber de las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, de destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa (apartado 1 b) de dicho artículo 20)

-Los Patrimonios Públicos de Suelo (artículos 51 y 52), cuya finalidad es la de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística, y que se integran por los bienes, recursos y derechos que adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18 antes citado, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Así pues, por su importancia -y repercusión tanto para el ciudadano como para las Administraciones Públicas en general y las Entidades locales en particular- considero oportuno avanzar aquí los aspectos esenciales de esta próxima ley, a la vista del Anteproyecto elaborado y a salvo de los matices que resulten del nuevo informe del CGPJ y del pronunciamiento que en su caso pueda hacer algún día el Tribunal Constitucional sobre algún precepto de la misma. Y es que la Ley de vivienda busca -como se indica en su Exposición de Motivos. el establecimiento de una regulación homogénea de los aspectos más esenciales de las políticas de vivienda que tanto afectan a la satisfacción del propio derecho de acceso a la vivienda y a la de otros derechos constitucionales y a la actividad económica del país.

Dentro de este marco, los objetivos perseguidos son, entre otros, los siguientes:

-Establecer una regulación básica de los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, así como de los asociados a la propiedad de vivienda, aplicable a todo el territorio nacional.

-Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda en condiciones de mercado, favoreciendo la existencia de una oferta a precios asequibles.

-Favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación, favoreciendo la adaptación a las dinámicas y actuales exigencias de los hogares.

► En el título I, se concretan el objeto y los fines de la Ley y se establecen las correspondientes definiciones legales.

Así, por ejemplo, el artículo 3 c) define lo que es una “Vivienda digna y adecuada” (a que se refiere el artículo 47 CE): la vivienda que, por razón de su tamaño, ubicación, condiciones de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética y utilización de energías renovables y demás características de la misma, y con acceso a las redes de suministros básicos, responde a las necesidades de residencia de la persona o unidad de convivencia en condiciones asequibles

 Además, se configuran las políticas destinadas a satisfacer el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada como un servicio de interés general, tanto mediante la creación y gestión de parques públicos de vivienda como a través de aquellas actuaciones, públicas y privadas, que tengan por objetivo la provisión de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública.

Establece que las políticas públicas en materia de vivienda han de orientarse desde esta doble perspectiva:

-de un lado, es imprescindible para cumplir el mandato del artículo 47 CE, que las administraciones territoriales competentes desarrollen sus respectivos parques públicos de vivienda para destinarlos, con carácter prioritario, a satisfacer la necesidad de vivienda de aquellos colectivos más desfavorecidos, en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y, con carácter general, de todos aquellos que tengan dificultades de acceso a la vivienda en el mercado.

-de otro lado, las políticas públicas deben favorecer la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda, que responda a la demanda existente y permita el equilibrio del mercado, asegurando la transparencia y adecuado funcionamiento del mismo.

Finalmente, el título I regula también, a modo de como se hace ya en el ámbito del urbanismo, o el medioambiental, la acción pública para exigir el cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia y define el principio de igualdad y no discriminación en el ámbito de la vivienda (artículo 5).

► En el título II, se regulan aspectos esenciales del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogiendo el estatuto básico del ciudadano en relación con la vivienda, así como el régimen jurídico básico del derecho de la propiedad de vivienda, definiendo las facultades y deberes que comporta.

► En el título III, se recogen los aspectos fundamentales de la actuación pública en materia de vivienda, precisando algunos principios vinculados a la ordenación territorial y urbanística y regulando las herramientas básicas de la planificación estatal en esta materia.

Así, el parque de vivienda social y las viviendas dotacionales públicas son -serán en un próximo futuro si resulta aprobada esta Ley, instrumentos y conceptos básicos, respecto a los cuales jugarán un papel importante las Administraciones Públicas en general y las EELL en particular:

-El parque de vivienda social está integrado por el conjunto de viviendas sobre suelo de titularidad pública, destinado al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, orientado, de manera prioritaria, a atender las necesidades de los sectores de población con mayores dificultades de acceso a la vivienda.

-Dentro del parque de vivienda social se encuentran las viviendas dotacionales públicas, que son aquellas que ocupan terrenos calificados urbanísticamente como dotacionales públicos o que forman parte de edificaciones o locales destinados a equipamientos de titularidad pública y afectos al servicio público. Las viviendas dotacionales públicas podrán gestionarse por las administraciones públicas, sus entidades dependientes o entidades sin ánimo de lucro con fines sociales vinculados a la vivienda, para garantizar el acceso a las mismas a personas en situaciones de vulnerabilidad o en exclusión social, en régimen de alquiler, derecho de superficie u otras modalidades de tenencia temporal admitidas por la legislación aplicable.

Las viviendas dotacionales públicas, junto con el resto de la vivienda social, formará parte del parque público de vivienda que se regula específicamente en el título IV, y que estará sujeto a limitaciones para asegurar su pervivencia y su destino como instrumento al servicio de las políticas de vivienda.

La Ley establece varios mecanismos para ampliar la oferta de vivienda social: se permitirá que se califique como uso compatible de los suelos dotacionales, el uso de vivienda dotacional pública; se podrá obtener suelo para vivienda dotacional o social con cargo a actuaciones de trasformación urbanística y, además, se garantiza que se construya vivienda dotacional en los suelos procedentes del cumplimiento del deber previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 18 del TRLSRU. Para ello se impide que, en los municipios donde exista desajuste entre la oferta y la demanda de vivienda habitual, pueda sustituirse la entrega de este suelo por otras formas de cumplimiento del deber o que se pueda destinar a otros usos de interés social distintos al anterior.

[Por cierto, sobre esta materia véase mi artículo publicado en este sitio web el pasado 19 enero 2021: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/requiem-por-los-patrimonios-municipales-de-suelo-viva-la-constitucion/]

En segundo lugar, dentro de la vivienda protegida se define la vivienda de precio limitado como aquella que está sujeta a limitaciones administrativas en los precios de venta y/o alquiler, por un plazo de tiempo determinado. La vivienda protegida de precio limitado estará destinada a diferentes regímenes de tenencia y su volumen y características en cuanto a superficies y precios estará condicionado en todo caso a la demanda y necesidades de los hogares en su ámbito territorial.

La vivienda protegida de precio limitado podrá ejecutarse, al igual que las otras modalidades de vivienda protegida, sobre las reservas de suelo para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública que prevé la letra b) el apartado 1 del artículo 20, del TRLSRU, en cuyo caso deberán mantener dicha condición de forma permanente en tanto que se mantenga el destino de ese suelo. Si bien, la vivienda de precio limitado también podrá desarrollarse sobre suelos calificados con el uso de vivienda libre.

En concreto, el artículo 15 de la proyectada Ley de Vivienda establece:

Artículo 15. Derecho de acceso a la vivienda y ordenación territorial y urbanística.

1. Para asegurar la efectividad de las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los pertinentes derechos establecidos por esta Ley, se establecen los siguientes criterios básicos en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística:

a) Con la finalidad de ampliar la oferta de vivienda dotacional y vivienda social, los instrumentos de ordenación territorial y urbanística:

1. Podrán establecer como uso compatible de los suelos dotacionales, el destinado a la construcción de viviendas dotacionales públicas.

2. Podrán establecer la obtención de suelo con destino a vivienda social o dotacional, con cargo a las actuaciones de transformación urbanística que prevean los instrumentos correspondientes, cuando así lo establezca la legislación de ordenación territorial y urbanística y en las condiciones por ella fijadas.

b) Con la finalidad de adaptar la vivienda a la demanda y facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, la ordenación territorial y urbanística promoverá la aplicación de tipologías edificatorias y de modalidades de viviendas y alojamientos que se adapten a las diferentes formas de convivencia, habitación y a las exigencias del ciclo de vida de los hogares. Estas actuaciones podrán ser, tanto de transformación urbanística como edificatorias, de acuerdo con el artículo 7 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

c) La calificación de un suelo como de reserva para vivienda sujeta a un régimen de protección pública, establecida por la letra b) del apartado 1 del artículo 20, del TRLSRU, no podrá modificarse, salvo en los casos excepcionales en los que el instrumento de ordenación urbanística justifique la innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial.

d) La legislación sobre ordenación territorial o urbanística establecerá, para el suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, establecida por la letra b) del apartado 1 del artículo 20, del TRLSRU, el porcentaje que deberá ser destinado a vivienda en algún régimen de protección pública de alquiler, que no podrá ser inferior al 50%, salvo en casos excepcionales en los que el instrumento de ordenación urbanística lo justifique, atendiendo a las características de las personas demandantes de vivienda u otras circunstancias de la realidad económica y social.

e) Con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la vivienda en los municipios en los que se hayan delimitado uno o más ámbitos como zonas de mercado residencial tensionado, de acuerdo con el artículo 10, el suelo obtenido en cumplimiento del deber regulado por la letra b) del apartado 1 del artículo 18 del TRLSRU, deberá destinarse necesariamente a la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales, y no podrá sustituirse por ningún otro uso público o de interés social ni por otras formas de cumplimiento del deber, salvo que se acredite la necesidad de destinarlo a otros usos de interés social.

2. En las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización en suelo urbanizado establecidas en el artículo 7 del TRLSRU, que afecten a entornos residenciales, se buscarán fórmulas que aseguren la cohesión territorial y atiendan a la realidad social y económica de los hogares residentes, en los términos establecidos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

3. En la regulación de los usos en entornos residenciales en el medio urbano, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá instrumentos efectivos para asegurar el equilibrio, preservar la calidad de vida y el acceso a la vivienda, y asegurar el cumplimiento del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible recogido en el artículo 3 del TRLSRU.

►En el título IV se establece la regulación del régimen jurídico básico de los parques públicos de vivienda, que la Exposición de Motivos califica como una de las apuestas más significativas de esta Ley, destacando que:

“Dichos parques públicos, casi inexistentes en España si se comparan con la media de la Unión Europea, son fundamentales para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada a amplios grupos sociales y para poder paliar los efectos de los graves desajustes del mercado. Según las últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se puede señalar que en España existe un parque de vivienda social, considerando como tal la vivienda en alquiler de titularidad pública, situado en el entorno de las 290.000 viviendas. De las cuales, unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otras 110.000 viviendas son de titularidad de los ayuntamientos y entidades dependientes. Este parque de 290.000 viviendas sociales apenas ofrece cobertura a un 1,6% de los 18,6 millones de hogares que habitan en España, lo que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15%registrados en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos Austria o Dinamarca.

Esta insuficiencia de los parques públicos de vivienda explica, en buena medida, las extraordinarias dificultades de amplias capas de la población para disponer de una vivienda que se adapte a sus necesidades y a sus capacidades económicas.

En este contexto, la Ley apuesta por unos parques públicos que se nutrirán del desarrollo urbanístico y edificatorio de suelos de titularidad pública, para lo que pueden contar con fórmulas de colaboración público-privada. Pero también integrarán el parque público las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, en casos de ejecución hipotecaria o dación en pago de vivienda habitual de colectivos en situación de vulnerabilidad o en exclusión social o cualquier otra vivienda social adquirida por las Administraciones públicas con competencias en materia de vivienda, o cedida a las mismas, que sea susceptible de destinarse a los fines del parque público de vivienda.

De esta forma, la Ley evita que vuelvan a repetirse indebidas enajenaciones del parque público de vivienda, y se establece un patrimonio separado en el que los ingresos obtenidos deberán destinarse siempre a la creación, ampliación, rehabilitación o mejora de los parques públicos de vivienda. La Ley establece que los ingresos procedentes de las sanciones que pudieran imponerse por el incumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, así como los ingresos procedentes de la enajenación de los bienes patrimoniales del parque público de vivienda deberán tener como único destino el de sufragar las políticas públicas de vivienda, en los términos y condiciones establecidas”.

En este sentido, el artículo 27 define el concepto, finalidad y financiación de los parques públicos de vivienda:

1. Los parques públicos de vivienda tienen por finalidad contribuir al buen funcionamiento del mercado de la vivienda y servir de instrumento a las distintas Administraciones públicas competentes en materia de vivienda para facilitar el acceso a una vivienda a los sectores de la población que tienen más dificultades de acceso en el mercado.

Sin perjuicio de cualesquiera otras que pueda determinar la legislación autonómica de vivienda y ordenación territorial y urbanística, los parques públicos de vivienda estarán integrados por:

a) Las viviendas dotacionales públicas.

b) Las viviendas sociales y protegidas construidas sobre suelo de titularidad pública, así como las que lo hayan sido en ejercicio del derecho de superficie, usufructo o cesión de uso y para alquiler con opción a compra, durante el tiempo en el que no se active la correspondiente opción.

c) Las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, de conformidad con lo que disponga la legislación aplicable y las adquiridas a través de esos mismos derechos, en casos de ejecución hipotecaria o dación en pago de vivienda habitual de colectivos en situación de vulnerabilidad o en exclusión social, tal y como prevé la legislación autonómica.

d) Las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones públicas en actuaciones de regeneración o de renovación urbanas, incluyendo las integradas en complejos inmobiliarios, tanto de forma gratuita en virtud del cumplimiento de los deberes y cargas urbanísticos correspondientes, como onerosa.

e) Cualquier otra vivienda social adquirida por las Administraciones públicas con competencias en materia de vivienda, o cedida a las mismas.

Y en el artículo 28 los criterios básicos de gestión del parque público de vivienda:

Para la gestión del parque público de vivienda y el cumplimiento de sus finalidades, las Administraciones públicas competentes en materia de vivienda y sus entes adscritos o dependientes podrán:

a) Crear, ampliar y gestionar, directa o indirectamente y sobre los suelos de su titularidad, incluidos los obtenidos para dotaciones públicas, parques públicos de vivienda y, llevando a cabo, cuando proceda, la urbanización de los terrenos de conformidad con la ordenación territorial y urbanística.

b) Otorgar derechos de superficie o concesiones administrativas a terceros para que edifiquen, rehabiliten y/o gestionen viviendas del parque público, siempre que quede garantizada la titularidad pública del suelo, mediante los correspondientes procedimientos que garanticen la transparencia y pública concurrencia en la concesión de estos derechos.

c) Asignar recursos públicos a entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de hacer más eficiente y próxima la gestión de las viviendas de los parques públicos, siempre que dicha gestión quede reservada a tales entidades o a la Administración territorial o ente instrumental correspondiente y que la asignación se realice acorde con los objetivos de cobertura del derecho a la vivienda y de conformidad con la normativa reguladora.

d) Enajenar los bienes patrimoniales integrantes de los parques públicos de vivienda, mediante los procedimientos admitidos por la legislación aplicable, únicamente a otras Administraciones públicas, sus entes instrumentales o a personas jurídicas sin ánimo de lucro, dedicadas a la gestión de vivienda con fines sociales, y mediante la obligación por parte del nuevo o nuevos titulares, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones.

► El título V se centra en el refuerzo de la protección en las operaciones de compra o alquiler de vivienda, estableciendo una serie de garantías y obligaciones de información a la que tiene derecho el adquiriente o el arrendatario de vivienda, y una serie de responsabilidades derivadas de su incumplimiento, ya se trate del vendedor o del intermediario en la operación inmobiliaria.

Dicho título V se cierra con una serie de medidas encaminadas a la mejora de la información y el compromiso con la transparencia en materia de vivienda, con objeto de asegurar el adecuado funcionamiento del mercado de la vivienda y el acceso a la información, en determinados ámbitos que son estratégicos para la definición de las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Entre estos ámbitos destaca la vivienda pública. Una materia sobre la que instituciones como el Defensor del Pueblo han manifestado de forma expresa la necesidad de avanzar en información y transparencia y en la que existe en España un importante déficit. En este contexto, se establece la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda y una memoria anual en la que se especifiquen las acciones adoptadas para reforzar dicho parque y acomodarlo a la demanda existente y, en particular, por parte de las personas y hogares con menores recursos.

Asimismo, se incluyen otros ámbitos en los que se establecen objetivos y acciones de mejora de la información y la transparencia, a través de la sede electrónica prevista en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Entre ellos figura la cuantificación de las inversiones anuales en los principales programas de política de vivienda, la aproximación a la vivienda deshabitada o vacía en el ámbito territorial, la caracterización de la demanda de vivienda, necesaria para orientar las principales medidas en materia de política económica y fiscal, así como el suelo público disponible para vivienda, especificando aquel que forma parte del patrimonio público de suelo, en virtud del deber legal de cesión establecido en la legislación estatal de suelo.

Entre las medidas de información y transparencia en materia de vivienda y suelo, en el artículo 41, sobre caracterización del parque de vivienda. Vivienda deshabitada o vacía se establece:

1. Las Administraciones territoriales competentes en materia de vivienda, sobre la base de sus sistemas de información y gestión, ofrecerán información sobre el uso y destino del parque de viviendas de su ámbito territorial, con indicación, en términos agregados, del número de viviendas o de inmuebles de uso residencial que estén habitados por hogares y constituyan su residencia principal, así como aquellos hayan identificado como deshabitados o vacíos dentro de su ámbito territorial, incluyendo también de forma agregada, el número de inmuebles a los que, en su caso, se hayan aplicado el recargo fiscal establecido en el artículo 72 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

2. Con periodicidad anual, deberán publicarse los datos indicados en el apartado anterior a través de la sede electrónica, especificando las medidas y acciones orientadas a la optimización del uso del parque de vivienda del ámbito territorial.

Así mismo, el artículo 43 (suelo público disponible para vivienda) dispone que:

1. Las Administraciones territoriales competentes en materia de vivienda deberán detallar el suelo disponible de su titularidad y de sus entes adscritos o dependientes, que se encuentre dotado de potencialidad edificatoria residencial en virtud de los instrumentos de ordenación urbanística, incluyendo, al menos, la siguiente información:

a) Número de viviendas, superficie construida y tipología edificatoria.

b) Situación del suelo en términos de urbanización.

c) Situación en términos de clasificación y categorización urbanística, diferenciando entre suelo urbano consolidado, suelo urbano no consolidado, suelo urbanizable delimitado o sectorizado con ordenación pormenorizada y suelo urbanizable delimitado o sectorizado sin ordenación pormenorizada, o categorías equivalentes.

2. Con periodicidad anual, deberán publicarse los datos indicados en el apartado anterior a través de la sede electrónica, especificando el suelo integrante del patrimonio público de suelo, obtenido en cumplimiento el deber legal de cesión establecido en la letra b) del artículo 18.1 del TRLSRU.

► Por último, en virtud de la Disposición final cuarta se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 20 del TRLSRU, que queda redactada del siguiente modo:

[Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:]

«Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión administrativa.

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

A fin de alcanzar la reserva de suelo establecida en el párrafo anterior sobre suelo urbanizado no sometido a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización, las administraciones competentes en materia de urbanismo arbitrarán los mecanismos de compensación pertinentes.

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social.»

Como puede verse, la “Ley de Vivienda” contendrá algo más que la discutida y periodística novedad de la posible limitación de los alquileres.

Y tendrá una especial incidencia en los planes generales de ordenación urbana y en los patrimonios públicos de suelo, en cuyos instrumentos las Entidades municipales juegan un papel importante.

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Luces y sombras de la Ley de reducción de la temporalidad en el sector público. (II) LAS SOMBRAS DE LA LEY 20/2021

1. La acumulación de pruebas que puede volverse en contra.

 Aunque incluía en mi artículo anterior, sobre las “luces” de la ley de reducción de la temporalidad en el sector público, la referencia -entre las medidas de agilización de los procesos selectivos- la posible acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, ya apuntaba entonces (y me remitía a otra entrada anterior por mí publicada), en realidad puede constituir una “sombra” ya que si bien en principio no hay problema para ello, me planteaba entonces y reitero ahora la interrogante sobre la forma en qué se articulará ello, es decir hacer la segunda prueba sin estar calificada la primera. Y además me cuestionaba si no se quejarán entonces los opositores sobre la dureza de la oposición, como parece que últimamente lo han hecho, o al menos así lo han recogido los medios de comunicación al hilo del reciente debate sobre las oposiciones, que se calificaban de pruebas demasiado memorísticas.

En definitiva, si bien es de alabar cualquier medida que tienda a agilizar los procesos selectivos, como cualquier otra que persiga la materialización del principio constitucional de eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas, debe tener especial cuidado el legislador y/o la propia Administración convocante de procesos selectivos de no vulnerar el principio de legalidad ni de volver en su contra a los esforzados opositores por convertir los exámenes en una fugaz gincana.

2. El “castigo parcial” de las interinidades incumplidoras de la ley.

Entre las “luces” de la reciente Ley 20/2021, sobre la reducción de la temporalidad en el sector público, se encuentra -y así las recogía en mi artículo publicado el día 2 del presente mes- el establecimiento de un régimen de responsabilidades y otros efectos en caso de incumplimiento de la normativa que dicha ley regula sobre la selección y nombramiento de personal interino y personal laboral temporal, incorporando un nuevo supuesto legal de nulidad de pleno derecho: la de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su cumplimiento.

Sin embargo, ya señalo y afirmo por adelantado que en la selección, nombramiento y régimen del personal interino no es causa de nulidad únicamente el incumplimiento de los plazos de duración de la interinidad o temporalidad establece el nuevo artículo 10 del TRLEBEP y ello por lo siguiente:

Siendo una medida para mí acertada incluir expresamente en la ley como supuesto de nulidad de pleno derecho el incumplimiento de dichos plazos de duración de estas situaciones de temporalidad en el empleo público [recordemos, para los neófitos en la materia, que es un vicio especialmente grave del acto administrativo de forma que éste no debe producir efecto alguno y, si lo produce, puede ser anulado en cualquier momento sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanación del defecto o el transcurso del tiempo y los efectos de la nulidad se refieren al momento en el que se dictó el acto de tal forma que es como si éste no existiese] no es menos cierto que alrededor de los actos administrativos que formalizan tales interinidades también se pueden producir graves vulneraciones del ordenamiento jurídico o del procedimiento que implican tal vicio grave de nulidad, como son aquellos supuestos en que la selección del personal interino se produzca o se haya producido:

– lesionando derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional como el derecho del artículo 23.1 de la CE a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes [nulidad prevista en el artículo 47.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)]; o

– prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (nulidad prevista en el artículo 47.1 a) de la LPACAP).

Me refiero a aquéllos casos en que el nombramiento del personal interino, con burla del principio de igualdad en el acceso al empleo público, se haya producido bien sin previa publicidad, bien sin la realización de la más mínima prueba objetiva de selección.

En definitiva ¡a ver si en algún órgano administrativo se va a pensar que con que se cumplan los plazos máximos de duración de las interinidades ya está “todo el expediente cubierto”!

Por ello, y aunque sea echando mano de “lo que abunda no daña”, ninguna infracción de las reglas y principios del derecho positivo se produciría si la Disposición adicional séptima, apartado 3, de la Ley 20/2021 objeto de este comentario fuese redactada así:

Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de las reglas contenidas en los artículos 10.2 y 11.3 del TREBEP sobre la selección del personal interino y del personal laboral, así como los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho”.

Insisto, aunque no se refiera expresamente esta Ley al incumplimiento por parte de la Administración de las reglas contenidas en los artículos 10.2 y 11.3 del TREBEP sobre la selección del personal interino y del personal laboral, que nadie dude que por aplicación de los indicados supuestos (letras a) y e) de la LPACAP) el incumplimiento de tales reglas supondría también incurrir en nulidad de pleno derecho.

Esta es la razón por la que titulé esta sombra de la nueva Ley como castigo parcial de las interinidades.

Y en este punto enlazo entonces con la más sombría disposición de esta Ley 20/2021: como todos adivinarán su Disposición adicional sexta.

3. La peligrosa, y probablemente inconstitucional, amnistía en los fraudes en el acceso al empleo público.

3.1. La Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 [de esta Ley 20/2021], hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Para no perdernos, recuerdo que el artículo 61 TREBEP, en sus apartados 6 y 7 establecen: (6) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

(7)  Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.

Y el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 establece:

Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020

3.2. Pues bien:

Es cierto que el artículo 61.6 del EBEP posibilita que en virtud de una ley pueda aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso (que consistirá únicamente en la valoración de méritos) como sistema de acceso al empleo público.

3.3. Pero también es cierto que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TREEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del EBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

3.4. Debe tenerse en cuenta que la propia Exposición de Motivos de la Ley recalca que el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Siendo ello así (no se pierda de vista en este momento ni al ciudadano ni el principio de igualdad) y valorando positivamente -repito-  las medidas drásticas de “castigo” a las Administraciones que a partir de ahora incumplan las normas sobre la interinidad, incluso admitiendo que alguna medida excepcional debe adoptarse respecto al personal interino actualmente “de larga duración”, lo que a mi juicio no encaja en los principios constitucionales indicados es que esta excepcionalidad del concurso abarque todas las situaciones de interinidad: me refiero al sistema de ingreso, es decir que abarque tanto las situaciones de interinidad en que el empleado superó algún tipo de prueba selectiva como aquéllas (que haberlas haylas) en que no conste se haya superado ninguna prueba selectiva.

Aquí es donde el ciudadano (sí, el ciudadano, por no decir el opositor que lleva también quince o veinte años presentándose e incluso superando alguna prueba selectiva) puede invocar el principio de igualdad. Como ya anunció el magistrado José Ramón Chaves en un artículo de su blog [https://delajusticia.com/2021/11/12/doce-consideraciones-de-urgencia-sobre-la-estabilizacion-de-interinos-con-cinco-anos-de-servicios/] “no puede adoptarse una medida de ese calado escuchando solo la voz sonora de la mayoría de interinos, y sin tener en cuenta ni la voz silenciosa de una inmensa mayoría de opositores de turno libre, que no han tenido oportunidad de ser interinos, y que se les reduce la oportunidad de acceder con juego limpio a plaza pública, y con menguadas ofertas en el futuro”

3.5. Me atrevo a decir aquí -aparte de dudar de la constitucionalidad de la medida- que esta “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público” a la vista de su Disposición adicional sexta supondrá una verdadera amnistía para las Administraciones Públicas incumplidoras de las normas de selección del personal interino ya que, después de regular con medidas contundentes y sancionadoras (como la declaración de nulidad de pleno derecho) las exigencias de la nueva interinidad, introduce una cláusula de perdón para los infractores anteriores.

3.6. ¿O acaso no se está perdonando a las Administraciones Públicas que realizaron nombramientos de personal interino sin ningún tipo de publicidad ni de realización de la más mínima prueba selectiva? ¿No se está amnistiando a las Administraciones Públicas -y excluyo los períodos de limitaciones de la tasa de reposición de efectivos por las leyes presupuestarias de los últimos años- que incumplieron la obligación legal de incluir en la oferta pública de empleo y consiguiente convocatoria anual las plazas vacantes ocupadas “por razones de urgencia” por interinos?

¿Y qué ocurre con aquéllas plazas para cuyo acceso se requiere, además de una titulación determinada, la superación del procesos y cursos selectivos específicos, como en el caso de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional?

3.7. No me estoy refiriendo pues, en esta crítica, a aquellas situaciones de larga interinidad en que los nombramientos del personal se hicieron tras la superación de alguna rápida y menos exigente prueba que las requeridas para la selección del funcionario de carrera. Y comprendo las duras y hasta angustiosas situaciones familiares de aquellos empleados interinos o temporales de larga duración.

3.8. Pero ¿qué ocurre con el principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas en cuanto a las situaciones descritas en el anterior párrafo 3.6 de ausencia de publicidad y de prueba de selección?

¿Qué piensa de esto el ciudadano de a pie? ¿y las situaciones familiares de aquellos ciudadanos y/o opositores “de larga duración” que no tuvieron la oportunidad de acceder al nombramiento interino y a demostrar su “mérito y capacidad” al haberse prescindido de dicha publicidad y realización de una mínima prueba selectiva de carácter objetivo?

Se que esto es una “patata caliente”. El legislador, con sus votos favorables en las Cortes Generales, la ha resuelto en la forma que ya conocemos. Pero tarde o temprano, de una forma u otra, le llegará también al Tribunal Constitucional. Y éste no se mueve por coyunturas políticas sino que se pronuncia a la luz de los principios de la CE, en este caso resulta fundamental, por las razones expuestas, los principios de legalidad e igualdad.

Otros artículos relacionados en este sitio web:

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https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

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LUCES Y SOMBRAS DE LA LEY DE REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO. (I) Las luces de la Ley 20/2021

La reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20] ha sido objeto de infinidad de artículos, comentarios, reflexiones, críticas y titulares de prensa.

Las críticas sobre esta ley, que modifica fundamentalmente el régimen del personal interino y temporal de las Administraciones Públicas previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre [TRLEBEP] se vierten con ríos de tinta sobre la previsión de la Disposición adicional sexta mediante la cual las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, siendo de naturaleza estructural y dotadas presupuestariamente, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Sin embargo, con ánimo constructivo considero conveniente analizar también los demás aspectos de la Ley.

Por ello, en este primer post me referiré a las novedades positivas de la misma, para analizar en un segundo artículo en este blog las sombras que, a mi juicio, se ciernen sobre el texto legal

El nuevo artículo 10 del TRLEBEP regula los funcionarios interinos, bajo las premisas siguientes:

DEFINICIÓN. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

SUPUESTOS Y PLAZOS DE DURACIÓN. Pueden nombrase en los supuestos siguientes y con la duración máxima que se indica:

a) Cuando existan plazas vacantes, si no es posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.  En este supuesto, las plazas vacantes deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.

Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

b) Cuando sea necesaria la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) Para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) Por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63 (es decir, las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera), sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de:

– igualdad

– mérito

– capacidad

– publicidad y

– celeridad

 Tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto.

 El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Hasta aquí, nada relevantemente nuevo bajo el sol, ya que en esencia la regulación hasta ahora vigente era similar.

 No obstante considero destacable y como medidas positivas:

► Los límites temporales de duración en cada uno de los supuestos

►La obligación de la Administración de iniciar de oficio la finalización de la relación de interinidad cuando concurran los supuestos antes indicados

► El sometimiento del procedimiento de selección del personal laboral temporal igualmente al principio de celeridad, y debiendo tener por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia

► Medidas de agilización de los procesos selectivos:

-“Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de los procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras”. (Disposición adicional cuarta de la Ley). A mi juicio, no es que suponga una novedad, ya que las Administraciones Públicas ya estaban capacitadas para adoptar tales medidas en base el mero cumplimiento del principio constitucional de eficacia. Y particularmente me parecen apropiadas, quedándome no obstante una sombra de duda la medida de acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, como me planteaba en mi artículo publicado el 2/6/2021 [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/06/02/de-que-se-habla-cuando-se-habla-de-pruebas-memoristicas/] “no hay ningún problema (en principio, ya que a ver cómo se articula de forma que para hacer la segunda prueba ya esté calificada la primera), pero ¿y no se quejarán entonces los opositores -de nuevo-sobre la dureza de la oposición?”

-Así mismo, “las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente”.

► El establecimiento de un régimen de responsabilidades y otros efectos en caso de incumplimiento de la normativa antes descrita sobre la selección y nombramiento de personal interino y personal laboral temporal, novedad que sí considero oportuno subrayar por su novedad en el régimen de la función pública española, ya que supone:

-la nulidad de pleno derecho de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su cumplimiento.

“Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho (Nueva disposición adicional decimoséptima, apartado 3, del TRLEBEP)

– una compensación económica para el personal temporal, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, no habiendo derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias o por renuncia voluntaria. (Nueva disposición adicional decimoséptima, apartado 4, del TRLEBEP)

-Más las responsabilidades que puedan proceder de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Hasta aquí las luces de la nueva Ley.

 Próximamente analizaré las sombras. [Véase el artículo sobre las «sombras» de esta Ley, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/07/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-ii-las-sombras-de-la-ley-20-2021/]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Formularios, consultas y sugerencias Mis artículos

Formularios: REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es un órgano de preceptiva existencia en los municipios sujetos al régimen especial de gran población regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), así como -en virtud de lo previsto en el artículo 20.1 d) de ésta- en aquellos otros en que así se acuerde por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o cuando así lo disponga su Reglamento orgánico

El artículo 132 LRBRL lo configura como un órgano para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. Puede supervisar la actividad de la Administración municipal, y debe dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal, pudiendo realizar también informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. Finalmente se establece que para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con esta Comisión Especial.

Sin embargo, además de dichas normas orgánicas y de funcionamiento de esta Comisión Especial, no se prevé en la legislación de régimen local el procedimiento de tramitación, siendo muy conveniente una regulación específica municipal adecuándose a las peculiaridades de la organización administrativa propia. A modo orientativo, se adjunta modelo de regulación del procedimiento de tramitación. Véase aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/#regulacion-del-procedimiento-de-sugerencias-y-reclamaciones

VÉASE LA PÁGINA DE FORMULARIOS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS, aquí: https://wordpress.com/page/blogdejoselopezvinyaaldia.com/305

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PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TAMBIÉN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. EL TRABAJO SILENCIOSO PERO EFICAZ

REFERENCIAS NORMATIVAS:

►Artículos 103.1 CE y 3.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

►El mismo artículo 3.1 de la LRJSP añade que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

►El apartado 2 del citado artículo 3 LRJSP establece el medio electrónico para la relación entre las AAPP y el apartado 3 del mismo dispone que la actuación de cada Administración Pública se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico

►Por otra parte, el artículo 4 LRJSP fija los principios de intervención de las AAPP para el desarrollo de una actividad: principio de proporcionalidad, motivación de su necesidad para la protección del interés público y justificación de su adecuación para lograr los fines que se persiguen, no trato discriminatorio y evaluación periódica de los efectos y resultados obtenidos.

Pues bien, para el desarrollo y la aplicación de los principios generales de las Administraciones públicas contamos como antecedentes:

⁕ El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (AGE) [https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/07/29/951], cuyo objeto es el diseño de un marco general para la mejora de la calidad en la AGE que permite integrar de forma coordinada y sinérgica una serie de programas básicos para mejorar continuamente los servicios, mediante la participación de los distintos actores interesados: decisores políticos y órganos superiores, gestores y sociedad civil ⁕ La Resolución de 11 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueban directrices para la aplicación de los programas del marco general para la mejora de la calidad en la AGE establecido en el Real Decreto antes citado [https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21334.pdf ]

En concreto, mediante esta reciente Resolución se aprueban las guías para el desarrollo y aplicación de los programas del marco general para la mejora de la calidad siguientes y que se encuentran disponibles en la página web de calidad de la Dirección General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del siguiente enlace: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias.html

Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios

Cartas de Servicios

Quejas y sugerencias

Evaluación de la calidad de las organizaciones

Reconocimiento a la excelencia y premios a la calidad e innovación en la gestión pública

GUÍAS ESPECÍFICAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Además de las guías que desarrollan los programas del Marco General para la mejora de la Calidad en la AGE, existen también guías específicas para las Entidades Locales. Así:

Marco común sobre las Cartas de Servicios en las Administraciones Públicas Españolas (2015): https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/Marco-Comun-Cartas-Servicios.html

Guía para la elaboración y gestión de una carta de servicios en la Administración Local: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/carta-local.html

Guía de modelos de evaluación para la Administración Local: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/evaluacion-local.html

Guía para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos (2009): https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/Evaluacion-Calidad-2009.html

REFLEXIÓN FINAL

La puesta en práctica de los principios de actuación arriba indicados, derivados de la Constitución española, no pueden ser “flor de un día” y exigen para su consolidación en cada una de las AAPP, incluídas por tanto las Entidades Locales (y quizás con mayor motivo al tratarse de la Administración más cercana al ciudadano) una labor de planificación, de método y de evaluación periódica.

Se que los instrumentos indicados exigen una clara voluntad política, así como una organización administrativa con directivos adecuados, capacitados y con dotes innovadoras. Y regulación con vocación de permanencia, independientemente del color político gobernante.

Pero su aplicación práctica y en definitiva la mejora de la calidad de la Administración será percibida de buen agrado por el ciudadano

Yo apuesto por la innovación, la mejora y simplificación constante de los procesos administrativos y en definitiva por un servicio al ciudadano de calidad

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS QUÉ PUBLIQUÉ EN ESTE SITIO WEB:

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/better-regulation-versus-mala-reputacion/

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/05/03/fair-play-normativo-por-favor/

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/11/consejos-para-hacer-un-informe-juridico/

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

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NORMATIVA AL DÍA: CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN 2021 / SISTEMA DE CLAVE CONCERTADA PARA ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL CATASTRO

POBLACIÓN. Cifras oficiales de población 2021

Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021

Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021, en cada uno de los municipios españoles

Ver el texto completo de la disposición, en la que consta la cifra de población de cada provincia, ciudad autónoma, comunidad autónoma e islas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21293.pdf

Puede accederse aquí al detalle de cada municipio en la web del INE: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Catastro. Firma electrónica mediante clave concertada para actuaciones en la Sede Electrónica

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro

La Dirección General del Catastro, a través de su Sede Electrónica Asociada, utiliza como sistema de identificación y firma electrónica, además de los certificados electrónicos reconocidos o del Documento Nacional de Identidad electrónico, un sistema de firma electrónica de clave concertada aprobado mediante Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio [[puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2010/07/29/eha2219 ]

La constatación de una demanda, cada vez más acuciante, de servicios no presenciales por parte de los ciudadanos que no están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, exigen las mayores facilidades para iniciar y completar electrónicamente los procedimientos administrativos en los que resultan interesados

Como consecuencia de esta modificación la clave concertada tiene una validez constreñida a un tipo de actuación determinado y para un plazo de tiempo predefinido y delimitado, de manera que no es posible su utilización como medio de firma electrónica fuera de dicho ámbito y del plazo temporal fijado.

Pero a partir de esta Orden este sistema vuelve a permitir a los usuarios acceder a una consulta general del estado de tramitación de todos los procedimientos o de todos los inmuebles de su titularidad.

Puede verse el texto completo de esta disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1423

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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL: ASPECTOS RELEVANTES Y POSIBLES COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El BOE del día de hoy, 21 de diciembre, publica la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

Antes de referirme a los aspectos procedimentales más relevantes, que pueden afectar a las Entidades Locales en el caso de que suscriban convenio con el INSS, conviene sintetizar la Exposición de Motivos de la Ley :

Mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional

Las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía han ido configurando hasta ahora diferentes modelos de políticas de rentas mínimas, cuyos sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de crecimiento.

 Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas y falta cobertura

A la vista de lo anterior, la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, confirman la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde esta Ley, aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Gobernanza compartida (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales)

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades locales, persigue un doble objetivo:

–Lograr un despliegue más efectivo de la política de cara al ciudadano. La implicación de comunidades autónomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública.

— Consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Enfoque constitucional del ingreso mínimo vital (IMV):

A partir del artículo 41 de nuestra Constitución (CE), la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994).

 De un lado, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 CE en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad Social ocupa «… una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad…», con la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su protección se ha de hacer «… teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).

Finalmente, justifica esta Ley que “más allá de la dimensión coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «… cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981)”.

Contenido de la Ley:

–El objeto, el concepto y naturaleza y características se regulan en el capítulo I.

 –El ámbito subjetivo (es decir, quiénes pueden ser beneficiarios) en el capítulo II

— La acción protectora (es decir los aspectos relativos a la prestación económica en sí) es objeto del capítulo III

–El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y resolución del ingreso mínimo vital.

Respecto a ello, señala la Exposición de Motivos que “con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales a disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las Comunidades Autónomas y Entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio”.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos.

–El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.

Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la cooperación y colaboración con otros órganos de la Administración, con Comunidades Autónomas y EELL, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción Social, mediante la firma de convenios de colaboración, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.

–El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social

–Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones.

–El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.

Así mismo, la ley consta de 10 Disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias y 12 disposiciones finales

La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las Entidades locales en la iniciación e instrucción del procedimiento del IMV, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

En lo que se refiere al Procedimiento debe destacarse:

● La competencia para el reconocimiento de esta prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Mediante convenio (conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) las Entidades locales podrían encargarse de la iniciación la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente. Pero el ejercicio de tales funciones por las EELL, no requerirá los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es decir los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

El órgano competente para resolver será en todo caso el INSS

El plazo máximo de resolución del procedimiento es de seis meses

En caso de no resolución en plazo, se entiende desestimada la solicitud

La regulación procedimental es la siguiente

Artículo 24. Normas de procedimiento.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

[El apartado 3 de dicho artículo 129 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, una vez transcurrido el plazo máximo para dictar resolución y notificarla fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo].

Artículo 25. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración interadministrativa.

1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.

2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.

3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 26. Iniciación del procedimiento.

El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 27. Solicitud.

1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.

2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.

3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.

Artículo 28. Tramitación.

1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.

La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o informáticos.

3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Entrada en vigor: el 1 de enero de 2022

Texto íntegro de la Ley, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf

[Pueden verse más novedades normativas aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DIA ]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

FUNCIÓN PÚBLICA: LA PREVISIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE DOS NORMAS DE PRÓXIMA APROBACIÓN. Inicua es la ley que a todos igual no es

Primera ley:

Disposición Final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que modifica el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [LRBRL].

El texto hasta ahora vigente del apartado 7 de la disposición adicional segunda de la LRBRL [ver, en este sitio web, el texto completo: https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con] dice:

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos.

 que quedará redactado como sigue:

“7. …….., teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”.

Debo recordar que en el artículo 92 bis de la LRBRL [no olvidemos que es una ley básica de competencia exclusiva estatal] se establece, en síntesis:

El apartado 1 fija las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional [FHN] (es decir, las de Secretaría y el control y las de fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación).

Los aptdos 2 y 3 regula, dentro de la citada escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional las distintas subescalas y categorías

El aptdo 4 atribuye al Gobierno, la regulación mediante real decreto, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a FHN así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas

El apartado 5 atribuye igualmente al Estado la aprobación de la oferta de empleo público, la selección, la formación y la habilitación de los FHN, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.

El apartado 6 atribuye también al Gobierno, mediante real decreto, la regulación de las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a FHN.

A las Comunidades Autónomas se atribuye en el apartado 7 los nombramientos provisionales de FHN, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental todo ello de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado,

El apartado 8 establece una condición de permanencia en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años

El apartado 9 regula el Registro de FHN

Los apartados 10 y 11 los órganos competentes para la incoación, instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios

Por consiguiente, esta modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local supondrá que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la selección, la oferta pública de empleo y la provisión para las plazas de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional corresponderá a la administración autonómica. Es decir, todo

Como se observará fácilmente con esta modificación legislativa y respecto a las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL), resulta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las facultades, todas las competencias, respecto a los mismos, corresponderá a la Administración de dicha Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el contenido de las Leyes de Presupuestos, según la función y los límites materiales derivados de su regulación constitucional. Así, por ejemplo, la Sentencia 206/2013, de 5 diciembre, o la Sentencia 217/2013, de 19 de diciembre.

Se que todo tiene que ver de forma directa o indirecta con los gastos e ingresos. Pero considero que conforme a la propia doctrina sentada por el mismo, el Tribunal Constitucional no puede apreciar, respecto a la Disposición Final primera antes indicada, su carácter inmediato y directo, ni tampoco su relación evidente con la ejecución del gasto público presupuestado.

Además, el principio de igualdad, ya recogido en el artículo 1 de la Constitución como valor supremo del ordenamiento jurídico, se proclama en el artículo 23.2 como uno de los derechos de todos los ciudadanos en cuanto al acceso a las funciones y cargos públicos. Difícilmente puede compatibilizarse constitucionalmente unas condiciones diferentes de acceso a la Escala de FHN en el territorio del País Vasco y en el resto de los territorios del Estado español con el mencionado principio de igualdad, que recordemos es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, con todo el respeto a los Sres. legisladores, considero que, como suele decirse “blanco y en botella”, es decir la inconstitucionalidad está servida.

Segunda ley:

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio) [Ver el texto de dicho Real Decreto-ley aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/con]

Disposición adicional sexta del Proyecto de Ley. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración:

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Nuevamente nos encontramos, a mi juicio, con la evidente vulneración del principio de igualdad. Me remito a mi artículo publicado en este blog el pasado 14 de noviembre: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

Si a ello unimos, en lo que a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (FHN) la prevista integración de los interinos en la Escala de habilitados (véase lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local antes aludido) se produce además una injusta, irregular, desproporcionada y en ningún caso justificada integración en una Escala de funcionarios de personal que no reúne los requisitos exigidos para que cualquier ciudadano en general, y me refiero a los opositores en particular, pueda realizar de forma permanente las funciones reservadas.

Decía hace cuatro siglos el escritor español Agustín de Rojas que “inicua es la ley que a todos igual no es”.

Y que razón tenía.

Al tiempo.

 

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Mis artículos NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE DENEGACIÓN DE PROLONGACIÓN DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN NACIONAL

Por más que supone un gran motivo de satisfación personal al tratarse el aquí bloguero el funcionario afectado al suponer la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 29 de noviembre de 2021 la estimación de mi recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia que había dictado un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y por consiguiente la anulación de los actos administrativos denegatorios de mi solicitud de prolongación en el servicio activo, considero que resulta de especial interés para los funcionarios en general y para los habilitados nacionales en particular y ello por lo siguiente:

En primer lugar, recordar que, por un lado, leía hace unos meses en un foro de Habilitados Nacionales que algún compañero lanzaba la pregunta de si los funcionarios tendríamos derecho a la prolongación en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación. Así mismo, escuchaba en una sesión plenaria de un Ayuntamiento que un Concejal (de la oposición) al hilo de un debate en el que el mismo cuestionaba precisamente una denegación de este tipo, afirmaba no obstante -dirigiéndose al equipo de gobierno-: «ya se que ustedes pueden hacerlo» [se refería a denegar la solicitud de prolongación]

Pues bien: ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni existe un derecho incondicionado del funcionario a obtener la prórroga en el servicio activo ni puede la Administración denegar, bajo cualquier motivación, la solicitud del funcionario.

Y ésto es lo que viene a sentenciar, con otras palabras (al texto literal del fallo judicial me remito, por supuesto) en el presente caso.

Este bloguero (y funcionario afectado) vió pasar por sus ojos -gracias a los compañeros y amigos que me las enviaban- diversidad de sentencias de tribunales superiores de justicia, o del Tribunal Supremo en relación al controvertido tema de la solicitud de funcionario de prolongación de la permanencia en el servicio activo. Naturalmente, también la última doctrina del Tribunal Supremo (así las Sentencias de 22 de diciembre de 2020 y de 18 de enero de 2021). Sin embargo, siendo consciente de ella, no me acababa de convencer que la motivación dada en las resoluciones administrativas que me denegaron la prórroga pudiesen encajar en dicha corriente jurisprudencial.

A continuación veremos tanto la última doctrina jurisprudencial como la «motivación» dada en mi caso.

Y es que -por eso aludo al especial interés para los funcionarios en general y para los habilitados nacionales en particular- si el pronunciamiento judicial del Tribunal Superior de Justicia fuese desestimatorio, cualquier órgano de la Administración Pública (en este caso, cualquier Alcalde) lo tendría fácil para denegar la prórroga al Secretario, o al Interventor o cualquiera otro de los puestos obligatorios en una Entidad local a cubrir por Funcionario con Habilitación Nacional: solo tendría que copiar la «motivación» dada en mi caso para justificar la denegación.

Sin embargo, el TSJM ha dicho que no, que eso de que «es el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa, dentro de esa renovación se encuentra la figura del Secretario ya que 15 años es un periodo más que suficiente para desarrollar todo un programa directivo y consideramos que es el momento de que otras personas puedan presentar un nuevo proyecto atractivo e innovador para mantener la Secretaría en constante evolución y actualización, que presente nuevas ideas y que permita que nuestra Secretaría General siga siendo el motor de la actividad del Ayuntamiento» no deja de ser una mera invocación genérica a una hipótesis de renovación sin sustento de base fáctica que determine la necesidad de dicho impulso y sin contraste de la supuesta incapacidad del recurrente para poder llevar a cabo algo que no se sabe qué puede ser ya que ni se conocen cuáles han de ser esas nuevas ideas, ni en qué se han de mejorar las estructuras administrativas y cómo éstas pueden influir en un Cuerpo nacional como es el de los Secretarios de Ayuntamiento.

En fin, para una más fácil lectura, resumo a continuación los datos y fundamentos esenciales, además del fallo, de la Sentencia:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada en el Recurso de Apelación 1044/2021 interpuesto por don José López Viña, contra la Sentencia de 28 de junio de 2.021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 348/2020. Siendo parte apelada el Ayuntamiento de Móstoles

El apelante, don José López Viña, Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, que cumplió los 65 años de edad el 24 de agosto de 2019, solicitó la prolongación de la permanencia en el servicio activo durante un año, siéndole concedida mediante Decreto de Alcaldía de 14 de agosto de 2019 y, posteriormente, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2020, solicitó la prolongación de la permanencia en el servicio activo a partir del 24 de agosto de 2020 y por un plazo de dos años, siendo entonces denegada su solicitud por Decreto de 15 de julio de 2020 en base a la siguiente argumentación: “Entendemos que toda organización administrativa tiene un carácter dinámico y cambiante. Por ello es necesario ciertos movimientos dentro del personal directivo de la organización para de este modo verse beneficiado por la aportación de nuevas ideas que den un nuevo impulso a la organización, que tiendan a continuar con una mejora constante de las estructuras administrativas y hagan que la administración no llegue a quedarse obsoleta. Don José López Viña ha realizado una gran labor en el Ayuntamiento de Móstoles durante estos 15 años y el equipo de gobierno muestra un gran agradecimiento por su trabajo. Ahora bien, esto no puede ser óbice para que este gobierno siga buscando lo que es mejora para el Ayuntamiento dentro de su legítimo derecho de orientar su política de personal a conseguir la máxima eficiencia en el funcionamiento administrativo. Por ello consideramos que sin desmerecer la labor de D. José López Viña, que es el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa. Dentro de esa renovación se encuentra la figura del Secretario ya que 15 años es un periodo más que suficiente para desarrollar todo un programa directivo y consideramos que es el momento de que otras personas puedan presentar un nuevo proyecto atractivo e innovador para mantener esta secretaría en constante evolución y actualización, que presente nuevas ideas y que permita que nuestra Secretaría General siga siendo el motor de la actividad del Ayuntamiento”.

El FJ quinto de la Sentencia, tras analizar la legislación aplicable y la evolución jurisprudencial señala que

La [nueva] doctrina jurisprudencial [Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2020 (cas. 2029/2019) y de 18 de enero de 2021 (cas. 3474/2018)] ha establecido que:

 a.- nos encontramos ante un derecho subjetivo condicionado a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su ejercicio; pero recae sobre dicha Administración la carga de justificar esas necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación;

b.- si la decisión sobre la prolongación de permanencia en servicio activo solicitada por el funcionario lo es en función de unas necesidades de la organización, implica que las necesidades que se citen como fundamento de la decisión que se adopte sean ajustadas a la realidad y que se pruebe su existencia; y,

 c.- es perfectamente válida la ponderación, en la resolución administrativa sobre prolongación en la permanencia de servicio activo, de elementos individualizados basados en el trabajo desempeñado anteriormente por el funcionario solicitante, y que se valore su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo, así como si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos.

Dentro de dichos parámetros doctrinales se ha de mover la decisión denegatoria de dicha petición y la motivación es sobre la que se sustancia la litis en el entendimiento, por el apelante, que la contenida y referida más arriba no resulta suficiente para denegarla y la respuesta ha de ser positiva a sus pretensiones en contra de lo expresado en la Sentencia de instancia puesto que la motivación del acto no puede ser encuadrada dentro de ninguno de los supuestos concretos que admite la doctrina arriba reseñada ya que, aquella, no deja de ser una mera invocación genérica a una hipótesis de renovación sin sustento de base fáctica que determine la necesidad de dicho impulso y sin contraste de la supuesta incapacidad del recurrente para poder llevar a cabo algo que no se sabe qué puede ser ya que ni se conocen cuáles han de ser esas nuevas ideas, ni en qué se han de mejorar las estructuras administrativas y cómo éstas pueden influir en un Cuerpo nacional como es el de los Secretarios de Ayuntamiento.

En suma:

 ► no constan las necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación;

 ► ni las necesidades de la organización, ni su realidad ni su existencia;

 ► ni se ha valorado su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo,

 ► ni si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos.

 Por todo ello, al amparo del artículo 48 de la Ley 39/2015, debe estimarse el recurso de apelación ya que el recurso tuvo que ser acogido en la instancia.

En atención a todo lo expuesto, la Sala ha decidido:

Primero.- Estimar el recurso de apelación.

Segundo.- Revocar la Sentencia de 28 de junio de 2.021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 348/2020 y, en su consecuencia, ESTIMAR su recurso interpuesto contra resolución de fecha 21 de agosto de 2020 del Ayuntamiento de Móstoles que desestima el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto de 15 de julio de 2020 por el que se le denegaba la prolongación de permanencia en el servicio activo durante dos años, desde el 24 de agosto de 2020, que se anulan declarando su derecho a la prolongación en el servicio activo solicitada con todos los efectos inherentes a dicho reconocimiento.

[Véase más novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-%C3%93RGANOS-CONSULTIVOS ]