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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Normativa al día. HACIENDA DE LAS EELL: Principio de prudencia financiera / Sostenibilidad financiera

HACIENDA. Cancelación de obligaciones pendientes de pago de determinadas EELL. Instrucciones sobre planes de ajuste

Resolución de 7 de enero de 2022, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se establecen instrucciones relativas al calendario, actuaciones, contenido de los planes de ajuste, y de su revisión, y de los modelos para utilizar en el procedimiento extraordinario de financiación para la cancelación de obligaciones pendientes de pago de determinadas entidades locales.

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (disposición adicional nonagésima cuarta) habilita un procedimiento extraordinario de financiación que permitirá la cancelación de las obligaciones pendientes de pago líquidas, vencidas y exigibles anteriores a 1 de julio de 2021, de aquellas EELL que sean perceptoras de la participación en tributos del Estado y cuyo período medio de pago a proveedores haya superado los 30 días en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021; ampliándose, con carácter excepcional para este año 2022, el ámbito objetivo del compartimento Fondo de Ordenación, del Fondo de Financiación a Entidades Locales, regulado en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales y otras de carácter económico [Véase este RD-Ley aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2014/12/26/17/con]

Este procedimiento extraordinario de financiación es de obligatoria adhesión para las Entidades Locales en las que concurran los requisitos establecidos en la norma respecto al periodo medio de pago a proveedores a determinadas fechas.

En esta norma de 7 de enero de 2022 se establece:

► el calendario necesario para el desarrollo de las actuaciones que integran el procedimiento extraordinario de financiación

► la definición de los modelos de solicitud de certificados individuales de deuda así como los modelos de certificación de deuda a emitir por las Corporaciones locales concernidas

► el contenido de los planes de ajuste que deben suministrar, incluyendo los criterios que se deberán seguir en la valoración de estos últimos por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública

Ver el texto íntegro de la Resolución de 7 de enero de 2022, aquí:

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-A-2022-472.pdf

HACIENDA. Principio de prudencia financiera.

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales

Se trata de la obligada actualización mensual del coste de financiación del Estado a cada plazo medio, de forma que las EELL deben emplear la tabla de tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publica mensualmente, mediante Resolución, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. Y ello porque el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas y las EELL, incluyendo comisiones y otros gastos, no podrá superar el coste de financiación del Estado al plazo medio de la operación, incrementado en el diferencial que corresponda según lo establecido en el Anexo 3 de la Resolución de 4 de julio de 2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera [https://www.boe.es/eli/es/res/2017/07/04/(1)]

Véase el texto completo de la Resolución de 4 de enero de 2022 aquí: https://www.boe.es/eli/es/res/2022/01/04/(1)

Sobre el principio de prudencia financiera, véase, en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/conceptos-juridicos-basicos-2/#Prudencia-financiera

Véase más normativa al día aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS Regional (ASTURIAS)

NORMATIVA AL DÍA:

Modificación umbrales contratos sujetos a regulación armonizada / Convocatoria de concurso unitario para Funcionarios con habilitación nacional.

Ver en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

También, en la página de Regional (ASTURIAS):

Oferta de empleo público 2021 / Presupuestos Generales del Principado para 2022

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Novedades normativas: LEYES DE PRESUPUESTOS GRALES. DEL ESTADO 2022 Y DE MEDIDAS PARA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

En el BOE de hoy, 29 de diciembre de 2021, se publican las siguientes leyes:

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20/dof/spa/pdf

Sin perjuicio de sucesivos artículos o comentarios que haré sobre estas Leyes, pueden verse estas otras entradas que publiqué en este sitio web sobre las materias indicadas en lo que afecta a la función pública, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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DERECHO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

NORMATIVA AL DÍA: CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN 2021 / SISTEMA DE CLAVE CONCERTADA PARA ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL CATASTRO

POBLACIÓN. Cifras oficiales de población 2021

Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021

Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021, en cada uno de los municipios españoles

Ver el texto completo de la disposición, en la que consta la cifra de población de cada provincia, ciudad autónoma, comunidad autónoma e islas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21293.pdf

Puede accederse aquí al detalle de cada municipio en la web del INE: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Catastro. Firma electrónica mediante clave concertada para actuaciones en la Sede Electrónica

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro

La Dirección General del Catastro, a través de su Sede Electrónica Asociada, utiliza como sistema de identificación y firma electrónica, además de los certificados electrónicos reconocidos o del Documento Nacional de Identidad electrónico, un sistema de firma electrónica de clave concertada aprobado mediante Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio [[puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2010/07/29/eha2219 ]

La constatación de una demanda, cada vez más acuciante, de servicios no presenciales por parte de los ciudadanos que no están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, exigen las mayores facilidades para iniciar y completar electrónicamente los procedimientos administrativos en los que resultan interesados

Como consecuencia de esta modificación la clave concertada tiene una validez constreñida a un tipo de actuación determinado y para un plazo de tiempo predefinido y delimitado, de manera que no es posible su utilización como medio de firma electrónica fuera de dicho ámbito y del plazo temporal fijado.

Pero a partir de esta Orden este sistema vuelve a permitir a los usuarios acceder a una consulta general del estado de tramitación de todos los procedimientos o de todos los inmuebles de su titularidad.

Puede verse el texto completo de esta disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1423

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Normativa al día: Directrices sobre identificación y firma electrónica y sobre actuaciones administrativas automatizadas; calendario de días inhábiles 2022 en la A.G.E.

AMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Sistemas de identificación y firma. Ayuntamiento de Madrid

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 30/11/2021 se publica Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Junta de Gobierno, por el que se aprueba la Política de Identificación y Firma Electrónicas del Ayuntamiento.

Puede servir de modelo para la adopción de acuerdo o normativa regulatoria similar en cualquier Entidad local.

Deben destacarse:

►Los criterios generales de identificación y firma electrónicas de la ciudadanía, que van relacionados con el nivel de seguridad requeridos en función del trámite o actuación de que se trate

►Los sistemas de acceso basados en usuario y clave sin registro previo para uso de los ciudadanos

►Los sistemas de identificación y firma electrónicas utilizables por los ciudadanos

►Los sistemas de identificación y firma utilizables por el Ayuntamiento y sus organismos públicos

►Los sistemas de identificación y firma utilizables por el personal al servicio del Ayuntamiento

El Sistema de Portafirmas, que permite la firma electrónica basada en certificados electrónicos desde el puesto de trabajo y desde dispositivos móviles. Siendo, con carácter general, el sistema de portafirmas será la herramienta de firma electrónica que se utilizará por parte del personal al servicio del Ayuntamiento para firmar electrónicamente documentos

Puede verse el texto completo aquí: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/30/BOCM-20211130-61.PDF

AMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Directrices sobre actuación administrativa automatizada. Ayuntamiento de Madrid

Igualmente, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del día 30/11/2021 se publica Acuerdo de 18 de noviembre de 2021, de la Junta de Gobierno, por el que se aprueban las directrices sobre actuación administrativa automatizada.

También puede servir de modelo para la adopción de acuerdo o normativa regulatoria similar en cualquier Entidad local.

En dichas directrices se regulan los órganos competentes para la aprobación de cada actuación administrativa automatizada, los órganos responsables, análisis de viabilidad y aprobación de cada actuación administrativa automatizada.

Puede verse el texto completo aquí: http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/30/BOCM-20211130-62.PDF

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Plazos. Días inhábiles en la Administración General del Estado 2022

Finalmente, el BOE del día de hoy, 1 de diciembre de 2021 publica la Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2022

Véase el texto completo de la disposición, aquí: https://www.boe.es/eli/es/res/2021/11/24/(1)

[PUEDES ACCEDER A TODA LA NORMATIVA AL DÍA, EN ESTE SITIO WEB, EN LA PÁGINA https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA ]

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AMPLIACIÓN DEL PLAZO FASE DE CONCURSO EN PRUEBAS SELECTIVAS PROMOCIÓN INTERNA A CATEGORÍA SUPERIOR DE F.H.N. (SUBESCALAS DE SECRETARÍA Y DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA)

Por Órdenes Ministeriales HFP/1254/2021 y HFP/1255/2021, ambas de 12 de noviembre, se amplía el plazo para la celebración de la fase de concurso de méritos en ambos procesos selectivos convocados por sendas Resoluciones de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública (Boletín Oficial del Estado» del 23 de julio de 2021).

Se establece en dichas Órdenes Ministeriales que en aplicación del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda ampliar en dos meses el plazo previsto en la Base 5.3 para la celebración de la fase de concurso de méritos [Según la Base 5.3 el concurso de méritos tendrá que celebrarse en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» [23 de julio de 2021], sin perjuicio de que pueda acordarse su ampliación].

 En definitiva, se amplía hasta el 23 de enero de 2022 el plazo máximo para celebrar la fase de concurso.

Recordar, como aspectos relevantes:

► Número de plazas convocadas:

Secretaría superior, 80 plazas (48 plazas para proveer por prueba de aptitud y 32 plazas para proveer por concurso de méritos)

Intervención-Tesorería, 80 plazas (48 plazas para proveer por prueba de aptitud y 32 plazas para proveer por concurso de méritos)

► Aspirantes que hayan presentado solicitud para participar en los dos sistemas de acceso (prueba de aptitud y concurso de méritos): si resultan incluidos en la relación definitiva de resolución del concurso de méritos, quedarán automáticamente excluidos de la lista de aspirantes admitidos a la prueba de aptitud (Bases 5.8)

►Plazo para la celebración de la prueba de aptitud: Entre la publicación de la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso de méritos y la celebración de la prueba de aptitud, deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta días hábiles, y máximo de cuatro meses (Base 14.2)

[Puede verse el texto completo de las Órdenes Ministeriales aludidas, aquí:

SECRETARÍA, superior: https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18848.pdf

INTERVENCIÓN-TESORERÍA, superior: https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18849.pdf

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Normativa al día: MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE PLUSVALÍA

Índice:

El contexto

La regulación anterior

La nueva regulación

Algunas notas críticas y de interés sobre la nueva regulación

El contexto

En el BOE del día de hoy, 9 de noviembre de 2021, se publica el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Esta modificación, que entra en vigor es consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional a las que hacía referencia en mi anterior artículo en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/la-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-anula-el-impuesto-de-plusvalia-municipal-contexto-resumen-y-reflexiones/

La regulación anterior

Solo a título comparativo, podemos ver a continuación la regulación hasta ahora establecida en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y las anulaciones decretadas por el Tribunal Constitucional:

Regulación anterior:

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ….

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

[Este aptdo 1 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo B.O.E. 15 junio)].

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor [catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

[Este párrafo a) del número 2 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia mencionada del TC 59/2017 de 11 de mayo]

[Por otra parte, la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), fijó los siguientes criterios interpretativos acerca de la inconstitucionalidad de os artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL:

 «Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.]»

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

  • a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
  • b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

  • a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
  • b) Período de hasta 10 años: 3,5.
  • c) Período de hasta 15 años: 3,2.
  • d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

  • 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
  • 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor
  • 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

  • a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
  • b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4.Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.

[Este aptdo.4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo)]

[A su vez, la Sentencia TS (Sala 3.ª), de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017, en su fundamento jurídico 7º fija los siguientes criterios interpretativos: el artículo 110.4 del TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7, y 37/2017 , FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.]

5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

  • a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la LGT.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL, por las razones expuestas en el artículo de este blog antes mencionado.

La nueva regulación:

Artículo 104.-…. Supuestos de no sujeción

Se añade el siguiente supuesto:

5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado de actualización, con el máximo del 15 por ciento.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes:

Periodo de generaciónCoeficiente
Inferior a 1 año.0,14
1 año.0,13
2 años.0,15
3 años.0,16
4 años.0,17
5 años.0,17
6 años.0,16
7 años.0,12
8 años.0,10
9 años.0,09
10 años.0,08
11 años.0,08
12 años.0,08
13 años.0,08
14 años.0,10
15 años.0,12
16 años.0,16
17 años.0,20
18 años.0,26
19 años.0,36
Igual o superior a 20 años.0,45

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.»

 Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

nueva redacción del apartado 4:

Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero.

nuevo apartado 8:

[convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración entre las Administraciones tributarias de las CCAA y las EELL]: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración

Algunas notas críticas y de interés sobre la nueva regulación

La instrumentación a través de un Decreto-Ley y su justificación.

Sin duda era urgente la modificación de la forma de cálculo de la cuota a pagar en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (en mi artículo anterior en este sitio web antes aludido ya lo demandaba).

Ahora bien, y ésto solo lo dejo apuntado a modo de reflexión:

-¿es legítimo invocar la urgencia (para dictar un Decreto-Ley) cuando desde hace más de cuatro años el Tribunal Constitucional ya había anulado la base de determinación del incremento de valor?

-además de la urgencia (indiscutible), en lo que se refiere al objeto de la norma legal la extensa autojustificación que se hace en la exposición de motivos de este Real Decreto-Ley sobre la constitucionalidad de la instrumentación de la modificación de elemento esencial de un tributo a través de este tipo de disposición legal [resulta muy interesante la lectura de la misma] me hace pensar en aquéllo de excusatio non petita accusatio manifesta. Pero no seré yo quien para juzgar la constitucionalidad de la forma de esta disposición legal, ya que aquélla solo corresponde al TC

La técnica normativa.

En el nuevo apartado 5 del artículo 104 se incluyen aspectos que considero no guardan congruencia con el objeto de dicho precepto (naturaleza y hecho imponible y supuestos de no sujeción) como la forma de calcular el valor del suelo cuando en la transmisión de un inmueble haya suelo y construcción

► La entrada en vigor.

El miércoles día 10 de noviembre de 2021

Adaptación de Ordenanzas Fiscales y actuación en período transitorio.

Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo. [Es decir, antes del próximo 10 de mayo de 2022]

[Forma de determinación de la base imponible mientras que no se produzca dicha adaptación de la Ordenanza Fiscal]: Hasta que entre en vigor la modificación a que se refiere el párrafo anterior, resultará de aplicación lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la redacción del artículo 107.4 [según la redacción antes transcrita; ver, más arriba]

Véase el texto completo del Real Decreto-Ley aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf

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NOVEDADES NORMATIVAS

Normativa al día: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ORDEN TER/1204/2021, DE 3 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A 2021, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto:

La cuarta política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 es una Administración para el siglo XXI, que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.

[Véase, en este sitio web, mis artículos:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/31/la-ley-de-resiliencia-luces-y-sombras/]

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/04/el-dictamen-del-consejo-de-estado-sobre-la-ley-de-resiliencia/

La inversión 3 de dicho componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas administraciones públicas

Administraciones locales destinatarias.-

Mediante esta Orden se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2021 de subvenciones dirigidas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las Entidades locales, destinada a los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los de población inferior que tengan la consideración de capital de provincia.

Objetivos.-

Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.

b) Reducción de la brecha digital.

c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.

d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.

e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).

Plazo de ejecución.-

El período de ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión y, en todo caso, estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022

Requisitos de las actuaciones subvencionables.-

Las actuaciones que se propongan deberán cumplir, entre otros, con los requisitos siguientes:

Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión correspondientes.

-Compromiso de aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de «Mi carpeta ciudadana» de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.

Plazo de presentación de solicitudes.-

Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15:00 horas del día 15 de diciembre de 2021.

Forma de presentación de solicitudes.-

Las solicitudes únicamente se podrán presentar de forma electrónica, a través del procedimiento previsto a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial (procedimientos–subvenciones)

Véase el texto completo de las bases y convocatoria aquí:

https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18176.pdf

[VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA]

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PRIMER EJERCICIO de las pruebas de acceso libre convocadas para FHN (Secretaría de entrada, Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería de entrada)

Por Órdenes HFP de 14 de octubre de 2021 (publicadas en el BOE de hoy, 18 de octubre), se fija la fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio:

Secretaria de entrada: sábado 6 de noviembre, a las 10:00 h. en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid  (Ciudad Universitaria)

Secretaría-Intervención: domingo 7 de noviembre, 11:30 h, en el mismo lugar antes indicado

Intervención-Tesorería: sábado 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en el mismo lugar antes indicado

Para poder cumplir todas las medidas de seguridad y hacer un acceso ordenado, los opositores deben presentarse en la puerta de acceso una hora antes de la antes señalada, en todos los casos.

Puede accederse en los enlaces siguientes al texto completo de la respectiva Orden Ministerial y a las listas definitivas de admitidos y excluidos:

Secretaria de entrada:

Orden 1129/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16870.pdf

Relación definitiva admitidos: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932707/anexo-i-listado-definitivo-admitidos-seal_154AB89SD658.pdf/a3cf153d-6a46-1c91-e66a-8f3caedf0823

Secretaría-Intervención:

Orden 1127/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16868.pdf

Relación definitiva admitidos: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932716/anexo-i-listado-definitivo-de-admitidos-sial_154AB89SD658.pdf/014cf678-0448-cf1d-f94c-23613cb683d5

Intervención-Tesorería:

Orden 1128/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16869.pdf

Relación definitiva admitidos: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932712/anexo-i-listado-definitivo-admitidos-ital_154AB89SD658.pdf/31603827-2ff9-831f-8301-451f623cc047

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Tribunales calificadores de las pruebas de acceso libre convocadas para FHN (Secretaría-Intervención, Secretaría de entrada e Intervención-Tesorería de entrada)

En relación a las pruebas selectivas convocadas por las Resoluciones de 29 de junio del presente año para el acceso a las subescalas indicadas de funcionarios de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, ya han sido designados los Tribunales calificadores en virtud de las Ordenes HFP/1100, 1101 y 1102, respetivamente, de  de 7 de octubre de 2021, publicadas en el BOE del día de hoy, 13 de octubre.

Los Tribunales son los siguientes:

Subescala de Secretaría-Intervención:

Tribunal titular

Presidente: Jesús Torres Martínez. Magistrado.

Secretario: Sonia Justo Justo. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vocales:

Julio Prinetti Márquez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

María Teresa Montero Pujante. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Mariano Cano Martínez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Julia Amaro Millán. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Virginia Róscales García. Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.

Alfonso Moreno Gómez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Begoña Muelas Escamilla. Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

Silvia Blázquez Herranz. Grupo Técnico de Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Daniel Sancho Jaraíz. Magistrado.

Flora María Pérez Almoguera. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Francisco Javier Yagüe Soto. Cuerpo de Inspectores de Hacienda. Administración Autonómica.

Tribunal suplente

Presidente: María José Portilla López. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Secretario: Alfonso Beceiro Leboso. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vocales:

Jaime José Álvarez de Toledo Jaén. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Susana Lazaro Cabello. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Irene Tovar Lerena. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Ignacio Rodrigo Rodríguez Pozuelo. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vicente Marquina Sánchez. Técnico Superior Administración General. Comunidad Autónoma.

María Pilar Moreno Sastre. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ricardo Gómez Hernández. Escala de Administración General. Subescala Técnica. Administración local.

María Isabel Conde Bueso. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

Rosa María Aldarias García. Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Fernando Talavera Esteso. Cuerpos Superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Elena María Gómez Marcos. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Administración local.

Subescala de Secretaría, categoría de entrada:

Tribunal titular

Presidente: Bárbara García-Andrade Díaz. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Pablo Vaquero Pinto. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Administración local.

Vocales:

Paloma Ramírez Pastor. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

José Antonio Fernández Marín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Fernanda Rodríguez González. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Javier Pereira Pagan. Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración local.

José María Bautista Samaniego. Cuerpo Jurídico Militar.

Lourdes Barranco Jiménez. Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración local.

Beatriz Vozmediano Ares. Escala de Letrados de Universidad Autónoma de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente: Alfredo Carrero Santamaría. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Silvia Villa Albertini. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

Vocales:

Carlos Santa Cecilia Roma. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Alfonso Magaña Ponte. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

María Jesus de la Calle García. Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

Isabel Mayoral Mayoral. Cuerpo Técnico de Administración General de la Comunidad de Madrid.

Laura Irene Jerez Martín. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Administración local.

Ana Belen Gómez Chia. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Administración local.

Octavio Martínez Rodríguez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada:

Tribunal titular

Presidente: Beatriz M.ª Vigo Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Javier Font Miret. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Vocales:

María del Carmen Miralles Huete. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Juan Andrés Gil Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Elena María Estrada González. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Francisco Almonte Gregorio. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Fernando Rodríguez Duque. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

M.ª Concepción López Arias. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

María Esther García Manzanares. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Tribunal suplente

Presidente: José Joaquín Serrano Ortega. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Esther Barrios Burgos. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Vocales:

Eva Donoso Atienza. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Marina Menéndez Miralbes. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Luis Bartolomé La Huerta. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

M.ª Isabel García Aliaga. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Ignacio Ollero Borrero. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Belén García Carretero. Profesora Titular de Universidad.

Adolfo González Méndez. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Contra las Ordenes ministeriales indicadas puede interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes desde esta publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro de las Órdenes publicadas en el BOE:

Secretaría-Intervención:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16546.pdf

Secretaría, categoría de entrada:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16547.pdf

Intervención-Tesorería, categoría de entrada:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16548.pdf

Ver más información sobre estas pruebas selectivas, aquí: https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/2495