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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Administración electrónica: avances para el ciudadano en Seguridad Social y Justicia

Dos disposiciones publicadas hoy, 31 de enero de 2021, en el BOE, establecen mecanismos para facilitar al ciudadano su relación electrónica con la Administración.

Por un lado, se establecen medios más sencillos para el ciudadano para asegurar la verificación de la identidad, la expresión de la voluntad y la prestación del consentimiento, en la realización de trámites con la Seguridad Social a través de los canales telefónico y telemático.

Mediante la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se habilita la presentación de solicitudes y documentos, así como la realización de trámites y el acceso a servicios a través de los canales telefónico y telemático.

Como se justifica en la Exposición de Motivos, la utilización de los servicios electrónicos de la Seguridad Social continúa siendo minoritaria, en contraste con el potente crecimiento que ha experimentado en la sociedad española la utilización de las nuevas tecnologías e internet, que se ha configurado como el canal preferente, incluso prácticamente exclusivo, en distintos ámbitos de actividad, especialmente en el sector servicios. Y se constata también que el uso de certificados electrónicos o de cl@ve como medios de identificación no está suficientemente extendido entre los ciudadanos.

Por ello, ambas realidades sugieren la oportunidad de complementar la actual oferta de servicios con nuevos medios más sencillos que aseguren tanto la verificación de la identidad y de la expresión de la voluntad como la prestación del consentimiento por parte de los interesados, en las solicitudes.

Para la realización por medio de los canales telefónico y telemático de los trámites y actuaciones que en cada momento consten relacionados en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, será necesario identificarse ante la Administración de la Seguridad Social mediante los sistemas previstos en esta resolución, que son:

certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen los incorporados al documento nacional de identidad.

videoconferencia o vídeo-identificación.

sistemas de identificación basados en datos biométricos

– sistemas de identificación distintos de los basados en certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen el sistema Cl@ve, tanto en su modalidad de Cl@ve PIN como de Cl@ve permanente, el acceso mediante código de un solo uso enviado al móvil del ciudadano cuyo número se encuentre registrado en la Seguridad Social (acceso vía SMS), el código seguro de verificación o código electrónico de autenticidad (en adelante, CSV/CEA) que conste en el acto o comunicación de que se trate, así como otros sistemas de identificación basados en datos de contraste (referencia, contraseñas u otros).

Respecto a estos últimos sistemas, da más fácil utilización por el ciudadano, éste deberá obtener previamente en la sede electrónica, una vez autenticado, un código de acceso, con validez temporal limitada, que deberá facilitar en la interlocución telefónica o a través del servicio que se habilite, pudiendo ser solicitados, si ello fuera necesario, otros datos de contraste para verificar la identidad. Una vez validados los mismos, se procederá a tramitar la demanda solicitada.

Véase el texto completo de esta Resolución en el siguiente enlace:

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf

Por otro lado, la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.

Véase el texto completo de esta Resolución en el siguiente enlace:

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf

[Puedes visitar también, en este sitio web, la página:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA ]

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Regional (ASTURIAS) TRANSPARENCIA

Sabías que hasta el día 31 de mayo está abierto el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Decreto (del Principado de Asturias) de Estatuto del denunciante contra la corrupción?

Se pretende fijar el marco jurídico donde se desarrollarán los derechos del denunciante, definidos y regulados en el Título IV la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés [https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con], así como la presentación de denuncias ante el Canal de Lucha contra la Corrupción y su tramitaciónAsí, el artículo 59 de dicha Ley establece que Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar conductas, hechos o situaciones de las que pudieran derivarse ilícitos administrativos o penales con la corrupción o comportamientos contrarios a la integridad pública en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, los organismos y entes públicos dependientes o vinculados a ella, así como en las sociedades mercantiles y fundaciones en las que aquella tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo cuando sean designados previo acuerdo del Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobiernoY conforme al artículo 60 el denunciante gozará, en todo caso, de los derechos de confidencialidad e indemnidad (no represalias)

Los ciudadanos pueden presentarse aportaciones a este proyecto normativo hasta el día 4 de junio de 2021

Véase, también en este sitio web en las páginas:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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LITERATURA-RELATOS CORTOS

También literatura: REMA

Tengo el compromiso de escribir un relato sobre mis emociones.  Pero hoy me ha salido un poema (¿o canción marina?), simples palabras de aliento para quienes (ciudadanos, funcionarios, deportistas, jóvenes o viejos, mujeres u hombres, parados o empleados, sanos o enfermos), actualmente sufran o pasen malos momentos, por el motivo que sea. Dice así:

Rema, rema, con mar calmada o marejada

no te dejes arrastrar,

siente el vaivén de tu bote y el aroma de la mar,

las olas ahogarán tus penas, 

al puerto arribarás,

escucha esta canción marina,

agarra el timón de tu vida

[Puedes ver MÁS LITERATURA en mi página:

blogdejoselopezvinyaaldia.com/tambien-literatura/ ]

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Formularios, consultas y sugerencias

Informes jurídicos verbales en órganos colegiados

El artículo 3.3 e) del RJFHN contempla, entre las funciones de asesoramiento legal preceptivo de Secretaría en las Entidades Locales, las de informar en las sesiones de los órganos colegiados.

Este asesoramiento verbal abarca dos supuestos distintos:

A) A requerimiento del Alcalde o Presidente, caracterizado por los requisitos siguientes:

 -Ha de existir requerimiento expreso de quien presida la sesión del órgano colegiado

-Objeto del informe verbal solicitado: algún aspecto legal del asunto que se discuta

-Finalidad: colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse.

Dados los términos de este párrafo (colaborar en la “corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse”), unido ello al hecho de que el asunto, al llegar a la sesión, vendrá constituido por un expediente formado y una propuesta de resolución o acuerdo, debe entenderse que este asesoramiento de colaboración para que la decisión sea jurídicamente correcta consistirá o bien en una aclaración o mejora (jurídica) de los términos en que está redactada dicha propuesta previamente escrita o bien en una propuesta de redacción de la decisión a adoptar si en el seno del debate o deliberación del asunto se produjese alguna enmienda o cualquier tipo de variación en los términos en que estuviese previamente escrita la propuesta.

B) A iniciativa del propio Secretario. En este caso, el régimen o requisitos exigibles son los siguientes:

-Que el Secretario solicite al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

-Que en el transcurso del debate se haya planteado alguna cuestión nueva

-Que sobre esta cuestión nueva surgiesen dudas sobre la legalidad (bien porque algún miembro de la Corporación haya planteado de forma expresa tales dudas o porque le hayan surgido al propio Secretario respecto a la nueva cuestión planteada).

-Corresponde al Presidente conceder el uso de la palabra.

-Una vez concedida la palabra, el Secretario se pronunciará sobre la duda planteada o en su caso indicará la conveniencia de posponer su pronunciamiento para un mejor estudio.

Como vemos, esta posible intervención del Secretario está muy acotada a la concurrencia de los requisitos indicados

A modo de sugerencia-conclusión:

-Resulta fundamental que los expedientes lleguen al órgano colegiado:

Conclusos (incluidos los informes preceptivos) con la antelación suficiente para su estudio; y con la Propuesta de Resolución, o de Acuerdo, o Proposición, o Moción, o Proyecto de Acuerdo, redactado de forma ajustada al ordenamiento jurídico.  Véanse artículos 75 del ROF y 88 de la LPACAP

-Bajo la premisa anterior y dados los términos en que la norma configura esta función de asesoramiento verbal, la figura del Secretario en las sesiones debe caracterizarse por una actitud no intervencionista ni protagonista; limitándose su actuación a los supuestos, circunstancias y requisitos indicados.

[Véase, también, en el Menú de este sitio web, en la página de Formularios, consultas y sugerencias:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/ ]

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que está abierta una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del servicio público de la justicia?

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

La Ley de Eficiencia Digital propuesta aborda un marco jurídico que facilite y promueva el avance en el camino de la transformación digital de la Justicia, en el marco de garantizar al ciudadano el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), resultando esencial para garantizar este derecho que la Administración de Justicia sea una administración moderna y eficiente.

Los avances en tecnología exigen aprovecharla en beneficio de los ciudadanos, implementando nuevas soluciones dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son:

– la posibilidad de consultar electrónicamente sus trámites judiciales

– permitir la realización de numerosas actuaciones por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario en oficinas de justicia próximas a su domicilio.

– la realización mediante sistemas de inmediación digital, de actuaciones que tradicionalmente se realizaban presencialmente (juicios, comparecencias, mediación).

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es

El cuestionario que se plantea a los ciudadanos, además de la relación de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa legislativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la misma, puede verse en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20p%C3%BAblica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf

[Esta entrada puede verse igualmente, en mi blog, clicando en la página de información administrativa (véase menú en el margen superior derecho), en el enlace: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?]

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DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL-Conceptos jurídicos básicos LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Diccionario conceptos jurídicos básicos

Ya puedes acceder fácilmente a cada una de las voces que figuran en el “diccionario de conceptos jurídicos básicos”, clicando en la voz correspondiente en el listado del principio de la página:

https://wordpress.com/page/blogdejoselopezvinyaaldia.com/574

O TAMBIÉN TE PUEDE RESULTAR MÁS SENCILLO CLICANDO, EN EL MENÚ DEL MARGEN SUPERIOR DERECHO DE ESTE BLOG: EN Conceptos jurídicos básicos

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Novedades normativas: El Tablón Edictal Judicial Único se publicará mediante un suplemento del BOE a partir del 1 de junio de 2021

El artículo 236.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, prevé que la publicidad de los edictos se realice a través del Tablón Edictal Judicial Único (TEJU); siendo el objetivo de éste la plena informatización y unificación de la publicación de resoluciones y comunicaciones judiciales, acabando con la dispersión en tablones de anuncios y distintos boletines oficiales, reforzando la simplicidad de este trámite y las garantías de las partes.

Mediante el Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo se regula la publicación del Tablón Edictal Judicial Único por parte de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se establece un modelo paralelo al del Tablón Edictal Único, ya existente en el ámbito de los anuncios de notificación que realizan las AAPP, si bien incorporando características propias, atendida la singularidad de la actividad jurisdiccional.

Con esta modificación normativa se establece un nuevo suplemento del BOE denominado «Suplemento del Tablón Edictal Judicial Único». Este nuevo suplemento formará parte del «Boletín Oficial del Estado» y de su edición electrónica, por lo que la publicación en el Tablón Edictal Judicial Único se realizará con todos los requisitos técnicos y garantías jurídicas que ofrece el BOE, en particular el carácter fehaciente de la fecha de publicación de los edictos, cuestión de especial relevancia a efectos del cómputo de los plazos procesales

Se fija la fecha del 1 de junio de 2021 para la puesta en marcha con carácter general del nuevo sistema.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/11/327

También puedes visitar la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, en este sitio web:

blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/

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Formularios, consultas y sugerencias Mis artículos

Formularios, consultas y sugerencias: PETICIONES VERBALES DE INFORME SOBRE ASUNTO GENÉRICO

En cuanto a la normativa aplicable:

Los artículos 36 y 79 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sus artículos:

-47.2  (supuestos de mayoría absoluta)

-92 bis.1 (sobre funciones de asesoramiento legal preceptivo reservadas a FHN)

►El artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) sobre supuestos de informe previo del Secretario y, en su caso, del Interventor

El artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN).

El título que asigné a este apartado de consejos (peticiones verbales -de informe- sobre asunto genérico) ya es bastante elocuente y clarificador, de forma que bastaría con indicar que no caben peticiones verbales de informe ni que sean sobre un “asunto genérico”.

No obstante, es posible o conveniente hacer las siguientes aclaraciones:

1. Ha de tenerse en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el Reglamento Orgánico municipal, o de procedimiento administrativo (en cuanto a las peculiaridades organizativas de la Entidad) o en la legislación autonómica; en todos los casos siempre que dichas normas no resulten contrarias o incompatibles con la legislación básica estatal citada. También el dimensionamiento y medios personales de la Entidad local.

2. En la mayoría de los casos (me remito al listado del artículo 3.3 del RJFHN) ni siquiera se produce, o al menos resulta innecesaria, la petición expresa, ni verbal ni escrita, de informe al Secretario o Interventor. Ya que impulsándose el procedimiento de oficio en todos sus trámites y sometido al principio de celeridad (artículo 71.1 LPACAP) resultaría desproporcionado que existiese una petición formal al Secretario de informe por parte del Alcalde para -por ejemplo- un asunto cuya aprobación requiere mayoría absoluta

 Me refiero aquí a determinados casos en que “se solicita informe”

3. Debe recordarse que conforme al artículo 36 LPACAP los actos administrativos deben producirse por escrito y a través de medios electrónicos (salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia) y por consiguiente la petición de un informe jurídico debe hacerse igualmente por escrito.

4. Aparte de lo indicado en el punto 2 anterior, la casuística y posible problemática suele surgir cuando “ordene” el informe el Presidente de la Corporación (cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma parece evidente que ha de solicitarse por escrito y versará sobre un asunto previsto para la sesión de Pleno) y además el objeto del informe o no está claro, o no se concreta, o se pide en términos genéricos, es decir -hablando coloquialmente- cuando en la práctica ocurre que el Alcalde (o, aunque resulte más difícil, un tercio de los miembros de la Corporación) pide un informe sobre el asunto, o el tema, de …. (algo que esté latente, de actualidad, en el pueblo) sin que se concrete el expediente o procedimiento que se esté tramitando (ya que a veces ni siquiera se está tramitando un procedimiento) … a veces no saben expresar siquiera sobre qué procedimiento o institución jurídica concreta desean que se informe, solo que sobre tal asunto o tema se emita informe de legalidad.Aquí es donde viene el consejo práctico: en el sentido de que sea el propio Secretario o Interventor quien -a la vista de lo que exponga verbalmente el Alcalde- le redacte a éste la petición de informe y el extremo o extremos de legalidad sobre el que precisa el asesoramiento jurídico, es decir aplicar literal y estrictamente lo establecido en el artículo 79.2 de la LPACAP que exige que en la petición de informe se concrete “el extremo o extremos acerca de los que se solicita”.

Con ello suele clarificarse, y facilitarse para el funcionario informante, la emisión del informe; de tal forma que o bien lo que se está pidiendo resulta que es manifiestamente ilegal o no es de la competencia municipal o previamente se requiere contar con determinada documentación (en cuyos tres supuestos debería advertirse al Alcalde de tales extremos) o bien tras entender lo que quiere éste (“hablando se entiende la gente”) se redacta la petición del informe en forma adecuada y transparente, concretando por supuesto “el extremo o extremos” sobre los que se requiere un informe jurídico.

Ya que no es lo mismo pedir un informe por ejemplo sobre “el asunto de la plaza Mayor” (asunto candente en el pueblo, se habla mucho del mismo, hay propuestas diversas sobre utilización de la plaza, hay algún problema de propiedad, etc.) que pedir informe acerca de si en la plaza Mayor del pueblo se puede construir un aparcamiento subterráneo en la actualidad y qué procedimiento debería seguirse, si es posible, para que una empresa lleve a cabo la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo.

A modo de ejemplo, nos encontramos con una “plaza Mayor” no inventariada y/o no inscrita en el Registro de la Propiedad, con un trozo de terreno de la misma en la práctica de uso público pero sobre el que un particular alega y ha reclamado su propiedad, con un Plan General de Ordenación Urbana, o Normas Subsidiarias de Planeamiento, actualmente en Revisión y con un casco urbano (en el que se encuentra la Plaza) declarado bien de interés cultural. Se pretende por el equipo de gobierno que bajo la Plaza se construya y explote por una empresa un aparcamiento subterráneo.

Puede darse en la práctica el supuesto de que el Alcalde pida un informe jurídico externo “sobre la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo bajo una plaza” y -claro está- sin otros datos, documentación o antecedentes, es posible que se emita un informe jurídico favorable.

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de hecho y circunstancias concurrentes antes señaladas, el informe que pueda emitir el Secretario, conocedor de dicha situación y circunstancias, puede ser muy distinto o al menos sometiendo la viabilidad de la pretensión a diversos condicionantes.

A título meramente orientativo y por si a alguien le puede ser de utilidad, la redacción de la petición de informe podría ser en estos términos:

A la vista de los antecedentes y documentación existente, emítase informe por el Secretario acerca de la posibilidad legal, en la actualidad, de construir y explotar por una empresa un aparcamiento subterráneo para uso público bajo la Plaza Mayor de ….., con indicación de los trámites, procedimientos, autorizaciones y acuerdos municipales que deben adoptarse.

[Ver la página completa de Formularios, consultas y sugerencias; y cada una de sus secciones en: blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/]

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“FAIR PLAY” NORMATIVO, POR FAVOR

Érase una vez un país en el que las leyes empezaron a teñirse de declaraciones partidistas (me refiero a los preámbulos o exposiciones de motivos de las normas jurídicas), de forma que en la parte expositiva se contienen afirmaciones como:

-con esta ley el partido A, que gobierna actualmente, consigue…

-esta ley persigue derogar la ley que aprobó con su mayoría el partido B…

-esta ley trata de hacer frente a la política llevada a cabo por el partido C….

-con esta ley se modifica la ley X que fue aprobada por la mayoría parlamentaria de los partidos D y E, que llevaron a cabo, mientras gobernaron, una nefasta política en materia de …-y, a partir de aquí, “viniéndose arriba”, como suele decirse, llegan a introducirse en las partes expositivas de las leyes, críticas, descréditos, palabras de improperio, infamia o vituperio frente a otro partido o partidos.

Hasta aquí, un relato inventado sobre un país en el que se aprueban unas leyes cuyas partes expositivas contienen declaraciones como las indicadas, es decir un imaginario de lo que pueden ser las leyes (que como se sabe se publican en el Boletín Oficial del Estado) en las que su preámbulo o exposición de motivos plasma lo que se dice en los parlamentos o, mejor dicho, las críticas, mofas, vituperios, descréditos o insultos que los señores representantes de la voluntad popular vierten, a viva voz, desde el estrado o escaño.

Uno lleva muchos años escuchando las opiniones, afirmaciones, declaraciones o manifestaciones que en las sesiones plenarias de los Ayuntamientos y con motivo del tratamiento y debate de asuntos de la más diversa naturaleza, los señores concejales de uno y otro partido hacen, utilizando las críticas -al partido contrario- antes indicadas.

Lo mismo ocurre -y es visto y escuchado por toda la ciudadanía- en el Congreso de los Diputados o en las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas.

Pero ¿a alguien se le ocurre pensar que con motivo de la aprobación de una Ordenanza Municipal -manifestación de la potestad normativa del Ayuntamiento- se inserte en el texto introductorio, expositivo, de la misma, publicado en el respectivo Boletín Oficial, alguna declaración semejante a las antes indicadas en la que el partido gobernante, mayoritario, hace una crítica al partido que antes había gobernado y aprobado un texto distinto de la Ordenanza? ¿y lo mismo cuando aparece publicada en el BOE una ley recientemente aprobada en las Cortes Generales?

Pues bien, esto último es lo que acaba de suceder con la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal (publicada en el BOE del pasado 23 de abril).

Esta Ley Orgánica es muy breve, simplemente suprime el apartado 3 del artículo 315 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que decía: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.

No es propósito de este post analizar el contenido de dicho artículo del Código Penal ni la procedencia o no de castigar como delito tipificado como tal las acciones de coaccionar a otros a iniciar o continuar una huelga, en los términos indicados. Tampoco la justificación que se hace en el Preámbulo de esta Ley Orgánica cuando utiliza -y transcribo literalmente- expresiones como

“… se ha aplicado la forma agravada de coacciones prevista en el artículo 315, apartado 3, del Código Penal, sobre la más atenuada de coacciones genéricas, aunque en la mayoría de los casos los hechos no puedan ser entendidos como violentos o coactivos y, en consecuencia, como un riesgo cierto para la integridad de las personas o de los bienes o instalaciones donde se desarrollan. Con esta aplicación de la ley se ha tratado de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical.

Si bien la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, vino a mitigar la respuesta punitiva de la ley, la misma no da una respuesta proporcionada, ni añade nada nuevo ni necesario atendiendo a la finalidad que la norma atendía. Por ello, el artículo 315.3 del Código Penal debe desaparecer de nuestro ordenamiento punitivo, toda vez que el genérico delito de coacciones ya protege de manera adecuada la libertad de no hacer huelga.

De otra parte, todas estas actuaciones no se ajustan ni a las previsiones de nuestro sistema constitucional ni a las obligaciones que tiene España como signataria de los distintos textos nacidos en la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, han sido las razones antes expuestas y una forma de interpretación del delito, que amplió su aplicación en sentido contrario a cómo debería interpretarse teniendo en cuenta la doctrina constitucional existente sobre el mismo y el deber de todo intérprete de evitar que la interpretación de la norma disuada del ejercicio del derecho fundamental que limita, las que nos llevan a la necesidad de proponer la supresión de este precepto”.

Nada que objetar.

Lo que no me parece procedente en ningún preámbulo o exposición de motivos -que como veremos tiene el valor de criterio interpretativo de la disposición normativa a las que acompaña para la búsqueda de la voluntad del legislador- es que se incluyan expresiones referidas a la política seguida por un partido político, como se hace en la Ley Orgánica 5/2001 al decir “con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido …. en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Y no estoy cuestionando la existencia de un recorte de libertades y de los derechos de manifestación pública de desacuerdo con las políticas del Gobierno de turno.

Lo que simplemente me sorprende enormemente es la alusión a un partido político concreto en un texto normativo (sí, en un texto normativo ya que el Preámbulo o Exposición de Motivos forma parte del mismo, aunque solo tenga un valor de criterio interpretativo).

¿No sobra esa alusión a un partido? ¿a partir de ahora se harán alusiones en las leyes aprobadas por la mayoría gobernante a la política seguida por el anterior partido gobernante?

Yo no creo que sea motivo de inconstitucionalidad (he leído en algún sitio que el partido aludido en el Preámbulo de esta Ley Orgánica iba a acudir al Tribunal Constitucional) pero ¿acaso aporta algo a la posible interpretación jurisdiccional posterior de la norma la alusión a un partido concreto? Si no es así, sobra.

Opino así porque si bien esta Ley Orgánica nace como consecuencia de una Proposición de ley del Congreso de los Diputados y no de un acto o disposición del Gobierno o de la Administración General del Estado (como en el caso de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, real decreto-ley, real decreto o propuesta de acuerdo del Consejo de Ministros) a cuyos textos normativos es de aplicación la Resolución de 28 de julio de 2005, de la Subsecretaría (del Ministerio de Presidencia), por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, que aprueba las Directrices de técnica normativa, las cuales tienen como objetivo fundamental lograr un mayor grado de acercamiento al principio constitucional de seguridad jurídica, mediante la mejora de la calidad técnica y lingüística de las normas con la homogeneización y normalización de los textos de las disposiciones y suponen en definitiva una herramienta que permite elaborar las disposiciones con una sistemática homogénea y ayuda a utilizar un lenguaje correcto de modo que puedan ser mejor comprendidas por los ciudadanos, unido al hecho de que la jurisprudencia del  Tribunal Constitucional otorga a las exposiciones de motivos o preámbulos de las leyes el valor de “criterio interpretativo de las disposiciones normativas a las que acompañan para la búsqueda de la voluntad del legislador”, es decir sirven para efectuar una interpretación finalista (así, las SSTC 36/1981, de 12 de noviembre, FJ 7, y 222/2006, de 6 de julio, FJ 8); 83/2005, de 7 de abril, FJ 3 a) y 90/2009, de 20 de abril, FJ 6), parece razonable, justo y adecuado que las leyes, tanto ordinarias como orgánicas, sigan las directrices indicadas.

Directrices que deben entenderse neutras, objetivas. En este sentido, establecen las mismas que la parte expositiva de la disposición cumplirá la función de:

– describir su contenido, indicando su objeto y finalidad,

– sus antecedentes

– las competencias y habilitaciones en cuyo ejercicio se dicta

– Si es preciso, resumirá sucintamente el contenido de la disposición, a fin de lograr una mejor comprensión del texto, pero no contendrá partes del texto del articulado.- Así mismo, se evitarán las exhortaciones, las declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas.

Por consiguiente, la Exposición de Motivos o Preámbulo de las leyes si bien no es vinculante para los tribunales a la hora de aplicar la norma, tiene un evidente interés como pauta interpretativa. Dicha Exposición debe conjugarse con el sentido de la norma, con los antecedentes, con el propio ámbito de la misma norma, y con las demás circunstancias externas a la propia norma que influyen en su interpretación.

Por todo lo expuesto -decía y termino diciendo- que sobra, resulta estéril, superfluo, inútil para los fines de un Preámbulo de una norma jurídica hacer alusión expresa a la conducta o política de un partido político determinado pues los tribunales de justicia interpretarán la norma -de acuerdo con las normas de interpretación derivadas de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico- en función de la adecuación o no a derecho, siéndole irrelevante que aquélla proceda del partido A, B o C.

Sobre Directrices de técnica normativa: https://www.boe.es/eli/es/res/2005/07/28/(1)/con

La Ley Orgánica comentada:

.https://www.boe.es/eli/es/lo/2021/04/22/5/con