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Regional (Asturias): ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Lo más reciente:

Información jurídico-administrativa de interés:

Modificación de las funciones de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático. [Decreto 56/2021, de 29 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de tercera modificación parcial del Decreto 13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma]: https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/30/2021-07476.pdf

Ver más Información jurídico-administrativa de interés en: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

Normativa de interés/Otras leyes:

Ley del Principado de Asturias 2/2021, de 30 de junio, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, para reforzar el Sistema de Salud del Principado de Asturias https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06924.pdf

Ley del Principado de Asturias 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Ver aquí: https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf

Ver más Normativa de interés/Otras leyes en: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#NORMATIVA-DE-INTER%C3%89S-ASTURIAS

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Normativa al día: Sede electrónica asociada del M. de Justicia y solicitudes de adhesión al Fondo de Ordenación (para municipios en riesgo financiero)

Orden JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede electrónica asociada al Ministerio de Justicia

Resumen:

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento e-Administración [https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con] se pueden crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede electrónica atendiendo a razones técnicas y organizativas.

La sede electrónica asociada tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.

En este caso, como indica la exposición de motivos de esta Orden Ministerial, desde la entrada en vigor de la Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia (SEMJ), la evolución tecnológica constante permite abordar los retos de transformación digital del Ministerio de Justicia desde diversos entornos y ámbitos tecnológicos. Ante esta evolución, resulta preciso prever la articulación de nuevos procedimientos y servicios, prestados por la propia sede o a través de nuevas plataformas, cuya implantación añaden complejidad técnica a la actual sede principal, por lo que la configuración de una nueva sede electrónica asociada permitirá lograr una mayor rapidez, agilidad y eficacia en los servicios prestados por el Ministerio de Justicia a los ciudadanos y empresas. La dirección electrónica de la sede electrónica asociada será https://sede2.mjusticia.gob.es

También se dispone, en cuanto al contenido de esta sede electrónica asociada que podrá referenciar al contenido ya existente en la sede electrónica del Ministerio de Justicia creada mediante Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero. En todo caso, se realizarán a través de la sede electrónica asociada las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran mecanismos de autenticación de los ciudadanos o del Ministerio de Justicia en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, ya existentes en la sede electrónica del Ministerio de Justicia creada mediante Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, que, por razones técnicas u organizativas, resulte preciso migrar a la nueva sede electrónica asociada, así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la misma por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

[La dirección de la actual sede electrónica es https://sede.mjusticia.gob.es/es ]

La puesta en funcionamiento de la nueva sede electrónica asociada se anunciará en la sede electrónica de la Administración General del Estado, como sede del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado, así como en la sede electrónica del Ministerio de Justicia creada mediante Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero.

[Véase el texto completo de esta Orden Ministerial aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/22/jus806

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Resumen:

Se determinan los municipios que se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, por concurrir alguna de las situaciones establecidas en dicho precepto, es decir los municipios que pueden solicitar la adhesión al denominado Fondo de Ordenación que tiene por objeto posibilitar la reconducción de la situación de municipios en riesgo financiero siempre que hayan cumplido con sus obligaciones de remisión de información económica-financiera, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales y la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se encuentren en situación de riesgo financiero. Entendiendo por éste cuando la deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha y además: se encuentre en las situaciones descritas en las letras a), b) o c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros [https://www.boe.es/eli/es/rdl/2013/06/28/8/con] conforme a los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Función Pública de las liquidaciones de los Presupuestos correspondientes a los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien les hayan sido concedidas las medidas extraordinarias de aquella norma.

Los límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios estén sujetos a un plan de reducción de deuda y lo estén cumpliendo. La relación de municipios es objeto de publicación en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública [https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx]

En el plazo de un mes desde la publicación de esta Resolución, es decir hasta el 30 de agosto, los municipios incluidos en la relación podrán remitir su solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación para 2022

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede una ampliación del plazo anterior en 15 días adicionales, teniendo en cuenta las circunstancias y que no se perjudican derechos de tercero. El plazo de remisión, incluyendo esta ampliación, se comunicará a través de la mencionada Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

-Véase el texto íntegro en https://boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf]

Más normativa al día, en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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Normativa al día: OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2021

Por Real Decreto 636/2021, de 27 de julio publicado en BOE de 28 de julio de 2021, se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (TREBEP) y en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 [ver, más abajo, el contenido de estas disposiciones básicas, en cuanto afectan a las Entidades locales], se aprueba la oferta de empleo público para 2021 en los términos que se establecen en este real decreto.

En lo que se refiere específicamente a la Administración Local:

-Por un lado, la Disposición adicional primera, sobre la Oferta de empleo de las Corporaciones Locales, establece lo siguiente:

Las Corporaciones Locales que aprueben su oferta de empleo público deberán remitir los acuerdos aprobatorios de la misma a la Administración General del Estado, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, a los efectos de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetando los criterios que tienen carácter básico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Es decir, en el plazo de seis días desde la adopción de los acuerdos (artículo 196.3 del ROF) deben remitirse extracto de los acuerdos aprobatorios de la oferta de empleo a la Administración del Estado y la de la respectiva Comunidad Autónoma.

Dichas Administraciones están facultadas, con el fin de comprobar la efectividad, en su aplicación y, respectivamente, de la legislación estatal y la autonómica, para recabar y obtener información concreta sobre la actividad municipal, pudiendo solicitar incluso la exhibición de expedientes y la emisión de informes (artículo 56.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local).

-Por otra parte, en el anexo IV se incluyen las plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, especificando las que se convocan por acceso libre y por promoción interna:

Acceso Libre

INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA……………………..                           100 plazas

SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA   ………………….                             15 plazas

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN.  …………  204 plazas                                                                                  

Promoción Interna

Por cambio de categoría, dentro de la subescala:

INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR                                                       50 plazas

SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR.                                                        30 plazas

Por cambio de subescala:

INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA.                                                 120 plazas

SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA                                                    30 plazas

La normativa básica vigente para este año 2021, que rige la oferta pública de empleo de las Entidades Locales viene constituída por:

El artículo 70 del TREBEP que establece, en lo que afecta a las EELL:

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

Y el art 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 dispone lo siguiente:

Uno.

1. La incorporación de personal de nuevo ingreso con una relación indefinida en el sector público, se regulará por los criterios señalados en este artículo y se sujetará a una tasa de reposición de efectivos del 110 por cien en los sectores prioritarios [ver apartado 3 de este artículo] y del 100 por cien en los demás sectores.

Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior tendrán un 110 por cien de tasa en todos los sectores.

2. Las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público, se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales vigésima, vigésima primera y vigésima segunda [de la citada Ley 11/2020, de 30 de diciembre].

3. Se consideran sectores prioritarios a efectos de la tasa de reposición:

– Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.

– Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.

– Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales.

– Plazas de personal que realiza una prestación directa a los usuarios del servicio de transporte público.

– Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos.

– Personal que preste servicios en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

4. La tasa será del 115 por ciento para los cuerpos de Policías Locales.

5. En todo caso, la oferta deberá atenerse a las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del presupuesto de gastos.

6. No computarán para el límite máximo de tasa:

a) El personal que se incorpore en ejecución de ofertas de empleo público de ejercicios anteriores.

b) Las plazas que se convoquen por promoción interna.

c) Las plazas correspondientes al personal declarado indefinido no fijo por sentencia judicial.

7. Cálculo de la tasa de reposición de efectivos. Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo autorizado se aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa, excepto los procedentes de ofertas de empleo público, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos, se computarán los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo, o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa. Igualmente, se tendrán en cuenta las altas y bajas producidas por los concursos de traslados a otras Administraciones Públicas. No computarán como ceses los que se produzcan como consecuencia de procesos de promoción interna.

Dos. La validez de la tasa autorizada estará condicionada, de acuerdo con el artículo 70 del TREBEP:

a) A que las plazas se incluyan en una Oferta de Empleo Público que deberá ser aprobada por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas y publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, antes de la finalización de cada año.

b) A que la convocatoria de las plazas se publique en el Diario oficial de la Provincia, Comunidad Autónoma o, en su caso, del Estado, en el plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de la publicación de la Oferta de Empleo Público en la que se incluyan las plazas.

Como consecuencia de lo anterior la oferta autorizada se considera consumida una vez celebrados los procesos selectivos correspondientes, con independencia del resultado de dichos procesos.

Tres.

1. La tasa de reposición de uno o varios sectores o colectivos prioritarios se podrá acumular en otros sectores o colectivos prioritarios. Igualmente, la tasa de reposición de los sectores no prioritarios podrá acumularse en los sectores prioritarios. Las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior podrán acumular su tasa de reposición indistintamente en cualquier sector.

2. No se autoriza la cesión de tasa de reposición de las Administraciones Públicas a sus sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones y consorcios.

4. En los supuestos en los que se produzca acumulación de la tasa de reposición, la publicación de la oferta de empleo público del organismo que la cede y del que la recibe, deberá contener el número de plazas, así como el sector o colectivo objeto de esa acumulación.

Cuatro. No se podrá contratar personal temporal, ni realizar nombramientos de personal estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.

-Finalmente recordar que conforme al artículo 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en la normativa básica estatal.

Texto completo del Real Decreto que aprueba la oferta pública de empleo para 2021, véase aquí: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/636

Más normativa al día: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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Formularios, consultas y sugerencias

Página de FORMULARIOS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS. Nuevos contenidos

En qué consiste esta página y a quién va destinada.

Sección de ciudadanos y sección de funcionarios.

Nuevos contenidos en la sección destinada a funcionarios:

Consejos para hacer un informe: supuestos de peticiones verbales o informe en órganos colegiados

Formulario de Propuesta de Resolución: explicación y significado de sus partes y contenidos

Consultas en relación a preparación casos prácticos prueba selectiva de promoción a categoría superior de la subescala de FHN (Secretaría)

Ver con detalle en: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/

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Normativa al día: CONVOCATORIAS DE PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO A LAS SUBESCALAS DE SECRETARÍA E INTERVENCIÓN-TESORERÍA (ambas de categoría superior)

Extracto de las convocatorias:

Convocadas 80 plazas para Secretaría categoría superior y 80 plazas para Intervención-Tesorería, categoría superior, por el sistema de promoción interna

Para ambas convocatorias: (48 plazas para proveer por prueba de aptitud y 32 plazas para proveer por concurso de méritos)

Resoluciones de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública (BOE 23-7-2021)

-Del total de plazas convocadas, en ambas convocatorias, 5 quedan reservadas para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad general con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. De este cupo de reserva, se aplicarán tres al sistema de prueba de aptitud y dos al sistema de concurso.

-Entre otros requisitos, es necesario pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional; o a la subescala de Intervención-Tesorería, respectivamente; y tener al menos dos años de antigüedad de servicio activo en la categoría de entrada de la subescala a cuya categoría superior se pretende acceder, computados a partir de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado»

-Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de agosto de 2021.

-¿Cómo? Obligatoria la inscripción electrónica en: http://administracion.gob.es/PAG/ips

-¿En qué consiste la prueba selectiva?

Acceso por concurso de méritos: será automático para los solicitantes que tengan mayor puntuación en la valoración de méritos generales que se encuentren reconocidos por la Dirección General de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (https://www.boe.es/eli/es/o/1994/08/10/(1)/con) a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

-Acceso por prueba de aptitud: La prueba consistirá en resolver por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, un supuesto práctico que el Tribunal Calificador determine y que estará relacionado con temas de:

(Secretaría, categoría superior):

– organización, funcionamiento y competencias de las entidades locales con más de 20.000 habitantes

– procedimiento administrativo común

– régimen jurídico del sector público

– personal

– contratación

– bienes

-expropiación y

-servicios públicos.

(Intervención-Tesorería, categoría superior):

-Presupuesto. El presupuesto y sus modificaciones. Gestión presupuestaria. Ejecución y liquidación del presupuesto. Reglas fiscales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Morosidad y periodo medio de pago.

–Fiscalización de actos administrativos relativos a las diversas materias relacionadas con la gestión y ejecución del presupuesto.

– Contabilidad: Contabilidad financiera. Contabilidad analítica y de gestión. Contabilidad pública local. Contabilidad privada.

–Haciendas Locales, Tesorería y recaudación. Operaciones de crédito. Principio de prudencia financiera. Gestión tributaria, recaudación e inspección tributaria. Gestión de la tesorería y de los ingresos.

Textos íntegros de las convocatorias:

Secretaría, categoría superior: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12347

Intervención-Tesorería, categoría superior: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12346

Puedes ver, en mi sitio web, la sección de NORMATIVA AL DÍA (en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA): https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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La omisión del informe económico-financiero que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, supone un vicio de nulidad

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 24/06/2021

No debe confundirse el informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio correspondiente a la tasa municipal, con el estudio económico que figura en el anteproyecto de explotación correspondiente al contrato de gestión del servicio público.

La omisión del informe económico-financiero que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, supone un vicio de nulidad.

La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho.

La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de imparcialidad.

Las que acabo de citar son las notas claves de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 24/06/2021 (nº de Recurso: 1076/202) [Ref.: Roj: STS 2596/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2596 Cendoj: 28079130022021100266]

La cuestión de interés casacional planteada en el Tribunal Supremo consistía en determinar si, a efectos del artículo el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), resulta posible considerar como informe técnico-económico -para la aprobación de una tasa-, el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público, objeto de la propia exacción

Identificándose como preceptos objeto de interpretación: los artículos 24 y 25 del TRLHL y 132 y 133 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público [actualmente, artículos 284, 285 y 289 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)]

El artículo 24 del TRLHL, sobre la cuota tributaria de las tasas, dispone, en su apartado 2 que “en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”.

Y el artículo 25 dispone que los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Debiendo incorporarse dicho informe al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.

Por su parte, en la legislación de contratos (actualmente artículos 284, 285 y 289 de la LCSP) se establece, en síntesis, a los efectos que aquí interesan:

-Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

-En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.

-El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

En el caso enjuiciado, la argumentación municipal pretendía justificar que el estudio económico financiero que se redactó con motivo de la liquidación, unido a la oferta de la empresa contratista, constituyen base suficiente para el establecimiento de la tasa. Frente a ello se viene a sostener que dicho informe no es una formalidad, y que su ausencia, junto con la alteración de las bases que rigieron la licitación, han propiciado un resultado que no cubre el coste real o probable.

El Tribunal Supremo se cuestiona la conformidad a derecho de la ordenanza, en esencia, porque se ha omitido el informe técnico económico que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, defendiéndose que tal omisión supone un vicio de nulidad.

La sentencia recurrida declara que, del examen del expediente administrativo, se constata la ausencia del informe económico financiero o memoria económica del citado artículo 25 TRLHL, sin que ese defecto pueda suplirse por las actuaciones que eventualmente se hubieran seguido por el Ayuntamiento en materia de contratación referente a la demandante u otras empresas concurrentes. La sala a quo señala que “el Ayuntamiento … confunde la memoria económico-financiera correspondiente a la tasa, con el estudio económico que figura en el anteproyecto de explotación del ciclo integral del agua, correspondiente al contrato de gestión del servicio público que fue adjudicado a la aquí recurrente”.

El alto tribunal considera que la solución del presente recurso ha de venir dada por la doctrina ya fijada en su sentencia de 26 de abril de 2017, rec. cas. 167/2016, en la cual afirmaba, en relación, precisamente, con la alegación relativa a la validez, a los efectos del artículo 25 del TRLRHL, del informe económico financiero elaborado por la propia concesionaria, lo que sigue: “La cuestión real del debate es, si a los efectos de lo prevenido en el art. 25 TRLHL (en su redacción vigente en el momento de aprobarse el acuerdo) es válido el Informe económico financiero emitido por la propia empresa adjudicataria del Servicio. Y, en particular, si es un requisito para la validez de la modificación de la ordenanza, que el informe sea emitido o ratificado por técnicos municipales. De ser este un requisito insubsanable, su falta conllevará la nulidad de la modificación de la ordenanza. Y si, por el contrario, no lo es, entonces es cuando habrá que entrar a valorar si el informe de Aguas de León estaba suficientemente justificado”.

La Sala considera que el Informe es un elemento esencial para la validez de la aprobación de la Tasa, un requisito insubsanable, y que su falta conlleva la nulidad de la Ordenanza.

“La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho (STS 18/03/2010). La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de imparcialidadEn nuestro caso, este informe no ha sido elaborado por técnicos municipales sino por la propia empresa concesionaria del servicio y parte interesada. Y la Adjunta al Jefe de Asuntos Económicos ha dicho que en algunos casos no existe y que, en el resto, el informe es insuficiente y que debe ser reforzado. Habiéndose tomado por el Pleno el acuerdo definitivo sin tener en cuenta que el informe de Aguas de León no ha sido asumido por ningún técnico municipal.

Los informes técnico-económicos no son simples requisitos formales sino requisitos esenciales que han de preceder siempre a los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, determinando su omisión la nulidad de aquellos acuerdos al no permitir esa omisión el control del cumplimiento del límite global del coste del servicio o actividad y del principio de reserva de ley, la relación existente entre cuantía de la tasa y costes provocados al ente público y el respeto de la capacidad económica de los administrados, bien entendido que la omisión no viene determinada sólo por la total inexistencia de unos documentos calificados como tales informes, sino también por la falta de un mínimo rigor en el planteamiento y formulación de los mismos. El vicio procedimental denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho, y ello es lógico si se tiene en cuenta que el informe técnico económico es esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos. Y es que no podemos perder de vista que no nos encontramos ante una impugnación de un acto administrativo, sino ante un recurso directo contra una Ordenanza, cuya categoría es la de disposición de carácter general.

Ahondando en lo señalado anteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2001 (rec, cas. núm. 2810/1996), establecía que: “estos vicios procedimentales son causas de nulidad de pleno derecho de las Ordenanzas Fiscales”. En parecidos términos, tenemos las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004 (rec. cas. núm. 2384/1999), FD Undécimo], de 18 de diciembre de 1997 (rec. apel. núm. 2179/1991), FD Tercero; y de 28 de marzo de 2007 (rec. cas. núm. 1913/2002), FD Cuarto].

 En consecuencia, a la vista de los hechos y en atención a la doctrina que se acaba de sintetizar, la conclusión del Tribunal Supremo no puede ser otra que entender que estamos ante un vicio que comporta la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza que es objeto de impugnación en el recurso, al haberse incumplido el trámite esencial establecido en el art. 25 LRHL

Por todo lo dicho, el Tribunal Supremo fija la siguiente doctrina:

 “a efectos del artículo 25 TRLRHL, no resulta posible considerar como informe técnico-económico -para la aprobación de la exacción que el Ayuntamiento … conceptúa como tasa-, el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público elaborado por la propia concesionaria, objeto de la propia exacción”.

[Puede verse el texto íntegro de la Sentencia aquí: https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#]

[Puedes ver la Sección de Novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos, de mi sitio web, en https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-%C3%93RGANOS-CONSULTIVOS ]

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UN EJEMPLO DE SIMPLIFICACIÓN EN EL ACCESO ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO A LA ADMINISTRACIÓN: LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Conforme al artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (para abreviar, lo denomino aquí Reglamento e-Administración) se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.

Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en los artículos 38 de la LRJSP y 9 del Reglamento e-Administración, una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

Además, conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. El artículo 43.4 de la misma ley establece que los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Igualmente el artículo 53.1 a) dispone que quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho, a través del citado Punto de Acceso General electrónico de la Administración a consultar la información sobre el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados, así como acceder a los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Y el artículo 7 del citado Reglamento e-Administración vino a completar lo anterior estableciendo que las Administraciones Públicas debe contar con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), el cual facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

Pero la cosa no queda ahí, ya que el artículo 16 de la LPACAP (desarrollado por los artículos 37 a 40 del Reglamento e-Administración) exigen que cada Administración Pública tenga un Registro Electrónico General para hacer el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente.

Resultado de todo lo cual el ciudadano de a pie -y a veces el empleado público- se encuentra no tanto con el monstruo marino de la Biblia, el Leviathan que Hobbes eligió como símbolo del poder irresistible del Estado, pero sí con una serie de conceptos, de vías de entrada electrónica a la Administración que parecen lo mismo pero son cosas distintas y en definitiva se hace preguntarse ¿pero dónde he de pinchar (clicar)? ¿he de buscar la dirección de internet, la sede electrónica, el registro electrónico, el punto de acceso general? ¿y éste dónde está?

No digamos si navegamos por los mares de la contratación pública, para lo cual el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige a todas las Administraciones Públicas un Portal de Contratante, que debe difundirse exclusivamente a través de internet, portal que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.

Pues bien -aunque alguien dirá, y yo también, que es a la hora de cobrar cuando la Administración se apresura a ponerle las cosas fáciles al ciudadano- lo cierto es que acaba de publicarse la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2009, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Las características fundamentales de esta norma que regula la sede electrónica de la AEAT son las siguientes:

-Incluye la información y cumple las funciones de portal de Internet de la Agencia Tributaria en los términos establecidos en el artículo 39 de la LRJSP, y en el artículo 5 del Reglamento e-Administración).

-Abarca la totalidad de los órganos de la Agencia Tributaria, a la cual corresponde su titularidad, y extiende su ámbito de aplicación a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.

-Mediante esta sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios de la Agencia Tributaria que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

-Esta sede será accesible a través del punto de acceso general electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado previsto en el artículo 7 del Reglamento e-Administración. Debe indicarse en este sentido que la dirección de dicho punto de acceso general es: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html

-En esta sede electrónica se cumplirá lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir los interesados que se dirijan a una sede de la misma ubicada en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ésta.

-Tendrá en todo caso a disposición de las personas interesadas la totalidad del contenido y de los servicios establecidos en el artículo 11 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

-Además, dispondrá de los siguientes servicios adicionales a disposición de las personas interesadas:

a) Registro electrónico de la Agencia Tributaria, con información detallada del calendario de días inhábiles a efectos de la presentación de documentos electrónicos en el Registro electrónico.

b) Acceso a la información sobre actuaciones y procedimientos de contratación pública en los términos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

c) Acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas con los efectos propios de la notificación por comparecencia.

En definitiva, pasan a unificarse los canales de acceso electrónico a la Agencia, de modo que ésta contará con una sede electrónica que cumplirá también las funciones de portal de Internet, por lo que se suprime el portal actual, alcanzando así una eficiencia mayor en el empleo de sus recursos económicos y tecnológicos y facilitando asimismo el acceso electrónico por parte de los ciudadanos en las distintas lenguas cooficiales a la información y a los servicios que la Agencia Tributaria ofrece a través de un único punto. El ciudadano, por tanto, ya no tendrá que romperse la cabeza navegando en busca del punto de acceso, registro general, portal de internet, servicio de información, etc. de la Agencia Tributaria Por cierto, la dirección electrónica de la sede electrónica es: https://sede.agenciatributaria.gob.es

Un ejemplo a seguir por aquellas entidades locales (y otras Administraciones Públicas) cuyo acceso electrónico no es fácil ni sencillo. Si bien cada entidad local, cada Ayuntamiento, es libre y autónomo para crear y regular sus instrumentos de acceso electrónico, no está de más que los responsables de los mismos se fijen en el ejemplo que acabo de relatar de la AEAT en aras a la simplificación, eficiencia y poner la Administración más fácil y accesible al ciudadano.

A la vez que recordar que conforme a la Disposición adicional segunda de la LPACAP y artículo 65 del Reglamento e-Administración, la adhesión de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales al uso de las plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado prevista en la LPACAP y en la LRJSP, y en el Reglamento e-Administración, así como a aquellos otros que puedan facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en estas normas se realizará mediante adhesión voluntaria por el órgano competente de la Administración Pública que corresponda

Pero aunque la adhesión es voluntaria, la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), para lo que se enviará el correspondiente informe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que deberá incluirse la justificación del cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, de plataformas, registros o servicios electrónicos que se utilicen, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes plataformas.

La Resolución que acabo de comentar puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/12/(1)

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿SABÍAS QUE UN ALTO PROCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SON SILENCIADAS POR LA ADMINISTRACIÓN?

Según el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2020, aprobada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en relación al motivo de las reclamaciones presentadas ante dicho organismo, el primer dato a destacar es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública (SAIP) resueltas por la vía del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido: un 47,06 % del total en el ámbito estatal y un 70,30 % en el ámbito territorial (Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Ello hace concluir al CTBG el hecho es que el elevado volumen de SAIP desestimadas por falta de resolución en el plazo legalmente establecido dificulta el ejercicio del derecho de acceso en la medida en que, a la hora de presentar una reclamación ante el CTBG o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, él o la reclamante desconocen los motivos por los que se ha denegado su solicitud de acceso.

Hago en este punto un paréntesis en el resumen del informe anual del CTBG, es decir que destaco y llamo la atención, a modo de reflexión crítica personal, sobre el extremo siguiente: a pesar de que el artículo 105 b) de la Constitución mandata la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas), a pesar de que en cumplimiento de dicho mandato constitucional la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con] obliga a todas las Administraciones Públicas a facilitar, en el plazo de un mes, al ciudadano que lo solicite la información de que dispone (entendiéndose por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones) y a pesar de la obligación de todas las Administraciones Públicas de resolver todas las solicitudes que se le formulen (artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), a pesar de todo ello -digo- resulta que en la mayoría de los casos en que el ciudadano acude en reclamación al CTBG no es porque la Administración de turno le haya denegado, se entiende que motivadamente, su solicitud, o que se inadmitiese la misma por tratarse de derechos dignos de mayor protección (como la existencia de datos de carácter personal) sino simplemente porque la Administración ni siquiera ha contestado.

Y tal resultado origina que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que es una Autoridad Administrativa Independiente) en uso de la competencia genérica de la misma de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, considera necesario poner de manifiesto esta situación a las Administraciones y organismos responsables de la gestión de las SAIP y recomendar la adopción de medidas conducentes a su superación.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las Resoluciones dictadas por el CTBG: en el ámbito autonómico y local, de las 294 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2020, se hallaban ejecutadas el 69,39 % del total (porcentaje superior en 14 puntos a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019); el 4,42 % se encontraban en trámite de ejecución; el 4,08 % habían sido suspendidas por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y el 22,11 % restante no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.

¿No será -y sigo proclamando- que la Administración sigue necesitando mejorar en transparencia?

Pueden verse otras entradas y artículos en mi sitio web sobre la transparencia:

LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021)

La administración electrónica sí, pero una administración pública que sirva al ciudadano: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

-Sabias que es posible la modernización del-lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/15/sabias-que-es-posible-la-modernizacion-del-lenguaje-juridico-haciendolo-mas-claro-y-accesible-para-el-ciudadano

Puedes visitar también en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, la sección de ¿SABÍAS QUE…? https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Novedades normativas: NUEVOS MINISTERIOS / REGULACIÓN TRABAJO A DISTANCIA

En los últimos días se han publicado las siguientes normas de interés:

Real Decreto 507/2021, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Aunque lo más comentado en los medios de comunicación son los nombres de los nuevos Ministros y Ministras, los ceses, incorporaciones y cambios; el por qué sí y por qué no; y todas las críticas (positivas y negativas), no siendo este sitio un lugar de información política sino de información jurídico-administrativa, lo que en este momento publico es la disposición en virtud de la cual dos Ministerios han variado:

El Ministerio de Hacienda pasa a ser Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública pasa a ser Ministerio de Política Territorial

En este mismo sitio web, en la sección de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#MINISTERIOS-ACTUALES] aparece ya actualizado el directorio con dichos Ministerios.

El texto del Real Decreto 507/2021, de 10 de julio puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507

Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia

El trabajo a distancia, en su concepción clásica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado a sectores y ámbitos geográficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnologías.

En la actualidad, más que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo.

Para la extensión y normalización del trabajo a distancia era necesario un marco legal suficiente que permita establecer las certezas y garantías necesarias puede distorsionar el marco de las relaciones laborales, y afecta a condiciones que se incorporan como esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional y legislativo (artículo 35 de la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores) y el acervo de normas internacionales, comunitarias y nacionales que integran «un suelo social mínimo»

En el artículo 2 establece las siguientes definiciones:

a) «Trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con carácter regular.

b) «Teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación.

c) «Trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Otras notas destacadas de esta nueva regulación son

-La voluntariedad del trabajo a distancia

-Es necesario un contenido mínimo en el acuerdo de trabajo a distancia (firmado, por escrito e incorporado al contrato de trabajo)

-Establece un elenco de derechos del trabajador

-Establece las facultades de organización, dirección y control por parte de la empresa

Las previsiones contenidas en esta Ley no son de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá en esta materia por su normativa específica. Esta viene constituida por el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/29/29/con