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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todas las NORMAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENTIDADES LOCALES

En esta entrada puede verse el lndice del CAPÍTULO III de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (de la colección Todo Administración Local, que edita Wolters Kluver), recientemente publicada, en el que de forma sistemática y minuciosa y desde mi experiencia como Secretario Municipal compendio y analizo, en clave local, todas las normas e instituciones jurídicas comunes a las distintas fases del procedimiento administrativo, desde los principios rectores del mismo, los requisitos y vicios de los actos o trámites, los órganos o unidades intervinientes y el régimen jurídico de la abstención y la recusación, así como las normas específicas o tradicionalmente consideradas de ordenación (actualizadas al necesario funcionamiento electrónico de la administración local). Finalmente se incluye el análisis actualizado de instituciones tan vinculadas a las fases procedimentales como los plazos y su régimen jurídico (abarcando igualmente las peculiaridades producidas durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020), el registro electrónico y el archivo electrónico único

En el INDICE se incluyen los apartados siguientes:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

III. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Producción de los actos administrativos

3. Requisitos: contenido, motivación e inderogabilidad singular

3.1. Contenido y motivación  

3.2. Inderogabilidad singular

4. Forma

IV. LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO

1. Consideraciones previas

2. Empleados públicos, unidades y órganos administrativos

2.1. Empleados públicos

2.2. Unidades administrativas

2.3. Órganos administrativos

V. LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DEL PERSONAL Y LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO

1. Conceptos

2. Supuestos de abstención

3. Régimen jurídico de la abstención y efectos4. Régimen jurídico de la recusación

VI. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

VII. LOS VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Clases de vicios en el acto administrativo

3. Errores materiales, de hecho o aritméticos

4. Irregularidades no invalidantes

5. Vicios de anulabilidad

6. Vicios de nulidad

7. Procedimiento de revisión de los vicios del acto administrativo

8. Efectos

9. Conversión, conservación y convalidación

VIII. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. El expediente

1.1. Concepto

1.2. Formato

1.3. Contenido y formación

1.4. Impulso de la tramitación

1.5. Orden de tramitación

1.6. Desglose de documentos y carácter bifronte de éstos

1.7. Custodia de documentos

1.8. Salida de expedientes de las oficinas

1.9. Remisión del expediente electrónico

2. Publicidad de las relaciones de procedimientos

3. Impulso del procedimiento

4. Cumplimiento de trámites

5. Concentración de trámites

6. Cuestiones incidentales

7. Tramitación simplificada

8. Responsabilidad de la tramitación

9. La actuación administrativa automatizada

9.1. Consideraciones previas

9.2. Definición y distinción de conceptos afines

9.3. Régimen jurídico

9.4. Algunos ejemplos

10. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales

IX. TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto y obligatoriedad

2. Reglas sobre el cómputo de plazos administrativos

2.1. Regla general

2.2. Excepciones

2.3. Comienzo y cómputo del plazo

2.4. Finalización del plazo

3. Reglas sobre el cómputo de los plazos en los registros electrónicos

4. Las aplicaciones informáticas y los plazos

5. La habilitación de medios para el cumplimiento de los plazos

6. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo

7. La reducción de plazos en el procedimiento administrativo

7.1. Régimen común de la tramitación de urgencia

7.2. La tramitación de urgencia en virtud de ley

8. La suspensión del plazo máximo de resolución

9. La ampliación del plazo máximo de resolución

10. Los plazos administrativos y el funcionamiento de las oficinas de las AAPP

11. La excepcional suspensión de plazos en el estado de alarma

X. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

1. Lugares de presentación de los documentos que los interesados dirijan a la Entidad local

2. Objeto

3. Naturaleza y características

4. Las oficinas de asistencia en materia de registro

5. El registro y la sede electrónica

6. Horario de funcionamiento del Registro de la Entidad local

7. Orden de anotación en el Registro, contenido, recibo acreditativo y curso del documento

8. Dirección de la función de fe pública

9. Creación y regulación.

10.-Entrada en vigor

XI. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

1. Consideraciones previas y definiciones de interés en la legislación vigente sobre archivos

2. El archivo electrónico de documentos

3. La figura del archivo electrónico único y el procedimiento administrativo

4. Conservación y medidas de seguridad

5. Los antiguos archivos en papel

6. Dirección de la función de fe pública

7. Acceso de los ciudadanos al Archivo

8. Entrada en vigor

Más información en este blog:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/

https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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Obra sobre Procedimiento administrativo: ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS I Y II

En esta entrada puede verse al detalle el índice de los dos primeros capítulos de mi obra, recientemente publicada

CAPÍTULO I. NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Consideraciones previas

1. Objeto de este bloque de materias.

2. Objeto de este Capítulo

3. Las fuentes del procedimiento administrativo local

II. Concepto y finalidad del procedimiento administrativo de las Entidades Locales

III. Legislación básica sobre procedimiento administrativo aplicable a las Entidades Locales

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1.1. Naturaleza.

1.2. Contenido de la LPAC. Especial referencia al Título preliminar, las Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposición derogatoria y Disposición final séptima (entrada en vigor). Relación entre los Títulos I a VI y los Capítulos o epígrafes de esta Obra.

2. Otras disposiciones orgánicas o básicas, comunes a los procedimientos administrativos de las EELL 

2.1. Supuestos de informe del Secretario

2.2. Solicitud de informe al Consejo de Estado

2.3. Supuestos de informe del Interventor y de fiscalización en los expedientes.

2.4. Procedimientos cuya resolución corresponde al Alcalde

2.5. Procedimientos cuya resolución corresponde al Presidente de la Diputación

2.6. Ejercicio de la competencia por los órganos de las EELL

2.7. Requisitos de funcionamiento y de adopción de acuerdos de los órganos colegiados

2.8. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno Local

2.9. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación

2.10. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento

2.11. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno de la Diputación

2.12. Notificación y publicación de acuerdos

IV. Normativa estatal, autonómica y local

1. Normativa estatal. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

2. Legislación autonómica:

2.1.Canarias.

2.2.Cataluña.

2.3.Illes Balears.

2.4.La Rioja.

2.5.Navarra.

3. Normativa local

V. Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de  actividades administrativas de las Entidades Locales

1.-Potestad reglamentaria

2.-Aceptación de competencias o delegación de competencias

3.- Creación de Entidades Locales

4.- Alteración de términos municipales

5.-Constitución de la Corporación

6.-Elección de Alcalde y del Presidente de Diputación y de los Cabildos y Consejos Insulares

7.-Régimen de sesiones del Pleno

8.-Sustitución de Concejales

9.-Instrumentos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

10.-Moción de censura

11.-Cuestión de confianza

12.-Consulta popular

13.-Ejercicio del derecho a la información pública

14.-Procedimiento sancionador 

15.-Procedimiento de responsabilidad patrimonial

16.-Elaboración y aprobación del Presupuesto

17.-Aprobación de la liquidación del Presupuesto

18.-Aprobación de la Cuenta General

19.-Aprobación de Ordenanzas Fiscales

20.-Establecimiento o modificación de tributos 

21.-Procedimiento de recaudación

22.- Revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos

23.-Aprobación de convenios

24.-Ejercicio de acciones

25.-Sistemas de selección de los empleados públicos

26.-Régimen de las situaciones administrativas

27.-Régimen disciplinario

28.-Procedimientos de concesión de subvenciones

29.-Procedimiento de justificación y reintegro de subvenciones 

30.-Aprobación del expediente de contratación 

31.-Procedimientos de adjudicación de los contratos

32.-Procedimientos de adquisición de bienes

33-Procedimientos de autorización y concesión de bienes demaniales

34.-Procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales

35.- Establecimiento, organización y supresión de servicios

36.-Ejercicio de actividades de servicios y de comercio

37.-Instrumentos de prevención ambiental

38.- Espectáculos públicos

39.-Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico

40.-Aprobación de Convenios urbanísticos

41.-Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 

42.-Procedimiento de disciplina urbanística

VI. Leyes autonómicas sobre administración local, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y sobre urbanismo

1.-Leyes autonómicas sobre administración local

2.-Leyes autonómicas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

3.-Leyes autonómicas sobre urbanismo

CAPÍTULO II. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Consideraciones previas

II. Conceptos y régimen jurídico

1. Las personas y la capacidad de obrar ante la Administración: tipos de personas (personas físicas, personas jurídicas, ciudadanos y vecinos)

1.1. Personas físicas y personas jurídicas

1.2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

1.3. La extensión de la capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

1.4. Los ciudadanos

1.5. Los vecinos

2. Los interesados

3. La representación

4. El registro de apoderamientos

5. La identificación ante la Administración. Clases. Sistemas de identificación electrónica

5.1. Clases de identificación:

5.2. Sistemas de identificación electrónica:

6. La firma ante la Administración. Concepto. Clases. Sistemas de firma electrónica

6.1. La firma ante la Administración

6.2. Clases de firma electrónica:

7. El Punto de Acceso electrónico de la Administración

8. La sede electrónica

9. Las oficinas de asistencia en materia de registro

9.1. Introducción.

9.2. Régimen jurídico

10. Documentos aportados por los interesados

11. Modelos normalizados de solicitud

12. Documentos públicos administrativos 

12.1. Introducción.

12.2. Concepto.

12.3. Clases:

12.4. Documento y acto administrativo

12.5. Las normas técnicas de interoperabilidad que afectan al documento electrónico administrativo

12.6. Requisitos de validez del documento electrónico administrativo

13. Copias auténticas realizadas por las AAPP

13.1. Concepto de copia auténtica.

13.2. Requisitos de las copias auténticas.

13.3. Efectos.

13.4. Derechos de los interesados

13.5. Órganos y funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas

13.6. Expedición de copias auténticas de otros documentos públicos

14. Transmisiones de datos entre AAPP

14.1. Consideraciones previas.

14.2. La transmisión de datos entre AAPP y el derecho de los interesados.

14.3. La transmisión de datos entre AAPP y la protección de datos de carácter personal

14.4. La Norma Técnica de Interoperabilidad en materia de intermediación de datos

14.5. Plataforma de intermediación de datos

III. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración

1. Derechos

1.1. Elección del medio para relacionarse con la Administración

1.2. Comunicación a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

1.3. Asistencia en el uso de medios electrónicos

1.4. Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la LPAC

1.5. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

1.6. Acceso a la información pública, archivos y registros

1.7. Trato con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

1.8. Facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

1.9. Protección de sus datos de carácter personal

1.10. Exigencia de responsabilidad a la Administración y autoridades

1.11. Otros derechos

2. Obligaciones

2.1. Acreditar la identidad

2.2. Firmar el documento en los supuestos exigidos

2.3. Inscribirse en el Padrón del Municipio de residencia habitual

2.4. Colaborar con la Administración en los supuestos exigidos

2.5. Comparecer en una oficina pública en los supuestos legalmente previstos

2.6. Otros deberes

3. Derechos y obligaciones de los vecinos

IV. Derechos y obligaciones de los interesados en sus relaciones con la Administración.

1. Derechos.

1.1. Consideraciones previas

1.2. Derechos reconocidos a las personas

1.3. Obtención de información y orientación sobre requisitos impuestos a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

1.4. No aportación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración

1.5. No presentar documentos originales

1.6. Conocer el estado de la tramitación del procedimiento

1.7. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda

1.8. Conocer el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

1.9. Conocer los actos de trámite dictados en el procedimiento

1.10. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento

1.11. Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento

1.12. Formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos y aportar documentos

1.13. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente

1.14. Interponer el recurso resulte procedente en caso de desestimación por silencio administrativo

1.15. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

1.16. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes

1.17. Otros derechos reconocidos a los presuntos responsables en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora

2. Obligaciones.

2.1. Relacionarse electrónicamente con la Administración en los supuestos exigidos

2.2. Responsabilizarse de la veracidad de los documentos que presenten

2.3. Cumplir los plazos establecidos en la LPAC u otras leyes

V. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con las personas

VI. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con los interesados en el procedimiento

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Todo Administración Local: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Acaba de publicarse esta obra de la que soy autor.

Examino el régimen jurídico del procedimiento administrativo en clave local.

Puesto al día a partir del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Forma parte de la colección: Todo Administración Local. Editorial El Consultor de los Ayuntamientos (Wolters Kluver).

Con el objetivo de que los operadores jurídicos del procedimiento administrativo local encuentren toda la información necesaria se abordan cada uno de aspectos de esta materia acompañándose en todo momento de la normativa aplicable, la jurisprudencia, doctrina y consultas de interés y en su caso modelos de documentos.

En el Capítulo I se recogen todas las normas de aplicación en el procedimiento administrativo de las Entidades locales, no solo las de la LPAC sino otras disposiciones tanto orgánicas o básicas como otra normativa estatal, autonómica y local, así como las Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de actividades administrativas o ejercicio de potestades por las Entidades Locales.

El Capítulo II supone un compendio de derechos y obligaciones de las personas y de las entidades locales en la actuación administrativa de éstas y en el Capítulo III un estudio pormenorizado de todas las normas rectoras y de ordenación del procedimiento (incluyendo entre las mismas instituciones esenciales para el procedimiento como los requisitos de los actos administrativos y los vicios de éstos y las garantías del procedimiento, el régimen jurídico de los órganos, los términos y plazos, los registros y los archivos administrativos).

En los Capítulos IV y V se analizan las fases de iniciación e instrucción y la de terminación, con especial referencia en este último a las instituciones del silencio administrativo, la notificación y la publicación.

El Capítulo VI trata exhaustivamente de los recursos administrativos, así como otras figuras afines o complementarias, especialmente en su aplicación a la administración local.

Finalmente, el Capítulo VII analiza las peculiaridades procedimentales de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora de la Administración.

En definitiva, una novedosa obra sobre una materia tan cotidiana en el actuar de la Administración local como imprescindible en EL CONSULTOR VISIÓN en la que voy desgranando los aspectos que a la luz de mi experiencia como Secretario municipal resultan fundamentales en el procedimiento administrativo, a la vez que facilita al usuario las fuentes y herramientas necesarias para la resolución de la problemática que en la práctica se plantea.

Más información: https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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CERCO A LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS

El reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) se utiliza habitualmente para aplicar al Presupuesto obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos, tramitando así el pago de prestaciones a terceros que las han realizado por orden de la Administración, pero al margen, por diferentes motivos, del procedimiento legalmente establecido.

El contexto de esta figura es el artículo 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) [https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con] que -al regular los Presupuestos de las Entidades Locales (EELL) y en concreto los estados de gastos, en los que deben incluirse con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones- establece el principio y norma de la “temporalidad de los créditos” que significa que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, previéndose no obstante que como excepción podrán aplicarse a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

De lo expuesto hasta ahora fácilmente ha de colegirse que el REC:

-Es una técnica de aplicación de créditos al Presupuesto vigente.

-Es excepcional.

-Existe un tercero a quien procede efectuar un pago al haber realizado una obra, servicio o suministro por “alguna orden” de la Administración.

-El “encargo” u “orden” ha sido realizado fuera del procedimiento legalmente establecido. Esto supone que existe una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

En este sentido, por poner dos ejemplos extremos, se ha venido utilizando la citada “técnica de aplicación de créditos” mediante reconocimiento extrajudicial de éstos tanto respecto a una factura de 500 euros correspondiente a un gasto debidamente comprometido en el ejercicio anterior pero sin cobertura en el ejercicio presente como al supuesto de una factura presentada por un contratista relativa a una obra, servicio o suministro realizados sin procedimiento de contratación alguno y por importe de 2.000.000 de euros.

Y, claro, en numerosas ocasiones los responsables políticos, o empleados públicos, y/o los contratistas, conocedores de la referida “técnica salvadora” (el REC) del problema existente (el Interventor “dice que no puede pagarse”) con una factura que el contratista viene reclamando, han usado, y abusado, de la referida “técnica” como instrumento “sanador” y “reparador” de la irregularidad existente.

 Pero, ojo, quedémonos con el dato de que en todo REC ha existido una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

Es por eso que el Tribunal de Cuentas y/o las cámaras de cuentas regionales han venido “entrando a saco” (como en el Informe de Fiscalización a que me referiré en esta entrada) en el análisis, fiscalización y necesidad de nueva regulación de los REC

A la par, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local ha venido a “atar corto” los referidos abusos al establecer que en los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el artículo 28 de dicho Real Decreto. [https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/04/28/424/con]

En fin, esto que he llamado el cerco a los REC me hace recordar que algo parecido ha ocurrido con los “modificados” de los contratos (hace muchos años el Consejo de Estado había proclamado en un dictamen sobre los mismos que “una cosa son circunstancias técnicas imprevistas y otra imprevisiones del proyecto técnico”) de forma que ante el uso y abuso de tales “modificados” la legislación reguladora de los contratos públicos [hasta llegar a la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)] ha limitado las posibilidades legales de modificación de los contratos.

Pues bien, como digo, el “rejonazo” (esperemos que definitivo) al uso indebido de los REC se produce con las funciones atribuidas al órgano Interventor en las EELL en el citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y con el Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las EELL en el ejercicio 2018, que ha asumido la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, acordando asumir el contenido del citado Informe del Tribunal de Cuentas, así como sus conclusiones y recomendaciones.

También, instar al Gobierno a:

–Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

Proceder a la revisión normativa de la figura del R.E.C. concretando de manera taxativa los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado, a fin de evitar su utilización irregular; así como de impedir la utilización de esta figura como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, lo cual no está admitido en nuestro ordenamiento. Y regular su procedimiento, garantizando los siguientes extremos:

a) Que su aprobación corresponda al Pleno, con las particularidades aplicables en municipios de gran población.

b) Su utilización como instrumento de imputación presupuestaria exclusivo de las obligaciones que no deriven de gastos debidamente adquiridos a los que se refiere el artículo 176.2.b) del TRLHL y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho, con independencia de que se hubiera instado o no la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento.

c) Que, durante la tramitación del procedimiento se incorpore la información que pueda aportar el órgano gestor, así como el Servicio Jurídico de la entidad, con carácter previo a que la Intervención local emita el correspondiente informe en los mismos términos establecidos en el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

d) Que, en la tramitación del expediente se establezca el procedimiento para instar las medidas pertinentes para la exigencia de responsabilidades a las autoridades y personal al servicio de la Administración local, previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la disposición adicional vigésimo octava de la LCSP.

Finalmente, instar las Entidades locales a:

Seguir las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas.

Establecer, en las Bases de ejecución del Presupuesto, el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. [Aquí alguien dirá ¡pero si ya lo tenemos regulado! respecto a la cual continúa el Tribunal de Cuentas precisando que en dicha regulación:] limitando su utilización para la imputación al Presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho; y disponiendo, con carácter exclusivo, la competencia para su aprobación al Pleno como máximo órgano de la entidad para autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la normativa de aplicación –o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar a Presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen los artículos 176.2.b) del TRLHL y el 26.2.b) del Real Decreto 500/90, tramitándose, en caso de ser necesario, la correspondiente modificación presupuestaria.

–El procedimiento de tramitación de estos expedientes debería incluir al menos:

► La designación del Pleno como órgano competente para su aprobación, como máximo órgano de la entidad el responsable de autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

► La necesidad de que, en la tramitación del procedimiento se incluya: –informe del órgano gestor sobre las causas que han generado el reconocimiento extrajudicial de crédito

informe del Servicio Jurídico pronunciándose sobre la procedencia de instar la revisión de oficio

informe de la Intervención local de acuerdo con las previsiones del artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

► El informe del interventor, al apreciar la posibilidad y conveniencia de la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento a que se refiere el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017, atendiendo al artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, además de otras circunstancias como pudiera ser su carácter recurrente o el perjuicio del interés público derivado de la suspensión inmediata del servicio.

–Hacer un uso excepcional de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, evitando un uso generalizado o descontrolado que conlleve el incumplimiento de la normativa presupuestaria y contable reflejo de una gestión poco eficaz o poco transparente.

Establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con], de la LCSP o de la normativa presupuestaria de aplicación, que se concretan fundamentalmente en el compromiso de obligaciones adquiridas sin cobertura contractual o sin consignación presupuestaria.

Establecer procedimientos de gestión en relación con los gastos de menor cuantía que eviten la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación, de tal forma que las Bases de Ejecución del Presupuesto deberán prever la retención de crédito cuando se tramitan contratos menores y cuando se libran los fondos a través del procedimiento de anticipo de caja fija.

Elaborar y aprobar una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y establecer las fechas límite para realizar los trámites de imputación de gastos e ingresos al presupuesto del ejercicio corriente, facilitando que los gastos e ingresos ejecutados se apliquen al presupuesto del ejercicio corriente, y se garantice la correcta aplicación de los principios de imputación presupuestaria, devengo y anualidad presupuestaria.

– Adoptar instrucciones que regulen las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de procedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como para aplicar gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero de entrada en los registros en enero del año siguiente, respetando el principio de devengo y la anualidad presupuestaria.

– Implementar mecanismos que garanticen la adecuada conexión entre los registros administrativos y los registros contables para reducir el riesgo de errores, retrasos e incidencias en su tramitación.

– Establecer procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible hacer un seguimiento de las facturas pendientes y evitar la posible demora de su tramitación, que puede condicionar la ejecución del presupuesto.

Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan recurrentemente, mediante la aplicación del reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al Presupuesto del ejercicio corriente de gastos de ejercicios anteriores derivados de actos administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las medidas para remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

–Acordar y aplicar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a Presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación.

[Puede verse el texto completo del Informe del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15642.pdf]

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Transparencia y protección de datos… Protección de datos y transparencia

La obra completa, cuya realidad y conocimiento se imponen para los operadores jurídicos de la Administración Local

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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Tengo el gusto de anunciar, a través de este sitio web, la publicación en los próximos días de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que edita Wolters Kluver y que forma parte de una completa colección de El Consultor denominada “Todo Administración Local”.

Igualmente se publicará en los próximos días el libro CONTRATACIÓN PÚBLICA, de Milagros Arcocha Giménez.

Y ya han sido publicados los siguientes libros de esta misma colección “Todo Administración Local”:

RÉGIMEN COMPETENCIAL, ORGANIZATIVO Y DE FUNCIONAMIENTO. Autor: Manuel Cebrián Abellán

RÉGIMEN DE BIENES. Autor: Manuel Cebrián Abellán

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. Autor: Javier Brines Almiñana

Informaré próximamente de los libros que formarán parte de la completa documentación práctica, innovadora y actualizada que supondrá esta colección para todos los operadores jurídicos en el ámbito de la Administración local

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Competencias locales, autonómicas y estatales

Motivo de muchos conflictos entre Administraciones, recursos de inconstitucionalidad o de fallos judiciales declarativos de la nulidad de acuerdos municipales, el tema de las competencias de cada Administración siempre “está en el candelero”.

En este post simplemente voy a remitirme a uno de los contenidos de mi página “LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN” [en el margen superior derecho de este sitio web aparece dicha página y dentro de ella un apartado con este mismo título, es decir “Competencias locales, autonómicas y estatales”] en el que comenzando por las competencias municipales -siempre atribuidas previamente por una ley estatal o autonómica y actualmente sujetas a los principios de no duplicidad y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera- se relacionan las propias y las obligatorias, la regulación de las delegadas y de las denominadas “distintas de las propias”; para pasar a continuación por la previsión constitucional sobre las competencias de las Comunidades Autónomas (con enlace al texto vigente de los respectivos Estatutos de Autonomía) y finalizar con la relación y regulación de las competencias del Estado.

Mero recordatorio para los especialistas y fuente de información legal para otros, dada la filosofía de este sitio web considero necesario un espacio para conocer las competencias y servicios que pueden o deben asumir los Ayuntamientos en el contexto de la Constitución y de la ley básica sobre las entidades locales como es la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

La administración electrónica sí, pero una Administración Pública que sirva al ciudadano

Estos últimos días se habla (y cualquier ciudadano de a pie habrá “oído algo”) de la administración electrónica, del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos [yo lo denomino aquí, por abreviar, Reglamento Administración-e], de la Agenda España Digital 2025, de impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas… Y si a ello añadimos que -según anuncia su exposición de motivos- el citado Reglamento persigue cuatro grandes objetivos, como son mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica, pues el asunto suena muy bien, es elogiable -en aras a la simplificación normativa- la unificación en un único texto reglamentario el desarrollo en esta materia de las leyes 39 y 40 de 2015, es decir la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Y sin duda supone un paso más, a nivel reglamentario, para el funcionamiento electrónico de la Administración.

Ahora bien -y por ello este post podría también titularse “La administración electrónica desde la perspectiva ciudadana”- ¿está produciendo y producirá efectos positivos en la ciudadanía? ¿supone en la práctica un avance en la práctica de cada día en el cumplimiento por la Administración de los mandatos del artículo 103.1 de la C.E. como lo son, entre otros, los de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho?

Cuando un servidor impartía algún curso o charla formativa, a raíz de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos los Servicios Públicos (va a hacer catorce años), transmitía el mensaje de distinguir entre informatización y “administración electrónica”, ya que en el seno de la Administración aquélla es una herramienta (aplicaciones, programas para automatización de procesos, a veces sin interrelación con el ciudadano, como un programa de contabilidad por ejemplo) mientras que el término “administración electrónica” en el sentido regulado por aquella ley, y teniendo en cuenta los fines de la Administración Pública, es más amplio, es aquel en el que se interactúa con el ciudadano (ya sea mediante la presentación de una solicitud en un registro electrónico, o aquél obtiene información -precisa y actualizada- a través de un portal de internet de la Administración, o recibe una notificación electrónica o hace un pago por medios telemáticos).

Por otra parte, desde el prisma de los rectores políticos -a nivel local, y hablo de experiencias vividas o conocidas, no quiero generalizar ya que soy consciente de la existencia de entidades locales muy avanzadas en la materia y desde aquellos lejanos tiempos, aunque intuyo que muchos Ayuntamientos están, desgraciadamente, todavía en la “prehistoria” de la administración electrónica- los recuerdos que tengo son, por una parte, los anuncios a bombo y platillo en muchas entidades locales de haber implantado dicha “administración electrónica”, cuando en realidad se trataba de la adquisición de determinada aplicación informática para la gestión de un trámite o para la gestión de expedientes, pero sin una planificación y estrategia que abarcase los aspectos jurídicos, tecnológicos, organizativos, de simplificación procedimental, formativos y económicos, aspectos todos ellos imprescindibles para hacer una transformación adecuada, decidida y permanente de la Administración “en papel” a la Administración “electrónica” que, además de cumplir los requisitos legales, sea efectiva a los ojos del ciudadano.

Y, unos años más tarde, cuando las leyes 39 y 40 de 2015 comenzaron a apretar a las Administraciones Públicas exigiendo ya su funcionamiento electrónico aunque con sucesivas prórrogas para determinados aspectos (registro electrónico, sede electrónica, punto de acceso general, registro electrónico de apoderamientos…) recuerdo también que tratando en determinados foros o con compañeros y otros empleados públicos la situación de retraso considerable en la implantación de los requerimientos legales a pesar de las advertencias y recordatorios hechos a los responsables políticos correspondientes yo resumía la situación afirmando (en relación a la pregunta de ¿entonces qué va a pasar ante tal retraso e incumplimientos de las exigencias legales en la materia?) que, por un lado, el problema iba a surgir (y en consecuencia tendría que reaccionar la Corporación) cuando hubiese que relacionarse (electrónicamente, por imperativo legal) con otra Administración o cuando alguna de las personas físicas o jurídicas obligadas a relacionarse electrónicamente con nuestra Administración protestase -no creo que fuese más allá de la protesta, pues no conozco muchos casos de acudir tales personas a la impugnación en vía administrativa o jurisdiccional por tal anomalía-; y que por otro lado -esto sí que hace reaccionar a los máximos responsables políticos- cuando miles de vecinos se concentrasen en la correspondiente Plaza Mayor (o, en definitiva, frente al Ayuntamiento) exigiendo a éste la implantación de la administración electrónica entonces sí que la reacción iba a ser inmediata; lo que ocurre -terminaba yo argumentando- esto último difícilmente va a ocurrir, al menos a corto plazo.

Y es que los ciudadanos lo que quieren, además de que la Administración cumpla la ley (artículos 38 a 46 de la Ley 40/2015 y 9 a 12, 13 b), 14, 16, 36, etc. de la LPACAP) funcionando la misma electrónicamente con toda la extensión que dichas normas más el reciente Reglamento de desarrollo exigen (¿cómo no van a querer aquéllos el funcionamiento electrónico? ¿acaso cuando se inventó la máquina de escribir alguien pretendía que los documentos de su Administración siguiesen siendo manuscritos?), pues lo que quieren -digo- es:

-en primer lugar, que su Administración le atienda. Con ello me refiero a que simplemente atiendan por ejemplo su llamada telefónica o le atiendan presencialmente para obtener una información; pero que no se encuentre con un número telefónico que o bien tiene un coste adicional al normal o no es atendida la llamada o que solo después de muchos intentos es atendida. Es decir, que la Administración le atienda, ya sea de una manera presencial o telefónica o, en su caso telemáticamente. Y no me estoy refiriendo a “la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos” a través del medio telefónico o en su caso presencial a que se refiere el artículo 4 del Reglamento Administración-e (que también) sino a la mera consulta telefónica o en su caso presencial para obtener información de cualquier dato o trámite.

-que no le exijan documentos ya presentados o que obran en poder de la Administración o no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate (artículo 53.1 d) LPACAP)

– que le traten las autoridades y empleados públicos con respeto y deferencia, y que les faciliten el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 13 e) LPACAP.

– que le “contesten” (utilizo la expresión del ciudadano de a pie) su solicitud. Y es que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (artículo 21 de la LPACAP). Sin embargo, si ni siquiera se cumplen los mandatos de publicidad activa (me remito al post publicado en este sitio web el pasado 15 de febrero en relación a los porcentajes de cumplimiento por los Ayuntamiento de las obligaciones de publicidad activa, blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/) ¿qué pasa con los cientos y miles de solicitudes que no son contestadas por la Administración? ¿cuántos ciudadanos están esperando por la contestación a aquél escrito que presentaron hace x meses o incluso años? ¿se ha mejorado -con la implantación de la “administración electrónica”- respecto al abuso del silencio por parte de la Administración?

Esto es resumidamente, en síntesis, lo que el ciudadano quiere. Y no me estoy refiriendo solo a la cuarta parte de la población española, que está constituida por personas mayores de sesenta años, lo que supone más de 12.000.00 de habitantes, sino al conjunto de la población hasta alcanzar los algo más de 47.000.000.

En este sentido, cobra especial importancia:

► el principio de accesibilidad del artículo 2.1 b) del reciente Reglamento Administración-e, consistente en el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. También el principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio (artículo 2.1 c) del mismo Reglamento)

► así mismo, la obligación de la Administración (artículo 4 del Reglamento que cito) de prestar la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los canales que se indican, es decir, presencial, a través de las oficinas de asistencia, portales de internet, sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en la ley.

► por supuesto, el funcionamiento electrónico en cuanto se refiere a la gestión mediante documentos y expedientes electrónicos (artículos 46 y 51), notificaciones electrónicas (artículos 41 a 45), sedes electrónicas con los servicios a los ciudadanos relacionados en el artículo 11.2 del Reglamento y con la responsabilidad exigida en el artículo 12 a los responsables sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de dichas sedes; y con la actuación administrativa automatizada (del artículo 13 del Reglamento)

¿Acaso con estos instrumentos tecnológicos, tan necesarios y dotados de los mecanismos técnicos y legales precisos, no serán capaces las Administraciones Públicas de resolver, de contestar a todas las solicitudes que se le formulen y de recibir atención inmediata (a través de cualquiera de los canales indicados) sobre cualquier duda que en relación a la organización, funcionamiento y competencias de la Administración le formulen los ciudadanos?

Si es así, el ciudadano podrá afirmar que la administración electrónica supuso que la Administración Pública sirve al ciudadano. Veremos.

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AYUNTAMIENTO: Conceptos jurídicos básicos DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL-Conceptos jurídicos básicos DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas

Actualización de NORMAS BÁSICAS DEL DERECHO ADMTVO. LOCAL y del diccionario de CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS

Cumpliendo el compromiso de actualización continua de los contenidos de este sitio web, he actualizado las páginas siguientes, como consecuencia, esencialmente, de la publicación del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos :

LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN – Normas básicas del Derecho Administrativo local: blogdejoselopezvinyaaldia.com/lo-basico-de-la-administracion/

Conceptos jurídicos básicos:

Se incorporan o, en su caso, se actualizan conceptos como actuación administrativa automatizada, archivo electrónico único, canales de asistencia para el acceso a los servicios electrónicos, carpeta ciudadana, Dirección Electrónica Habilitada única, Documento administrativo electrónico, expediente administrativo electrónico, etc.

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

La consolidación del empleo público temporal, los “cantos de sirena” y los principios constitucionales

Unas pruebas de acceso restringido quebrantan la garantía del cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Esto es lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional en la Sentencia que aquí comento. Que el precepto autonómico impugnado quebranta tales principios exigidos en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TRLEBEP).

La lectura de esta sentencia me hace reflexionar sobre el tema de los principios constitucionales sobre el régimen de acceso a la función pública y, en el marco de ello, sobre aspectos concretos que vienen planeando desde el principio de la regulación estatal posterior a la Constitución Española, es decir desde la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función Pública: la selección de personal interino, la contratación de personal laboral, los trabajadores indefinidos no fijos, la consolidación de empleo temporal…

Son aspectos sensibles, dado que por un lado, detrás hay cientos y miles de empleados públicos que sin tener la culpa de la actuación de la Administración se encuentran en una situación de inseguridad laboral y muchas veces realizan una labor y dedicación incluso superior a la realizada por otros empleados fijos; por otro, está la negociación sindical de las condiciones de trabajo.

Por otro lado, en estos días se está hablando de una inmediata reforma legislativa para limitar la gran temporalidad del empleo público.

Pero la pregunta es ¿cómo se hace sin vulnerar los citados principios constitucionales? Lo de la selección de personal interino sin la realización de ningún tipo de prueba selectiva dio lugar a sentencias declarando la nulidad, la contratación laboral temporal en fraude de ley originó la figura del indefinido no fijo (es decir, ese empleado público adquiere la condición de contratado indefinido pero no fijo mientras no se superen las pruebas selectivas que legalmente se convoquen); y el intento (como ocurre en la ley autonómica que en este post comento) de realizar unas pruebas restringidas bajo el pretexto del abuso en la contratación temporal sucesiva del personal público y por la gran tasa de temporalidad fue frustrado por el Tribunal Constitucional.

Además -observando el tema desde el prisma del ciudadano de a pie, lema que ilustra este sitio web- ¿cómo se conjuga la “solución inmediata” a la temporalidad en el empleo público con los principios de igualdad y publicidad?

Por ello ¿no serán “cantos de sirena” los anuncios de solucionar de manera inmediata la gran tasa de temporalidad? Me refiero a la hipotética solución que pase por convertir en empleados fijos a aquellos que no superen pruebas selectivas abiertas y sujetas a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2021, de 18 de febrero de 2021, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 3681-2020, declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco; extendiéndose dicha declaración al apartado segundo de la disposición transitoria novena del Decreto Legislativo del Parlamento Vasco 1/2020, de 22 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de policía del País Vasco que reproduce el precepto legal declarado inconstitucional.

 El indicado apartado de la ley vasca tiene el siguiente tenor literal:

«De existir en la categoría correspondiente del cuerpo de policía local un porcentaje de interinidad superior al 40 por 100 podrá incorporarse al proceso especial de consolidación de empleo, un turno diferenciado de acceso para quienes acrediten un mínimo de ocho años de antigüedad en la administración convocante en la categoría de la policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, reservando para dicho turno diferenciado de acceso hasta el 60 por 100 de las plazas ofertadas».

La vulneración del orden de distribución de competencias por la norma impugnada resultaría de la articulación de unas pruebas de acceso que tienen carácter restringido que quebrantaría la garantía del cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad exigida en la disposición transitoria cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público (TRLEBEP)

En materia de función pública al Estado le corresponde, en virtud de lo establecido en el art. 149.1.18 CE, la competencia exclusiva para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida, como ha tenido ocasión de declarar el Tribunal Constitucional, a los funcionarios de todas las administraciones públicas, debiendo, por consiguiente, entenderse incluidos en dicho título competencial tanto los funcionarios de la administración del Estado como los de las administraciones de las comunidades autónomas y los de las corporaciones locales.

El TC realiza dos operaciones sucesivas para juzgar la constitucionalidad o no: por una parte, constatar si efectivamente la norma estatal en la que se encuadra la materia reúne la condición de básica; y, por otra, verificar que existe una verdadera contradicción entre la norma impugnada y la norma estatal básica que no pueda ser salvada con una interpretación de la norma cuestionada conforme con la Constitución (por todas, STC 51/2019, de 11 de abril, FJ 4).

En cuanto a lo primero, el TC considera que, efectivamente, «el régimen de acceso a la función pública establecido por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (LEEP), tiene carácter básico ex artículo 149.1.18 CE» (STC 111/2014, de 26 de junio, FJ 3), afirmación que resulta trasladable al régimen de acceso regulado en el actual texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, que establece una regulación idéntica a la que preveía la Ley 7/2007. Esta identidad determina que la regulación de la consolidación de empleo temporal que contiene la disposición transitoria cuarta y los apartados 1 y 3 del art. 61 TRLEBEP a los que esta se remite, deban considerarse formal y materialmente básicos.

Recordemos lo que establecen dichos preceptos del TRLEBEL:

“Artículo 61.1:

Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

“Artículo 61.3: Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes, sólo podrán otorgar a dicha valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo”

D.T cuarta:  “1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005. 2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto”.

El TC recuerda que «el legislador autonómico no actuará dentro de sus competencias si regula supuestos de acceso a la función pública en que la participación no sea libre más allá de aquellos que encuentren amparo en la normativa básica. Así lo ha declarado este tribunal a la vista tanto del régimen básico previsto en la Ley 30/1984 (por todas, SSTC 151/1992, de 19 de octubre, FJ 3, y 302/1993, de 21 de octubre, FJ 3) como del regulado en la LEEP (STC 111/2014, de 26 de junio, FJ 3), debiendo extender ahora esta declaración al previsto en el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público y actualmente vigente».

En cuanto a lo segundo, es decir al posible contraste entre la norma básica estatal y la norma autonómica impugnada, el TC indaga si en el supuesto sometido a su consideración estamos en presencia de unas pruebas de las llamadas restringidas contrarias al principio de libre concurrencia. Y concluye que el diseño del sistema de acceso a la función pública que resulta de la disposición impugnada es evidentemente contrario al principio básico de libre concurrencia garantizado en los arts. 61.1 TRLEBEP al que remite el apartado tercero de su disposición transitoria cuarta. En efecto, la configuración de un proceso selectivo de acceso a la función pública reservado a quienes tengan una previa experiencia en puestos de policía local, ha de calificarse de restringido y cerrado, pues reserva las plazas convocadas a quienes acrediten un mínimo de antigüedad en la administración convocante, en la categoría de la policía local a la que pertenecen las plazas convocadas, y excluye de las pruebas selectivas a quienes no tengan dicha antigüedad o carezcan de vinculo temporal con la administración.

Dicha exclusión de las pruebas selectivas de quienes no estén previamente unidos a la administración por no haber prestado servicios para la misma, supone eliminar de la posibilidad de participar en el proceso selectivo a los «aspirantes libres», que no han prestado servicios ni en la administración convocante ni en la categoría de la policía local a la que pertenece la plaza convocada. Dichas pruebas no pueden calificarse de libres o abiertas y por tanto son contrarias al precepto básico estatal contenido en el art. 61.1 TRLEEP, sin que el caso regulado por la disposición recurrida reúna las condiciones excepcionales que el propio precepto admite. Por dicha razón ha de concluirse que el apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco, al no haber respetado los límites que establece la legislación básica estatal, ha infringido el orden constitucional de competencias.

A la anterior conclusión no se le puede oponer -dice el TC- que la finalidad de la norma sea solucionar, a la luz de las exigencias normativas y jurisprudenciales de la Unión Europea, el abuso en la contratación temporal sucesiva del personal público, agravado por ser la Comunidad Autónoma del País Vasco la que tiene –según sus propias alegaciones– la mayor tasa de temporalidad del Estado en su sector público, pues dicho propósito se debe lograr sin vulnerar la norma básica estatal que proscribe, salvo excepciones tasadas, las pruebas de acceso restringidas o específicas (STC 38/2004, de 11 de marzo, FJ 5).

[La Sentencia del Tribunal Constitucional aquí comentada puede verse, en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, apartado de Novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos]:

https://wordpress.com/page/blogdejoselopezvinyaaldia.com/45

O, en https://boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4513.pdf