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DERECHO ADMINISTRATIVO LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA

UN EJEMPLO DE BUENA TÉCNICA, CALIDAD, CLARIDAD NORMATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La vida municipal se manifiesta, en lo que a la regulación normativa propia se refiere, en distintas Ordenanzas y Reglamentos.

Los sucesivos equipos de gobierno, en el ejercicio legítimo de su acción política municipal, elaboran los correspondientes textos normativos aprobándose por el Pleno Municipal (conforme al procedimiento legalmente establecido, ex artículo 49 de la LRBRL) y se publican en el Boletín Oficial de la provincia (o, en su caso, Comunidad Autónoma) para su entrada en vigor. Es decir, al igual que las disposiciones normativas estatales que se publican en el BOE. En ambos casos, por imperativo del principio de publicidad de las normas del artículo 9.3 de la Constitución española.

Además, en virtud de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) tales Ordenanzas aparecen generalmente publicadas en la web, sede electrónica o portal de transparencia.

Ahora bien, con el paso de los años, se va formando un ordenamiento jurídico municipal abultado, complejo y, lo que es peor, integrado por normas a veces obsoletas (regulando situaciones jurídicas del pasado que no tienen reflejo en la realidad actual, lo que hace que la norma haya dejado de cumplir la finalidad que justificó su aprobación) o se trata de normas tácitamente derogadas. En muchos casos, el Ayuntamiento no tiene ya competencia en la materia que amparó la aprobación de la norma al haber quedado superada por las previsiones de la legislación sectorial; y en determinados supuestos las normas han perdido su vigencia porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales.

También es frecuente encontrarse con Ordenanzas y Reglamentos reguladores de cuestiones que no precisan de una norma jurídica y que pueden ser sustituidos por instrumentos de carácter no normativo, dotados de una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad que regulan.

En definitiva, los ciudadanos en muchos casos desconocen si una norma resulta o no de aplicación.

Es cierto que, siendo una realidad en muchísimas Entidades locales españolas, bien por falta de medios personales, bien por ausencia de voluntad política, bien por ambas causas, resulta con frecuencia muy difícil llevar a cabo una labor de depuración normativa.

Pero toda esta situación es contraria a las mínimas exigencias de calidad de las normas, la claridad de las reglas de juego y procedimientos para el ciudadano, la sencillez y la coherencia de la normativa municipal y, en definitiva, de la seguridad jurídica; así como contraria al principio de buena regulación exigido a todas las AA.PP. en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Por todo ello, quiero destacar aquí la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Acuerdo del Pleno, de 28 de septiembre de 2021, de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, tras un proceso de depuración del ordenamiento jurídico municipal con el objetivo de eliminar todas las normas obsoletas o que estaban en desuso.

Con ello, se dispone de un ordenamiento jurídico cierto, claro, integrado y depurado, que facilita su conocimiento y comprensión y se traduce en una percepción favorable de las instituciones por parte de la ciudadanía y los operadores jurídicos.

La aprobación de la Ordenanza de derogación normativa ha permitido la derogación de forma rápida y con el menor coste de recursos posible de 17 normas.

La Ordenanza se estructura en un artículo único, que contiene la relación de las ordenanzas que quedan derogadas agrupadas por ámbitos materiales y 5 disposiciones finales.

Esta Ordenanza de derogación cumple con el principio de seguridad jurídica ya que tiene precisamente por objeto conseguir que los ciudadanos puedan identificar claramente cuál es el marco jurídico vigente y efectivamente aplicable, eliminando normas en desuso o que están tácitamente derogadas.

Asimismo, asegura el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, promoviendo la sustitución de determinadas normas por instrumentos más flexibles (acuerdos, decretos, instrucciones) en aquellas materias en las que no existe una obligación de regulación reglamentaria.

Por otra parte, se dió cumplimiento al principio de transparencia, al haber sido sometida a un proceso de consulta pública previa.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad a cubrir con la norma.

Otros efectos:

► Esta Ordenanza contribuirá al mantenimiento de un archivo normativo adecuado y proporcional, facilitando a la ciudadanía y a los operadores el acceso actualizado a la normativa en vigor.

► En aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Puede verse aquí el texto íntegro de la Ordenanza:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/18/BOCM-20211018-65.PDF

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EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN INSTA A LAS ENTIDADES LOCALES MEJORAR EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Se trata de la Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con]

El ámbito objetivo de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas se centró en los aspectos siguientes:

► Cumplimiento de la normativa sobre publicidad activa, incluyendo la efectiva creación de los portales de transparencia y otros medios de publicidad activa, así como un análisis de su contenido, con objeto de determinar si se ajustan a lo previsto en la Ley. Se han verificado las páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas.

Regulación de la materia: Artículo 5 de la Ley 19/2013, de(9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).  Las EELL deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Dicha información debe publicarse en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables

El contenido principal de las obligaciones de publicidad activa se encuentra en los artículos:

6.- Información institucional, organizativa y de planificación

6 bis.- Registro de actividades de tratamiento

7.- Información de relevancia jurídica

8.- Información económica, presupuestaria y estadística

Y en otras disposiciones estatales, como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el TRLHL y el RD 424/2017, de 18 de abril

► Aplicación del régimen sancionador en materia económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. Se ha examinado la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención y se ha solicitado información complementaria:

Regulación de la materia: Artículos 27, 28 y 29 LTAIBG

Las CONCLUSIONES del Tribunal de Cuentas, tras dicha fiscalización son, en síntesis, las siguientes

► CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA

 1. Las entidades locales analizadas disponen, en su mayoría, de página web, portal de transparencia y sede electrónica, instrumentos esenciales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa de la información pública, si bien los porcentajes disminuyen significativamente en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

 En las entidades que no disponen de portal de transparencia, pese a que su carencia no implica un incumplimiento legal, la presentación de la información a través de otros medios no favorece, en ocasiones, el conocimiento inmediato de la organización y el funcionamiento de aquellas, lo que afecta negativamente a la transparencia de la actividad pública.

2. Un número significativo de municipios de población inferior a 5.000 habitantes y de entidades locales de menor dimensión disponen de portales de transparencia y sedes electrónicas fruto de la asistencia prestada por las respectivas diputaciones, comunidades autónomas o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que proporcionaba un modelo normalizado susceptible de ser utilizado por las entidades locales, a través del denominado Portal de Administración Electrónica.

3. La mayoría de las entidades dependientes disponen de página web propia o publican la información a través de la de su entidad principal, pero existe un porcentaje significativo de tales entidades dependientes que carecen de portal de transparencia (un 54 %) o de sede electrónica (un 83 %), lo que repercute negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que se encuentran sujetas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA

 A) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

— La información sobre las funciones desempeñadas por las entidades locales, incluyendo los denominados catálogos de servicios y de procedimientos administrativos, se publica en la gran mayoría de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas, mientras que en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio (EATIM), los resultados son muy inferiores. En este último colectivo, las limitaciones de recursos personales y materiales dificultan el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa.

— La publicación de información correspondiente a la normativa que sea de aplicación a la entidad, es muy reducida en lo referente a la regulación estatal o autonómica, para toda clase de entidades locales y, en los ayuntamientos, prácticamente para todos los tramos de población.

 En los ayuntamientos de municipios de mayor número de habitantes se incrementa el grado de cumplimiento de la obligación de publicar la normativa de la propia entidad local, siendo dicha publicación muy inferior en los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes y en el resto entidades de reducida dimensión.

—- En relación con la estructura organizativa, la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes publican la información sobre la composición del Pleno de la Corporación, observándose un porcentaje inferior respecto a la publicación de la composición de la Junta de Gobierno Local, órgano que no es obligatorio en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

 —- La información sobre la Comisión Especial de Cuentas, de la que deben disponer todos los municipios, no se publica por el 56 % de los ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes; mientras que la relativa a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo se encuentra publicada en el 2 % de las entidades analizadas, si bien la gran mayoría de ellas no estaban obligadas a disponer de ella, al no ser municipios de gran población.

—- En la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas se publica la información sobre las concejalías o áreas de gobierno. Por su parte, en todos los municipios de gran población, excepto en tres de ellos, se encuentra disponible la información sobre las Juntas Municipales de Distrito, órgano de existencia obligatoria en tales ayuntamientos.

 —- En un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes y de entidades de menor dimensión no se publica la información sobre el presidente y los miembros del máximo órgano de gobierno, o bien figuran los titulares de la Corporación anterior, al no haber sido actualizada la información tras las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019. En ciertos casos solo se publica la composición de la Junta de Gobierno Local.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN LA LTAIBG EN LAS ENTIDADES LOCALES

Por lo que se refiere a las causas de la ausencia de procedimientos sancionadores por infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, detectada en la fiscalización, debe considerarse:

– el desconocimiento del referido régimen sancionador, como lo demuestra la falta de comunicación observada de hechos advertidos por los órganos de Intervención que pudieran ser constitutivos de dichas infracciones

– también puede guardar relación con las dificultades que plantea la adaptación de la regulación contenida en la LTAIBG al régimen jurídico local, y que se manifiestan tanto en la identificación de los posibles responsables de las infracciones tipificadas en el artículo 28 de la citada Ley, como en la regulación del procedimiento sancionador.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la LTAIBG, las normas sobre buen gobierno contenidas en su Título II son de aplicación a “los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales”. La aplicación de esta norma plantea el problema de la ausencia en la legislación estatal básica de régimen local de una definición del concepto de “alto cargo”. Es cierto que la legislación autonómica sobre régimen local o los reglamentos orgánicos aprobados por la propia entidad local pueden establecer esa definición, pero, en su defecto, la identificación de los gestores sometidos, en su condición de altos cargos o asimilados, a la regulación del buen gobierno contenida en el mencionado Título II de la Ley requiere la aplicación analógica de otras normas, en virtud del artículo 25.1, segundo párrafo, de la LTAIBG, que establece que, a los efectos de la aplicación de las disposiciones sobre buen gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado, “se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses”

El artículo 75.8 de la LRBRL establece que, durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las Corporaciones Locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local les serán de aplicación, en el ámbito territorial de su competencia, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

 Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, se refiere al personal directivo que no es miembro electo de las Corporaciones Locales, disponiendo la aplicación a los titulares de los órganos directivos de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la mencionada Ley 3/2015, en los términos en que establece el artículo 75.8 LRBRL, antes citado, respecto de los cargos electos que hubieran ostentado responsabilidades ejecutivas.

 Sin embargo, la aplicación del régimen sancionador de la LTAIBG a los responsables a los que se refieren tanto el artículo 75.8 como la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, por aplicación de la normativa local en materia de conflicto de intereses, chocaría con lo establecido en el artículo 27.4 de la LRJSP, que, en cumplimiento del principio de tipicidad en materia de potestad sancionadora, establece que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica”.

 Como consecuencia de lo anterior, y salvo que la normativa autonómica o local identifique a otros altos cargos de las entidades locales, el régimen sancionador previsto en los artículos 27 y siguientes de la LTAIBG solo resultaría aplicable a los “miembros de las Juntas de Gobierno”, a los que se refiere expresamente el artículo 25.2 de dicha Ley. Por otra parte, la regulación de la competencia y el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, contenida en el artículo 31 de la LTAIBG, plantea también importantes dificultades para su aplicación en el ámbito de las entidades locales

Existen dificultades en la aplicación práctica del régimen sancionador previsto en la LTAIBG en el ámbito de las entidades de la Administración Local, que se refieren a la identificación de los presuntos responsables, así como a la determinación del órgano competente tanto para la incoación como, en su caso, para la resolución del procedimiento sancionador, lo que coadyuvaría a explicar la práctica inexistencia de expedientes iniciados para la imposición de sanciones por las infracciones en materia de gestión económico-presupuestarias tipificadas en el artículo 28 del citado texto legal.

Por todo ello, El Tribunal formula las siguientes

RECOMENDACIONES:

DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES LOCALES:

 1. Se recomienda la implantación de portales de transparencia en todas las entidades del Sector Público Local, en los que debe figurar publicada la información exigida por la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia, así como el resto de información que se considere necesaria para dar cumplimiento a los principios de transparencia, con el fin de facilitar el acceso a la información que, en ocasiones, no es fácilmente localizable en la página web o la sede electrónica de la entidad, dificultando su conocimiento. La información publicada en los referidos portales de transparencia, además de presentarse de forma clara, estructurada y entendible, debe actualizarse con carácter recurrente indicando la fecha de publicación de cada contenido.

2. Deberían implantarse procedimientos internos y dotarse de los medios personales y materiales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa previstas en la legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, actualizándose la información de manera periódica e informando expresamente de aquellos apartados en los que no existe información que deba ser publicada.

 3. Se recomienda, con carácter general, ampliar la información objeto de publicidad activa en relación con aspectos específicos del régimen de organización y funcionamiento del Sector Público Local no previstos expresamente en la LTAIBG, como los relativos a las relaciones de puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales.

 4. Deberían adoptarse disposiciones y procedimientos específicos relativos a la exigencia de responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como regularse en las entidades locales la figura del alto cargo o asimilado, para poder aplicar efectivamente el régimen sancionador previsto en la LTAIBG.

DIRIGIDA A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 Deberían incrementarse las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a las entidades locales, especialmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes y a otras entidades de menor dimensión, para que puedan disponer de páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas y proporcionarles el apoyo necesario para mantener actualizado y completo el contenido de tales instrumentos.

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN LOCAL:

 Deberían hacer hincapié, en relación con los hechos advertidos en el ejercicio de su función de control interno de la actividad económico-financiera, en la apreciación de aquellos que sean susceptibles de constituir infracciones de buen gobierno tipificadas en la LTAIBG y en su comunicación al órgano competente, así como su eventual traslado al Tribunal de Cuentas por si procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable.

Ver el Informe completo del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15644.con

-Ver, así mismo, en este sitio web, otros artículos que he publicado sobre la materia:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/07/16/sabias-que-un-alto-procentaje-de-las-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-son-silenciadas-por-la-administracion/

-–LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021): https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿SABÍAS QUE UN ALTO PROCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SON SILENCIADAS POR LA ADMINISTRACIÓN?

Según el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2020, aprobada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en relación al motivo de las reclamaciones presentadas ante dicho organismo, el primer dato a destacar es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública (SAIP) resueltas por la vía del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido: un 47,06 % del total en el ámbito estatal y un 70,30 % en el ámbito territorial (Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Ello hace concluir al CTBG el hecho es que el elevado volumen de SAIP desestimadas por falta de resolución en el plazo legalmente establecido dificulta el ejercicio del derecho de acceso en la medida en que, a la hora de presentar una reclamación ante el CTBG o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, él o la reclamante desconocen los motivos por los que se ha denegado su solicitud de acceso.

Hago en este punto un paréntesis en el resumen del informe anual del CTBG, es decir que destaco y llamo la atención, a modo de reflexión crítica personal, sobre el extremo siguiente: a pesar de que el artículo 105 b) de la Constitución mandata la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas), a pesar de que en cumplimiento de dicho mandato constitucional la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con] obliga a todas las Administraciones Públicas a facilitar, en el plazo de un mes, al ciudadano que lo solicite la información de que dispone (entendiéndose por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones) y a pesar de la obligación de todas las Administraciones Públicas de resolver todas las solicitudes que se le formulen (artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), a pesar de todo ello -digo- resulta que en la mayoría de los casos en que el ciudadano acude en reclamación al CTBG no es porque la Administración de turno le haya denegado, se entiende que motivadamente, su solicitud, o que se inadmitiese la misma por tratarse de derechos dignos de mayor protección (como la existencia de datos de carácter personal) sino simplemente porque la Administración ni siquiera ha contestado.

Y tal resultado origina que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que es una Autoridad Administrativa Independiente) en uso de la competencia genérica de la misma de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, considera necesario poner de manifiesto esta situación a las Administraciones y organismos responsables de la gestión de las SAIP y recomendar la adopción de medidas conducentes a su superación.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las Resoluciones dictadas por el CTBG: en el ámbito autonómico y local, de las 294 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2020, se hallaban ejecutadas el 69,39 % del total (porcentaje superior en 14 puntos a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019); el 4,42 % se encontraban en trámite de ejecución; el 4,08 % habían sido suspendidas por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y el 22,11 % restante no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.

¿No será -y sigo proclamando- que la Administración sigue necesitando mejorar en transparencia?

Pueden verse otras entradas y artículos en mi sitio web sobre la transparencia:

LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021)

La administración electrónica sí, pero una administración pública que sirva al ciudadano: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

-Sabias que es posible la modernización del-lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/15/sabias-que-es-posible-la-modernizacion-del-lenguaje-juridico-haciendolo-mas-claro-y-accesible-para-el-ciudadano

Puedes visitar también en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, la sección de ¿SABÍAS QUE…? https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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Local (LUANCO-GOZÓN), TRANSPARENCIA

Sección de Local (LUANCO-GOZÓN): Nuevos contenidos

Directorio

Medios de acceso (presencial, telefónico, electrónico).

Ver en https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/

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Buen gobierno, transparencia y ausencia de objetividad

La utilización de medios públicos municipales de información con fines partidistas

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24/05/2021 (nº de recurso 142/2020, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020 por el que se impone a la Ministra portavoz una sanción de multa, por importe de 2.200 por vulneración de la prohibición que el art. 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) impone a los poderes públicos, en período electoral, de realizar cualquier acto que “contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”), cuya sentencia del TS confirma la sanción impuesta por la Junta Electoral Central, me ha inspirado para el objeto del presente artículo.

La sentencia afirma, así mismo que se produjo una quiebra del deber de neutralidad que incumbe a los cargos públicos en período electoral.

El hecho objeto de sanción se produjo el 25 de octubre de 2019 (estaban convocadas elecciones generales) al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ese día, manifestando la recurrente, en su condición de Ministra Portavoz del Gobierno, al referirse a la reducción  del paro, que “[… significa la tasa más baja de la última década… Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita.[…]”. Ello provocó la presentación de una reclamación ante la Junta Electoral Central (JEC). Dicha reclamación, a su vez, dio lugar a la incoación de un procedimiento sancionador, que terminó con la imposición a la ahora recurrente de una sanción de multa, por importe de 2.200 €.

Al TS no le alberga ninguna duda que el contenido de la declaración realizada por la Ministra Portavoz al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros encaja perfectamente en la constante jurisprudencia acerca del deber de neutralidad de los cargos públicos durante el período electoral. Dicho de otro modo, en el presente caso no hay ningún elemento fáctico o jurídico que permita albergar una duda razonable sobre la infracción del art. 50.2 de la LOREG

La reflexión que quiero transmitir en este artículo es si, fuera del periodo electoral pueden las administraciones públicas  en general, y las Entidades locales en particular, y utilizando los medios propios de difusión de la información, no solo referirse a los logros que el Gobierno -de turno- esté consiguiendo sino, yendo más allá, hacer críticas a la oposición o al partido o grupo o grupos políticos de signo diferente. Es decir si, en este sentido, no debe predicarse el principio de neutralidad en la actuación de la Administración pública.

Ya en mi artículo del pasado 5 de mayo, en este mismo sitio, titulado “Fair play normativo, por favor” [https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/1362] criticaba y cuestionaba, con ocasión de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal (publicada en el BOE del pasado 23 de abril) la utilización en su Preámbulo de expresiones como“con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido …. en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Aunque ya hay antecedentes normativos aplicables precisamente en la Administración local, hoy la publicidad activa de las AAPP se regula en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El principio de neutralidad, junto con el de imparcialidad, es consecuencia del principio de objetividad proclamado en el artículo 103.1 de la Constitución, junto con otros, como rectores de la actuación de las Administraciones Públicas.

Abordando el tema planteado, es decir si, fuera del periodo electoral pueden las Entidades locales en particular, y utilizando los medios propios de difusión de la información, no solo referirse a los logros que el Gobierno -de turno- esté  consiguiendo sino, yendo más  allá, hacer críticas a la oposición o al partido o grupo o grupos políticos de signo diferente, para ello resulta imprescindible diferenciar entre las manifestaciones u opiniones políticas expresadas por los responsables políticos del gobierno municipal y las informaciones sobre la actividad desarrollada por dicho Gobierno y Administración; e intrínsecamente unido a ello, el medio de difusión de unas y otras.

 Respecto a lo primero, simplemente señalar que estando constituidos los gobiernos por representantes de partidos políticos y siendo uno de las estrategias de éstos criticar a los partidos o miembros de los partidos contrarios o distintos a su ideología pues es lícito y legítimo que aquéllos manifiesten dichas críticas. Es más, cada día estamos más acostumbrados a escuchar y ver en los parlamentos y en las sesiones de los Plenos municipales arduas batallas dialécticas, duras críticas, reprimendas, abucheos, reprobaciones… habitual en la propia acción política; aunque muchas veces el ciudadano de a pie se pregunta -nos preguntamos- si no debería utilizarse más tiempo en planificar, realizar proyectos y llevar a cabo las actividades y competencias que la ley asigna a los municipios, ganando ese tiempo del utilizado para la crítica al contrario. Pues bien, estas críticas, manifestaciones, debates… se llevan a cabo en las sesiones parlamentarias, en este caso -ya que nos referimos a los Ayuntamientos- en las sesiones plenarias. O, en su caso, en declaraciones, entrevistas o reportajes que pudieran publicarse en algún medio de comunicación escrito, radiofónico o audiovisual.

Pero no me refiero a lo anterior, sino a la información sobre la actividad desarrollada por el Gobierno y la Administración municipal o, lo que es lo mismo la publicidad activa a que obliga la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Ya el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) dispone que “las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Y uno de los Reglamentos que desarrolla dicha ley, el de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) establece en su artículo 230 que debe existir en la organización administrativa de la entidad una Oficina de Información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el artículo 229, así como el resto de la información que la misma proporcione, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. La publicidad a que se refiere el artículo 229 contempla la información de 

-Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno, que se transmitirán a los medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad

-Publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delegación dicten los Delegados

Añadiendo en su apartado 3 que a tal efecto, además de la exposición en el Tablón de Anuncios de la entidad, podrán utilizarse los siguientes medios:

a) Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un Boletín informativo de la entidad.

b) Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de la entidad.

Una versión más moderna y completa que la prevista en el ROF es la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que obliga a las entidades que integran la Administración local a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública (artículo 5.1 en relación al artículo 2.1) y, en concreto Información institucional, organizativa y de planificación, Información de relevancia jurídica e  Información económica, presupuestaria y estadística (todo ello en los términos y con la extensión que detallan los artículos 6, 7 y 8).

Y digo más moderna y completa es la LTAIBG porque además de abarcar un ámbito más amplio de la información a publicar (además de la citada en el ROF), en lo que se refiere a los medios de difusión -sin descartar el tablón de edictos, un boletín informativo municipal o los medios de comunicación social de la localidad, el artículo 5.4 de la mencionada LTAIBG exige que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web [“portal de internet”, según los términos utilizados por el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)] y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables; debiendo establecerse además los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. Está bastante generalizada la utilización por las Entidades locales de un “portal de transparencia” al igual que exige el artículo 10.1 para la Administración General del Estado.

AsÍ pues, tenemos quién (la Entidad local), qué información (la indicada tanto en el ROF como en la ley de transparencia citada), dónde (en el portal de internet de la Entidad local, a través del cual se accede a la sede electrónico y en su caso al portal de transparencia). Resta por indicar el cómo, es decir bajo qué reglas y principios debe realizarse esa información:

-Por un lado, conforme al artículo 38.2 LRJSP exige la actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

-Por otro lado, la LAITBG establece en su artículo 26 los principios de buen gobierno que deben seguir los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales los cuales deben observar en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico. [Recordemos que conforme al artículo 103.1 CE la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales]

También establece el artículo 26 de la “ley de transparencia” que los cargos públicos mencionados deben adecuar su actividad a determinados principios generales, entre ellos:

Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, …… y con el objetivo de satisfacer el interés general.

Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

Por consiguiente, y en conclusión:

En lo que se refiere a la actividad administrativa de información al ciudadano y, en definitiva, cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (transparencia), en el portal de internet (web municipal, sede electrónica, portal de transparencia) y dados los principios de buen gobierno (que informan además la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en la “ley de transparencia”), vulneraría el principio de objetividad la inserción en dichos medios de difusión de críticas a la actuación de otro u otros partidos, grupos políticos, instituciones, cargos públicos o personas en general

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Regional (ASTURIAS) TRANSPARENCIA

Sabías que hasta el día 31 de mayo está abierto el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Decreto (del Principado de Asturias) de Estatuto del denunciante contra la corrupción?

Se pretende fijar el marco jurídico donde se desarrollarán los derechos del denunciante, definidos y regulados en el Título IV la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés [https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con], así como la presentación de denuncias ante el Canal de Lucha contra la Corrupción y su tramitaciónAsí, el artículo 59 de dicha Ley establece que Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar conductas, hechos o situaciones de las que pudieran derivarse ilícitos administrativos o penales con la corrupción o comportamientos contrarios a la integridad pública en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, los organismos y entes públicos dependientes o vinculados a ella, así como en las sociedades mercantiles y fundaciones en las que aquella tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo cuando sean designados previo acuerdo del Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobiernoY conforme al artículo 60 el denunciante gozará, en todo caso, de los derechos de confidencialidad e indemnidad (no represalias)

Los ciudadanos pueden presentarse aportaciones a este proyecto normativo hasta el día 4 de junio de 2021

Véase, también en este sitio web en las páginas:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que está abierta una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del servicio público de la justicia?

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

La Ley de Eficiencia Digital propuesta aborda un marco jurídico que facilite y promueva el avance en el camino de la transformación digital de la Justicia, en el marco de garantizar al ciudadano el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), resultando esencial para garantizar este derecho que la Administración de Justicia sea una administración moderna y eficiente.

Los avances en tecnología exigen aprovecharla en beneficio de los ciudadanos, implementando nuevas soluciones dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son:

– la posibilidad de consultar electrónicamente sus trámites judiciales

– permitir la realización de numerosas actuaciones por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario en oficinas de justicia próximas a su domicilio.

– la realización mediante sistemas de inmediación digital, de actuaciones que tradicionalmente se realizaban presencialmente (juicios, comparecencias, mediación).

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es

El cuestionario que se plantea a los ciudadanos, además de la relación de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa legislativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la misma, puede verse en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20p%C3%BAblica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf

[Esta entrada puede verse igualmente, en mi blog, clicando en la página de información administrativa (véase menú en el margen superior derecho), en el enlace: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

La administración electrónica sí, pero una Administración Pública que sirva al ciudadano

Estos últimos días se habla (y cualquier ciudadano de a pie habrá “oído algo”) de la administración electrónica, del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos [yo lo denomino aquí, por abreviar, Reglamento Administración-e], de la Agenda España Digital 2025, de impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas… Y si a ello añadimos que -según anuncia su exposición de motivos- el citado Reglamento persigue cuatro grandes objetivos, como son mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica, pues el asunto suena muy bien, es elogiable -en aras a la simplificación normativa- la unificación en un único texto reglamentario el desarrollo en esta materia de las leyes 39 y 40 de 2015, es decir la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Y sin duda supone un paso más, a nivel reglamentario, para el funcionamiento electrónico de la Administración.

Ahora bien -y por ello este post podría también titularse “La administración electrónica desde la perspectiva ciudadana”- ¿está produciendo y producirá efectos positivos en la ciudadanía? ¿supone en la práctica un avance en la práctica de cada día en el cumplimiento por la Administración de los mandatos del artículo 103.1 de la C.E. como lo son, entre otros, los de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho?

Cuando un servidor impartía algún curso o charla formativa, a raíz de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos los Servicios Públicos (va a hacer catorce años), transmitía el mensaje de distinguir entre informatización y “administración electrónica”, ya que en el seno de la Administración aquélla es una herramienta (aplicaciones, programas para automatización de procesos, a veces sin interrelación con el ciudadano, como un programa de contabilidad por ejemplo) mientras que el término “administración electrónica” en el sentido regulado por aquella ley, y teniendo en cuenta los fines de la Administración Pública, es más amplio, es aquel en el que se interactúa con el ciudadano (ya sea mediante la presentación de una solicitud en un registro electrónico, o aquél obtiene información -precisa y actualizada- a través de un portal de internet de la Administración, o recibe una notificación electrónica o hace un pago por medios telemáticos).

Por otra parte, desde el prisma de los rectores políticos -a nivel local, y hablo de experiencias vividas o conocidas, no quiero generalizar ya que soy consciente de la existencia de entidades locales muy avanzadas en la materia y desde aquellos lejanos tiempos, aunque intuyo que muchos Ayuntamientos están, desgraciadamente, todavía en la “prehistoria” de la administración electrónica- los recuerdos que tengo son, por una parte, los anuncios a bombo y platillo en muchas entidades locales de haber implantado dicha “administración electrónica”, cuando en realidad se trataba de la adquisición de determinada aplicación informática para la gestión de un trámite o para la gestión de expedientes, pero sin una planificación y estrategia que abarcase los aspectos jurídicos, tecnológicos, organizativos, de simplificación procedimental, formativos y económicos, aspectos todos ellos imprescindibles para hacer una transformación adecuada, decidida y permanente de la Administración “en papel” a la Administración “electrónica” que, además de cumplir los requisitos legales, sea efectiva a los ojos del ciudadano.

Y, unos años más tarde, cuando las leyes 39 y 40 de 2015 comenzaron a apretar a las Administraciones Públicas exigiendo ya su funcionamiento electrónico aunque con sucesivas prórrogas para determinados aspectos (registro electrónico, sede electrónica, punto de acceso general, registro electrónico de apoderamientos…) recuerdo también que tratando en determinados foros o con compañeros y otros empleados públicos la situación de retraso considerable en la implantación de los requerimientos legales a pesar de las advertencias y recordatorios hechos a los responsables políticos correspondientes yo resumía la situación afirmando (en relación a la pregunta de ¿entonces qué va a pasar ante tal retraso e incumplimientos de las exigencias legales en la materia?) que, por un lado, el problema iba a surgir (y en consecuencia tendría que reaccionar la Corporación) cuando hubiese que relacionarse (electrónicamente, por imperativo legal) con otra Administración o cuando alguna de las personas físicas o jurídicas obligadas a relacionarse electrónicamente con nuestra Administración protestase -no creo que fuese más allá de la protesta, pues no conozco muchos casos de acudir tales personas a la impugnación en vía administrativa o jurisdiccional por tal anomalía-; y que por otro lado -esto sí que hace reaccionar a los máximos responsables políticos- cuando miles de vecinos se concentrasen en la correspondiente Plaza Mayor (o, en definitiva, frente al Ayuntamiento) exigiendo a éste la implantación de la administración electrónica entonces sí que la reacción iba a ser inmediata; lo que ocurre -terminaba yo argumentando- esto último difícilmente va a ocurrir, al menos a corto plazo.

Y es que los ciudadanos lo que quieren, además de que la Administración cumpla la ley (artículos 38 a 46 de la Ley 40/2015 y 9 a 12, 13 b), 14, 16, 36, etc. de la LPACAP) funcionando la misma electrónicamente con toda la extensión que dichas normas más el reciente Reglamento de desarrollo exigen (¿cómo no van a querer aquéllos el funcionamiento electrónico? ¿acaso cuando se inventó la máquina de escribir alguien pretendía que los documentos de su Administración siguiesen siendo manuscritos?), pues lo que quieren -digo- es:

-en primer lugar, que su Administración le atienda. Con ello me refiero a que simplemente atiendan por ejemplo su llamada telefónica o le atiendan presencialmente para obtener una información; pero que no se encuentre con un número telefónico que o bien tiene un coste adicional al normal o no es atendida la llamada o que solo después de muchos intentos es atendida. Es decir, que la Administración le atienda, ya sea de una manera presencial o telefónica o, en su caso telemáticamente. Y no me estoy refiriendo a “la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos” a través del medio telefónico o en su caso presencial a que se refiere el artículo 4 del Reglamento Administración-e (que también) sino a la mera consulta telefónica o en su caso presencial para obtener información de cualquier dato o trámite.

-que no le exijan documentos ya presentados o que obran en poder de la Administración o no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate (artículo 53.1 d) LPACAP)

– que le traten las autoridades y empleados públicos con respeto y deferencia, y que les faciliten el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 13 e) LPACAP.

– que le “contesten” (utilizo la expresión del ciudadano de a pie) su solicitud. Y es que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (artículo 21 de la LPACAP). Sin embargo, si ni siquiera se cumplen los mandatos de publicidad activa (me remito al post publicado en este sitio web el pasado 15 de febrero en relación a los porcentajes de cumplimiento por los Ayuntamiento de las obligaciones de publicidad activa, blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/) ¿qué pasa con los cientos y miles de solicitudes que no son contestadas por la Administración? ¿cuántos ciudadanos están esperando por la contestación a aquél escrito que presentaron hace x meses o incluso años? ¿se ha mejorado -con la implantación de la “administración electrónica”- respecto al abuso del silencio por parte de la Administración?

Esto es resumidamente, en síntesis, lo que el ciudadano quiere. Y no me estoy refiriendo solo a la cuarta parte de la población española, que está constituida por personas mayores de sesenta años, lo que supone más de 12.000.00 de habitantes, sino al conjunto de la población hasta alcanzar los algo más de 47.000.000.

En este sentido, cobra especial importancia:

► el principio de accesibilidad del artículo 2.1 b) del reciente Reglamento Administración-e, consistente en el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. También el principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio (artículo 2.1 c) del mismo Reglamento)

► así mismo, la obligación de la Administración (artículo 4 del Reglamento que cito) de prestar la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los canales que se indican, es decir, presencial, a través de las oficinas de asistencia, portales de internet, sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en la ley.

► por supuesto, el funcionamiento electrónico en cuanto se refiere a la gestión mediante documentos y expedientes electrónicos (artículos 46 y 51), notificaciones electrónicas (artículos 41 a 45), sedes electrónicas con los servicios a los ciudadanos relacionados en el artículo 11.2 del Reglamento y con la responsabilidad exigida en el artículo 12 a los responsables sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de dichas sedes; y con la actuación administrativa automatizada (del artículo 13 del Reglamento)

¿Acaso con estos instrumentos tecnológicos, tan necesarios y dotados de los mecanismos técnicos y legales precisos, no serán capaces las Administraciones Públicas de resolver, de contestar a todas las solicitudes que se le formulen y de recibir atención inmediata (a través de cualquiera de los canales indicados) sobre cualquier duda que en relación a la organización, funcionamiento y competencias de la Administración le formulen los ciudadanos?

Si es así, el ciudadano podrá afirmar que la administración electrónica supuso que la Administración Pública sirve al ciudadano. Veremos.

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Mis artículos Regional (ASTURIAS) TRANSPARENCIA

Incorporación de contenidos (NORMATIVA DE INTERÉS) en la página de Regional (ASTURIAS)

Las normas vigentes de mayor interés en cuanto a la organización y funcionamiento de la Administración regional, órganos consultivos, normas en materia de Entidades Locales, urbanismo, etc.

Ver página: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que es posible la modernización del lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?

Ya en 2011 un estudio del Consejo General del Poder Judicial revelaba que el 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender

En estos días, marzo de 2021, la Real Academia Española (RAE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han aprobado un protocolo para fomentar un lenguaje jurídico moderno y accesible para los ciudadanos.

Pese a que hay términos jurídicos que necesariamente deben utilizarse, pese a las reticencias de determinados sectores a modificar la sintaxis del lenguaje jurídico, ningún inconveniente hay para que, en aras a la claridad y la transparencia, compatible con el rigor jurídico, tanto los textos legales como las resoluciones judiciales se redacten en términos comprensibles para el ciudadano.

Yo…, apoyo la iniciativa.

.https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/03/11/604a47a7e5fdeaae338b4666.html