Formularios, consultas y sugerencias

INDICE (clica en el apartado que prefieras de este índice para acceder directamente a su contenido):

Advertencias sobre esta página

PARA CIUDADANOS

PARA FUNCIONARIOS

0-Advertencias generales

1-Consejos para hacer un informe jurídico

2-Peticiones verbales sobre asunto genérico

3-Informes VERBALES en órganos colegiados

4-Algunos modelos o formularios

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS DE LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL

INFORME JURÍDICO EN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

CONSULTAS

SUGERENCIAS

————————————————

-Advertencias sobre esta página

-Vías para acceder a los contenidos actualizados de este sitio web y contactar con el autor:

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►Finalmente, a través del correo electrónico joselopezvinya@gmail.com

-Consultas y sugerencias:

En el marco del objetivo de este sitio web y en relación a los contenidos publicados, es posible:

            ● hacer consultas

            ● hacer sugerencias  

Esta Sección tendrá dos grupos de destinatarios, los CIUDADANOS y los EMPLEADOS PÚBLICOS:

PARA CIUDADANOS

[en construcción]

1. Cómo acceder a la Administración: Tf / presencial / medio electrónico.

2. Como presentar una solicitud general: dónde/ medios / forma / requisitos / qué derechos tengo

3. Como presentar solicitudes específicas

4. ‌Presentar queja o recurso

5. ¿Y si el Ayuntamiento no me contesta?

6. Diferencia entre una queja, una petición, una denuncia y un recurso. Ante quién y cómo.

7. Cuándo y en qué plazo puedo presentar un recurso

8. Normativa estatal, autonómica y local.

9. Preguntas y respuestas:

9.1. -Sobre las normas

-Orden de prelación.

-¿Puede el Ayuntamiento modificar una norma estatal o autonómica?

-Qué tipo de normas y qué puede regular el Ayuntamiento?

9.2.-Potestades, competencias, obligaciones y responsabilidades municipales

-Competencia del Ayuntamiento: para debatir, para adoptar acuerdos, para imponer tributos, en materia de circulación, para la planificación urbanística, para sancionar.

-Diferencia entre potestades y competencias

-Diferencia entre competencias y obligaciones municipales.

-Diferencia entre responsabilidad política, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad patrimonial y responsabilidad penal,

9.3.-Derechos y obligaciones de los vecinos

-Qué derechos tengo como vecino

-Qué derechos de participación tengo en los asuntos públicos

-Qué obligaciones tengo como vecino 

10.- CONSULTAS

11.-SUGERENCIAS

PARA FUNCIONARIOS

0-Advertencias generales


1.- Las sugerencias que hago en este apartado en relación a informes vienen referidas a informes jurídicos, especialmente a informes preceptivos del Secretario.
2.- Los consejos, sugerencias y modelos están basados e inspirados en mis cuarenta años de experiencia en Secretarias Generales de Ayuntamientos de tamaño mediano y grandes. Y su fin es aportar con generosidad mis conocimientos y experiencias para que a alguno o varios compañeros y compañeras puedan serle de utilidad. El logro de esto último me llenaría de satisfacción.
3.- Soy consciente de la heterogeneidad tanto de las características de cada Ayuntamiento en cuanto a su tamaño como en cuanto a los medios personales de que el Secretario dispone. También en cuanto a la normativa de aplicación, en determinadas materias, tanto por la posible legislación autonómica existente o incluso municipal (Reglamentos u Ordenanzas).
4.- Por ello, todos los consejos, sugerencias y modelos advertirán de tales circunstancias o se incluirán observaciones a tener en cuenta si la materia es susceptible de regulación autonómica o municipal.
5.- En cuanto a las consultas -y sin perjuicio de que trataré de responder individualmente -en la medida en que mi disponibilidad lo permita- a las que cada uno pudiera plantearme a través del correo electrónico joselopezvinya@gmail.com con una exposición precisa de los hechos, lugar y tiempo- solo publicaré en este sitio web las respuestas sobre aquéllas que considere sean de importancia e interés general, bien por la repetición en la formulación de consultas análogas o por su carácter novedoso.
6.- Lo mismo es aplicable en cuanto a las sugerencias.

1-Consejos para hacer un informe jurídico

1.01.- Numeración y catalogación.

Es conveniente, tanto para su mejor identificación como para el archivo y la búsqueda del mismo, asignar al mismo un número, además de la fecha, y un código o clave identificativa.

Cada uno hará esa identificación y archivo o base de datos de sus informes como estime conveniente, ya que cualquier sistema, siempre que responda a un criterio uniforme, puede ser útil. “Cada maestrillo tiene su librillo”.

Por si a alguien le puede servir de orientación, yo siempre he procurado seguir la siguiente clasificación, de forma que -siguiendo el criterio del ámbito jurídico de la regulación predominante en el asunto examinado- se abarcan todas las materias. Es decir, independientemente del orden cronológico de emisión (y archivo) de los informes, al catalogarlos (y archivarlos) por materias, siempre se puede acudir a buscar antecedentes de informes emitidos -y consiguiente criterio jurídico mantenido- en asuntos en los que la cuestión planteada era similar.

BIENES

CONTRATACIÓN

HACIENDA

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PERSONAL

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL

POTESTAD REGLAMENTARIA

POTESTAD SANCIONADORA

RÉGIMEN JURÍDICO [en este apartado se incluyen los asuntos relativos a actos y procedimiento administrativo, recursos, acciones, etc]

SERVICIOS [en este apartado se incluyen, además de los asuntos relativos al régimen jurídico de los servicios públicos, los referentes a otras actividades y cualesquiera otros no incluídos en los demás apartados]

URBANISMO

1.02.- Identificación del expediente o asunto concreto objeto del informe. Y motivo legal del informe

Cuando se trata de un expediente de tramitación obligada y habitual, como puede ser un expediente de contratación, o de aprobación de una Ordenanza, etc. debe hacerse referencia al expediente concreto que se va a informar.

Hay otros supuestos, como aquéllos en que lo requiere el Presidente o lo solicita un tercio de miembros de la misma en que -precisamente por no ser preceptivo por razón de la materia, el informe, pueden surgir dudas sobre el objeto del mismo. Si bien no debería existir problema al respecto dado que a la vista del tenor literal del párrafo a) de dicho artículo 3.3 el informe ha de versar sobre las adecuación o no a la legislación aplicable del acuerdo proyectado, muchas veces la petición del informe se formula o bien de una manera genérica al asunto X, sin precisar el expediente o el proyecto de acuerdo, o bien pidiendo que se informe sobre la posibilidad de hacer tal actuación o si es legal tal conducta o actuación: en estos últimos casos citados, es conveniente, antes de emitir el informe, solicitar que se aclare el proyecto de acuerdo y expediente concreto o, en el segundo caso, se concrete el extremo o extremos sobre los que es necesario que se emita un informe jurídico.

Motivo legal del informe.

A la vista de los supuestos previstos en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional [RJFHN], hacer referencia al supuesto concreto en virtud del cual se emite el informe.

Pudiendo utilizarse, por ejemplo, la expresión: “el presente se emite en virtud de lo previsto en el artículo 3.3 párrafo …) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, al tratarse de …….. [por ejemplo: informe requerido por el Presidente de la Corporación; o por requerirse informe previo del Secretario en virtud de lo dispuesto en ….; etc.]

1.03.- En su caso, documentación examinada.

No es necesario ni conveniente reproducir la referencia a todos los documentos que componen el expediente, ya que no tiene ningún sentido ni aporta nada nuevo; el expediente ya consta con toda la documentación y, máxime teniendo en cuenta la actual obligatoriedad del formato electrónico y los requisitos sobre la formación e índice del mismo en tal formato, ya queda constancia de la relación de los documentos existentes en el momento de la emisión del informe. Otra cosa es que se apreciase la ausencia de algún documento o trámite preceptivo, en cuyo caso debería requerirse la incorporación del mismo.

Sí cobraría mayor relevancia fijar la relación de los documentos examinados si se tratase de alguno de los supuestos especiales aludidos en el anterior apartado 1.02; es decir, cuando no se está informando sobre un expediente ordinario en tramitación. En este caso, podría utilizarse la expresión “El presente informe se emite a la vista de los siguientes documentos que han sido facilitados a esta Secretaría:…”.

1.04.- Actitud de colaborar.

Ni se debe informar “al dictado” pretendido por el equipo de gobierno ni el Secretario General es un juez o un órgano consultivo externo. En cuanto formamos parte de la Administración municipal y prestamos nuestros servicios en la misma para coadyuvar, en la medida de lo posible, a la perfección jurídica de la resolución que se vaya a adoptar. Por lo tanto, antes de la emisión y traslado de un informe desfavorable, debería requerirse, bien verbalmente o mediante nota interna, la subsanación de los defectos existentes o en su caso advertirse de que no se ajustaría a derecho lo pretendido salvo que esto se hiciese siguiendo tal trámite o procedimiento.

Ello no impide que, llegado el caso y si no existiese otro “remedio”, el informe se emita en sentido desfavorable; o sujetando, en la conclusión, la legalidad del asunto, a determinada condición o condiciones.

1.05.- Estructura del informe.

Con carácter orientativo, una posible estructuración del informe, respondería a los siguientes apartados, además de los datos y referencias indicadas en los anteriores apartados 1.02 a 1.03:

  1. Antecedentes de hecho. Conforme a lo expuesto en el anterior apartado 1.03, la mención a los antecedentes de hecho no significa reproducir la relación de todos los documentos de que consta en el expediente, sino hacer referencia a los hechos y/o trámites relevantes para el pronunciamiento jurídico y resolución a adoptar.
  2. Legislación aplicable. Debe indicarse la normativa concreta que es de aplicación al caso concreto examinado, es decir señalando el artículo o disposición o concreta de la norma aplicable. Muchas veces se observan informes en los que, en cuanto a la “legislación aplicable” no solo se menciona la Ley en abstracto (por ejemplo, LRBRL, LPACAP, etc.) sino que se convierte este apartado en una relación de todas o la mayoría de las disposiciones legales aplicables en el régimen local, lo cual hace que no solo se pierda en precisión sino que resulta ineficaz y de escasa aportación a un informe jurídico.
  3. Consideraciones jurídicas. Del concepto de expediente administrativo del artículo 70 LPACAP se infiere que los “antecedentes de hecho” antes señalados suponen los documentos y actuaciones “que sirvan de antecedente a la resolución administrativa”. Pues bien, las “consideraciones jurídicas” constituyen la valoración jurídica que “sirve de fundamento a la resolución administrativa”. Es importante igualmente una labor de síntesis. No se trata de reproducir -salvo en lo estrictamente necesario- el contenido de cada una de las disposiciones aplicables (apartado 2) sino de poner en relación los antecedentes de hecho con la resolución a adoptar fundamentando la adecuación o no a derecho. No resulta aconsejable, por resultar desproporcionado, acudir a la jurisprudencia existente, en todos los informes. Cuestión distinta es que se estuviese informando un recurso o reclamación o el asunto resultase litigioso o sobre el que se hubiesen planteado diversas interpretaciones.
  4. Conclusión o conclusiones. Además de lo indicado en el apartado 1.07 siguiente, es muy recomendable finalizar el informe con conclusión o conclusiones numeradas. Una posible fórmula a utilizar en la conclusión (de ser única) es la de “bajo las consideraciones expuestas, se informa favorablemente el acuerdo en proyecto”. Con dicha expresión se acogen, además, las posibles indicaciones u observaciones que se hayan expuesto en las consideraciones jurídicas.

1.06.- Claridad y simplificación expositiva y seguir las reglas de uso del lenguaje administrativo.

Todo el contenido del informe, en las distintas partes indicadas en el apartado 1.05, debe ser claro, no farragoso, y no excesivamente extenso -salvo que la naturaleza del asunto lo requiriese- debiendo procurarse la simplificación y la síntesis conforme a lo indicado anteriormente.

Por otra parte, es conveniente seguir las recomendaciones de uso del lenguaje administrativo, tales como:

Utilizar siglas o abreviaturas siempre que la primera vez que aparezca en el documento se anteponga su expresión o significado completo.

Utilizar en todo caso un lenguaje sencillo, ajustado a las reglas gramaticales y sin expresiones sexistas ni fórmulas de cortesía innecesarias.

Referencias:

-Manual de estilo del lenguaje administrativo. — Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1990. — 283 páginas. (Manuales. Serie Administración General). — ISBN : 84-87366-13-9 -Manual del lenguaje administrativo del Ayuntamiento de Madrid.

-https://lenguajeadministrativo.com

Finalmente, el rigor jurídico no está reñido con la simplificación del lenguaje en el ámbito jurídico. Como expongo en el post del pasado15 de marzo la Real Academia Española (RAE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han aprobado un protocolo para fomentar un lenguaje jurídico moderno y accesible para los ciudadanos.

[https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/889]

1.07.- Pronunciarse.

El informe jurídico no debe ser genérico, etéreo, abstracto ni, en definitiva, indefinido. Dicho de otro modo, el informe jurídico debe “mojarse”

1.08.- Mantener un criterio jurídico.

Es importante mantener el mismo criterio jurídico en asuntos similares (salvo que por normativa o jurisprudencia deba cambiarse).

En este sentido, es aconsejable tener una buena base de datos propia de los informes propios previamente emitidos (por ejemplo mediante la clasificación sugerida en el apartado 1.01), de forma que además de servir como recordatorio y “fuente” propia se refuerza la conservación del criterio jurídico aludiendo al informe o informes anteriormente emitidos en asunto de análoga naturaleza.

1.09.- Antecedentes existentes en la Entidad.

También es importante tener en cuenta los antecedentes, criterios seguidos con anterioridad en el Ayuntamiento, sobre todo en temas de organización y funcionamiento, en los que puede ser tan válida una solución u otra; no se trata de mantener todo inalterable (sobre todo si observamos actuación irregular o que es contraria a derecho), pero tampoco de querer “cambiarlo todo” y hacerlo como pensamos debería hacerse o se hacía en Ayuntamiento en el que antes prestamos nuestros servicios.

1.10.- Informes de testeo

En determinados documentos a informar (como aprobación de pliegos y expediente de contratación o instrumentos de planeamiento) dada la voluminosidad y sobre todo el variado contenido, de procedencia técnica o ajena a nuestra faceta jurídica, lo mejor es confeccionar una estructura de informe en la que se vayan analizando los aspectos esenciales, de forma que nos sirve a la vez como guión orientador para no olvidarnos nunca de dichos aspectos esenciales.

2-Peticiones verbales sobre asunto genérico

En cuanto a la normativa aplicable:

Los artículos 36 y 79 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en sus artículos:

-47.2  (supuestos de mayoría absoluta)

-92 bis.1 (sobre funciones de asesoramiento legal preceptivo reservadas a FHN)

►El artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL) sobre supuestos de informe previo del Secretario y, en su caso, del Interventor

El artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (RJFHN).

El título que asigné a este apartado de consejos (peticiones verbales -de informe- sobre asunto genérico) ya es bastante elocuente y clarificador, de forma que bastaría con indicar que no caben peticiones verbales de informe ni que sean sobre un “asunto genérico”.

No obstante, es posible o conveniente hacer las siguientes aclaraciones:

1. Ha de tenerse en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el Reglamento Orgánico municipal, o de procedimiento administrativo (en cuanto a las peculiaridades organizativas de la Entidad) o en la legislación autonómica; en todos los casos siempre que dichas normas no resulten contrarias o incompatibles con la legislación básica estatal citada. También el dimensionamiento y medios personales de la Entidad local.

2. En la mayoría de los casos (me remito al listado del artículo 3.3 del RJFHN) ni siquiera se produce, o al menos resulta innecesaria, la petición expresa, ni verbal ni escrita, de informe al Secretario o Interventor. Ya que impulsándose el procedimiento de oficio en todos sus trámites y sometido al principio de celeridad (artículo 71.1 LPACAP) resultaría desproporcionado que existiese una petición formal al Secretario de informe por parte del Alcalde para -por ejemplo- un asunto cuya aprobación requiere mayoría absoluta

 Me refiero aquí a determinados casos en que “se solicita informe”

3. Debe recordarse que conforme al artículo 36 LPACAP los actos administrativos deben producirse por escrito y a través de medios electrónicos (salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia) y por consiguiente la petición de un informe jurídico debe hacerse igualmente por escrito.

4. Aparte de lo indicado en el punto 2 anterior, la casuística y posible problemática suele surgir cuando “ordene” el informe el Presidente de la Corporación (cuando lo solicite un tercio de miembros de la misma parece evidente que ha de solicitarse por escrito y versará sobre un asunto previsto para la sesión de Pleno) y además el objeto del informe o no está claro, o no se concreta, o se pide en términos genéricos, es decir -hablando coloquialmente- cuando en la práctica ocurre que el Alcalde (o, aunque resulte más difícil, un tercio de los miembros de la Corporación) pide un informe sobre el asunto, o el tema, de …. (algo que esté latente, de actualidad, en el pueblo) sin que se concrete el expediente o procedimiento que se esté tramitando (ya que a veces ni siquiera se está tramitando un procedimiento) … a veces no saben expresar siquiera sobre qué procedimiento o institución jurídica concreta desean que se informe, solo que sobre tal asunto o tema se emita informe de legalidad.

Aquí es donde viene el consejo práctico: en el sentido de que sea el propio Secretario o Interventor quien -a la vista de lo que exponga verbalmente el Alcalde- le redacte a éste la petición de informe y el extremo o extremos de legalidad sobre el que precisa el asesoramiento jurídico, es decir aplicar literal y estrictamente lo establecido en el artículo 79.2 de la LPACAP que exige que en la petición de informe se concrete “el extremo o extremos acerca de los que se solicita”.

Con ello suele clarificarse, y facilitarse para el funcionario informante, la emisión del informe; de tal forma que o bien lo que se está pidiendo resulta que es manifiestamente ilegal o no es de la competencia municipal o previamente se requiere contar con determinada documentación (en cuyos tres supuestos debería advertirse al Alcalde de tales extremos) o bien tras entender lo que quiere éste (“hablando se entiende la gente”) se redacta la petición del informe en forma adecuada y transparente, concretando por supuesto “el extremo o extremos” sobre los que se requiere un informe jurídico.

Ya que no es lo mismo pedir un informe por ejemplo sobre “el asunto de la plaza Mayor” (asunto candente en el pueblo, se habla mucho del mismo, hay propuestas diversas sobre utilización de la plaza, hay algún problema de propiedad, etc.) que pedir informe acerca de si en la plaza Mayor del pueblo se puede construir un aparcamiento subterráneo en la actualidad y qué procedimiento debería seguirse, si es posible, para que una empresa lleve a cabo la construcción y explotación del aparcamiento subterráneo.

A modo de ejemplo, nos encontramos con una “plaza Mayor” no inventariada y/o no inscrita en el Registro de la Propiedad, con un trozo de terreno de la misma en la práctica de uso público pero sobre el que un particular alega y ha reclamado su propiedad, con un Plan General de Ordenación Urbana, o Normas Subsidiarias de Planeamiento, actualmente en Revisión y con un casco urbano (en el que se encuentra la Plaza) declarado bien de interés cultural. Se pretende por el equipo de gobierno que bajo la Plaza se construya y explote por una empresa un aparcamiento subterráneo.

Puede darse en la práctica el supuesto de que el Alcalde pida un informe jurídico externo “sobre la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo bajo una plaza” y -claro está- sin otros datos, documentación o antecedentes, es posible que se emita un informe jurídico favorable.

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de hecho y circunstancias concurrentes antes señaladas, el informe que pueda emitir el Secretario, conocedor de dicha situación y circunstancias, puede ser muy distinto o al menos sometiendo la viabilidad de la pretensión a diversos condicionantes.

A título meramente orientativo y por si a alguien le puede ser de utilidad, la redacción de la petición de informe podría ser en estos términos:

A la vista de los antecedentes y documentación existente, emítase informe por el Secretario acerca de la posibilidad legal, en la actualidad, de construir y explotar por una empresa un aparcamiento subterráneo para uso público bajo la Plaza Mayor de ….., con indicación de los trámites, procedimientos, autorizaciones y acuerdos municipales que deben adoptarse.

3-Informes verbales en órganos colegiados.

El artículo 3.3 e) del RJFHN contempla, entre las funciones de asesoramiento legal preceptivo de Secretaría en las Entidades Locales, las de informar en las sesiones de los órganos colegiados.

Este asesoramiento verbal abarca dos supuestos distintos:

A) A requerimiento del Alcalde o Presidente, caracterizado por los requisitos siguientes:

 -Ha de existir requerimiento expreso de quien presida la sesión del órgano colegiado

-Objeto del informe verbal solicitado: algún aspecto legal del asunto que se discuta

-Finalidad: colaborar en la corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse.

Dados los términos de este párrafo (colaborar en la “corrección jurídica de la decisión que haya de adoptarse”), unido ello al hecho de que el asunto, al llegar a la sesión, vendrá constituido por un expediente formado y una propuesta de resolución o acuerdo, debe entenderse que este asesoramiento de colaboración para que la decisión sea jurídicamente correcta consistirá o bien en una aclaración o mejora (jurídica) de los términos en que está redactada dicha propuesta previamente escrita o bien en una propuesta de redacción de la decisión a adoptar si en el seno del debate o deliberación del asunto se produjese alguna enmienda o cualquier tipo de variación en los términos en que estuviese previamente escrita la propuesta.

B) A iniciativa del propio Secretario. En este caso, el régimen o requisitos exigibles son los siguientes:

-Que el Secretario solicite al Presidente el uso de la palabra para asesorar a la Corporación.

-Que en el transcurso del debate se haya planteado alguna cuestión nueva

-Que sobre esta cuestión nueva surgiesen dudas sobre la legalidad (bien porque algún miembro de la Corporación haya planteado de forma expresa tales dudas o porque le hayan surgido al propio Secretario respecto a la nueva cuestión planteada).

-Corresponde al Presidente conceder el uso de la palabra.

-Una vez concedida la palabra, el Secretario se pronunciará sobre la duda planteada o en su caso indicará la conveniencia de posponer su pronunciamiento para un mejor estudio.

Como vemos, esta posible intervención del Secretario está muy acotada a la concurrencia de los requisitos indicados

A modo de sugerencia-conclusión:

-Resulta fundamental que los expedientes lleguen al órgano colegiado:

Conclusos (incluidos los informes preceptivos) con la antelación suficiente para su estudio; y con la Propuesta de Resolución, o de Acuerdo, o Proposición, o Moción, o Proyecto de Acuerdo, redactado de forma ajustada al ordenamiento jurídico.  Véanse artículos 75 del ROF y 88 de la LPACAP

-Bajo la premisa anterior y dados los términos en que la norma configura esta función de asesoramiento verbal, la figura del Secretario en las sesiones debe caracterizarse por una actitud no intervencionista ni protagonista; limitándose su actuación a los supuestos, circunstancias y requisitos indicados.

4-Algunos modelos o formularios

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Explicación del formulario

Como todo modelo o formulario, supone un ejemplo de elaboración de un documento administrativo. Lógicamente no puede ser extrapolable a todos los Ayuntamientos, dado que en cada uno de ellos pueden existir normas orgánicas o de procedimientos, en las que se diseñe de otra forma la confección, estructura y contenido formal de la Propuesta de Resolución. Incluso -dada la heterogeneidad de las entidades locales en cuanto a su tamaño, efectivos de personal existentes y organización administrativa- la Propuesta de Resolución es suscrita o bien por el Secretario, o bien por un Concejal, o se elabora a raíz del dictamen de una Comisión Informativa.

El modelo que ofrezco a continuación -por ello requiere esta explicación- parte de las siguientes premisas o consideraciones:

-Es la Propuesta “para resolver los expedientes” a que se refiere el artículo 175 del ROF.

-Dicha Propuesta es suscrita por el funcionario o empleado público correspondiente. Repárese en que en el artículo 136.2 ROF, refiriéndose a los dictámenes de las Comisiones Informativas, dispone que éstos pueden limitarse a mostrar su conformidad a la “propuesta que le sea sometida por los servicios administrativos competentes”. Si a ello unimos que en todo expediente hay una fase de instrucción (ya sea más simple o más compleja) y por lo tanto un responsable de la tramitación (artículos 53.1 b) y 75 de la LPACAP) y que en el Ayuntamiento los órganos resolutivos (Pleno, Alcalde, Junta de Gobierno Local) no son los que instruyen el expediente sino los que resuelven el mismo, es por eso que en el modelo que aquí inserto se suscribe la Propuesta por el empleado, el responsable del servicio administrativo correspondiente, que haya tramitado el expediente.

-En cuanto las determinaciones que constan en el modelo, por un lado hay un encabezamiento con datos identificativos y que -sin perjuicio de las distintas catalogaciones que pueden hacerse- sirven para una adecuada ordenación, clasificación, búsqueda y archivo de los expedientes. Por otro lado, en cuanto que es una Propuesta de Resolución del expediente (que si es aprobada por el órgano que resuelve) se convierte en Resolución (acuerdo del Pleno o de la Junta de Gobierno Local o decreto del Alcalde o Concejal Delegado) debe cumplir las exigencias del artículo 88 de la LPACAP. En cuanto a  la catalogación y la redacción de la parte de los Hechos y de la Valoración jurídica, véanse -en este mismo sitio web- las indicaciones o recomendaciones hechas en el apartado de CONSEJOS PARA HACER UN INFORME JURÍDICO (https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/#1-Consejos-para-hacer-un-informe-jurídico), especialmente en sus apartados 1.01 y 1.05.

-El modelo sirve y está confeccionado tanto para los casos en que el expediente deba resolverse por el Pleno o la Junta de Gobierno Local como cuando su resolución corresponda a un órgano unipersonal.

Finalmente, se inserta un “Elévese” por el Concejal Delegado. Esta diligencia significa que, tras la instrucción del expediente por los servicios administrativos, es un órgano político quien decide que sea el mismo resuelto por el órgano competente.

Modelo

P R O P U E S T A   D E   R E S O L U C I Ó N

Una vez tramitado el expediente de referencia, el instructor que suscribe formula la siguiente propuesta de resolución, conforme a lo establecido en los artículos 88.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)

Expediente nº (1)

Asunto: (2)

Interesado (3)

Procedimiento: (4)

Fecha de iniciación (5)

Examinado el procedimiento iniciado por (6) ———————

referente al asunto indicado se han apreciado los

Hechos que figuran a continuación: (7)

Primero.-

Segundo.-

……………………………

La valoración jurídica (8) de los hechos expuestos es la siguiente:

Primero.-

Segundo.-

……………………………

Se PROPONE a (9)………………………………………….

de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo …………. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local

[En caso de actuar el órgano por delegación:

Se PROPONE a (Órgano que debe adoptar la resolución)…………………………………………., de acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias que le han sido delegadas por (acuerdo del Pleno, o de la Junta de Gobierno Local, o Decreto de la Alcaldía de………..)

Resolver lo siguiente (10)

Primero:

Segundo:

……………………………

………………..,    de               de

El (11)                          ,

Fdo.: …………………

———————————————————————————-

VISTA LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE ANTECEDE, ELÉVESE ESTE EXPEDIENTE PARA SU APROBACIÓN AL ÓRGANO COMPETENTE

………….., …….de …………………………..de   

EL CONCEJAL DELEGADO,

Fdo.: ………………………………………….

———————————————————————————

(1).- Clave alfanumérica del expediente. A título de ejemplo, puede ser: La letra o letras identificativas del tipo procedimiento / el código numérico identificativo del tipo de procedimiento / la letra o letras identificativas de la unidad administrativa a la que pertenece el instructor del expediente / el año y número de expediente, iniciado en la unidad administrativa a la que pertenece el Instructor, del tipo procedimental correspondiente.

(2).- Debe identificarse, de forma sucinta y precisa, la denominación u objeto del expediente.

(3).-Se refiere a personas que tienen la condición de interesados en el procedimiento conforme a lo que establece el artículo 4 de la L.P.A.C.A.P. Si se trata de un expediente iniciado de oficio y no hay ningún interesado concreto en los términos legales señalados, se deja en blanco.

(4).- Se indicará el tipo de procedimiento a que corresponde el expediente según el Catálogo de Procedimientos correspondiente.

(5).- Es la fecha en que se ha iniciado formalmente el procedimiento, ya sea a instancia de parte como de oficio.

(6).- Cuando el procedimiento se haya iniciado a instancia de parte, se indicará el nombre y apellidos de la persona física o el nombre de la persona jurídica.

Cuando el procedimiento se inicie de oficio, se indicará: Providencia del Concejal Delegado de…….; o Resolución o Acuerdo de……(denominación del órgano), de fecha ….

(7).-Se describirán, de forma sucinta y precisa los antecedentes, hechos y trámites relevantes que constan en el expediente.

En este apartado no deben figurar referencias legales ni fundamentaciones jurídicas, sino únicamente descripción de hechos o trámites que constan en el expediente.

El apartado de “Hechos” debe ser lo suficientemente claro, al propio tiempo que conciso, para que tanto el órgano que ha de resolver como el interesado los conozcan fácilmente y de forma precisa.

[Véase, en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/#1-Consejos-para-hacer-un-informe-jurídico, apartado 1.05, punto 1]

(8).-Se expondrán también de forma sucinta y precisa las disposiciones legales aplicables y, si procediese, argumentación razonada de la jurisprudencia y la doctrina.

Este apartado supone un “enlace” entre los hechos y la resolución que se va adoptar de forma tal que tanto el órgano que ha de resolver como en su caso el interesado conozcan que, a la vista de los hechos descritos, la decisión que se adopta tiene su fundamento y apoyo legal.

[Véase, en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/#1-Consejos-para-hacer-un-informe-jurídico, apartado 1.05, puntos 2 y 3]

(9).-En este apartado debe indicarse el órgano que resuelve (Pleno, Junta de Gobierno Local, Alcalde, Concejal Delegado o, en su caso, órgano de gestión tributaria, etc.) [Véase, igualmente, en este sitio web,  Acto administrativo definitivo: Conceptos jurídicos básicos – tuayuntamientoaqui.com (blogdejoselopezvinyaaldia.com) ]

(10).-Contenido de la resolución, en uno o varios apartados correlativamente numerados. (11).-Denominación del cargo o puesto de trabajo del empleado que formula la Propuesta de Resolución.

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● SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PRUEBAS SELECTIVAS DE LA ESCALA DE FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL.

https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatorias

Ver, así mismo: NOTA INFORMATIVA DEL I.N.A.P. PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD (MODELO 790):

https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1943715/nota-informativa-instrucciones-oep-2019-2020-superiores.pdf/5b1ef35e-5ea0-3fb7-8751-fdd18c70f128

● INFORME JURÍDICO EN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

Explicación del formulario

► Se trata del informe preceptivo que ha de emitir el Secretario en un expediente de contratación -en este caso de obras y utilizándose el procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación- exigido en la Disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

► Dado que un expediente de contratación -aparte de las distintas clases de contratos- supone tantos documentos, modalidades y requisitos y a su vez determinados documentos -especialmente los pliegos de cláusulas- han de contener tantos extremos, yo he elaborado en su día un modelo de informe de expediente de contratación tipo checking list, como el que adjunto, de tal manera que a la vez que se alude a los aspectos y requisitos esenciales de un expediente de contratación sirve como instrumento de comprobación de que en el expediente constan todos los documentos y requisitos exigidos. De ahí vienen las casillas en la consideración jurídica segunda.

► El formato del informe parte del supuesto de que el mismo sea favorable o, en su caso, con observaciones sobre deficiencias que puedan ser subsanadas. Sirviendo el apartado de éstas tanto para el supuesto de que se formule alguna observación sobre algún aspecto (por ejemplo, un criterio de adjudicación que se considere debería concretarse o rectificarse) como para el caso de que se observe la falta de alguno de los documentos exigidos.

Modelo

INFORME DE SECRETARÍA GENERAL nº …./ ..

                                    Materia: CONTRATACIÓN

Expediente de contratación de obras de ………………………………………………………………………..

(expte. nº … /……)

Procedimiento: abierto, con pluralidad de criterios de adjudicación.

Examinado el expediente de referencia, procede informar lo siguiente:

Legislación aplicable:

Þ Sobre el objeto del contrato: artículos 13 y 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley de Contratos)

Þ Sobre el régimen jurídico aplicable a estos contratos: artículo 25.2 de la Ley de Contratos.

Þ Sobre las actuaciones preparatorias, en general: artículos 116 y 117   de la Ley de Contratos y 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante Reglamento). En particular, en cuanto al contrato de obras: artículos 231 a 236 de la Ley de Contratos y 138 del Reglamento).

Þ Sobre el presupuesto base de licitación y el valor estimado del contrato: artículos 100 y 101 de la Ley de Contratos.

Þ Sobre el procedimiento: artículos 131 y 132 de la Ley de Contratos.

Þ Sobre el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares: artículos 122 y 124 de la Ley de Contratos y 66 a 70 del Reglamento).

Þ Sobre los criterios de adjudicación: artículo 145 de la Ley de Contratos.

Þ Sobre el órgano competente para la aprobación de este expediente: Disposición adicional segunda de la Ley de Contratos

Þ Sobre la necesidad de consignación presupuestaria y financiación: artículos 116 (apartados 3 y 5) y 117 de la Ley de Contratos.

Consideraciones jurídicas:

Primera.- Sobre el objeto y calificación del contrato.

Se califica el contrato de obras, ajustándose a lo establecido en los artículos 13 y 99 de la Ley de Contratos.

Segunda.- Sobre el cumplimiento de las actuaciones preparatorias del expediente de contratación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 231 de la Ley de Contratos y 73 del Reglamento, previamente a la aprobación del expediente de contratación se requiere lo siguiente:

– Iniciación del expediente motivando la necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la Ley de Contratos con informe razonado del Servicio que promueve la contratación, justificando adecuadamente:

-La elección del procedimiento de licitación.

-La clasificación exigida a los participantes.

-Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera

– Los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.

-El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo los costes laborales.

-La necesidad de la Entidad local a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que debe ser directa, clara y proporcional.

-[En su caso] La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato.

– Pliego de prescripciones técnicas particulares.

– Pliego de cláusulas administrativas particulares.

– El certificado de existencia de crédito y la fiscalización de la Intervención.

Además, en el contrato de obras, la legislación citada requiere, como mínimo (también con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación):

– La resolución aprobatoria del proyecto técnico e informe de la oficina de supervisión[1].

– El acta de replanteo.

En el presente caso, constan incorporados los documentos señalados con una X.

Tercera.- Sobre el procedimiento y criterios de adjudicación.

Se prevé realizar la adjudicación de este contrato mediante procedimiento abierto y con pluralidad de criterios de adjudicación. Ajustándose, en este sentido, a la legislación citada.

Cuarta.- Sobre el pliego de prescripciones técnicas y el pliego de cláusulas administrativas particulares y los criterios de adjudicación.

Dichos pliegos contienen todos los datos previstos en los artículos 122 y 124 de la Ley y 67.2 y 68 del Reglamento.

Los criterios de adjudicación se ajustan a lo establecido en artículo 145 de la Ley de Contratos.

Quinta.- Sobre el órgano competente.

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley de Contratos [y, en su caso, la resolución sobre delegación….]

– El valor estimado del contrato no supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal ni, en cualquier caso, los 6.000.000 de euros o es contrato plurianual de duración no superior a cuatro años y el importe acumulado de todas sus anualidades no supera ni el porcentaje indicado (referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio), ni la cuantía señalada. En este caso, el órgano competente es el Alcalde o Presidente [en su caso: por delegación, …………]

– El valor estimado de este contrato supera el 10 por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal o, en cualquier caso, los 6.000.000 de euros o es contrato plurianual de duración superior a cuatro años o de menor duración pero el importe acumulado de todas sus anualidades supera el porcentaje indicado (referido a los recursos ordinarios del Presupuesto del primer ejercicio), o la cuantía señalada. En este caso, el órgano competente es el Pleno [en su caso: por delegación, …………].

– Siendo éste un Municipio de gran población a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el órgano competente es la Junta de Gobierno Local [en su caso: por delegación, …………].

– Sexta.-Sobre la existencia de crédito adecuado y suficiente y fiscalización previa.

Me remito al informe de la Intervención Municipal, que es preceptivo.

Observaciones:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bajo las consideraciones [y (en su caso) observaciones)] expuestas, se informa el expediente de contratación indicado, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición adicional tercera, apartado 8, de la Ley de Contratos.

………, .. de ……………. de ….

EL SECRETARIO GENERAL


[1] El artículo 235 de la Ley dispone:

Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 233 de la presente Ley. En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo.”.

Y la disposición adicional novena, aptdo. 3, del Reglamento establece: “La supervisión de los proyectos de los Ayuntamientos…, cuando no dispusieran de oficinas de supervisión de proyectos, se llevará a cabo a petición del Ayuntamiento o Entidad, por las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de proyectos de las respectivas Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares o Comunidades Autónomas, en su caso”.

CONSULTAS

Proceso selectivo 2021 acceso por promoción interna a subescala de Secretaría, categoría superior. Preparación de casos prácticos

Consultas formuladas por algunos FHN sobre la posibilidad de que les prepare en la realización y corrección de casos prácticos para la prueba de aptitud. Informo que quien esté interesado puede contactar conmigo a través del correo electrónico joselopezvinya@gmail.com. He de limitar el número de funcionarios a preparar, por el carácter de atención personalizada. Ruego me contactéis antes del 12 de agosto

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