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LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN Mis artículos

LOS 101 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El artículo 103 de la Constitución (CE) establece que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación y con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

Sin ánimo de crítica, la CE de 1978 muestra en dicho precepto una visión muy orgánica de la Administración (por lo de la jerarquía, desconcentración, coordinación y descentralización). Aunque la premisa de que la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y legalidad resume y concentra cualquier otro, es lo cierto que la propia evolución del concepto y objetivos de la Administración, las nuevas tecnologías, los requerimientos europeos de la estabilidad presupuestaria y de control del gasto público han implicado la incorporación en las leyes de nuevos principios informadores de la actuación de la Administración, aunque se consideren derivados de aquéllos. Sin olvidar los principios que rigen en el ejercicio de las potestades administrativas.

Los 101 principios que relaciono, clasifico y referencio legalmente pueden verse en este sitio web, en la página de LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN y, clicando directamente, en la sección de PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/lo-basico-de-la-administracion/#3.-Los-principios-de-actuaci%C3%B3n-de-la-Administración

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos

¿Sabías que se aprobará un nuevo Esquema Nacional de Seguridad para el sector público y está abierto el plazo para observaciones por los ciudadanos?

Hasta el próximo jueves día 24-06-2021 está abierto a todos los ciudadanos el plazo para observaciones al proyecto de Real Decreto sobre regulación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El ENS tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el sector público y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

El proyecto es una de las medidas contenidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad, de 25 de mayo de 2021. Se pretende actualizar el vigente Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), para adaptarlo a la nueva realidad y al incremento de las ciberamenzas tanto cuantitativa como cualitativamente.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas, entre ellos el relativo a la protección de datos personales y, en particular, el derecho a la seguridad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones públicas

Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público amplía el ámbito de aplicación del ENS a todo el sector público; establece en su artículo 3, que regula los principios generales, que las Administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos personales, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados

 El objetivo de esta reforma es garantizar una mejor respuesta ante los ciberataques, así como mejorar la protección en el tratamiento de datos por el Sector Público y aquellas entidades del Sector Privado que colaboren con aquél, estableciendo unos principios básicos y unos requisitos mínimos de seguridad y medidas de protección que deberán llevarse a cabo.

Según se prevé en la Disposición transitoria, los sistemas de información de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto (cuando se publique en el BOE), dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

El texto completo del proyecto de Real Decreto y el espacio para la participación pública se encuentran a disposición de cualquier ciudadano en:

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/210615-PRD-esquema-nacional-seguridad.aspx

Puedes visitar también, en este sitio web la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA [INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA] [o clicar directamente en la sección Sabías que…?: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…? ]

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos

GUÍA RÁPIDA DE VÍAS DE RECURSO O QUEJA FRENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

¿Qué puede hacer el ciudadano si la Administración no contesta? ¿y si desestima una solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante ¿y si desestima una solicitud de acceso a información pública?

¿Cuáles son las vías de impugnación contra un acto de aplicación y efectividad de un tributo u otro ingreso de derecho público dictado por el Ayuntamiento?

¿Cómo y ante quién se pueden formular quejas por el mal funcionamiento de los servicios municipales?

¿Qué hacer si la Administración ha causado un daño al ciudadano que éste no tiene el deber legal de soportar?

¿Qué recursos de impugnación o queja tiene el ciudadano en materias tan cotidianas como el consumo, el uso de las telecomunicaciones o la protección de sus datos personales?

Estas cuestiones se analizan en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, en el apartado:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFD%C3%93NDE-IR-SI…?

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Mis artículos TRANSPARENCIA

Buen gobierno, transparencia y ausencia de objetividad

La utilización de medios públicos municipales de información con fines partidistas

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24/05/2021 (nº de recurso 142/2020, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020 por el que se impone a la Ministra portavoz una sanción de multa, por importe de 2.200 por vulneración de la prohibición que el art. 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) impone a los poderes públicos, en período electoral, de realizar cualquier acto que “contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos”), cuya sentencia del TS confirma la sanción impuesta por la Junta Electoral Central, me ha inspirado para el objeto del presente artículo.

La sentencia afirma, así mismo que se produjo una quiebra del deber de neutralidad que incumbe a los cargos públicos en período electoral.

El hecho objeto de sanción se produjo el 25 de octubre de 2019 (estaban convocadas elecciones generales) al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ese día, manifestando la recurrente, en su condición de Ministra Portavoz del Gobierno, al referirse a la reducción  del paro, que “[… significa la tasa más baja de la última década… Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita.[…]”. Ello provocó la presentación de una reclamación ante la Junta Electoral Central (JEC). Dicha reclamación, a su vez, dio lugar a la incoación de un procedimiento sancionador, que terminó con la imposición a la ahora recurrente de una sanción de multa, por importe de 2.200 €.

Al TS no le alberga ninguna duda que el contenido de la declaración realizada por la Ministra Portavoz al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros encaja perfectamente en la constante jurisprudencia acerca del deber de neutralidad de los cargos públicos durante el período electoral. Dicho de otro modo, en el presente caso no hay ningún elemento fáctico o jurídico que permita albergar una duda razonable sobre la infracción del art. 50.2 de la LOREG

La reflexión que quiero transmitir en este artículo es si, fuera del periodo electoral pueden las administraciones públicas  en general, y las Entidades locales en particular, y utilizando los medios propios de difusión de la información, no solo referirse a los logros que el Gobierno -de turno- esté consiguiendo sino, yendo más allá, hacer críticas a la oposición o al partido o grupo o grupos políticos de signo diferente. Es decir si, en este sentido, no debe predicarse el principio de neutralidad en la actuación de la Administración pública.

Ya en mi artículo del pasado 5 de mayo, en este mismo sitio, titulado “Fair play normativo, por favor” [https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/1362] criticaba y cuestionaba, con ocasión de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal (publicada en el BOE del pasado 23 de abril) la utilización en su Preámbulo de expresiones como“con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido …. en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Aunque ya hay antecedentes normativos aplicables precisamente en la Administración local, hoy la publicidad activa de las AAPP se regula en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El principio de neutralidad, junto con el de imparcialidad, es consecuencia del principio de objetividad proclamado en el artículo 103.1 de la Constitución, junto con otros, como rectores de la actuación de las Administraciones Públicas.

Abordando el tema planteado, es decir si, fuera del periodo electoral pueden las Entidades locales en particular, y utilizando los medios propios de difusión de la información, no solo referirse a los logros que el Gobierno -de turno- esté  consiguiendo sino, yendo más  allá, hacer críticas a la oposición o al partido o grupo o grupos políticos de signo diferente, para ello resulta imprescindible diferenciar entre las manifestaciones u opiniones políticas expresadas por los responsables políticos del gobierno municipal y las informaciones sobre la actividad desarrollada por dicho Gobierno y Administración; e intrínsecamente unido a ello, el medio de difusión de unas y otras.

 Respecto a lo primero, simplemente señalar que estando constituidos los gobiernos por representantes de partidos políticos y siendo uno de las estrategias de éstos criticar a los partidos o miembros de los partidos contrarios o distintos a su ideología pues es lícito y legítimo que aquéllos manifiesten dichas críticas. Es más, cada día estamos más acostumbrados a escuchar y ver en los parlamentos y en las sesiones de los Plenos municipales arduas batallas dialécticas, duras críticas, reprimendas, abucheos, reprobaciones… habitual en la propia acción política; aunque muchas veces el ciudadano de a pie se pregunta -nos preguntamos- si no debería utilizarse más tiempo en planificar, realizar proyectos y llevar a cabo las actividades y competencias que la ley asigna a los municipios, ganando ese tiempo del utilizado para la crítica al contrario. Pues bien, estas críticas, manifestaciones, debates… se llevan a cabo en las sesiones parlamentarias, en este caso -ya que nos referimos a los Ayuntamientos- en las sesiones plenarias. O, en su caso, en declaraciones, entrevistas o reportajes que pudieran publicarse en algún medio de comunicación escrito, radiofónico o audiovisual.

Pero no me refiero a lo anterior, sino a la información sobre la actividad desarrollada por el Gobierno y la Administración municipal o, lo que es lo mismo la publicidad activa a que obliga la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Ya el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) dispone que “las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Y uno de los Reglamentos que desarrolla dicha ley, el de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) establece en su artículo 230 que debe existir en la organización administrativa de la entidad una Oficina de Información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el artículo 229, así como el resto de la información que la misma proporcione, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. La publicidad a que se refiere el artículo 229 contempla la información de 

-Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno, que se transmitirán a los medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad

-Publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delegación dicten los Delegados

Añadiendo en su apartado 3 que a tal efecto, además de la exposición en el Tablón de Anuncios de la entidad, podrán utilizarse los siguientes medios:

a) Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un Boletín informativo de la entidad.

b) Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de la entidad.

Una versión más moderna y completa que la prevista en el ROF es la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que obliga a las entidades que integran la Administración local a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública (artículo 5.1 en relación al artículo 2.1) y, en concreto Información institucional, organizativa y de planificación, Información de relevancia jurídica e  Información económica, presupuestaria y estadística (todo ello en los términos y con la extensión que detallan los artículos 6, 7 y 8).

Y digo más moderna y completa es la LTAIBG porque además de abarcar un ámbito más amplio de la información a publicar (además de la citada en el ROF), en lo que se refiere a los medios de difusión -sin descartar el tablón de edictos, un boletín informativo municipal o los medios de comunicación social de la localidad, el artículo 5.4 de la mencionada LTAIBG exige que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web [“portal de internet”, según los términos utilizados por el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)] y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables; debiendo establecerse además los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. Está bastante generalizada la utilización por las Entidades locales de un “portal de transparencia” al igual que exige el artículo 10.1 para la Administración General del Estado.

AsÍ pues, tenemos quién (la Entidad local), qué información (la indicada tanto en el ROF como en la ley de transparencia citada), dónde (en el portal de internet de la Entidad local, a través del cual se accede a la sede electrónico y en su caso al portal de transparencia). Resta por indicar el cómo, es decir bajo qué reglas y principios debe realizarse esa información:

-Por un lado, conforme al artículo 38.2 LRJSP exige la actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

-Por otro lado, la LAITBG establece en su artículo 26 los principios de buen gobierno que deben seguir los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales los cuales deben observar en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico. [Recordemos que conforme al artículo 103.1 CE la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales]

También establece el artículo 26 de la “ley de transparencia” que los cargos públicos mencionados deben adecuar su actividad a determinados principios generales, entre ellos:

Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, …… y con el objetivo de satisfacer el interés general.

Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

Por consiguiente, y en conclusión:

En lo que se refiere a la actividad administrativa de información al ciudadano y, en definitiva, cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (transparencia), en el portal de internet (web municipal, sede electrónica, portal de transparencia) y dados los principios de buen gobierno (que informan además la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en la “ley de transparencia”), vulneraría el principio de objetividad la inserción en dichos medios de difusión de críticas a la actuación de otro u otros partidos, grupos políticos, instituciones, cargos públicos o personas en general

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¿DE QUÉ SE HABLA CUANDO SE HABLA DE PRUEBAS MEMORÍSTICAS?

EL ACTUAL SISTEMA DE OPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: FORTALEZAS Y PROYECTOS DE MEJORA.

Tratando humildemente de emular a Haruki Murakami en el título de su extraordinario y pedagógico libro “De qué hablo cuando hablo de correr”, he puesto el título de este post. Lo que ocurre es que -a diferencia del libro de Murakami, que cuenta sus reflexiones, anécdotas, consejos y sensaciones en relación a la práctica del running- en este artículo no voy a escribir sobre todo lo que rodea a las pruebas memorísticas. Fíjense que el título es una interrogación. Por ello, lo que planteo es una reflexión, a modo de crítica, sobre algo que está de plena actualidad en relación a las pruebas de acceso a la Administración Pública -pruebas que sin duda alguna deben perfeccionarse, agilizarse, corregir defectos y en definitiva lograr también la plena eficacia en este campo de actuar de la Administración- actualidad puesta de manifiesto desde el Ministerio competente en materia de Función Pública. Y no me refiero a los cambios proyectados en el sistema de oposiciones (que ya he dicho deben perfeccionarse y mejorarse), los cuales poco a poco se irán desgranando, concretando y en su caso materializando sino a la idea, en el sentido de estigma pernicioso o negativo, de que hasta ahora predominan las “pruebas memorísticas” -aparte de otros aspectos que deben corregirse, a los que más adelante aludiré-, al menos ese es el poso que a mí me ha dejado, y creo que a muchos lectores de este blog y ciudadanos en general tras los titulares aparecidos en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el legítimo ánimo de desmontar ese poso o estigma negativo que tal aseveración provoca, trataré de demostrar por medio de ejemplos, con bases de pruebas selectivas en la mano, cómo no es así. Analizamos las bases de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional convocadas por Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo.

Para el ingreso en la citada Escala de funcionarios es preciso estar en posesión de los títulos de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. Por lo que el ejemplo creo resulta bastante revelador. El resumen del tipo de ejercicios y puntuación que se otorga es el siguiente:

Primer ejercicio: Tema de carácter general Consiste en desarrollar por escrito en el plazo máximo de 90 minutos, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre dos propuestos por el tribunal en relación con los contenidos del programa. Se califica de 0 a 16 puntos, y es necesario para aprobar obtener como mínimo 8 puntos.

Se valora la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento.

Segundo ejercicio: Examen oral Consiste en exponer oralmente, durante un tiempo máximo de 40 minutos, cuatro temas extraídos al azar entre los comprendidos en el programa; dos temas de la parte general entre tres extraídos al azar y dos temas de la parte específica del programa extraídos al azar. Se califica de 0 a 24 puntos, y es necesario para aprobar obtener como mínimo 12 puntos.

Se valora el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70 por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 20 por ciento, y la capacidad de expresión oral, un 10 por ciento.

Tercer ejercicio: Supuesto práctico Consiste en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, referentes a las funciones de Secretaría que el tribunal determine, durante un periodo máximo de 3 horas. Se califica de 0 a 24 puntos y es necesario para aprobar obtener como mínimo 12 puntos.

Se valora la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados

Cuarta: Prueba complementaria de idiomas Su realización tiene carácter voluntario y consiste en efectuar, por escrito, traducciones directas e inversas, sin diccionario, de una sola lengua que tenga carácter oficial en las Comunidades Autónomas o un solo idioma extranjero, a elegir entre francés o inglés por el aspirante en su solicitud. Se elegirá un idioma: lengua oficial de las diferentes comunidades autónomas, francés, o inglés. Puntuación: de 0 a 1 punto, sin que sean puntuables aquellas pruebas en las que los aspirantes no obtengan, al menos, 0,70 puntos.

Curso selectivo: Tendrá una duración de, al menos, 1 500 horas lectivas. El curso selectivo se califica de 0 a 35 puntos, y es necesario para superarlo obtener, como mínimo, 20 puntos

El curso tiene como finalidad proporcionar a los aspirantes la formación y capacitación suficiente para la adquisición de conocimientos y, especialmente, de habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo. Tendrá una duración de, al menos, 1.500 horas lectivas.

El carácter selectivo del curso exige la asistencia a las clases y actividades que se impartan en su desarrollo y la superación por los aspirantes de pruebas teóricas y prácticas sobre conocimientos y competencias de las materias impartidas y requeridas para sus puestos de trabajo.

En resumen:

Ejercicio / valoración / puntuación

1º ejercicio. Tema de carácter general / la capacidad y formación general,  la claridad de ideas,  la precisión y rigor en la exposición,  la calidad de expresión escrita / De 0 a 16 puntos (mínimo 8 puntos para aprobar).

2º ejercicio. Examen oral / el volumen y comprensión de los conocimientos,  la claridad de ideas,  la capacidad de expresión oral / De 0 a 24 puntos (mínimo 12 puntos para aprobar)

3º ejercicio. Supuesto práctico / la capacidad de análisis, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados / De 0 a 24 puntos (mínimo 12 puntos para aprobar)

Curso selectivo / Superación de pruebas teóricas y prácticas sobre conocimientos y competencias de las materias impartidas y requeridas para sus puestos de trabajo. (Recuérdese que es objeto del curso selectivo proporcionar la formación y capacitación suficiente para la adquisición de conocimientos y, especialmente, de habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo) / De 0 a 24 puntos (mínimo 12 puntos para aprobar).

Es decir, 40 puntos mínimo debe obtener el opositor en las pruebas no exclusiva ni predominantemente memorísticas, frente a los 12 puntos de la prueba (el examen oral) que puede considerarse predominantemente memorística. Aunque, ojo, que en éste, a la hora de “poner nota” a la exposición del contenido que debe saberse “de memoria” se pondera no solo el volumen de los conocimientos sino también la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

Por consiguiente, solo un 23,07% de la puntuación mínima total corresponde a prueba estrictamente memorística. Debiendo concluirse que estas oposiciones no están basadas en pruebas de carácter exclusivamente memorístico.

Repárese en que además del ejercicio “memorístico” (es decir, el examen oral del 2º ejercicio) que supone menos de la cuarta parte de la puntuación total, en el primer ejercicio, consistente en el desarrollo de un tema general se valora la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, cualidades todas éstas que ¿acaso no se estiman adecuadas para un funcionario público? En el tercer ejercicio, supuesto práctico, y al que se atribuye la misma puntuación que al ejercicio “memorístico”, se valora la capacidad de análisis y, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados … ¿acaso alguien se atreve a cuestionar estos criterios de valoración de los aspirantes? Finalmente el curso obligatorio de al menos 1.500 horas lectivas en el que los aspirantes reciben la formación y capacitación suficiente para la adquisición de conocimientos y, especialmente, de habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo, en cuyo curso se valora la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre los conocimientos y competencias de las materias impartidas y requeridas para los puestos de trabajo: ¿acaso este curso selectivo es memorístico en los términos en que está planteado?

Hasta aquí el análisis, a través de un ejemplo, del prototipo actual de oposiciones a cuerpos o escalas del subgrupo A1, es decir para las que se requiere la posesión de título Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado

Finalmente, una breve referencia a otros argumentos o, más bien titulares de prensa, sobre la reforma que se hará en el sistema de oposiciones. No conocemos hasta la fecha los cambios que en concreto habrán de materializarse en las Bases de las oposiciones. Pero a la luz de los titulares de prensa, nos encontramos:

-Se quejan opositores de la dureza y que no se cubren las plazas, que se necesitan dos años de preparación. Aquí como puede haber opiniones para todos los gustos, lo dejo para las reflexiones del lector. Yo solo apunto: ¿se trata de disminuir los temarios? podría hacerse. ¿No será que ahora se quiere acceder por la vía rápida, con menos esfuerzo? Siempre ha ocurrido que en alguna convocatoria algunas plazas no se cubren, ¿no será porque el nivel estaba bajo por parte de quienes no superaron cada ejercicio? ¿Y si “se levanta la mano” para que se cubran necesariamente las plazas no podrán quejarse después los responsables políticos o los ciudadanos de que se encuentran con personal no suficientemente preparado?

-El Ministerio habla de convocar todos los años. Y realizar dos pruebas el mismo día. Respecto a lo primero, perfecto. Sobre lo segundo: no hay ningún problema (en principio, ya que a ver cómo se articula de forma que para hacer la segunda prueba ya esté calificada la primera), pero ¿y no se quejarán entonces los opositores -de nuevo-sobre la dureza de la oposición?

-Se va a reforzar el carácter selectivo de los cursos hacia la formación en competencias y en valores públicos e institucionales y que preparan a los empleados públicos para el puesto que van a desarrollar. Me parece perfecto.

-Es necesario avanzar en la profesionalización y cualificación técnica de los órganos de selección y dotar de mayor transparencia la designación de los tribunales. Ayer mismo, día 1 de junio de 2021 se publica en el BOE la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran los miembros de la Comisión Permanente de Selección. Pues aváncese en la profesionalización y cualificación técnica y en la transparencia en la designación de los tribunales.

– Transición desde el predominio de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias de las personas aspirantes. Sobre esto, ya he puesto sobre la mesa, a través de un ejemplo, la situación real en la actualidad. ¿Que -siguiendo el ejemplo- se puntúe menos, “pese” menos, el examen oral sobre contenidos y se valoren y “pesen” más los demás ejercicios, incluido el curso selectivo? Pues perfecto. Ahora bien, y con esto finalizo:

Si alguien está pensando en convertir la prueba selectiva en una entrevista y/o que se considere mérito la prestación de servicios como personal eventual de confianza, pues que se olviden: solo recordar los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución; la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 octubre 2020, Rec. 1342/2018, proclamando que la fase de oposición en un proceso selectivo no puede reducirse a una entrevista personal que verse sobre aspectos del curriculum; y el artículo 12.4 del TRLEBEP (Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) que dispone que la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.