Categorías
DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Formularios, consultas y sugerencias Mis artículos

Formularios: REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones es un órgano de preceptiva existencia en los municipios sujetos al régimen especial de gran población regulado en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), así como -en virtud de lo previsto en el artículo 20.1 d) de ésta- en aquellos otros en que así se acuerde por el Pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o cuando así lo disponga su Reglamento orgánico

El artículo 132 LRBRL lo configura como un órgano para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. Puede supervisar la actividad de la Administración municipal, y debe dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal, pudiendo realizar también informes extraordinarios cuando la gravedad o la urgencia de los hechos lo aconsejen. Finalmente se establece que para el desarrollo de sus funciones, todos los órganos de Gobierno y de la Administración municipal están obligados a colaborar con esta Comisión Especial.

Sin embargo, además de dichas normas orgánicas y de funcionamiento de esta Comisión Especial, no se prevé en la legislación de régimen local el procedimiento de tramitación, siendo muy conveniente una regulación específica municipal adecuándose a las peculiaridades de la organización administrativa propia. A modo orientativo, se adjunta modelo de regulación del procedimiento de tramitación. Véase aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/formularios-consultas-y-sugerencias/#regulacion-del-procedimiento-de-sugerencias-y-reclamaciones

VÉASE LA PÁGINA DE FORMULARIOS, CONSULTAS Y SUGERENCIAS, aquí: https://wordpress.com/page/blogdejoselopezvinyaaldia.com/305

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Novedades normativas: LEYES DE PRESUPUESTOS GRALES. DEL ESTADO 2022 Y DE MEDIDAS PARA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

En el BOE de hoy, 29 de diciembre de 2021, se publican las siguientes leyes:

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20/dof/spa/pdf

Sin perjuicio de sucesivos artículos o comentarios que haré sobre estas Leyes, pueden verse estas otras entradas que publiqué en este sitio web sobre las materias indicadas en lo que afecta a la función pública, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

Categorías
Mis artículos

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, TAMBIÉN EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. EL TRABAJO SILENCIOSO PERO EFICAZ

REFERENCIAS NORMATIVAS:

►Artículos 103.1 CE y 3.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

►El mismo artículo 3.1 de la LRJSP añade que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión.

e) Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestión pública.

g) Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

k) Cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

►El apartado 2 del citado artículo 3 LRJSP establece el medio electrónico para la relación entre las AAPP y el apartado 3 del mismo dispone que la actuación de cada Administración Pública se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico

►Por otra parte, el artículo 4 LRJSP fija los principios de intervención de las AAPP para el desarrollo de una actividad: principio de proporcionalidad, motivación de su necesidad para la protección del interés público y justificación de su adecuación para lograr los fines que se persiguen, no trato discriminatorio y evaluación periódica de los efectos y resultados obtenidos.

Pues bien, para el desarrollo y la aplicación de los principios generales de las Administraciones públicas contamos como antecedentes:

⁕ El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado (AGE) [https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/07/29/951], cuyo objeto es el diseño de un marco general para la mejora de la calidad en la AGE que permite integrar de forma coordinada y sinérgica una serie de programas básicos para mejorar continuamente los servicios, mediante la participación de los distintos actores interesados: decisores políticos y órganos superiores, gestores y sociedad civil ⁕ La Resolución de 11 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se aprueban directrices para la aplicación de los programas del marco general para la mejora de la calidad en la AGE establecido en el Real Decreto antes citado [https://boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21334.pdf ]

En concreto, mediante esta reciente Resolución se aprueban las guías para el desarrollo y aplicación de los programas del marco general para la mejora de la calidad siguientes y que se encuentran disponibles en la página web de calidad de la Dirección General de Gobernanza Pública de la Secretaría de Estado de Función Pública, a través del siguiente enlace: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias.html

Análisis de la demanda y evaluación de la satisfacción de los usuarios

Cartas de Servicios

Quejas y sugerencias

Evaluación de la calidad de las organizaciones

Reconocimiento a la excelencia y premios a la calidad e innovación en la gestión pública

GUÍAS ESPECÍFICAS PARA LAS ENTIDADES LOCALES

Además de las guías que desarrollan los programas del Marco General para la mejora de la Calidad en la AGE, existen también guías específicas para las Entidades Locales. Así:

Marco común sobre las Cartas de Servicios en las Administraciones Públicas Españolas (2015): https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/Marco-Comun-Cartas-Servicios.html

Guía para la elaboración y gestión de una carta de servicios en la Administración Local: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/carta-local.html

Guía de modelos de evaluación para la Administración Local: https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/evaluacion-local.html

Guía para la Evaluación de la Calidad de los Servicios Públicos (2009): https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/Metodologias-y-Guias/Evaluacion-Calidad-2009.html

REFLEXIÓN FINAL

La puesta en práctica de los principios de actuación arriba indicados, derivados de la Constitución española, no pueden ser “flor de un día” y exigen para su consolidación en cada una de las AAPP, incluídas por tanto las Entidades Locales (y quizás con mayor motivo al tratarse de la Administración más cercana al ciudadano) una labor de planificación, de método y de evaluación periódica.

Se que los instrumentos indicados exigen una clara voluntad política, así como una organización administrativa con directivos adecuados, capacitados y con dotes innovadoras. Y regulación con vocación de permanencia, independientemente del color político gobernante.

Pero su aplicación práctica y en definitiva la mejora de la calidad de la Administración será percibida de buen agrado por el ciudadano

Yo apuesto por la innovación, la mejora y simplificación constante de los procesos administrativos y en definitiva por un servicio al ciudadano de calidad

OTROS ARTÍCULOS RELACIONADOS QUÉ PUBLIQUÉ EN ESTE SITIO WEB:

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/better-regulation-versus-mala-reputacion/

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/05/03/fair-play-normativo-por-favor/

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/11/consejos-para-hacer-un-informe-juridico/

˜ https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

NORMATIVA AL DÍA: CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN 2021 / SISTEMA DE CLAVE CONCERTADA PARA ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL CATASTRO

POBLACIÓN. Cifras oficiales de población 2021

Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021

Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021, en cada uno de los municipios españoles

Ver el texto completo de la disposición, en la que consta la cifra de población de cada provincia, ciudad autónoma, comunidad autónoma e islas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21293.pdf

Puede accederse aquí al detalle de cada municipio en la web del INE: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Catastro. Firma electrónica mediante clave concertada para actuaciones en la Sede Electrónica

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro

La Dirección General del Catastro, a través de su Sede Electrónica Asociada, utiliza como sistema de identificación y firma electrónica, además de los certificados electrónicos reconocidos o del Documento Nacional de Identidad electrónico, un sistema de firma electrónica de clave concertada aprobado mediante Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio [[puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2010/07/29/eha2219 ]

La constatación de una demanda, cada vez más acuciante, de servicios no presenciales por parte de los ciudadanos que no están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, exigen las mayores facilidades para iniciar y completar electrónicamente los procedimientos administrativos en los que resultan interesados

Como consecuencia de esta modificación la clave concertada tiene una validez constreñida a un tipo de actuación determinado y para un plazo de tiempo predefinido y delimitado, de manera que no es posible su utilización como medio de firma electrónica fuera de dicho ámbito y del plazo temporal fijado.

Pero a partir de esta Orden este sistema vuelve a permitir a los usuarios acceder a una consulta general del estado de tramitación de todos los procedimientos o de todos los inmuebles de su titularidad.

Puede verse el texto completo de esta disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1423

Categorías
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Pruebas selectivas acceso a categoría superior subescalas de FHN, Secretaría e Intervención-Tesorería: TRIBUNAL CALIFICADOR, LISTA DEFINITIVA ADMITIDOS Y CRONOGRAMA ORIENTATIVO

Por Ordenes del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 17 de diciembre, publicadas en el BOE del 23 de diciembre de 2021, se publican los Tribunales Calificadores, listas definitivas de excluídos y admitidos de las pruebas selectivas indicadas. Así mismo, el INAP publica en su sede electrónica el programa orientativo de las pruebas

SECRETARÍA:

► Tribunal Calificador:

Presidente:

Titular: Gloria Rodríguez Marcos. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (FHN).

Suplente: Antonio Iglesias Moreno. Escala de FHN.

Vocales:

Titulares:

José Manuel Rodríguez Álvarez. Escala de FHN.

Ana Martínez Fernández. Escala Superior de Técnicos de Tráfico.

Francisco Javier Colino Gil. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

Suplentes:

Mónica Miriam Laborda Farrán. Escala de FHN.

Lina Zein Gómez De Las Heras. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

Álvaro Jesús del Blanco García. Cuerpo Superior de Gestión Catastral.

Secretario:

Titular: Felipe José Vilches García. Cuerpo de Letrados Consistorial. Administración Local.

Suplente: Judit Hernández Largacha. Cuerpo de Letrados Consistorial. Administración Local

► Lista definitiva de ADMITIDOS:

Ver aquí: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1943715/listado-definitivo-seal-sup_154AB89SD658.pdf/dffd2cba-8684-2ec6-dd51-0a6b40be3d36

► Cronograma orientativo:

Fase de concurso: Enero 2022

Prueba de aptitud: Marzo 2022

INTERVENCIÓN-TESORERÍA:

► Tribunal Calificador:

Presidente:

Titular: Sergio Enrique Álvarez García. Escala de FHN.

Suplente: Cristina Sanz Vázquez. Escala de FHN.

Vocales:

Titulares:

Isabel Apellániz Ruiz de Galarreta. Escala de FHN.

Alberto Albarrán Machín. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración Local.

María Eugenia Gil Díaz. Escala de Técnicos Superiores Especializados de Organismos Públicos de Investigación.

Suplentes:

María Fátima Lozano Villavieja. Escala de FHN.

Paloma Marmolejo Gil. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Octavio Martínez Rodríguez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Secretario:

Titular: Elina Dimitrova Kerelezova. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración Local.

Suplente: Javier Escorihuela Durán. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

► Lista definitiva de ADMITIDOS:

Ver aquí: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1943720/listado-definitivo-de-admitidos-ital-sup_154AB89SD658.pdf/4ac37773-ded1-55c2-9033-33dcd9926c04

► Cronograma orientativo:

Fase de concurso: Enero 2022

Prueba de aptitud: Marzo 2022

[Ver más NORMATIVA L DÍA, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA ]

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN Mis artículos

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL: ASPECTOS RELEVANTES Y POSIBLES COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El BOE del día de hoy, 21 de diciembre, publica la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

Antes de referirme a los aspectos procedimentales más relevantes, que pueden afectar a las Entidades Locales en el caso de que suscriban convenio con el INSS, conviene sintetizar la Exposición de Motivos de la Ley :

Mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional

Las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía han ido configurando hasta ahora diferentes modelos de políticas de rentas mínimas, cuyos sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de crecimiento.

 Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas y falta cobertura

A la vista de lo anterior, la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, confirman la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde esta Ley, aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Gobernanza compartida (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales)

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades locales, persigue un doble objetivo:

–Lograr un despliegue más efectivo de la política de cara al ciudadano. La implicación de comunidades autónomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública.

— Consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Enfoque constitucional del ingreso mínimo vital (IMV):

A partir del artículo 41 de nuestra Constitución (CE), la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994).

 De un lado, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 CE en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad Social ocupa «… una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad…», con la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su protección se ha de hacer «… teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).

Finalmente, justifica esta Ley que “más allá de la dimensión coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «… cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981)”.

Contenido de la Ley:

–El objeto, el concepto y naturaleza y características se regulan en el capítulo I.

 –El ámbito subjetivo (es decir, quiénes pueden ser beneficiarios) en el capítulo II

— La acción protectora (es decir los aspectos relativos a la prestación económica en sí) es objeto del capítulo III

–El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y resolución del ingreso mínimo vital.

Respecto a ello, señala la Exposición de Motivos que “con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales a disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las Comunidades Autónomas y Entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio”.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos.

–El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.

Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la cooperación y colaboración con otros órganos de la Administración, con Comunidades Autónomas y EELL, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción Social, mediante la firma de convenios de colaboración, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.

–El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social

–Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones.

–El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.

Así mismo, la ley consta de 10 Disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias y 12 disposiciones finales

La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las Entidades locales en la iniciación e instrucción del procedimiento del IMV, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

En lo que se refiere al Procedimiento debe destacarse:

● La competencia para el reconocimiento de esta prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Mediante convenio (conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) las Entidades locales podrían encargarse de la iniciación la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente. Pero el ejercicio de tales funciones por las EELL, no requerirá los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es decir los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

El órgano competente para resolver será en todo caso el INSS

El plazo máximo de resolución del procedimiento es de seis meses

En caso de no resolución en plazo, se entiende desestimada la solicitud

La regulación procedimental es la siguiente

Artículo 24. Normas de procedimiento.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

[El apartado 3 de dicho artículo 129 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, una vez transcurrido el plazo máximo para dictar resolución y notificarla fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo].

Artículo 25. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración interadministrativa.

1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.

2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.

3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 26. Iniciación del procedimiento.

El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 27. Solicitud.

1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.

2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.

3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.

Artículo 28. Tramitación.

1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.

La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o informáticos.

3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Entrada en vigor: el 1 de enero de 2022

Texto íntegro de la Ley, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf

[Pueden verse más novedades normativas aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DIA ]

Categorías
DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: PARTICULARIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y SANCIONADOR

Es objeto del Capítulo VII de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/] :

– El régimen jurídico y el procedimiento de responsabilidad patrimonial.

– Respecto a la potestad sancionadora se tratan exclusivamente los aspectos procedimentales ya que su régimen jurídico y principios informadores son objeto del Capítulo III del libro «Régimen jurídico, competencial y organizativo de las Entidades Locales» de la misma colección “Todo Administración Local”.

Las particularidades de los dos tipos de procedimientos que son objeto del presente Capítulo no se limitan a aquéllas que vienen así denominadas en algunos preceptos de la LPAC sino también analizo aquellas otras que o bien son específicas de los mismos o bien se trata de trámites o instituciones jurídicas relevantes: así, los derechos de las personas y los interesados, los vicios del acto administrativo, los plazos máximos de resolución, los órganos competentes en las Entidades locales, etc.

El índice de apartados de este Capítulo VII es el siguiente:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

1. Normativa aplicable a la responsabilidad patrimonial de las EELL

2. Requisitos y principios de la responsabilidad patrimonial

3. Régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración

3.1. Supuestos

3.2. Reglas sobre la indemnización

3.3. Responsabilidad concurrente de las AAPP

3.4. Prescripción del derecho a la responsabilidad patrimonial

4. Derechos de las personas y los interesados y el procedimiento de responsabilidad patrimonial

5. Los requisitos de los actos administrativos y el procedimiento de responsabilidad patrimonial

6. Los vicios del acto administrativo y el procedimiento de responsabilidad patrimonial

7. La iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial

7.1. Requisitos de la iniciación a instancia de parte interesada

7.2. Peculiaridades de la iniciación de oficio

8. La instrucción del procedimiento de responsabilidad patrimonial

9. La terminación del procedimiento de responsabilidad patrimonial

9.1. Modos de terminación

9.2. Resolución expresa o terminación convencional

9.3. Órgano competente

9.4. Plazo máximo de resolución y efectos del silencio

10. Supuestos de responsabilidad concurrente de varias AAPP

11. La tramitación simplificada en el procedimiento de responsabilidad patrimonial

III. PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES

1. Régimen jurídico, concepto y principios de la potestad sancionadora

2. Normativa aplicable a los procedimientos sancionadores. Especial referencia a la Administración local

3. Derechos de las personas y los interesados y el procedimiento sancionador

4. Los requisitos de los actos y expedientes administrativos y el procedimiento sancionador

5. Los vicios del acto administrativo y el procedimiento sancionador

6. El inicio del procedimiento sancionador

6.1. Actuaciones previas

6.2. Órgano competente en la Administración local

6.3. Singularidades de la iniciación del procedimiento sancionador

6.4. Contenido y traslado del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador

6.5. Medidas provisionales

7. La fase de instrucción en el procedimiento sancionador

7.1. Características generales

7.2. Los trámites esenciales

7.3. La propuesta de resolución

8. La terminación del procedimiento sancionador

8.1. Órgano competente en la Administración local

8.2. Actuaciones previas a la resolución

8.3. Contenido de la resolución

8.4. Otros supuestos de finalización del procedimiento

8.5. Plazo máximo de resolución

8.6. Efectos del silencio

9. Tramitación simplificada

10. La fase de ejecución en el procedimiento sancionador

Categorías
DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

FUNCIÓN PÚBLICA: LA PREVISIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE DOS NORMAS DE PRÓXIMA APROBACIÓN. Inicua es la ley que a todos igual no es

Primera ley:

Disposición Final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que modifica el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [LRBRL].

El texto hasta ahora vigente del apartado 7 de la disposición adicional segunda de la LRBRL [ver, en este sitio web, el texto completo: https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con] dice:

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos.

 que quedará redactado como sigue:

“7. …….., teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”.

Debo recordar que en el artículo 92 bis de la LRBRL [no olvidemos que es una ley básica de competencia exclusiva estatal] se establece, en síntesis:

El apartado 1 fija las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional [FHN] (es decir, las de Secretaría y el control y las de fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación).

Los aptdos 2 y 3 regula, dentro de la citada escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional las distintas subescalas y categorías

El aptdo 4 atribuye al Gobierno, la regulación mediante real decreto, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a FHN así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas

El apartado 5 atribuye igualmente al Estado la aprobación de la oferta de empleo público, la selección, la formación y la habilitación de los FHN, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.

El apartado 6 atribuye también al Gobierno, mediante real decreto, la regulación de las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a FHN.

A las Comunidades Autónomas se atribuye en el apartado 7 los nombramientos provisionales de FHN, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental todo ello de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado,

El apartado 8 establece una condición de permanencia en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años

El apartado 9 regula el Registro de FHN

Los apartados 10 y 11 los órganos competentes para la incoación, instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios

Por consiguiente, esta modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local supondrá que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la selección, la oferta pública de empleo y la provisión para las plazas de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional corresponderá a la administración autonómica. Es decir, todo

Como se observará fácilmente con esta modificación legislativa y respecto a las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL), resulta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las facultades, todas las competencias, respecto a los mismos, corresponderá a la Administración de dicha Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el contenido de las Leyes de Presupuestos, según la función y los límites materiales derivados de su regulación constitucional. Así, por ejemplo, la Sentencia 206/2013, de 5 diciembre, o la Sentencia 217/2013, de 19 de diciembre.

Se que todo tiene que ver de forma directa o indirecta con los gastos e ingresos. Pero considero que conforme a la propia doctrina sentada por el mismo, el Tribunal Constitucional no puede apreciar, respecto a la Disposición Final primera antes indicada, su carácter inmediato y directo, ni tampoco su relación evidente con la ejecución del gasto público presupuestado.

Además, el principio de igualdad, ya recogido en el artículo 1 de la Constitución como valor supremo del ordenamiento jurídico, se proclama en el artículo 23.2 como uno de los derechos de todos los ciudadanos en cuanto al acceso a las funciones y cargos públicos. Difícilmente puede compatibilizarse constitucionalmente unas condiciones diferentes de acceso a la Escala de FHN en el territorio del País Vasco y en el resto de los territorios del Estado español con el mencionado principio de igualdad, que recordemos es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, con todo el respeto a los Sres. legisladores, considero que, como suele decirse “blanco y en botella”, es decir la inconstitucionalidad está servida.

Segunda ley:

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio) [Ver el texto de dicho Real Decreto-ley aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/con]

Disposición adicional sexta del Proyecto de Ley. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración:

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Nuevamente nos encontramos, a mi juicio, con la evidente vulneración del principio de igualdad. Me remito a mi artículo publicado en este blog el pasado 14 de noviembre: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

Si a ello unimos, en lo que a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (FHN) la prevista integración de los interinos en la Escala de habilitados (véase lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local antes aludido) se produce además una injusta, irregular, desproporcionada y en ningún caso justificada integración en una Escala de funcionarios de personal que no reúne los requisitos exigidos para que cualquier ciudadano en general, y me refiero a los opositores en particular, pueda realizar de forma permanente las funciones reservadas.

Decía hace cuatro siglos el escritor español Agustín de Rojas que “inicua es la ley que a todos igual no es”.

Y que razón tenía.

Al tiempo.

 

Categorías
Mis artículos NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE DENEGACIÓN DE PROLONGACIÓN DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN NACIONAL

Por más que supone un gran motivo de satisfación personal al tratarse el aquí bloguero el funcionario afectado al suponer la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 29 de noviembre de 2021 la estimación de mi recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia que había dictado un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y por consiguiente la anulación de los actos administrativos denegatorios de mi solicitud de prolongación en el servicio activo, considero que resulta de especial interés para los funcionarios en general y para los habilitados nacionales en particular y ello por lo siguiente:

En primer lugar, recordar que, por un lado, leía hace unos meses en un foro de Habilitados Nacionales que algún compañero lanzaba la pregunta de si los funcionarios tendríamos derecho a la prolongación en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación. Así mismo, escuchaba en una sesión plenaria de un Ayuntamiento que un Concejal (de la oposición) al hilo de un debate en el que el mismo cuestionaba precisamente una denegación de este tipo, afirmaba no obstante -dirigiéndose al equipo de gobierno-: «ya se que ustedes pueden hacerlo» [se refería a denegar la solicitud de prolongación]

Pues bien: ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni existe un derecho incondicionado del funcionario a obtener la prórroga en el servicio activo ni puede la Administración denegar, bajo cualquier motivación, la solicitud del funcionario.

Y ésto es lo que viene a sentenciar, con otras palabras (al texto literal del fallo judicial me remito, por supuesto) en el presente caso.

Este bloguero (y funcionario afectado) vió pasar por sus ojos -gracias a los compañeros y amigos que me las enviaban- diversidad de sentencias de tribunales superiores de justicia, o del Tribunal Supremo en relación al controvertido tema de la solicitud de funcionario de prolongación de la permanencia en el servicio activo. Naturalmente, también la última doctrina del Tribunal Supremo (así las Sentencias de 22 de diciembre de 2020 y de 18 de enero de 2021). Sin embargo, siendo consciente de ella, no me acababa de convencer que la motivación dada en las resoluciones administrativas que me denegaron la prórroga pudiesen encajar en dicha corriente jurisprudencial.

A continuación veremos tanto la última doctrina jurisprudencial como la «motivación» dada en mi caso.

Y es que -por eso aludo al especial interés para los funcionarios en general y para los habilitados nacionales en particular- si el pronunciamiento judicial del Tribunal Superior de Justicia fuese desestimatorio, cualquier órgano de la Administración Pública (en este caso, cualquier Alcalde) lo tendría fácil para denegar la prórroga al Secretario, o al Interventor o cualquiera otro de los puestos obligatorios en una Entidad local a cubrir por Funcionario con Habilitación Nacional: solo tendría que copiar la «motivación» dada en mi caso para justificar la denegación.

Sin embargo, el TSJM ha dicho que no, que eso de que «es el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa, dentro de esa renovación se encuentra la figura del Secretario ya que 15 años es un periodo más que suficiente para desarrollar todo un programa directivo y consideramos que es el momento de que otras personas puedan presentar un nuevo proyecto atractivo e innovador para mantener la Secretaría en constante evolución y actualización, que presente nuevas ideas y que permita que nuestra Secretaría General siga siendo el motor de la actividad del Ayuntamiento» no deja de ser una mera invocación genérica a una hipótesis de renovación sin sustento de base fáctica que determine la necesidad de dicho impulso y sin contraste de la supuesta incapacidad del recurrente para poder llevar a cabo algo que no se sabe qué puede ser ya que ni se conocen cuáles han de ser esas nuevas ideas, ni en qué se han de mejorar las estructuras administrativas y cómo éstas pueden influir en un Cuerpo nacional como es el de los Secretarios de Ayuntamiento.

En fin, para una más fácil lectura, resumo a continuación los datos y fundamentos esenciales, además del fallo, de la Sentencia:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada en el Recurso de Apelación 1044/2021 interpuesto por don José López Viña, contra la Sentencia de 28 de junio de 2.021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 348/2020. Siendo parte apelada el Ayuntamiento de Móstoles

El apelante, don José López Viña, Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, que cumplió los 65 años de edad el 24 de agosto de 2019, solicitó la prolongación de la permanencia en el servicio activo durante un año, siéndole concedida mediante Decreto de Alcaldía de 14 de agosto de 2019 y, posteriormente, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2020, solicitó la prolongación de la permanencia en el servicio activo a partir del 24 de agosto de 2020 y por un plazo de dos años, siendo entonces denegada su solicitud por Decreto de 15 de julio de 2020 en base a la siguiente argumentación: “Entendemos que toda organización administrativa tiene un carácter dinámico y cambiante. Por ello es necesario ciertos movimientos dentro del personal directivo de la organización para de este modo verse beneficiado por la aportación de nuevas ideas que den un nuevo impulso a la organización, que tiendan a continuar con una mejora constante de las estructuras administrativas y hagan que la administración no llegue a quedarse obsoleta. Don José López Viña ha realizado una gran labor en el Ayuntamiento de Móstoles durante estos 15 años y el equipo de gobierno muestra un gran agradecimiento por su trabajo. Ahora bien, esto no puede ser óbice para que este gobierno siga buscando lo que es mejora para el Ayuntamiento dentro de su legítimo derecho de orientar su política de personal a conseguir la máxima eficiencia en el funcionamiento administrativo. Por ello consideramos que sin desmerecer la labor de D. José López Viña, que es el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa. Dentro de esa renovación se encuentra la figura del Secretario ya que 15 años es un periodo más que suficiente para desarrollar todo un programa directivo y consideramos que es el momento de que otras personas puedan presentar un nuevo proyecto atractivo e innovador para mantener esta secretaría en constante evolución y actualización, que presente nuevas ideas y que permita que nuestra Secretaría General siga siendo el motor de la actividad del Ayuntamiento”.

El FJ quinto de la Sentencia, tras analizar la legislación aplicable y la evolución jurisprudencial señala que

La [nueva] doctrina jurisprudencial [Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2020 (cas. 2029/2019) y de 18 de enero de 2021 (cas. 3474/2018)] ha establecido que:

 a.- nos encontramos ante un derecho subjetivo condicionado a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su ejercicio; pero recae sobre dicha Administración la carga de justificar esas necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación;

b.- si la decisión sobre la prolongación de permanencia en servicio activo solicitada por el funcionario lo es en función de unas necesidades de la organización, implica que las necesidades que se citen como fundamento de la decisión que se adopte sean ajustadas a la realidad y que se pruebe su existencia; y,

 c.- es perfectamente válida la ponderación, en la resolución administrativa sobre prolongación en la permanencia de servicio activo, de elementos individualizados basados en el trabajo desempeñado anteriormente por el funcionario solicitante, y que se valore su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo, así como si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos.

Dentro de dichos parámetros doctrinales se ha de mover la decisión denegatoria de dicha petición y la motivación es sobre la que se sustancia la litis en el entendimiento, por el apelante, que la contenida y referida más arriba no resulta suficiente para denegarla y la respuesta ha de ser positiva a sus pretensiones en contra de lo expresado en la Sentencia de instancia puesto que la motivación del acto no puede ser encuadrada dentro de ninguno de los supuestos concretos que admite la doctrina arriba reseñada ya que, aquella, no deja de ser una mera invocación genérica a una hipótesis de renovación sin sustento de base fáctica que determine la necesidad de dicho impulso y sin contraste de la supuesta incapacidad del recurrente para poder llevar a cabo algo que no se sabe qué puede ser ya que ni se conocen cuáles han de ser esas nuevas ideas, ni en qué se han de mejorar las estructuras administrativas y cómo éstas pueden influir en un Cuerpo nacional como es el de los Secretarios de Ayuntamiento.

En suma:

 ► no constan las necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación;

 ► ni las necesidades de la organización, ni su realidad ni su existencia;

 ► ni se ha valorado su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo,

 ► ni si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos.

 Por todo ello, al amparo del artículo 48 de la Ley 39/2015, debe estimarse el recurso de apelación ya que el recurso tuvo que ser acogido en la instancia.

En atención a todo lo expuesto, la Sala ha decidido:

Primero.- Estimar el recurso de apelación.

Segundo.- Revocar la Sentencia de 28 de junio de 2.021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 348/2020 y, en su consecuencia, ESTIMAR su recurso interpuesto contra resolución de fecha 21 de agosto de 2020 del Ayuntamiento de Móstoles que desestima el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto de 15 de julio de 2020 por el que se le denegaba la prolongación de permanencia en el servicio activo durante dos años, desde el 24 de agosto de 2020, que se anulan declarando su derecho a la prolongación en el servicio activo solicitada con todos los efectos inherentes a dicho reconocimiento.

[Véase más novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-%C3%93RGANOS-CONSULTIVOS ]

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Normativa al día: Admón. electrónica.-NUEVA REGULACIÓN REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL, REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS Y REGISTRO DE FUNCIONARIOS HABILITADOS EN LA ADMÓN.GRAL. DEL ESTADO

En el BOE del día 11/1272021 se publican tres Ordenes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las materias siguientes que resumo:

Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado [REG-AGE]

Esta Orden regula los requisitos y condiciones de funcionamiento de REG en la Administración General del Estado  

El artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad, vinculados o dependientes. También se podrá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

Asi mismo, los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

Estos registros electrónicos contarán con el apoyo de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros a las que corresponde la digitalización y la anotación en el Registro Electrónico General, o registro electrónico de cada organismo o entidad según corresponda, de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en estas y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública. Para dar cumplimiento a estas previsiones legales, el artículo 38 del Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con establece la naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.

Se configura el REG-AGE como el conjunto agregado de los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro, de las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos, así como de las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

De acuerdo con ello, mediante esta Orden Ministerial se regulan los requisitos y condiciones del funcionamiento del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado

Ámbito del REG-AGE: la Administración General del Estado y sus Organismos públicos y Entidades de derecho público vinculados o dependientes que no dispongan de su propio registro

Órganos competentes:

La Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública es competente para la gobernanza y gestión funcional del REG-Administración General del Estado

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital será la competente para el diseño, implantación y gestión técnica de la plataforma tecnológica del REG-AGE y del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Vías de acceso al Registro

a) Presencialmente, exclusivamente para los sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente de acuerdo con el artículo 14 de la ley 39/2015, de 1 de octubre:

– a través de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

– en las oficinas de Correos en los términos que se determinen reglamentariamente.

b) Por internet:

– a través de la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (sede.administracion.gob.es) que dispondrá de un acceso al REG-AGE para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones distintos de los mencionados en el párrafo siguiente.

– a través de las sedes electrónicas asociadas a los ministerios, organismos y entidades de derecho público de la Administración General del Estado para los servicios, procedimientos y aplicaciones de soporte que realicen anotaciones en el REG-AGE.

Otras normas de funcionamiento: Anotación de asientos en el REG-AGE (artículo 4), documentos admisibles a través del servicio electrónico accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General (artículo 5), acuse de recibo (artículo 6), consultas al Registro (artículo 7), presentación de documentos, fecha, hora oficial y cómputo de plazos (artículo 8)

Intercambios registrales entre Administraciones Públicas. La Disposición adicional segunda establece que para los intercambios registrales entre AAPP no será de utilización el servicio electrónico de registro accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General. En su lugar, se podrán utilizar las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del Registro Electrónico General de cada Administración así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, a través del sistema de interconexión de registros (SIR).

Derogación de norma anterior.- Queda derogada la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común

[Véase el texto completo de la nueva regulación del Registro Electrónico General de la AGE, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado [REA-AGE]

El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, regula en su artículo 33 el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE

La creación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE tiene como finalidad facilitar la acreditación de la representación de las personas interesadas en procedimientos administrativos en los que tengan o puedan tener la condición de persona interesada, previa realización voluntaria de un apoderamiento por comparecencia personal o electrónica apud acta a favor de otra persona para que realice trámites en su nombre, sin coste alguno.

Mediante esta Orden:

– se determinan los órganos responsables

– el sistema de funcionamiento en el ámbito de la Administración General del Estado

tipos de apoderamientos y contenido del registro de apoderamientos (artículo 3)

– el procedimiento de incorporación de los apoderamientos

-la inscripción de los apoderamientos (artículo 4)

– la revocación, renuncia, vigencia y prórroga de los apoderamientos.

-se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el ámbito de la AGE y de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes que no cuenten con registro electrónico de apoderamientos propio.

Es de destacar, en lo que afecta a las EELL:

-el REA-AGE deberá ser plenamente interoperable con los registros electrónicos de apoderamientos generales y particulares pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones Públicas garantizando su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión electrónica de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen al mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

-quedan derogadas la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos y la Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE y en el Registro Electrónico de Apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. [Véase el texto completo de la nueva regulación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf

Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados [RFH] en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público

El artículo 12 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que cuando las personas interesadas, que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, no dispongan de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por el personal funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

A estos efectos, se prevé que la AGE, las CCAA y las Entidades Locales mantengan actualizado un registro u otro sistema equivalente, donde constará el personal funcionario habilitado para la identificación o firma y en el que se incluirán, al menos, aquellos que presten servicios en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro de Funcionarios Habilitados:

– para la expedición de copias auténticas y

– para la identificación o firma electrónica de las personas interesadas en aquellos procedimientos que se determinen y que estarán disponibles para la ciudadanía en el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

En la misma se regulan:

-Los órganos competentes.

-La inscripción en el registro.

-La expedición de copias auténticas.

-El contenido del Registro de Funcionarios Habilitados.

-El funcionamiento del Registro

-La publicidad de procedimientos.

El acceso electrónico al Registro [Véase el texto completo de la nueva regulación del Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf