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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL: ASPECTOS RELEVANTES Y POSIBLES COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El BOE del día de hoy, 21 de diciembre, publica la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

Antes de referirme a los aspectos procedimentales más relevantes, que pueden afectar a las Entidades Locales en el caso de que suscriban convenio con el INSS, conviene sintetizar la Exposición de Motivos de la Ley :

Mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional

Las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía han ido configurando hasta ahora diferentes modelos de políticas de rentas mínimas, cuyos sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de crecimiento.

 Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas y falta cobertura

A la vista de lo anterior, la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, confirman la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde esta Ley, aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Gobernanza compartida (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales)

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades locales, persigue un doble objetivo:

–Lograr un despliegue más efectivo de la política de cara al ciudadano. La implicación de comunidades autónomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública.

— Consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Enfoque constitucional del ingreso mínimo vital (IMV):

A partir del artículo 41 de nuestra Constitución (CE), la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994).

 De un lado, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 CE en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad Social ocupa «… una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad…», con la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su protección se ha de hacer «… teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).

Finalmente, justifica esta Ley que “más allá de la dimensión coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «… cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981)”.

Contenido de la Ley:

–El objeto, el concepto y naturaleza y características se regulan en el capítulo I.

 –El ámbito subjetivo (es decir, quiénes pueden ser beneficiarios) en el capítulo II

— La acción protectora (es decir los aspectos relativos a la prestación económica en sí) es objeto del capítulo III

–El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y resolución del ingreso mínimo vital.

Respecto a ello, señala la Exposición de Motivos que “con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales a disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las Comunidades Autónomas y Entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio”.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos.

–El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.

Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la cooperación y colaboración con otros órganos de la Administración, con Comunidades Autónomas y EELL, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción Social, mediante la firma de convenios de colaboración, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.

–El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social

–Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones.

–El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.

Así mismo, la ley consta de 10 Disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias y 12 disposiciones finales

La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las Entidades locales en la iniciación e instrucción del procedimiento del IMV, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

En lo que se refiere al Procedimiento debe destacarse:

● La competencia para el reconocimiento de esta prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Mediante convenio (conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) las Entidades locales podrían encargarse de la iniciación la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente. Pero el ejercicio de tales funciones por las EELL, no requerirá los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es decir los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

El órgano competente para resolver será en todo caso el INSS

El plazo máximo de resolución del procedimiento es de seis meses

En caso de no resolución en plazo, se entiende desestimada la solicitud

La regulación procedimental es la siguiente

Artículo 24. Normas de procedimiento.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

[El apartado 3 de dicho artículo 129 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, una vez transcurrido el plazo máximo para dictar resolución y notificarla fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo].

Artículo 25. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración interadministrativa.

1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.

2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.

3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 26. Iniciación del procedimiento.

El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 27. Solicitud.

1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.

2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.

3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.

Artículo 28. Tramitación.

1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.

La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o informáticos.

3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Entrada en vigor: el 1 de enero de 2022

Texto íntegro de la Ley, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf

[Pueden verse más novedades normativas aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DIA ]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Lo básico de la Administración: NORMATIVA ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL

Tras un análisis previo de los conceptos básicos sobre el tipo de normas y su significado, se incluye:

  • la normativa estatal actualizada sobre régimen local
  • qué tipo de normas puede aprobar un Ayuntamiento
  • las leyes sobre régimen local, actualizadas, sobre régimen local; con enlace a su contenido

Puede verse el contenido de este apartado en la página de LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN en este sitio web, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/lo-basico-de-la-administracion/#normativa-estado-ccaa-y-aytos

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DERECHO ADMINISTRATIVO LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA

UN EJEMPLO DE BUENA TÉCNICA, CALIDAD, CLARIDAD NORMATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La vida municipal se manifiesta, en lo que a la regulación normativa propia se refiere, en distintas Ordenanzas y Reglamentos.

Los sucesivos equipos de gobierno, en el ejercicio legítimo de su acción política municipal, elaboran los correspondientes textos normativos aprobándose por el Pleno Municipal (conforme al procedimiento legalmente establecido, ex artículo 49 de la LRBRL) y se publican en el Boletín Oficial de la provincia (o, en su caso, Comunidad Autónoma) para su entrada en vigor. Es decir, al igual que las disposiciones normativas estatales que se publican en el BOE. En ambos casos, por imperativo del principio de publicidad de las normas del artículo 9.3 de la Constitución española.

Además, en virtud de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) tales Ordenanzas aparecen generalmente publicadas en la web, sede electrónica o portal de transparencia.

Ahora bien, con el paso de los años, se va formando un ordenamiento jurídico municipal abultado, complejo y, lo que es peor, integrado por normas a veces obsoletas (regulando situaciones jurídicas del pasado que no tienen reflejo en la realidad actual, lo que hace que la norma haya dejado de cumplir la finalidad que justificó su aprobación) o se trata de normas tácitamente derogadas. En muchos casos, el Ayuntamiento no tiene ya competencia en la materia que amparó la aprobación de la norma al haber quedado superada por las previsiones de la legislación sectorial; y en determinados supuestos las normas han perdido su vigencia porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales.

También es frecuente encontrarse con Ordenanzas y Reglamentos reguladores de cuestiones que no precisan de una norma jurídica y que pueden ser sustituidos por instrumentos de carácter no normativo, dotados de una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad que regulan.

En definitiva, los ciudadanos en muchos casos desconocen si una norma resulta o no de aplicación.

Es cierto que, siendo una realidad en muchísimas Entidades locales españolas, bien por falta de medios personales, bien por ausencia de voluntad política, bien por ambas causas, resulta con frecuencia muy difícil llevar a cabo una labor de depuración normativa.

Pero toda esta situación es contraria a las mínimas exigencias de calidad de las normas, la claridad de las reglas de juego y procedimientos para el ciudadano, la sencillez y la coherencia de la normativa municipal y, en definitiva, de la seguridad jurídica; así como contraria al principio de buena regulación exigido a todas las AA.PP. en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Por todo ello, quiero destacar aquí la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Acuerdo del Pleno, de 28 de septiembre de 2021, de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, tras un proceso de depuración del ordenamiento jurídico municipal con el objetivo de eliminar todas las normas obsoletas o que estaban en desuso.

Con ello, se dispone de un ordenamiento jurídico cierto, claro, integrado y depurado, que facilita su conocimiento y comprensión y se traduce en una percepción favorable de las instituciones por parte de la ciudadanía y los operadores jurídicos.

La aprobación de la Ordenanza de derogación normativa ha permitido la derogación de forma rápida y con el menor coste de recursos posible de 17 normas.

La Ordenanza se estructura en un artículo único, que contiene la relación de las ordenanzas que quedan derogadas agrupadas por ámbitos materiales y 5 disposiciones finales.

Esta Ordenanza de derogación cumple con el principio de seguridad jurídica ya que tiene precisamente por objeto conseguir que los ciudadanos puedan identificar claramente cuál es el marco jurídico vigente y efectivamente aplicable, eliminando normas en desuso o que están tácitamente derogadas.

Asimismo, asegura el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, promoviendo la sustitución de determinadas normas por instrumentos más flexibles (acuerdos, decretos, instrucciones) en aquellas materias en las que no existe una obligación de regulación reglamentaria.

Por otra parte, se dió cumplimiento al principio de transparencia, al haber sido sometida a un proceso de consulta pública previa.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad a cubrir con la norma.

Otros efectos:

► Esta Ordenanza contribuirá al mantenimiento de un archivo normativo adecuado y proporcional, facilitando a la ciudadanía y a los operadores el acceso actualizado a la normativa en vigor.

► En aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Puede verse aquí el texto íntegro de la Ordenanza:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/18/BOCM-20211018-65.PDF

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CERCO A LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS

El reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) se utiliza habitualmente para aplicar al Presupuesto obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos, tramitando así el pago de prestaciones a terceros que las han realizado por orden de la Administración, pero al margen, por diferentes motivos, del procedimiento legalmente establecido.

El contexto de esta figura es el artículo 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) [https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con] que -al regular los Presupuestos de las Entidades Locales (EELL) y en concreto los estados de gastos, en los que deben incluirse con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones- establece el principio y norma de la “temporalidad de los créditos” que significa que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, previéndose no obstante que como excepción podrán aplicarse a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

De lo expuesto hasta ahora fácilmente ha de colegirse que el REC:

-Es una técnica de aplicación de créditos al Presupuesto vigente.

-Es excepcional.

-Existe un tercero a quien procede efectuar un pago al haber realizado una obra, servicio o suministro por “alguna orden” de la Administración.

-El “encargo” u “orden” ha sido realizado fuera del procedimiento legalmente establecido. Esto supone que existe una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

En este sentido, por poner dos ejemplos extremos, se ha venido utilizando la citada “técnica de aplicación de créditos” mediante reconocimiento extrajudicial de éstos tanto respecto a una factura de 500 euros correspondiente a un gasto debidamente comprometido en el ejercicio anterior pero sin cobertura en el ejercicio presente como al supuesto de una factura presentada por un contratista relativa a una obra, servicio o suministro realizados sin procedimiento de contratación alguno y por importe de 2.000.000 de euros.

Y, claro, en numerosas ocasiones los responsables políticos, o empleados públicos, y/o los contratistas, conocedores de la referida “técnica salvadora” (el REC) del problema existente (el Interventor “dice que no puede pagarse”) con una factura que el contratista viene reclamando, han usado, y abusado, de la referida “técnica” como instrumento “sanador” y “reparador” de la irregularidad existente.

 Pero, ojo, quedémonos con el dato de que en todo REC ha existido una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

Es por eso que el Tribunal de Cuentas y/o las cámaras de cuentas regionales han venido “entrando a saco” (como en el Informe de Fiscalización a que me referiré en esta entrada) en el análisis, fiscalización y necesidad de nueva regulación de los REC

A la par, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local ha venido a “atar corto” los referidos abusos al establecer que en los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el artículo 28 de dicho Real Decreto. [https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/04/28/424/con]

En fin, esto que he llamado el cerco a los REC me hace recordar que algo parecido ha ocurrido con los “modificados” de los contratos (hace muchos años el Consejo de Estado había proclamado en un dictamen sobre los mismos que “una cosa son circunstancias técnicas imprevistas y otra imprevisiones del proyecto técnico») de forma que ante el uso y abuso de tales “modificados” la legislación reguladora de los contratos públicos [hasta llegar a la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)] ha limitado las posibilidades legales de modificación de los contratos.

Pues bien, como digo, el “rejonazo” (esperemos que definitivo) al uso indebido de los REC se produce con las funciones atribuidas al órgano Interventor en las EELL en el citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y con el Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las EELL en el ejercicio 2018, que ha asumido la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, acordando asumir el contenido del citado Informe del Tribunal de Cuentas, así como sus conclusiones y recomendaciones.

También, instar al Gobierno a:

–Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

Proceder a la revisión normativa de la figura del R.E.C. concretando de manera taxativa los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado, a fin de evitar su utilización irregular; así como de impedir la utilización de esta figura como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, lo cual no está admitido en nuestro ordenamiento. Y regular su procedimiento, garantizando los siguientes extremos:

a) Que su aprobación corresponda al Pleno, con las particularidades aplicables en municipios de gran población.

b) Su utilización como instrumento de imputación presupuestaria exclusivo de las obligaciones que no deriven de gastos debidamente adquiridos a los que se refiere el artículo 176.2.b) del TRLHL y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho, con independencia de que se hubiera instado o no la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento.

c) Que, durante la tramitación del procedimiento se incorpore la información que pueda aportar el órgano gestor, así como el Servicio Jurídico de la entidad, con carácter previo a que la Intervención local emita el correspondiente informe en los mismos términos establecidos en el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

d) Que, en la tramitación del expediente se establezca el procedimiento para instar las medidas pertinentes para la exigencia de responsabilidades a las autoridades y personal al servicio de la Administración local, previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la disposición adicional vigésimo octava de la LCSP.

Finalmente, instar las Entidades locales a:

Seguir las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas.

Establecer, en las Bases de ejecución del Presupuesto, el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. [Aquí alguien dirá ¡pero si ya lo tenemos regulado! respecto a la cual continúa el Tribunal de Cuentas precisando que en dicha regulación:] limitando su utilización para la imputación al Presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho; y disponiendo, con carácter exclusivo, la competencia para su aprobación al Pleno como máximo órgano de la entidad para autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la normativa de aplicación –o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar a Presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen los artículos 176.2.b) del TRLHL y el 26.2.b) del Real Decreto 500/90, tramitándose, en caso de ser necesario, la correspondiente modificación presupuestaria.

–El procedimiento de tramitación de estos expedientes debería incluir al menos:

► La designación del Pleno como órgano competente para su aprobación, como máximo órgano de la entidad el responsable de autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

► La necesidad de que, en la tramitación del procedimiento se incluya: –informe del órgano gestor sobre las causas que han generado el reconocimiento extrajudicial de crédito

informe del Servicio Jurídico pronunciándose sobre la procedencia de instar la revisión de oficio

informe de la Intervención local de acuerdo con las previsiones del artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

► El informe del interventor, al apreciar la posibilidad y conveniencia de la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento a que se refiere el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017, atendiendo al artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, además de otras circunstancias como pudiera ser su carácter recurrente o el perjuicio del interés público derivado de la suspensión inmediata del servicio.

–Hacer un uso excepcional de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, evitando un uso generalizado o descontrolado que conlleve el incumplimiento de la normativa presupuestaria y contable reflejo de una gestión poco eficaz o poco transparente.

Establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con], de la LCSP o de la normativa presupuestaria de aplicación, que se concretan fundamentalmente en el compromiso de obligaciones adquiridas sin cobertura contractual o sin consignación presupuestaria.

Establecer procedimientos de gestión en relación con los gastos de menor cuantía que eviten la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación, de tal forma que las Bases de Ejecución del Presupuesto deberán prever la retención de crédito cuando se tramitan contratos menores y cuando se libran los fondos a través del procedimiento de anticipo de caja fija.

Elaborar y aprobar una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y establecer las fechas límite para realizar los trámites de imputación de gastos e ingresos al presupuesto del ejercicio corriente, facilitando que los gastos e ingresos ejecutados se apliquen al presupuesto del ejercicio corriente, y se garantice la correcta aplicación de los principios de imputación presupuestaria, devengo y anualidad presupuestaria.

– Adoptar instrucciones que regulen las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de procedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como para aplicar gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero de entrada en los registros en enero del año siguiente, respetando el principio de devengo y la anualidad presupuestaria.

– Implementar mecanismos que garanticen la adecuada conexión entre los registros administrativos y los registros contables para reducir el riesgo de errores, retrasos e incidencias en su tramitación.

– Establecer procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible hacer un seguimiento de las facturas pendientes y evitar la posible demora de su tramitación, que puede condicionar la ejecución del presupuesto.

Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan recurrentemente, mediante la aplicación del reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al Presupuesto del ejercicio corriente de gastos de ejercicios anteriores derivados de actos administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las medidas para remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

–Acordar y aplicar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a Presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación.

[Puede verse el texto completo del Informe del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15642.pdf]

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LOS 101 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El artículo 103 de la Constitución (CE) establece que la Administración sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación y con pleno sometimiento a la ley y al derecho.

Sin ánimo de crítica, la CE de 1978 muestra en dicho precepto una visión muy orgánica de la Administración (por lo de la jerarquía, desconcentración, coordinación y descentralización). Aunque la premisa de que la Administración debe servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y legalidad resume y concentra cualquier otro, es lo cierto que la propia evolución del concepto y objetivos de la Administración, las nuevas tecnologías, los requerimientos europeos de la estabilidad presupuestaria y de control del gasto público han implicado la incorporación en las leyes de nuevos principios informadores de la actuación de la Administración, aunque se consideren derivados de aquéllos. Sin olvidar los principios que rigen en el ejercicio de las potestades administrativas.

Los 101 principios que relaciono, clasifico y referencio legalmente pueden verse en este sitio web, en la página de LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN y, clicando directamente, en la sección de PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/lo-basico-de-la-administracion/#3.-Los-principios-de-actuaci%C3%B3n-de-la-Administración

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¿DE QUÉ SE HABLA CUANDO SE HABLA DE PRUEBAS MEMORÍSTICAS?

EL ACTUAL SISTEMA DE OPOSICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: FORTALEZAS Y PROYECTOS DE MEJORA.

Tratando humildemente de emular a Haruki Murakami en el título de su extraordinario y pedagógico libro “De qué hablo cuando hablo de correr”, he puesto el título de este post. Lo que ocurre es que -a diferencia del libro de Murakami, que cuenta sus reflexiones, anécdotas, consejos y sensaciones en relación a la práctica del running- en este artículo no voy a escribir sobre todo lo que rodea a las pruebas memorísticas. Fíjense que el título es una interrogación. Por ello, lo que planteo es una reflexión, a modo de crítica, sobre algo que está de plena actualidad en relación a las pruebas de acceso a la Administración Pública -pruebas que sin duda alguna deben perfeccionarse, agilizarse, corregir defectos y en definitiva lograr también la plena eficacia en este campo de actuar de la Administración- actualidad puesta de manifiesto desde el Ministerio competente en materia de Función Pública. Y no me refiero a los cambios proyectados en el sistema de oposiciones (que ya he dicho deben perfeccionarse y mejorarse), los cuales poco a poco se irán desgranando, concretando y en su caso materializando sino a la idea, en el sentido de estigma pernicioso o negativo, de que hasta ahora predominan las “pruebas memorísticas” -aparte de otros aspectos que deben corregirse, a los que más adelante aludiré-, al menos ese es el poso que a mí me ha dejado, y creo que a muchos lectores de este blog y ciudadanos en general tras los titulares aparecidos en los medios de comunicación.

Sin embargo, con el legítimo ánimo de desmontar ese poso o estigma negativo que tal aseveración provoca, trataré de demostrar por medio de ejemplos, con bases de pruebas selectivas en la mano, cómo no es así. Analizamos las bases de las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional convocadas por Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo.

Para el ingreso en la citada Escala de funcionarios es preciso estar en posesión de los títulos de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. Por lo que el ejemplo creo resulta bastante revelador. El resumen del tipo de ejercicios y puntuación que se otorga es el siguiente:

Primer ejercicio: Tema de carácter general Consiste en desarrollar por escrito en el plazo máximo de 90 minutos, un tema de carácter general elegido por el aspirante entre dos propuestos por el tribunal en relación con los contenidos del programa. Se califica de 0 a 16 puntos, y es necesario para aprobar obtener como mínimo 8 puntos.

Se valora la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.

La capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por ciento, y la calidad de expresión escrita, un 10 por ciento.

Segundo ejercicio: Examen oral Consiste en exponer oralmente, durante un tiempo máximo de 40 minutos, cuatro temas extraídos al azar entre los comprendidos en el programa; dos temas de la parte general entre tres extraídos al azar y dos temas de la parte específica del programa extraídos al azar. Se califica de 0 a 24 puntos, y es necesario para aprobar obtener como mínimo 12 puntos.

Se valora el volumen y comprensión de los conocimientos, la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

El volumen y comprensión de los conocimientos supondrá un 70 por ciento de la puntuación total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 20 por ciento, y la capacidad de expresión oral, un 10 por ciento.

Tercer ejercicio: Supuesto práctico Consiste en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, referentes a las funciones de Secretaría que el tribunal determine, durante un periodo máximo de 3 horas. Se califica de 0 a 24 puntos y es necesario para aprobar obtener como mínimo 12 puntos.

Se valora la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados

Cuarta: Prueba complementaria de idiomas Su realización tiene carácter voluntario y consiste en efectuar, por escrito, traducciones directas e inversas, sin diccionario, de una sola lengua que tenga carácter oficial en las Comunidades Autónomas o un solo idioma extranjero, a elegir entre francés o inglés por el aspirante en su solicitud. Se elegirá un idioma: lengua oficial de las diferentes comunidades autónomas, francés, o inglés. Puntuación: de 0 a 1 punto, sin que sean puntuables aquellas pruebas en las que los aspirantes no obtengan, al menos, 0,70 puntos.

Curso selectivo: Tendrá una duración de, al menos, 1 500 horas lectivas. El curso selectivo se califica de 0 a 35 puntos, y es necesario para superarlo obtener, como mínimo, 20 puntos

El curso tiene como finalidad proporcionar a los aspirantes la formación y capacitación suficiente para la adquisición de conocimientos y, especialmente, de habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo. Tendrá una duración de, al menos, 1.500 horas lectivas.

El carácter selectivo del curso exige la asistencia a las clases y actividades que se impartan en su desarrollo y la superación por los aspirantes de pruebas teóricas y prácticas sobre conocimientos y competencias de las materias impartidas y requeridas para sus puestos de trabajo.

En resumen:

Ejercicio / valoración / puntuación

1º ejercicio. Tema de carácter general / la capacidad y formación general,  la claridad de ideas,  la precisión y rigor en la exposición,  la calidad de expresión escrita / De 0 a 16 puntos (mínimo 8 puntos para aprobar).

2º ejercicio. Examen oral / el volumen y comprensión de los conocimientos,  la claridad de ideas,  la capacidad de expresión oral / De 0 a 24 puntos (mínimo 12 puntos para aprobar)

3º ejercicio. Supuesto práctico / la capacidad de análisis, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados / De 0 a 24 puntos (mínimo 12 puntos para aprobar)

Curso selectivo / Superación de pruebas teóricas y prácticas sobre conocimientos y competencias de las materias impartidas y requeridas para sus puestos de trabajo. (Recuérdese que es objeto del curso selectivo proporcionar la formación y capacitación suficiente para la adquisición de conocimientos y, especialmente, de habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo) / De 0 a 24 puntos (mínimo 12 puntos para aprobar).

Es decir, 40 puntos mínimo debe obtener el opositor en las pruebas no exclusiva ni predominantemente memorísticas, frente a los 12 puntos de la prueba (el examen oral) que puede considerarse predominantemente memorística. Aunque, ojo, que en éste, a la hora de “poner nota” a la exposición del contenido que debe saberse “de memoria” se pondera no solo el volumen de los conocimientos sino también la claridad de ideas y la capacidad de expresión oral.

Por consiguiente, solo un 23,07% de la puntuación mínima total corresponde a prueba estrictamente memorística. Debiendo concluirse que estas oposiciones no están basadas en pruebas de carácter exclusivamente memorístico.

Repárese en que además del ejercicio “memorístico” (es decir, el examen oral del 2º ejercicio) que supone menos de la cuarta parte de la puntuación total, en el primer ejercicio, consistente en el desarrollo de un tema general se valora la capacidad y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita, cualidades todas éstas que ¿acaso no se estiman adecuadas para un funcionario público? En el tercer ejercicio, supuesto práctico, y al que se atribuye la misma puntuación que al ejercicio “memorístico”, se valora la capacidad de análisis y, la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados … ¿acaso alguien se atreve a cuestionar estos criterios de valoración de los aspirantes? Finalmente el curso obligatorio de al menos 1.500 horas lectivas en el que los aspirantes reciben la formación y capacitación suficiente para la adquisición de conocimientos y, especialmente, de habilidades y competencias para desarrollar con eficacia las funciones que van a ejercer en el desempeño de sus puestos de trabajo, en cuyo curso se valora la superación de pruebas teóricas y prácticas sobre los conocimientos y competencias de las materias impartidas y requeridas para los puestos de trabajo: ¿acaso este curso selectivo es memorístico en los términos en que está planteado?

Hasta aquí el análisis, a través de un ejemplo, del prototipo actual de oposiciones a cuerpos o escalas del subgrupo A1, es decir para las que se requiere la posesión de título Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado

Finalmente, una breve referencia a otros argumentos o, más bien titulares de prensa, sobre la reforma que se hará en el sistema de oposiciones. No conocemos hasta la fecha los cambios que en concreto habrán de materializarse en las Bases de las oposiciones. Pero a la luz de los titulares de prensa, nos encontramos:

-Se quejan opositores de la dureza y que no se cubren las plazas, que se necesitan dos años de preparación. Aquí como puede haber opiniones para todos los gustos, lo dejo para las reflexiones del lector. Yo solo apunto: ¿se trata de disminuir los temarios? podría hacerse. ¿No será que ahora se quiere acceder por la vía rápida, con menos esfuerzo? Siempre ha ocurrido que en alguna convocatoria algunas plazas no se cubren, ¿no será porque el nivel estaba bajo por parte de quienes no superaron cada ejercicio? ¿Y si “se levanta la mano” para que se cubran necesariamente las plazas no podrán quejarse después los responsables políticos o los ciudadanos de que se encuentran con personal no suficientemente preparado?

-El Ministerio habla de convocar todos los años. Y realizar dos pruebas el mismo día. Respecto a lo primero, perfecto. Sobre lo segundo: no hay ningún problema (en principio, ya que a ver cómo se articula de forma que para hacer la segunda prueba ya esté calificada la primera), pero ¿y no se quejarán entonces los opositores -de nuevo-sobre la dureza de la oposición?

-Se va a reforzar el carácter selectivo de los cursos hacia la formación en competencias y en valores públicos e institucionales y que preparan a los empleados públicos para el puesto que van a desarrollar. Me parece perfecto.

-Es necesario avanzar en la profesionalización y cualificación técnica de los órganos de selección y dotar de mayor transparencia la designación de los tribunales. Ayer mismo, día 1 de junio de 2021 se publica en el BOE la Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se nombran los miembros de la Comisión Permanente de Selección. Pues aváncese en la profesionalización y cualificación técnica y en la transparencia en la designación de los tribunales.

– Transición desde el predominio de las pruebas memorísticas a la realización de pruebas que valoren las competencias de las personas aspirantes. Sobre esto, ya he puesto sobre la mesa, a través de un ejemplo, la situación real en la actualidad. ¿Que -siguiendo el ejemplo- se puntúe menos, “pese” menos, el examen oral sobre contenidos y se valoren y “pesen” más los demás ejercicios, incluido el curso selectivo? Pues perfecto. Ahora bien, y con esto finalizo:

Si alguien está pensando en convertir la prueba selectiva en una entrevista y/o que se considere mérito la prestación de servicios como personal eventual de confianza, pues que se olviden: solo recordar los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución; la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 octubre 2020, Rec. 1342/2018, proclamando que la fase de oposición en un proceso selectivo no puede reducirse a una entrevista personal que verse sobre aspectos del curriculum; y el artículo 12.4 del TRLEBEP (Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) que dispone que la condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.

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Diccionario conceptos jurídicos básicos

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Competencias locales, autonómicas y estatales

Motivo de muchos conflictos entre Administraciones, recursos de inconstitucionalidad o de fallos judiciales declarativos de la nulidad de acuerdos municipales, el tema de las competencias de cada Administración siempre “está en el candelero”.

En este post simplemente voy a remitirme a uno de los contenidos de mi página “LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN” [en el margen superior derecho de este sitio web aparece dicha página y dentro de ella un apartado con este mismo título, es decir “Competencias locales, autonómicas y estatales”] en el que comenzando por las competencias municipales -siempre atribuidas previamente por una ley estatal o autonómica y actualmente sujetas a los principios de no duplicidad y estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera- se relacionan las propias y las obligatorias, la regulación de las delegadas y de las denominadas “distintas de las propias”; para pasar a continuación por la previsión constitucional sobre las competencias de las Comunidades Autónomas (con enlace al texto vigente de los respectivos Estatutos de Autonomía) y finalizar con la relación y regulación de las competencias del Estado.

Mero recordatorio para los especialistas y fuente de información legal para otros, dada la filosofía de este sitio web considero necesario un espacio para conocer las competencias y servicios que pueden o deben asumir los Ayuntamientos en el contexto de la Constitución y de la ley básica sobre las entidades locales como es la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

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