Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA

UN EJEMPLO DE BUENA TÉCNICA, CALIDAD, CLARIDAD NORMATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La vida municipal se manifiesta, en lo que a la regulación normativa propia se refiere, en distintas Ordenanzas y Reglamentos.

Los sucesivos equipos de gobierno, en el ejercicio legítimo de su acción política municipal, elaboran los correspondientes textos normativos aprobándose por el Pleno Municipal (conforme al procedimiento legalmente establecido, ex artículo 49 de la LRBRL) y se publican en el Boletín Oficial de la provincia (o, en su caso, Comunidad Autónoma) para su entrada en vigor. Es decir, al igual que las disposiciones normativas estatales que se publican en el BOE. En ambos casos, por imperativo del principio de publicidad de las normas del artículo 9.3 de la Constitución española.

Además, en virtud de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) tales Ordenanzas aparecen generalmente publicadas en la web, sede electrónica o portal de transparencia.

Ahora bien, con el paso de los años, se va formando un ordenamiento jurídico municipal abultado, complejo y, lo que es peor, integrado por normas a veces obsoletas (regulando situaciones jurídicas del pasado que no tienen reflejo en la realidad actual, lo que hace que la norma haya dejado de cumplir la finalidad que justificó su aprobación) o se trata de normas tácitamente derogadas. En muchos casos, el Ayuntamiento no tiene ya competencia en la materia que amparó la aprobación de la norma al haber quedado superada por las previsiones de la legislación sectorial; y en determinados supuestos las normas han perdido su vigencia porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales.

También es frecuente encontrarse con Ordenanzas y Reglamentos reguladores de cuestiones que no precisan de una norma jurídica y que pueden ser sustituidos por instrumentos de carácter no normativo, dotados de una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad que regulan.

En definitiva, los ciudadanos en muchos casos desconocen si una norma resulta o no de aplicación.

Es cierto que, siendo una realidad en muchísimas Entidades locales españolas, bien por falta de medios personales, bien por ausencia de voluntad política, bien por ambas causas, resulta con frecuencia muy difícil llevar a cabo una labor de depuración normativa.

Pero toda esta situación es contraria a las mínimas exigencias de calidad de las normas, la claridad de las reglas de juego y procedimientos para el ciudadano, la sencillez y la coherencia de la normativa municipal y, en definitiva, de la seguridad jurídica; así como contraria al principio de buena regulación exigido a todas las AA.PP. en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Por todo ello, quiero destacar aquí la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Acuerdo del Pleno, de 28 de septiembre de 2021, de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, tras un proceso de depuración del ordenamiento jurídico municipal con el objetivo de eliminar todas las normas obsoletas o que estaban en desuso.

Con ello, se dispone de un ordenamiento jurídico cierto, claro, integrado y depurado, que facilita su conocimiento y comprensión y se traduce en una percepción favorable de las instituciones por parte de la ciudadanía y los operadores jurídicos.

La aprobación de la Ordenanza de derogación normativa ha permitido la derogación de forma rápida y con el menor coste de recursos posible de 17 normas.

La Ordenanza se estructura en un artículo único, que contiene la relación de las ordenanzas que quedan derogadas agrupadas por ámbitos materiales y 5 disposiciones finales.

Esta Ordenanza de derogación cumple con el principio de seguridad jurídica ya que tiene precisamente por objeto conseguir que los ciudadanos puedan identificar claramente cuál es el marco jurídico vigente y efectivamente aplicable, eliminando normas en desuso o que están tácitamente derogadas.

Asimismo, asegura el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, promoviendo la sustitución de determinadas normas por instrumentos más flexibles (acuerdos, decretos, instrucciones) en aquellas materias en las que no existe una obligación de regulación reglamentaria.

Por otra parte, se dió cumplimiento al principio de transparencia, al haber sido sometida a un proceso de consulta pública previa.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad a cubrir con la norma.

Otros efectos:

► Esta Ordenanza contribuirá al mantenimiento de un archivo normativo adecuado y proporcional, facilitando a la ciudadanía y a los operadores el acceso actualizado a la normativa en vigor.

► En aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Puede verse aquí el texto íntegro de la Ordenanza:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/18/BOCM-20211018-65.PDF

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todas las NORMAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENTIDADES LOCALES

En esta entrada puede verse el lndice del CAPÍTULO III de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (de la colección Todo Administración Local, que edita Wolters Kluver), recientemente publicada, en el que de forma sistemática y minuciosa y desde mi experiencia como Secretario Municipal compendio y analizo, en clave local, todas las normas e instituciones jurídicas comunes a las distintas fases del procedimiento administrativo, desde los principios rectores del mismo, los requisitos y vicios de los actos o trámites, los órganos o unidades intervinientes y el régimen jurídico de la abstención y la recusación, así como las normas específicas o tradicionalmente consideradas de ordenación (actualizadas al necesario funcionamiento electrónico de la administración local). Finalmente se incluye el análisis actualizado de instituciones tan vinculadas a las fases procedimentales como los plazos y su régimen jurídico (abarcando igualmente las peculiaridades producidas durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020), el registro electrónico y el archivo electrónico único

En el INDICE se incluyen los apartados siguientes:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

III. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Producción de los actos administrativos

3. Requisitos: contenido, motivación e inderogabilidad singular

3.1. Contenido y motivación  

3.2. Inderogabilidad singular

4. Forma

IV. LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO

1. Consideraciones previas

2. Empleados públicos, unidades y órganos administrativos

2.1. Empleados públicos

2.2. Unidades administrativas

2.3. Órganos administrativos

V. LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DEL PERSONAL Y LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO

1. Conceptos

2. Supuestos de abstención

3. Régimen jurídico de la abstención y efectos4. Régimen jurídico de la recusación

VI. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

VII. LOS VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Clases de vicios en el acto administrativo

3. Errores materiales, de hecho o aritméticos

4. Irregularidades no invalidantes

5. Vicios de anulabilidad

6. Vicios de nulidad

7. Procedimiento de revisión de los vicios del acto administrativo

8. Efectos

9. Conversión, conservación y convalidación

VIII. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. El expediente

1.1. Concepto

1.2. Formato

1.3. Contenido y formación

1.4. Impulso de la tramitación

1.5. Orden de tramitación

1.6. Desglose de documentos y carácter bifronte de éstos

1.7. Custodia de documentos

1.8. Salida de expedientes de las oficinas

1.9. Remisión del expediente electrónico

2. Publicidad de las relaciones de procedimientos

3. Impulso del procedimiento

4. Cumplimiento de trámites

5. Concentración de trámites

6. Cuestiones incidentales

7. Tramitación simplificada

8. Responsabilidad de la tramitación

9. La actuación administrativa automatizada

9.1. Consideraciones previas

9.2. Definición y distinción de conceptos afines

9.3. Régimen jurídico

9.4. Algunos ejemplos

10. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales

IX. TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto y obligatoriedad

2. Reglas sobre el cómputo de plazos administrativos

2.1. Regla general

2.2. Excepciones

2.3. Comienzo y cómputo del plazo

2.4. Finalización del plazo

3. Reglas sobre el cómputo de los plazos en los registros electrónicos

4. Las aplicaciones informáticas y los plazos

5. La habilitación de medios para el cumplimiento de los plazos

6. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo

7. La reducción de plazos en el procedimiento administrativo

7.1. Régimen común de la tramitación de urgencia

7.2. La tramitación de urgencia en virtud de ley

8. La suspensión del plazo máximo de resolución

9. La ampliación del plazo máximo de resolución

10. Los plazos administrativos y el funcionamiento de las oficinas de las AAPP

11. La excepcional suspensión de plazos en el estado de alarma

X. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

1. Lugares de presentación de los documentos que los interesados dirijan a la Entidad local

2. Objeto

3. Naturaleza y características

4. Las oficinas de asistencia en materia de registro

5. El registro y la sede electrónica

6. Horario de funcionamiento del Registro de la Entidad local

7. Orden de anotación en el Registro, contenido, recibo acreditativo y curso del documento

8. Dirección de la función de fe pública

9. Creación y regulación.

10.-Entrada en vigor

XI. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

1. Consideraciones previas y definiciones de interés en la legislación vigente sobre archivos

2. El archivo electrónico de documentos

3. La figura del archivo electrónico único y el procedimiento administrativo

4. Conservación y medidas de seguridad

5. Los antiguos archivos en papel

6. Dirección de la función de fe pública

7. Acceso de los ciudadanos al Archivo

8. Entrada en vigor

Más información en este blog:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/

https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Obra sobre Procedimiento administrativo: ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS I Y II

En esta entrada puede verse al detalle el índice de los dos primeros capítulos de mi obra, recientemente publicada

CAPÍTULO I. NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Consideraciones previas

1. Objeto de este bloque de materias.

2. Objeto de este Capítulo

3. Las fuentes del procedimiento administrativo local

II. Concepto y finalidad del procedimiento administrativo de las Entidades Locales

III. Legislación básica sobre procedimiento administrativo aplicable a las Entidades Locales

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1.1. Naturaleza.

1.2. Contenido de la LPAC. Especial referencia al Título preliminar, las Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposición derogatoria y Disposición final séptima (entrada en vigor). Relación entre los Títulos I a VI y los Capítulos o epígrafes de esta Obra.

2. Otras disposiciones orgánicas o básicas, comunes a los procedimientos administrativos de las EELL 

2.1. Supuestos de informe del Secretario

2.2. Solicitud de informe al Consejo de Estado

2.3. Supuestos de informe del Interventor y de fiscalización en los expedientes.

2.4. Procedimientos cuya resolución corresponde al Alcalde

2.5. Procedimientos cuya resolución corresponde al Presidente de la Diputación

2.6. Ejercicio de la competencia por los órganos de las EELL

2.7. Requisitos de funcionamiento y de adopción de acuerdos de los órganos colegiados

2.8. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno Local

2.9. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación

2.10. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento

2.11. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno de la Diputación

2.12. Notificación y publicación de acuerdos

IV. Normativa estatal, autonómica y local

1. Normativa estatal. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

2. Legislación autonómica:

2.1.Canarias.

2.2.Cataluña.

2.3.Illes Balears.

2.4.La Rioja.

2.5.Navarra.

3. Normativa local

V. Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de  actividades administrativas de las Entidades Locales

1.-Potestad reglamentaria

2.-Aceptación de competencias o delegación de competencias

3.- Creación de Entidades Locales

4.- Alteración de términos municipales

5.-Constitución de la Corporación

6.-Elección de Alcalde y del Presidente de Diputación y de los Cabildos y Consejos Insulares

7.-Régimen de sesiones del Pleno

8.-Sustitución de Concejales

9.-Instrumentos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

10.-Moción de censura

11.-Cuestión de confianza

12.-Consulta popular

13.-Ejercicio del derecho a la información pública

14.-Procedimiento sancionador 

15.-Procedimiento de responsabilidad patrimonial

16.-Elaboración y aprobación del Presupuesto

17.-Aprobación de la liquidación del Presupuesto

18.-Aprobación de la Cuenta General

19.-Aprobación de Ordenanzas Fiscales

20.-Establecimiento o modificación de tributos 

21.-Procedimiento de recaudación

22.- Revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos

23.-Aprobación de convenios

24.-Ejercicio de acciones

25.-Sistemas de selección de los empleados públicos

26.-Régimen de las situaciones administrativas

27.-Régimen disciplinario

28.-Procedimientos de concesión de subvenciones

29.-Procedimiento de justificación y reintegro de subvenciones 

30.-Aprobación del expediente de contratación 

31.-Procedimientos de adjudicación de los contratos

32.-Procedimientos de adquisición de bienes

33-Procedimientos de autorización y concesión de bienes demaniales

34.-Procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales

35.- Establecimiento, organización y supresión de servicios

36.-Ejercicio de actividades de servicios y de comercio

37.-Instrumentos de prevención ambiental

38.- Espectáculos públicos

39.-Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico

40.-Aprobación de Convenios urbanísticos

41.-Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 

42.-Procedimiento de disciplina urbanística

VI. Leyes autonómicas sobre administración local, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y sobre urbanismo

1.-Leyes autonómicas sobre administración local

2.-Leyes autonómicas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

3.-Leyes autonómicas sobre urbanismo

CAPÍTULO II. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Consideraciones previas

II. Conceptos y régimen jurídico

1. Las personas y la capacidad de obrar ante la Administración: tipos de personas (personas físicas, personas jurídicas, ciudadanos y vecinos)

1.1. Personas físicas y personas jurídicas

1.2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

1.3. La extensión de la capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

1.4. Los ciudadanos

1.5. Los vecinos

2. Los interesados

3. La representación

4. El registro de apoderamientos

5. La identificación ante la Administración. Clases. Sistemas de identificación electrónica

5.1. Clases de identificación:

5.2. Sistemas de identificación electrónica:

6. La firma ante la Administración. Concepto. Clases. Sistemas de firma electrónica

6.1. La firma ante la Administración

6.2. Clases de firma electrónica:

7. El Punto de Acceso electrónico de la Administración

8. La sede electrónica

9. Las oficinas de asistencia en materia de registro

9.1. Introducción.

9.2. Régimen jurídico

10. Documentos aportados por los interesados

11. Modelos normalizados de solicitud

12. Documentos públicos administrativos 

12.1. Introducción.

12.2. Concepto.

12.3. Clases:

12.4. Documento y acto administrativo

12.5. Las normas técnicas de interoperabilidad que afectan al documento electrónico administrativo

12.6. Requisitos de validez del documento electrónico administrativo

13. Copias auténticas realizadas por las AAPP

13.1. Concepto de copia auténtica.

13.2. Requisitos de las copias auténticas.

13.3. Efectos.

13.4. Derechos de los interesados

13.5. Órganos y funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas

13.6. Expedición de copias auténticas de otros documentos públicos

14. Transmisiones de datos entre AAPP

14.1. Consideraciones previas.

14.2. La transmisión de datos entre AAPP y el derecho de los interesados.

14.3. La transmisión de datos entre AAPP y la protección de datos de carácter personal

14.4. La Norma Técnica de Interoperabilidad en materia de intermediación de datos

14.5. Plataforma de intermediación de datos

III. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración

1. Derechos

1.1. Elección del medio para relacionarse con la Administración

1.2. Comunicación a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

1.3. Asistencia en el uso de medios electrónicos

1.4. Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la LPAC

1.5. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

1.6. Acceso a la información pública, archivos y registros

1.7. Trato con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

1.8. Facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

1.9. Protección de sus datos de carácter personal

1.10. Exigencia de responsabilidad a la Administración y autoridades

1.11. Otros derechos

2. Obligaciones

2.1. Acreditar la identidad

2.2. Firmar el documento en los supuestos exigidos

2.3. Inscribirse en el Padrón del Municipio de residencia habitual

2.4. Colaborar con la Administración en los supuestos exigidos

2.5. Comparecer en una oficina pública en los supuestos legalmente previstos

2.6. Otros deberes

3. Derechos y obligaciones de los vecinos

IV. Derechos y obligaciones de los interesados en sus relaciones con la Administración.

1. Derechos.

1.1. Consideraciones previas

1.2. Derechos reconocidos a las personas

1.3. Obtención de información y orientación sobre requisitos impuestos a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

1.4. No aportación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración

1.5. No presentar documentos originales

1.6. Conocer el estado de la tramitación del procedimiento

1.7. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda

1.8. Conocer el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

1.9. Conocer los actos de trámite dictados en el procedimiento

1.10. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento

1.11. Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento

1.12. Formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos y aportar documentos

1.13. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente

1.14. Interponer el recurso resulte procedente en caso de desestimación por silencio administrativo

1.15. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

1.16. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes

1.17. Otros derechos reconocidos a los presuntos responsables en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora

2. Obligaciones.

2.1. Relacionarse electrónicamente con la Administración en los supuestos exigidos

2.2. Responsabilizarse de la veracidad de los documentos que presenten

2.3. Cumplir los plazos establecidos en la LPAC u otras leyes

V. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con las personas

VI. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con los interesados en el procedimiento

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO Mis artículos

DISTANCIA SOCIAL SÍ, PERO MÁS ACERCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO

[Artículo publicado en el Blog de EsPublico el 05/06/2020]

En estos últimos días, escuchaba a un dirigente sindical de Nissan en Barcelona, tras el anuncio de cierre de la fábrica y ante la pregunta del periodista sobre cómo verían una posible nacionalización: “Yo no se si nacionalizar la Nissan o no, lo que queremos es que permanezca, que no cierre la fábrica”; también leía la declaración de un presidente de una gran empresa: “Hay que acelerar todo lo posible la vuelta al trabajo”.

Tanto en un caso como en otro, sobre todo en el segundo, nos encontramos con efectos tan negativos y devastadores como los originados por la pandemia del COVID-19.

Pero no voy a tratar en este artículo de semejante virus y sus efectos en el orden personal, económico, social o político (de este último sobre todo no merece la pena dedicar una sola línea el ridículo de las broncas parlamentarias). Tampoco de lo acertado o no, y en todo caso discutidas desde el punto de vista jurídico, de las más de doscientas disposiciones derivadas de la declaración del estado constitucional de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Ahora que “el temporal parece que amaina” y que se impone la vuelta a la actividad -o, desgraciadamente, en muchos casos a la inactividad tanto laboral como empresarial- es lo cierto que la vida sigue, y aunque cumpliendo protocolos de “distancia social” (¿por qué se dirá distancia social en lugar de “evitar el contacto físico”?) “el ciudadano de a pie” necesita dirigirse a la Administración para múltiples trámites. Necesita acercarse a la Administración y por tanto ésta al ciudadano, ya sea presencialmente guardando la distancia física necesaria entre personas, entre empleados públicos y ciudadanos, ya sea electrónica o telemáticamente.

Y nuestro ordenamiento jurídico vigente cuenta con las técnicas e instrumentos legales y tecnológicos suficientes para facilitar el acercamiento entre Administración y ciudadano a los efectos indicados.

Así, el artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) establece el derecho de los ciudadanos, en sus relaciones con las AA.PP, al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico.

El artículo 53.1 f) LPAC -aunque referente a los interesados en el procedimiento, ¿acaso no es extensible a cualquier ciudadano que se “acerque a la Administración?- les reconoce el derecho a obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

Además, el artículo 21.4 LPAC exige que las AA.PP publiquen y mantengan actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece entre otros, como principios de actuación de las AA.PP los de servicio efectivo a los ciudadanos, cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas así como el de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizando la protección de los datos de carácter personal, y facilitando preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Si a ello unimos que en virtud del artículo 53.1 d) LPAC los interesados tienen derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las AA.PP o que hayan sido elaborados por éstas; ¿por qué en coherencia con dicho derecho y en el marco de los citados principios rectores de la actuación de las AAPP no se extiende el derecho del ciudadano a que cualquier Administración a la que se dirija le facilite información sobre los trámites y procedimientos administrativos de cualquier otra?

Alguna ley autonómica, como la de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña (Ley 26/2010, de 3 de agosto, en su artículo 40.3) promueve tal posibilidad al establecer que “la ventanilla única puede funcionar en red interadministrativa para facilitar el acceso a los trámites de los procedimientos administrativos de competencia de las distintas administraciones públicas”.

Pero es que, a nivel estatal, el Sistema de Información Administrativa (accesible desde la red SARA –Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones, es decir conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas) constituye un inventario de información administrativa de la Administración General del Estado (a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Dirección General de Gobernanza Pública), regulado por el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y actualizado de forma corresponsable por todos los Organismos participantes, conteniendo la relación de procedimientos y servicios de la A.G.E. y las diferentes Administraciones Públicas participantes.

Se que en ésto de la información administrativa general desde los Ayuntamientos “hay de todo, como en botica” (no se puede comparar un Ayuntamiento de una gran ciudad con los miles de pequeños municipios; la diferencia en los medios personales y materiales de que disponen es de un abismo), pero -y refiriéndome sobre todo a las medianas y grandes entidades locales- ¿hay voluntad política, se siente la necesidad de ofrecer al ciudadano esa información inmediata sobre los trámites y procedimientos administrativos a seguir, sea cual sea la Administración encargada de instruirlos y resolverlos? … porque la vida sigue después del COVID-19, y además de las acciones y medidas urgentes y prioritarias para que quienes más hayan sufrido y vayan a sufrir sus devastadoras consecuencias, tanto éstos como el resto de ciudadanos van a seguir necesitando hacer trámites ante la Administración y miles de ciudadanos no saben -y probablemente ni le importe- si es la administración local, la provincial, la autonómica o la estatal la que “lleva el asunto que debe gestionar”- ni saben qué trámites se necesitan y cuánto es el plazo para contestarles, y qué ocurre si no les contestan en plazo.

Esto que acabo de plantear- con la reflexión que me he permitido transmitir- es fácil de resolver (si hay voluntad política) pero ni no se lleva a cabo algo tan básico para acercar la Administración al ciudadano, para facilitarle a éste sus gestiones administrativas, si no se facilita al ciudadano algo tan básico, cuando haya que afrontar, asumir de verdad, y habría que hacerlo ya, los retos de los nuevos tiempos de la Administración Pública, como la gobernanza, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la Agenda 2030 (¡cuántos acuerdos, mociones, declaraciones institucionales, proposiciones y adhesiones “inquebrantables” se han aprobado en Municipios de toda la geografía española!), la participación de nuevos actores (como el sector privado, la sociedad civil y el ciudadano), los datos abiertos, la participación ciudadana, la transparencia efectiva, la Administración pública profesional y eficiente o la rendición de cuentas de la gestión, me temo que se va a “quedar en agua de borrajas”.

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO Mis artículos

“BETTER REGULATION” VERSUS “MALA REPUTACIÓN”

Es hora de aprobar normas, pero de calidad

[Artículo publicado en el Blog EsPublico el 06/11/2019]

Leía recientemente en algún diario que “el Congreso vuelve a cerrar sus puertas… sin haber aprobado ni una sola ley en más de medio año”… “en este tiempo los diferentes grupos han registrado medio centenar de proposiciones de ley, pero todas han caído en saco roto”… “cinco meses de producción legislativa nula y con un BOE prácticamente en blanco”.

Esas informaciones se referían, naturalmente, a las Cortes que, como consecuencia de la falta de investidura de un Presidente del Gobierno se condujo a una situación de celebración de nuevas elecciones generales y todo ello provocó esa parálisis legislativa.

Pero no quiero referirme a la producción legislativa de las Cortes ni mucho menos a la existencia de coaliciones, pactos o acuerdos de Gobierno, tampoco a la aprobación de leyes para afrontar los grandes problemas de Estado o los que afectan a condiciones socioeconómicas vitales de los ciudadanos como el empleo o la vivienda, sino a la producción normativa en los Ayuntamientos en el marco de sus competencias.

Ahora que finalizó el verano y con ello las vacaciones, los festejos, etc., suele ser el momento de poner en marcha los proyectos del nuevo gobierno municipal, o del nuevo mandato nacido el 15 de junio de este año con la constitución de la nueva Corporación, …. y así el Alcalde o Concejal Delegado de turno nos dice que quieren aprobar (o modificar) una Ordenanza reguladora de …. y “queremos hacerlo porque estaba en nuestro programa electoral” o “porque “en el Ayuntamiento de … la tienen y no queremos ser menos”…. Hasta aquí todo normal, correcto, lo habitual. Los problemas surgen cuando nos dicen “¿cómo lo hacemos?”  Y, tras exponerles los principios jurídicos y trámites establecidos en el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente desde el artículo 128 hasta el 133, así como en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, nos cuestionan con preguntas y aseveraciones como “¿pero hay que hacer todos esos trámites?”“pues queremos aprobar esa Ordenanza para antes de que finalice este año”… “pues nunca se ha hecho así”…  

Y es entonces cuando me viene a la mente, e introduzco aquí, aquel poema del francés Georges Brassens, cantada en España por Paco Ibáñez, “la mala reputación”, cuyos primeros párrafos dicen

“En mi pueblo, sin pretensión / tengo mala reputación/

haga lo que haga, es igual / todo lo consideran mal.

Yo no pienso pues hacer ningún daño / queriendo vivir fuera del rebaño.

No, a la gente no gusta que / uno tenga su propia fe.

Todos, todos me miran mal / salvo los ciegos, es natural.”

Pues bien, aunque en nuestro pueblo, sin pretensión, tengamos mala reputación porque no sigamos al “abanderado”, ni el camino “que lleva a Roma” o vivamos “fuera del rebaño” de la “costumbre” del “siempre se ha hecho así” en la elaboración y redacción de las Ordenanzas, aunque a la gente no gusta que uno tenga su “propia fe”, en este caso fe en la better regulation, en la mejora de la regulación, es lo cierto que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.) exige dar cumplimiento a los principios de buena regulación a la hora de elaborar proyectos normativos y que entre las funciones de asesoramiento legal preceptivo señaladas a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, se encuentra la necesidad de emitir informe previo en los expedientes relativos a la aprobación o modificación de Ordenanzas o Reglamentos (artículo 3.3 d) del mismo).

Debe recordarse que la ley ordena a las Administraciones Públicas:

-Promover la aplicación de los principios de buena regulación (art. 129.1 y 130.2 de la citada L.P.A.C.A.P.)

-Garantizar la participación activa en la elaboración de las normas a los potenciales destinatarios (art. 129.5)

-Posibilitar el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (art. 129.5)

-Ajustar el contenido material de los proyectos de reglamento a los principios de buena regulación: «necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia» (art. 129.1). En particular, el texto del proyecto normativo:

— debe responder a objetivos de interés general, que han de quedar claramente identificados (art. 129, apartados segundo y quinto).

— debe también recoger únicamente las medidas adecuadas e imprescindibles para alcanzarlos y resolver el problema social, para lo cual habrá de constatarse si restringe derechos o impone obligaciones a los destinatarios y compararse su alcance con otras hipótesis regulatorias (art. 129, apartados segundo y tercero).

— ha de evitar las cargas administrativas innecesarias o accesorias, lo que exige cuantificar su impacto sobre los gastos o ingresos presentes o futuros (art. 129, apartados 6 y 7).

— debe igualmente racionalizar la gestión de los recursos públicos (art. 129.6), respetar las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (art. 129.7, último inciso).

–así mismo, debe guardar coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, contribuyendo a generar «un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas» (art. 129.4, párrafo primero).

–finalmente debe consignar en el preámbulo o exposición de motivos una justificación sobre su adecuación a esos principios de buena regulación (art. 129, apartados primero y quinto).

Por otro lado, que el artículo 133 regula específicamente dos consultas con el fin de proporcionar a los destinatarios de la iniciativa la «posibilidad de emitir su opinión», previo acceso a «los documentos necesarios», que serán «claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia» (apartado tercero): Una –con las excepciones que se indican- la consulta a través del portal web previa a la redacción del borrador de Ordenanza o Reglamento para recabar la opinión de los sujetos y organizaciones representativas potencialmente afectados acerca de los problemas que la iniciativa pretende solucionar, su necesidad, oportunidad y objetivos, así como otras posibles respuestas (apartado primero); otra, consistente en la publicación del texto ya redactado en el portal web correspondiente a fin de dar audiencia a los ciudadanos afectados y conseguir cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades (apartado segundo, primer inciso).

Finalmente, los artículos 130.1 y 132 regulan la planificación normativa y la evaluación retrospectiva de impacto: las administraciones públicas elaborarán y harán público en su portal de la trasparencia un «plan normativo» con las iniciativas …. reglamentarias que vayan a elevar para su aprobación en el año siguiente (art. 132), así como informes sobre el resultado de la evaluación ex post, que se destinará a comprobar si las normas vigentes han conseguido los objetivos previstos y si estaban justificados y correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas, así como a ajustarlas a los principios de buena regulación (art. 130.1).

Pues bien, si tenemos nuestra propia fe en la buena regulación, evitaremos encontrarnos con borradores o textos de Ordenanzas en los que se cita el nombre de otro Ayuntamiento en lugar del nuestro (consecuencia de la costumbre del “copia y pego”), la tipificación de infracciones sin establecer obligaciones, la anulación por los tribunales de Ordenanzas, o preceptos de las mismas, por no ajustarse a las leyes o a las competencias municipales o por contradecir otros preceptos de la propia Ordenanza, anomalías muchas veces ocasionadas por una deficiente redacción del texto normativo (véase, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Ref. Cendoj: 47186330032012100041 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Valladolid Sección: 3 Fecha: 30/01/2012 Nº de Recurso: 533/2011 Nº de Resolución: 134/2012). En el mismo sentido, y en aras a cumplir el mandato de lograr un “marco normativo claro y de certidumbre”, que facilite su conocimiento y comprensión por los ciudadanos, ¿por qué transcribir en la Ordenanza, en cuanto se refiere a la entrada en vigor de la misma, lo dispuesto en el artículo 70.2 de la L.R.B.R.L., es decir “no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local”? Con tal disposición en la publicación del texto definitivo de la Ordenanza aprobada ¿tiene certidumbre el ciudadano del momento de su entrada en vigor? O, por el contrario ¿no será mejor –de mayor claridad para el ciudadano- que el Ayuntamiento publique el texto definitivo de la Ordenanza una vez transcurrido el plazo de 15 días desde la comunicación del acuerdo de aprobación a la Administración estatal y autonómica y que en el texto de la Ordenanza a publicar se establezca expresión del tipo “esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente [o, en su caso, en la fecha cierta que se fije] de su publicación en el Boletín Oficial …”?

En definitiva, poemas y “malas costumbres” aparte, la utilización de una buena técnica normativa y el seguimiento en nuestras Ordenanzas de los principios de buena regulación indicados coadyuvarán a que los empleados públicos municipales que intervenimos en la tramitación de los textos normativos logremos tener una buena reputación.

Manos a la obra.