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Luces y sombras de la Ley de reducción de la temporalidad en el sector público. (II) LAS SOMBRAS DE LA LEY 20/2021

1. La acumulación de pruebas que puede volverse en contra.

 Aunque incluía en mi artículo anterior, sobre las “luces” de la ley de reducción de la temporalidad en el sector público, la referencia -entre las medidas de agilización de los procesos selectivos- la posible acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, ya apuntaba entonces (y me remitía a otra entrada anterior por mí publicada), en realidad puede constituir una “sombra” ya que si bien en principio no hay problema para ello, me planteaba entonces y reitero ahora la interrogante sobre la forma en qué se articulará ello, es decir hacer la segunda prueba sin estar calificada la primera. Y además me cuestionaba si no se quejarán entonces los opositores sobre la dureza de la oposición, como parece que últimamente lo han hecho, o al menos así lo han recogido los medios de comunicación al hilo del reciente debate sobre las oposiciones, que se calificaban de pruebas demasiado memorísticas.

En definitiva, si bien es de alabar cualquier medida que tienda a agilizar los procesos selectivos, como cualquier otra que persiga la materialización del principio constitucional de eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas, debe tener especial cuidado el legislador y/o la propia Administración convocante de procesos selectivos de no vulnerar el principio de legalidad ni de volver en su contra a los esforzados opositores por convertir los exámenes en una fugaz gincana.

2. El “castigo parcial” de las interinidades incumplidoras de la ley.

Entre las “luces” de la reciente Ley 20/2021, sobre la reducción de la temporalidad en el sector público, se encuentra -y así las recogía en mi artículo publicado el día 2 del presente mes- el establecimiento de un régimen de responsabilidades y otros efectos en caso de incumplimiento de la normativa que dicha ley regula sobre la selección y nombramiento de personal interino y personal laboral temporal, incorporando un nuevo supuesto legal de nulidad de pleno derecho: la de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su cumplimiento.

Sin embargo, ya señalo y afirmo por adelantado que en la selección, nombramiento y régimen del personal interino no es causa de nulidad únicamente el incumplimiento de los plazos de duración de la interinidad o temporalidad establece el nuevo artículo 10 del TRLEBEP y ello por lo siguiente:

Siendo una medida para mí acertada incluir expresamente en la ley como supuesto de nulidad de pleno derecho el incumplimiento de dichos plazos de duración de estas situaciones de temporalidad en el empleo público [recordemos, para los neófitos en la materia, que es un vicio especialmente grave del acto administrativo de forma que éste no debe producir efecto alguno y, si lo produce, puede ser anulado en cualquier momento sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanación del defecto o el transcurso del tiempo y los efectos de la nulidad se refieren al momento en el que se dictó el acto de tal forma que es como si éste no existiese] no es menos cierto que alrededor de los actos administrativos que formalizan tales interinidades también se pueden producir graves vulneraciones del ordenamiento jurídico o del procedimiento que implican tal vicio grave de nulidad, como son aquellos supuestos en que la selección del personal interino se produzca o se haya producido:

– lesionando derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional como el derecho del artículo 23.1 de la CE a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes [nulidad prevista en el artículo 47.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)]; o

– prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (nulidad prevista en el artículo 47.1 a) de la LPACAP).

Me refiero a aquéllos casos en que el nombramiento del personal interino, con burla del principio de igualdad en el acceso al empleo público, se haya producido bien sin previa publicidad, bien sin la realización de la más mínima prueba objetiva de selección.

En definitiva ¡a ver si en algún órgano administrativo se va a pensar que con que se cumplan los plazos máximos de duración de las interinidades ya está “todo el expediente cubierto”!

Por ello, y aunque sea echando mano de “lo que abunda no daña”, ninguna infracción de las reglas y principios del derecho positivo se produciría si la Disposición adicional séptima, apartado 3, de la Ley 20/2021 objeto de este comentario fuese redactada así:

Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de las reglas contenidas en los artículos 10.2 y 11.3 del TREBEP sobre la selección del personal interino y del personal laboral, así como los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho”.

Insisto, aunque no se refiera expresamente esta Ley al incumplimiento por parte de la Administración de las reglas contenidas en los artículos 10.2 y 11.3 del TREBEP sobre la selección del personal interino y del personal laboral, que nadie dude que por aplicación de los indicados supuestos (letras a) y e) de la LPACAP) el incumplimiento de tales reglas supondría también incurrir en nulidad de pleno derecho.

Esta es la razón por la que titulé esta sombra de la nueva Ley como castigo parcial de las interinidades.

Y en este punto enlazo entonces con la más sombría disposición de esta Ley 20/2021: como todos adivinarán su Disposición adicional sexta.

3. La peligrosa, y probablemente inconstitucional, amnistía en los fraudes en el acceso al empleo público.

3.1. La Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 [de esta Ley 20/2021], hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Para no perdernos, recuerdo que el artículo 61 TREBEP, en sus apartados 6 y 7 establecen: (6) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

(7)  Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.

Y el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 establece:

Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020

3.2. Pues bien:

Es cierto que el artículo 61.6 del EBEP posibilita que en virtud de una ley pueda aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso (que consistirá únicamente en la valoración de méritos) como sistema de acceso al empleo público.

3.3. Pero también es cierto que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TREEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del EBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

3.4. Debe tenerse en cuenta que la propia Exposición de Motivos de la Ley recalca que el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Siendo ello así (no se pierda de vista en este momento ni al ciudadano ni el principio de igualdad) y valorando positivamente -repito-  las medidas drásticas de “castigo” a las Administraciones que a partir de ahora incumplan las normas sobre la interinidad, incluso admitiendo que alguna medida excepcional debe adoptarse respecto al personal interino actualmente “de larga duración”, lo que a mi juicio no encaja en los principios constitucionales indicados es que esta excepcionalidad del concurso abarque todas las situaciones de interinidad: me refiero al sistema de ingreso, es decir que abarque tanto las situaciones de interinidad en que el empleado superó algún tipo de prueba selectiva como aquéllas (que haberlas haylas) en que no conste se haya superado ninguna prueba selectiva.

Aquí es donde el ciudadano (sí, el ciudadano, por no decir el opositor que lleva también quince o veinte años presentándose e incluso superando alguna prueba selectiva) puede invocar el principio de igualdad. Como ya anunció el magistrado José Ramón Chaves en un artículo de su blog [https://delajusticia.com/2021/11/12/doce-consideraciones-de-urgencia-sobre-la-estabilizacion-de-interinos-con-cinco-anos-de-servicios/] “no puede adoptarse una medida de ese calado escuchando solo la voz sonora de la mayoría de interinos, y sin tener en cuenta ni la voz silenciosa de una inmensa mayoría de opositores de turno libre, que no han tenido oportunidad de ser interinos, y que se les reduce la oportunidad de acceder con juego limpio a plaza pública, y con menguadas ofertas en el futuro”

3.5. Me atrevo a decir aquí -aparte de dudar de la constitucionalidad de la medida- que esta “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público” a la vista de su Disposición adicional sexta supondrá una verdadera amnistía para las Administraciones Públicas incumplidoras de las normas de selección del personal interino ya que, después de regular con medidas contundentes y sancionadoras (como la declaración de nulidad de pleno derecho) las exigencias de la nueva interinidad, introduce una cláusula de perdón para los infractores anteriores.

3.6. ¿O acaso no se está perdonando a las Administraciones Públicas que realizaron nombramientos de personal interino sin ningún tipo de publicidad ni de realización de la más mínima prueba selectiva? ¿No se está amnistiando a las Administraciones Públicas -y excluyo los períodos de limitaciones de la tasa de reposición de efectivos por las leyes presupuestarias de los últimos años- que incumplieron la obligación legal de incluir en la oferta pública de empleo y consiguiente convocatoria anual las plazas vacantes ocupadas “por razones de urgencia” por interinos?

¿Y qué ocurre con aquéllas plazas para cuyo acceso se requiere, además de una titulación determinada, la superación del procesos y cursos selectivos específicos, como en el caso de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional?

3.7. No me estoy refiriendo pues, en esta crítica, a aquellas situaciones de larga interinidad en que los nombramientos del personal se hicieron tras la superación de alguna rápida y menos exigente prueba que las requeridas para la selección del funcionario de carrera. Y comprendo las duras y hasta angustiosas situaciones familiares de aquellos empleados interinos o temporales de larga duración.

3.8. Pero ¿qué ocurre con el principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas en cuanto a las situaciones descritas en el anterior párrafo 3.6 de ausencia de publicidad y de prueba de selección?

¿Qué piensa de esto el ciudadano de a pie? ¿y las situaciones familiares de aquellos ciudadanos y/o opositores “de larga duración” que no tuvieron la oportunidad de acceder al nombramiento interino y a demostrar su “mérito y capacidad” al haberse prescindido de dicha publicidad y realización de una mínima prueba selectiva de carácter objetivo?

Se que esto es una “patata caliente”. El legislador, con sus votos favorables en las Cortes Generales, la ha resuelto en la forma que ya conocemos. Pero tarde o temprano, de una forma u otra, le llegará también al Tribunal Constitucional. Y éste no se mueve por coyunturas políticas sino que se pronuncia a la luz de los principios de la CE, en este caso resulta fundamental, por las razones expuestas, los principios de legalidad e igualdad.

Otros artículos relacionados en este sitio web:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

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Novedades normativas: LEYES DE PRESUPUESTOS GRALES. DEL ESTADO 2022 Y DE MEDIDAS PARA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

En el BOE de hoy, 29 de diciembre de 2021, se publican las siguientes leyes:

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20/dof/spa/pdf

Sin perjuicio de sucesivos artículos o comentarios que haré sobre estas Leyes, pueden verse estas otras entradas que publiqué en este sitio web sobre las materias indicadas en lo que afecta a la función pública, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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NORMATIVA AL DÍA: CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN 2021 / SISTEMA DE CLAVE CONCERTADA PARA ACCESO DE LOS CIUDADANOS AL CATASTRO

POBLACIÓN. Cifras oficiales de población 2021

Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021

Se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión de los padrones municipales referida al 1 de enero de 2021, con efectos desde el 31 de diciembre de 2021, en cada uno de los municipios españoles

Ver el texto completo de la disposición, en la que consta la cifra de población de cada provincia, ciudad autónoma, comunidad autónoma e islas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21293.pdf

Puede accederse aquí al detalle de cada municipio en la web del INE: https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Catastro. Firma electrónica mediante clave concertada para actuaciones en la Sede Electrónica

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro

La Dirección General del Catastro, a través de su Sede Electrónica Asociada, utiliza como sistema de identificación y firma electrónica, además de los certificados electrónicos reconocidos o del Documento Nacional de Identidad electrónico, un sistema de firma electrónica de clave concertada aprobado mediante Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio [[puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2010/07/29/eha2219 ]

La constatación de una demanda, cada vez más acuciante, de servicios no presenciales por parte de los ciudadanos que no están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, exigen las mayores facilidades para iniciar y completar electrónicamente los procedimientos administrativos en los que resultan interesados

Como consecuencia de esta modificación la clave concertada tiene una validez constreñida a un tipo de actuación determinado y para un plazo de tiempo predefinido y delimitado, de manera que no es posible su utilización como medio de firma electrónica fuera de dicho ámbito y del plazo temporal fijado.

Pero a partir de esta Orden este sistema vuelve a permitir a los usuarios acceder a una consulta general del estado de tramitación de todos los procedimientos o de todos los inmuebles de su titularidad.

Puede verse el texto completo de esta disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/20/hfp1423

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PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO MÍNIMO VITAL: ASPECTOS RELEVANTES Y POSIBLES COMPETENCIAS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El BOE del día de hoy, 21 de diciembre, publica la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital

Antes de referirme a los aspectos procedimentales más relevantes, que pueden afectar a las Entidades Locales en el caso de que suscriban convenio con el INSS, conviene sintetizar la Exposición de Motivos de la Ley :

Mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional

Las Comunidades Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía han ido configurando hasta ahora diferentes modelos de políticas de rentas mínimas, cuyos sistemas han desempeñado un papel muy relevante para la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, tanto en los momentos de crisis económica como en las etapas de crecimiento.

 Sin embargo, se trata de modelos muy diferentes entre sí, con variaciones muy sustanciales en su diseño, y especialmente en sus grados de cobertura y nivel de protección. El resultado ha sido una heterogeneidad significativa en el acceso a las prestaciones sociales de las personas en situación de necesidad, muchas de las cuales continúan sin ser suficientemente cubiertas por nuestro Estado del bienestar.

Un estudio elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza. Asimismo, ponía de relieve que el sistema de ingresos mínimos en España está fraccionado y presenta disparidades territoriales. Con carácter general las cuantías son bajas y falta cobertura

A la vista de lo anterior, la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por el COVID-19, confirman la necesidad de poner en marcha un mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional. Este mecanismo, articulado a partir del mandato que el artículo 41 de la Constitución Española otorga al régimen público de Seguridad Social para garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, asegura un determinado nivel de rentas a todos los hogares en situación de vulnerabilidad con independencia del lugar de residencia. A esta finalidad responde esta Ley, aprobando el ingreso mínimo vital como prestación económica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.

Gobernanza compartida (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales)

El modelo de gobernanza compartida que se prefigura en esta norma, en la que de forma articulada y coordinada participan las comunidades autónomas y las entidades locales, persigue un doble objetivo:

–Lograr un despliegue más efectivo de la política de cara al ciudadano. La implicación de comunidades autónomas y entidades locales, con especial protagonismo de los servicios sociales, junto al papel del tercer sector, busca maximizar la capilaridad institucional para llegar por diferentes canales a todos los posibles solicitantes, con el objeto de minimizar los problemas de acceso a la política pública.

— Consolidar la necesaria implicación de todas las instituciones en el compromiso común de lucha contra la pobreza y las desigualdades en todo el territorio, engarzando el legítimo ejercicio del autogobierno en el ámbito de las políticas sociales de las comunidades autónomas con la provisión colectiva de una red de protección mínima y común de ingresos garantizada por la Seguridad Social.

Enfoque constitucional del ingreso mínimo vital (IMV):

A partir del artículo 41 de nuestra Constitución (CE), la doctrina constitucional concibe la Seguridad Social como una «función del Estado» (STC 37/1994).

 De un lado, el Tribunal Constitucional pone de manifiesto la estrecha vinculación de este precepto con el artículo 1 CE en el que se reconoce el carácter social de nuestro Estado que propugna la justicia como valor superior de nuestro ordenamiento; así como su conexión con el artículo 9.2 en el que se recoge el mandato de promoción de la igualdad y de remoción de los obstáculos que la dificultan.

De otro lado, esta caracterización como función del Estado supone que la Seguridad Social ocupa «… una posición decisiva en el remedio de situaciones de necesidad…», con la particularidad de que la identificación de tales situaciones y el modo en el que se articula su protección se ha de hacer «… teniendo en cuenta el contexto general en que se produzcan, y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de los diversos grupos sociales» (STC 65/1987).

Finalmente, justifica esta Ley que “más allá de la dimensión coyuntural que una medida como esta tiene en el actual contexto de crisis provocado por la pandemia, la nueva prestación se integra con vocación estructural dentro de nuestro sistema de Seguridad Social reforzando decisivamente su contenido como garantía institucional «… cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales» (STC 32/1981)”.

Contenido de la Ley:

–El objeto, el concepto y naturaleza y características se regulan en el capítulo I.

 –El ámbito subjetivo (es decir, quiénes pueden ser beneficiarios) en el capítulo II

— La acción protectora (es decir los aspectos relativos a la prestación económica en sí) es objeto del capítulo III

–El capítulo IV regula el procedimiento para la solicitud, el inicio de la tramitación y resolución del ingreso mínimo vital.

Respecto a ello, señala la Exposición de Motivos que “con el objeto de facilitar la presentación de la solicitud se habilitarán diferentes canales a disposición de los ciudadanos. Asimismo, se podrán suscribir convenios con las Comunidades Autónomas y Entidades locales para la presentación de las solicitudes e iniciación y tramitación del expediente, por su proximidad y conocimiento de la realidad social de su territorio”.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social será el competente para el reconocimiento y control de la prestación, sin perjuicio de la posibilidad de suscribir convenios y de las disposiciones adicionales cuarta y quinta. La tramitación del procedimiento se realizará por medios telemáticos.

–El capítulo V regula la cooperación entre las administraciones públicas.

Se contempla la promoción de estrategias de inclusión de las personas beneficiarias del IMV, por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en coordinación con todas las administraciones involucradas. Asimismo, se prevé la cooperación y colaboración con otros órganos de la Administración, con Comunidades Autónomas y EELL, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, empresas colaboradoras, incluidas las empresas distinguidas con el Sello de Inclusión Social, así como entidades del Tercer Sector de Acción Social, mediante la firma de convenios de colaboración, pudiendo estos convenios regir la cooperación en el procedimiento administrativo, en el desarrollo de estrategias de inclusión o en cualquier otro ámbito de relevancia para los fines del ingreso mínimo vital.

–El capítulo VI determina el régimen de financiación del ingreso mínimo vital, que se realizará a cargo del Estado mediante la correspondiente transferencia a los presupuestos de la Seguridad Social

–Los capítulos VII y VIII establecen, respectivamente, el régimen de obligaciones y el de infracciones y sanciones.

–El capítulo IX regula el régimen de control financiero de esta prestación.

Así mismo, la ley consta de 10 Disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias y 12 disposiciones finales

La disposición final sexta pretende incentivar la participación de las Entidades locales en la iniciación e instrucción del procedimiento del IMV, posibilitando que los gastos que se deriven del desarrollo de estas funciones se puedan financiar con cargo al superávit previsto al cierre del ejercicio, y previendo que a efectos de determinar en relación con el ejercicio 2020 la situación de incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria se tendrá en consideración, con carácter excepcional, si aquella ha estado causada por estos gastos.

En lo que se refiere al Procedimiento debe destacarse:

● La competencia para el reconocimiento de esta prestación corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Mediante convenio (conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público) las Entidades locales podrían encargarse de la iniciación la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente. Pero el ejercicio de tales funciones por las EELL, no requerirá los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), es decir los informes previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.

El órgano competente para resolver será en todo caso el INSS

El plazo máximo de resolución del procedimiento es de seis meses

En caso de no resolución en plazo, se entiende desestimada la solicitud

La regulación procedimental es la siguiente

Artículo 24. Normas de procedimiento.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en la presente Ley, será de aplicación lo previsto en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

[El apartado 3 de dicho artículo 129 establece que en los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, una vez transcurrido el plazo máximo para dictar resolución y notificarla fijado por la norma reguladora del procedimiento de que se trate sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la petición por silencio administrativo].

Artículo 25. Competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social y colaboración interadministrativa.

1. La competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo apartado de este artículo y en las disposiciones adicionales cuarta y quinta.

2. Las comunidades autónomas y entidades locales podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el oportuno convenio que les habilite para ello.

En el marco del correspondiente convenio suscrito con el Instituto Nacional de Seguridad Social, podrá acordarse que, iniciado el expediente por la respectiva administración, la posterior tramitación y gestión previas a la resolución del expediente se efectúe por la administración que hubiere incoado el procedimiento.

3. El ejercicio de las funciones citadas en el apartado anterior no requerirá, en ningún caso, los informes previos que establece el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 26. Iniciación del procedimiento.

El acceso a la prestación económica prevista en la presente ley se realizará previa solicitud de la persona interesada, según lo previsto en el artículo siguiente.

Artículo 27. Solicitud.

1. La solicitud se realizará en el modelo normalizado establecido al efecto, acompañada de la documentación necesaria para justificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley y en sus normas de desarrollo.

Dicha solicitud se presentará, preferentemente, en la sede electrónica de la Seguridad Social o a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el Instituto Nacional de la Seguridad Social tenga habilitados al efecto, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en el marco de los convenios a los que se refiere el artículo 32.

2. No obstante, respecto de los documentos que no se encuentren en poder de la administración, si no pueden ser aportados por el interesado en el momento de la solicitud, se incluirá la declaración responsable del solicitante en la que conste que se obliga a presentarlos durante la tramitación del procedimiento.

3. Para acreditar el valor del patrimonio, así como de las rentas e ingresos computables a los efectos de lo previsto en la presente Ley, y los gastos de alquiler, del titular del derecho y de los miembros de la unidad de convivencia, el titular del ingreso mínimo vital y los miembros de la unidad de convivencia cumplimentarán la declaración responsable que, a tal efecto, figurará en el modelo normalizado de solicitud.

Artículo 28. Tramitación.

1. Una vez recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procederá a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

Frente a la resolución de inadmisión, que deberá ser dictada en el plazo de 30 días, se podrá interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, y cuyo objeto se limitará a conocer sobre la causa de inadmisión.

La admisión de la solicitud no obstará a su desestimación si, durante la instrucción del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el artículo 10.1.b).

2. Admitida a trámite la solicitud, procederá iniciar la instrucción del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestación.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social procederá a dictar resolución, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, las notificaciones serán efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentación a que se hubiera obligado en la declaración responsable prevista en el artículo 27.2, con carácter previo a dictar resolución la entidad gestora le requerirá a tal efecto. En este caso, quedará suspendido el procedimiento durante el plazo máximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentación requerida, se producirá la caducidad del procedimiento.

Artículo 29. Supervisión del cumplimiento de requisitos.

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social comprobará el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y demás personas que integren la unidad de convivencia.

Para ello verificará, entre otros, que quedan acreditados los requisitos relativos a la identidad del solicitante y de todas las personas que integran la unidad de convivencia, a la residencia legal y efectiva en España de este y de los miembros de la unidad de convivencia en la que se integrara, residencia efectiva de los miembros de la unidad de convivencia en el domicilio, la composición de la unidad de convivencia, relación de parentesco y pareja de hecho, rentas e ingresos, patrimonio, y el resto de condiciones necesarias para determinar el acceso al derecho a la prestación así como su cuantía. Del mismo modo, mediante controles periódicos realizará las comprobaciones necesarias del cumplimiento de los requisitos y obligaciones que permiten el mantenimiento del derecho o de su cuantía.

2. Para el ejercicio de su función supervisora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social llevará a cabo cuantas comprobaciones, inspecciones, revisiones y verificaciones sean necesarias y requerirá la colaboración de las personas titulares del derecho y de las administraciones públicas, de los organismos y entidades públicas y de personas jurídico-privadas. Estas comprobaciones se realizarán preferentemente por medios telemáticos o informáticos.

3. La supervisión de los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en la presente Ley, para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las haciendas tributarias forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas haciendas públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas administraciones públicas.

Entrada en vigor: el 1 de enero de 2022

Texto íntegro de la Ley, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf

[Pueden verse más novedades normativas aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DIA ]

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DERECHO ADMINISTRATIVO INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Normativa al día: Admón. electrónica.-NUEVA REGULACIÓN REGISTRO ELECTRÓNICO GENERAL, REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS Y REGISTRO DE FUNCIONARIOS HABILITADOS EN LA ADMÓN.GRAL. DEL ESTADO

En el BOE del día 11/1272021 se publican tres Ordenes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática sobre las materias siguientes que resumo:

Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado [REG-AGE]

Esta Orden regula los requisitos y condiciones de funcionamiento de REG en la Administración General del Estado  

El artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad, vinculados o dependientes. También se podrá anotar la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

Asi mismo, los organismos públicos vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.

Estos registros electrónicos contarán con el apoyo de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros a las que corresponde la digitalización y la anotación en el Registro Electrónico General, o registro electrónico de cada organismo o entidad según corresponda, de las solicitudes, escritos y comunicaciones en papel que se presenten o sean recibidos en estas y se dirijan a cualquier órgano, organismo público o entidad de derecho público de cualquier Administración Pública. Para dar cumplimiento a estas previsiones legales, el artículo 38 del Reglamento de actuación y funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con establece la naturaleza y funcionamiento del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado.

Se configura el REG-AGE como el conjunto agregado de los asientos practicados a través de las aplicaciones de que dispongan las unidades que realicen anotaciones en registro, de las anotaciones que se realicen en cualquier aplicación que proporcione soporte a procedimientos específicos, así como de las anotaciones que se practiquen por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

De acuerdo con ello, mediante esta Orden Ministerial se regulan los requisitos y condiciones del funcionamiento del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado

Ámbito del REG-AGE: la Administración General del Estado y sus Organismos públicos y Entidades de derecho público vinculados o dependientes que no dispongan de su propio registro

Órganos competentes:

La Dirección General de Gobernanza Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública es competente para la gobernanza y gestión funcional del REG-Administración General del Estado

La Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital será la competente para el diseño, implantación y gestión técnica de la plataforma tecnológica del REG-AGE y del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.

Vías de acceso al Registro

a) Presencialmente, exclusivamente para los sujetos no obligados a relacionarse electrónicamente de acuerdo con el artículo 14 de la ley 39/2015, de 1 de octubre:

– a través de las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros y en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

– en las oficinas de Correos en los términos que se determinen reglamentariamente.

b) Por internet:

– a través de la sede electrónica del Punto de Acceso General de la Administración General del Estado (sede.administracion.gob.es) que dispondrá de un acceso al REG-AGE para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones distintos de los mencionados en el párrafo siguiente.

– a través de las sedes electrónicas asociadas a los ministerios, organismos y entidades de derecho público de la Administración General del Estado para los servicios, procedimientos y aplicaciones de soporte que realicen anotaciones en el REG-AGE.

Otras normas de funcionamiento: Anotación de asientos en el REG-AGE (artículo 4), documentos admisibles a través del servicio electrónico accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General (artículo 5), acuse de recibo (artículo 6), consultas al Registro (artículo 7), presentación de documentos, fecha, hora oficial y cómputo de plazos (artículo 8)

Intercambios registrales entre Administraciones Públicas. La Disposición adicional segunda establece que para los intercambios registrales entre AAPP no será de utilización el servicio electrónico de registro accesible desde la sede electrónica del Punto de Acceso General. En su lugar, se podrán utilizar las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del Registro Electrónico General de cada Administración así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, a través del sistema de interconexión de registros (SIR).

Derogación de norma anterior.- Queda derogada la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril, por la que se regula el Registro Electrónico Común

[Véase el texto completo de la nueva regulación del Registro Electrónico General de la AGE, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado [REA-AGE]

El Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, regula en su artículo 33 el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE

La creación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE tiene como finalidad facilitar la acreditación de la representación de las personas interesadas en procedimientos administrativos en los que tengan o puedan tener la condición de persona interesada, previa realización voluntaria de un apoderamiento por comparecencia personal o electrónica apud acta a favor de otra persona para que realice trámites en su nombre, sin coste alguno.

Mediante esta Orden:

– se determinan los órganos responsables

– el sistema de funcionamiento en el ámbito de la Administración General del Estado

tipos de apoderamientos y contenido del registro de apoderamientos (artículo 3)

– el procedimiento de incorporación de los apoderamientos

-la inscripción de los apoderamientos (artículo 4)

– la revocación, renuncia, vigencia y prórroga de los apoderamientos.

-se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el ámbito de la AGE y de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes que no cuenten con registro electrónico de apoderamientos propio.

Es de destacar, en lo que afecta a las EELL:

-el REA-AGE deberá ser plenamente interoperable con los registros electrónicos de apoderamientos generales y particulares pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones Públicas garantizando su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión electrónica de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen al mismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

-quedan derogadas la Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos y la Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE y en el Registro Electrónico de Apoderamientos de las Entidades Locales y se establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta a través de medios electrónicos. [Véase el texto completo de la nueva regulación del Registro Electrónico de Apoderamientos de la AGE, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf

Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados [RFH] en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público

El artículo 12 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que cuando las personas interesadas, que no estén obligadas a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, no dispongan de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por el personal funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello.

A estos efectos, se prevé que la AGE, las CCAA y las Entidades Locales mantengan actualizado un registro u otro sistema equivalente, donde constará el personal funcionario habilitado para la identificación o firma y en el que se incluirán, al menos, aquellos que presten servicios en las Oficinas de Asistencia en Materia de Registros.

Esta Orden Ministerial tiene por objeto regular el funcionamiento del Registro de Funcionarios Habilitados:

– para la expedición de copias auténticas y

– para la identificación o firma electrónica de las personas interesadas en aquellos procedimientos que se determinen y que estarán disponibles para la ciudadanía en el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

En la misma se regulan:

-Los órganos competentes.

-La inscripción en el registro.

-La expedición de copias auténticas.

-El contenido del Registro de Funcionarios Habilitados.

-El funcionamiento del Registro

-La publicidad de procedimientos.

El acceso electrónico al Registro [Véase el texto completo de la nueva regulación del Registro de Funcionarios Habilitados de la AGE, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf

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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

LAS FASES DE INICIACIÓN Y DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Puedes ver aquí las materias tratadas -con especial referencia a la administración local- en el Capítulo IV de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de la Colección «Todo Administración Local» de «El Consultor» (Editorial Wolters Kluver»), recientemente publicado:

I. Consideraciones previas

II. Normativa aplicable

III. La fase de iniciación del procedimiento

1. Concepto

2. Características

3. Clases de iniciación

4. Disposiciones comunes

4.1. Información y actuaciones previas 

4.2. Comunicación a los interesados del plazo máximo de resolución del procedimiento y efectos del silencio

4.3. Medidas provisionales

4.4. Acumulación a otros procedimientos

4.5. La iniciación del procedimiento y el expediente administrativo

4.6. La iniciación y la tramitación simplificada

4.7. La iniciación y la obligación de resolver

5. Iniciación de oficio por la Administración

5.1. Formalización, ámbito y características

5.2. Iniciación a propia iniciativa

5.3. Iniciación como consecuencia de orden superior

5.4. Iniciación por petición razonada de otros órganos 

5.5. Iniciación por denuncia

5.6. Desistimiento por la Administración

5.7. Iniciación de oficio y caducidad

6. Iniciación a solicitud del interesado

6.1. Diferencia con el derecho de petición

6.2. Las Oficinas de asistencia

6.3. Requisitos de la solicitud de iniciación

6.4. Declaración responsable y comunicación

6.5. Modelos normalizados de solicitud, de declaración responsable y de comunicación previa

6.6. Modelos telemáticos de solicitud

6.7. Propuestas de actuación municipal

6.8. Lengua utilizada

6.9. La iniciación y el Registro

6.10. Subsanación, desistimiento, y mejora de la solicitud

IV. La fase de instrucción del procedimiento

1. Concepto y régimen jurídico de los actos de instrucción

2. Derechos de los interesados durante la instrucción

3. Alegaciones de los interesados

4. La prueba

4.1. Medios de prueba: régimen jurídico

4.2. Periodo de prueba

4.3. Práctica de la prueba

5. Los informes

5.1. Concepto y clases

5.2. Petición

5.3. Plazo, emisión y contenido 

5.4. Los informes y la motivación de la resolución administrativa

6. La participación de los interesados

6.1. Trámite de audiencia

6.2. Información pública

6.3. Participación ciudadana

7. La instrucción y la tramitación simplificada

8. La propuesta de resolución

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DERECHO ADMINISTRATIVO LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA

UN EJEMPLO DE BUENA TÉCNICA, CALIDAD, CLARIDAD NORMATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La vida municipal se manifiesta, en lo que a la regulación normativa propia se refiere, en distintas Ordenanzas y Reglamentos.

Los sucesivos equipos de gobierno, en el ejercicio legítimo de su acción política municipal, elaboran los correspondientes textos normativos aprobándose por el Pleno Municipal (conforme al procedimiento legalmente establecido, ex artículo 49 de la LRBRL) y se publican en el Boletín Oficial de la provincia (o, en su caso, Comunidad Autónoma) para su entrada en vigor. Es decir, al igual que las disposiciones normativas estatales que se publican en el BOE. En ambos casos, por imperativo del principio de publicidad de las normas del artículo 9.3 de la Constitución española.

Además, en virtud de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) tales Ordenanzas aparecen generalmente publicadas en la web, sede electrónica o portal de transparencia.

Ahora bien, con el paso de los años, se va formando un ordenamiento jurídico municipal abultado, complejo y, lo que es peor, integrado por normas a veces obsoletas (regulando situaciones jurídicas del pasado que no tienen reflejo en la realidad actual, lo que hace que la norma haya dejado de cumplir la finalidad que justificó su aprobación) o se trata de normas tácitamente derogadas. En muchos casos, el Ayuntamiento no tiene ya competencia en la materia que amparó la aprobación de la norma al haber quedado superada por las previsiones de la legislación sectorial; y en determinados supuestos las normas han perdido su vigencia porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales.

También es frecuente encontrarse con Ordenanzas y Reglamentos reguladores de cuestiones que no precisan de una norma jurídica y que pueden ser sustituidos por instrumentos de carácter no normativo, dotados de una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad que regulan.

En definitiva, los ciudadanos en muchos casos desconocen si una norma resulta o no de aplicación.

Es cierto que, siendo una realidad en muchísimas Entidades locales españolas, bien por falta de medios personales, bien por ausencia de voluntad política, bien por ambas causas, resulta con frecuencia muy difícil llevar a cabo una labor de depuración normativa.

Pero toda esta situación es contraria a las mínimas exigencias de calidad de las normas, la claridad de las reglas de juego y procedimientos para el ciudadano, la sencillez y la coherencia de la normativa municipal y, en definitiva, de la seguridad jurídica; así como contraria al principio de buena regulación exigido a todas las AA.PP. en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Por todo ello, quiero destacar aquí la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Acuerdo del Pleno, de 28 de septiembre de 2021, de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, tras un proceso de depuración del ordenamiento jurídico municipal con el objetivo de eliminar todas las normas obsoletas o que estaban en desuso.

Con ello, se dispone de un ordenamiento jurídico cierto, claro, integrado y depurado, que facilita su conocimiento y comprensión y se traduce en una percepción favorable de las instituciones por parte de la ciudadanía y los operadores jurídicos.

La aprobación de la Ordenanza de derogación normativa ha permitido la derogación de forma rápida y con el menor coste de recursos posible de 17 normas.

La Ordenanza se estructura en un artículo único, que contiene la relación de las ordenanzas que quedan derogadas agrupadas por ámbitos materiales y 5 disposiciones finales.

Esta Ordenanza de derogación cumple con el principio de seguridad jurídica ya que tiene precisamente por objeto conseguir que los ciudadanos puedan identificar claramente cuál es el marco jurídico vigente y efectivamente aplicable, eliminando normas en desuso o que están tácitamente derogadas.

Asimismo, asegura el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, promoviendo la sustitución de determinadas normas por instrumentos más flexibles (acuerdos, decretos, instrucciones) en aquellas materias en las que no existe una obligación de regulación reglamentaria.

Por otra parte, se dió cumplimiento al principio de transparencia, al haber sido sometida a un proceso de consulta pública previa.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad a cubrir con la norma.

Otros efectos:

► Esta Ordenanza contribuirá al mantenimiento de un archivo normativo adecuado y proporcional, facilitando a la ciudadanía y a los operadores el acceso actualizado a la normativa en vigor.

► En aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Puede verse aquí el texto íntegro de la Ordenanza:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/18/BOCM-20211018-65.PDF

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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todas las NORMAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENTIDADES LOCALES

En esta entrada puede verse el lndice del CAPÍTULO III de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (de la colección Todo Administración Local, que edita Wolters Kluver), recientemente publicada, en el que de forma sistemática y minuciosa y desde mi experiencia como Secretario Municipal compendio y analizo, en clave local, todas las normas e instituciones jurídicas comunes a las distintas fases del procedimiento administrativo, desde los principios rectores del mismo, los requisitos y vicios de los actos o trámites, los órganos o unidades intervinientes y el régimen jurídico de la abstención y la recusación, así como las normas específicas o tradicionalmente consideradas de ordenación (actualizadas al necesario funcionamiento electrónico de la administración local). Finalmente se incluye el análisis actualizado de instituciones tan vinculadas a las fases procedimentales como los plazos y su régimen jurídico (abarcando igualmente las peculiaridades producidas durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020), el registro electrónico y el archivo electrónico único

En el INDICE se incluyen los apartados siguientes:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

III. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Producción de los actos administrativos

3. Requisitos: contenido, motivación e inderogabilidad singular

3.1. Contenido y motivación  

3.2. Inderogabilidad singular

4. Forma

IV. LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO

1. Consideraciones previas

2. Empleados públicos, unidades y órganos administrativos

2.1. Empleados públicos

2.2. Unidades administrativas

2.3. Órganos administrativos

V. LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DEL PERSONAL Y LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO

1. Conceptos

2. Supuestos de abstención

3. Régimen jurídico de la abstención y efectos4. Régimen jurídico de la recusación

VI. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

VII. LOS VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Clases de vicios en el acto administrativo

3. Errores materiales, de hecho o aritméticos

4. Irregularidades no invalidantes

5. Vicios de anulabilidad

6. Vicios de nulidad

7. Procedimiento de revisión de los vicios del acto administrativo

8. Efectos

9. Conversión, conservación y convalidación

VIII. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. El expediente

1.1. Concepto

1.2. Formato

1.3. Contenido y formación

1.4. Impulso de la tramitación

1.5. Orden de tramitación

1.6. Desglose de documentos y carácter bifronte de éstos

1.7. Custodia de documentos

1.8. Salida de expedientes de las oficinas

1.9. Remisión del expediente electrónico

2. Publicidad de las relaciones de procedimientos

3. Impulso del procedimiento

4. Cumplimiento de trámites

5. Concentración de trámites

6. Cuestiones incidentales

7. Tramitación simplificada

8. Responsabilidad de la tramitación

9. La actuación administrativa automatizada

9.1. Consideraciones previas

9.2. Definición y distinción de conceptos afines

9.3. Régimen jurídico

9.4. Algunos ejemplos

10. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales

IX. TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto y obligatoriedad

2. Reglas sobre el cómputo de plazos administrativos

2.1. Regla general

2.2. Excepciones

2.3. Comienzo y cómputo del plazo

2.4. Finalización del plazo

3. Reglas sobre el cómputo de los plazos en los registros electrónicos

4. Las aplicaciones informáticas y los plazos

5. La habilitación de medios para el cumplimiento de los plazos

6. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo

7. La reducción de plazos en el procedimiento administrativo

7.1. Régimen común de la tramitación de urgencia

7.2. La tramitación de urgencia en virtud de ley

8. La suspensión del plazo máximo de resolución

9. La ampliación del plazo máximo de resolución

10. Los plazos administrativos y el funcionamiento de las oficinas de las AAPP

11. La excepcional suspensión de plazos en el estado de alarma

X. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

1. Lugares de presentación de los documentos que los interesados dirijan a la Entidad local

2. Objeto

3. Naturaleza y características

4. Las oficinas de asistencia en materia de registro

5. El registro y la sede electrónica

6. Horario de funcionamiento del Registro de la Entidad local

7. Orden de anotación en el Registro, contenido, recibo acreditativo y curso del documento

8. Dirección de la función de fe pública

9. Creación y regulación.

10.-Entrada en vigor

XI. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

1. Consideraciones previas y definiciones de interés en la legislación vigente sobre archivos

2. El archivo electrónico de documentos

3. La figura del archivo electrónico único y el procedimiento administrativo

4. Conservación y medidas de seguridad

5. Los antiguos archivos en papel

6. Dirección de la función de fe pública

7. Acceso de los ciudadanos al Archivo

8. Entrada en vigor

Más información en este blog:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/

https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Obra sobre Procedimiento administrativo: ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS I Y II

En esta entrada puede verse al detalle el índice de los dos primeros capítulos de mi obra, recientemente publicada

CAPÍTULO I. NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Consideraciones previas

1. Objeto de este bloque de materias.

2. Objeto de este Capítulo

3. Las fuentes del procedimiento administrativo local

II. Concepto y finalidad del procedimiento administrativo de las Entidades Locales

III. Legislación básica sobre procedimiento administrativo aplicable a las Entidades Locales

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1.1. Naturaleza.

1.2. Contenido de la LPAC. Especial referencia al Título preliminar, las Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposición derogatoria y Disposición final séptima (entrada en vigor). Relación entre los Títulos I a VI y los Capítulos o epígrafes de esta Obra.

2. Otras disposiciones orgánicas o básicas, comunes a los procedimientos administrativos de las EELL 

2.1. Supuestos de informe del Secretario

2.2. Solicitud de informe al Consejo de Estado

2.3. Supuestos de informe del Interventor y de fiscalización en los expedientes.

2.4. Procedimientos cuya resolución corresponde al Alcalde

2.5. Procedimientos cuya resolución corresponde al Presidente de la Diputación

2.6. Ejercicio de la competencia por los órganos de las EELL

2.7. Requisitos de funcionamiento y de adopción de acuerdos de los órganos colegiados

2.8. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno Local

2.9. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación

2.10. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento

2.11. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno de la Diputación

2.12. Notificación y publicación de acuerdos

IV. Normativa estatal, autonómica y local

1. Normativa estatal. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

2. Legislación autonómica:

2.1.Canarias.

2.2.Cataluña.

2.3.Illes Balears.

2.4.La Rioja.

2.5.Navarra.

3. Normativa local

V. Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de  actividades administrativas de las Entidades Locales

1.-Potestad reglamentaria

2.-Aceptación de competencias o delegación de competencias

3.- Creación de Entidades Locales

4.- Alteración de términos municipales

5.-Constitución de la Corporación

6.-Elección de Alcalde y del Presidente de Diputación y de los Cabildos y Consejos Insulares

7.-Régimen de sesiones del Pleno

8.-Sustitución de Concejales

9.-Instrumentos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

10.-Moción de censura

11.-Cuestión de confianza

12.-Consulta popular

13.-Ejercicio del derecho a la información pública

14.-Procedimiento sancionador 

15.-Procedimiento de responsabilidad patrimonial

16.-Elaboración y aprobación del Presupuesto

17.-Aprobación de la liquidación del Presupuesto

18.-Aprobación de la Cuenta General

19.-Aprobación de Ordenanzas Fiscales

20.-Establecimiento o modificación de tributos 

21.-Procedimiento de recaudación

22.- Revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos

23.-Aprobación de convenios

24.-Ejercicio de acciones

25.-Sistemas de selección de los empleados públicos

26.-Régimen de las situaciones administrativas

27.-Régimen disciplinario

28.-Procedimientos de concesión de subvenciones

29.-Procedimiento de justificación y reintegro de subvenciones 

30.-Aprobación del expediente de contratación 

31.-Procedimientos de adjudicación de los contratos

32.-Procedimientos de adquisición de bienes

33-Procedimientos de autorización y concesión de bienes demaniales

34.-Procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales

35.- Establecimiento, organización y supresión de servicios

36.-Ejercicio de actividades de servicios y de comercio

37.-Instrumentos de prevención ambiental

38.- Espectáculos públicos

39.-Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico

40.-Aprobación de Convenios urbanísticos

41.-Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 

42.-Procedimiento de disciplina urbanística

VI. Leyes autonómicas sobre administración local, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y sobre urbanismo

1.-Leyes autonómicas sobre administración local

2.-Leyes autonómicas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

3.-Leyes autonómicas sobre urbanismo

CAPÍTULO II. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Consideraciones previas

II. Conceptos y régimen jurídico

1. Las personas y la capacidad de obrar ante la Administración: tipos de personas (personas físicas, personas jurídicas, ciudadanos y vecinos)

1.1. Personas físicas y personas jurídicas

1.2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

1.3. La extensión de la capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

1.4. Los ciudadanos

1.5. Los vecinos

2. Los interesados

3. La representación

4. El registro de apoderamientos

5. La identificación ante la Administración. Clases. Sistemas de identificación electrónica

5.1. Clases de identificación:

5.2. Sistemas de identificación electrónica:

6. La firma ante la Administración. Concepto. Clases. Sistemas de firma electrónica

6.1. La firma ante la Administración

6.2. Clases de firma electrónica:

7. El Punto de Acceso electrónico de la Administración

8. La sede electrónica

9. Las oficinas de asistencia en materia de registro

9.1. Introducción.

9.2. Régimen jurídico

10. Documentos aportados por los interesados

11. Modelos normalizados de solicitud

12. Documentos públicos administrativos 

12.1. Introducción.

12.2. Concepto.

12.3. Clases:

12.4. Documento y acto administrativo

12.5. Las normas técnicas de interoperabilidad que afectan al documento electrónico administrativo

12.6. Requisitos de validez del documento electrónico administrativo

13. Copias auténticas realizadas por las AAPP

13.1. Concepto de copia auténtica.

13.2. Requisitos de las copias auténticas.

13.3. Efectos.

13.4. Derechos de los interesados

13.5. Órganos y funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas

13.6. Expedición de copias auténticas de otros documentos públicos

14. Transmisiones de datos entre AAPP

14.1. Consideraciones previas.

14.2. La transmisión de datos entre AAPP y el derecho de los interesados.

14.3. La transmisión de datos entre AAPP y la protección de datos de carácter personal

14.4. La Norma Técnica de Interoperabilidad en materia de intermediación de datos

14.5. Plataforma de intermediación de datos

III. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración

1. Derechos

1.1. Elección del medio para relacionarse con la Administración

1.2. Comunicación a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

1.3. Asistencia en el uso de medios electrónicos

1.4. Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la LPAC

1.5. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

1.6. Acceso a la información pública, archivos y registros

1.7. Trato con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

1.8. Facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

1.9. Protección de sus datos de carácter personal

1.10. Exigencia de responsabilidad a la Administración y autoridades

1.11. Otros derechos

2. Obligaciones

2.1. Acreditar la identidad

2.2. Firmar el documento en los supuestos exigidos

2.3. Inscribirse en el Padrón del Municipio de residencia habitual

2.4. Colaborar con la Administración en los supuestos exigidos

2.5. Comparecer en una oficina pública en los supuestos legalmente previstos

2.6. Otros deberes

3. Derechos y obligaciones de los vecinos

IV. Derechos y obligaciones de los interesados en sus relaciones con la Administración.

1. Derechos.

1.1. Consideraciones previas

1.2. Derechos reconocidos a las personas

1.3. Obtención de información y orientación sobre requisitos impuestos a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

1.4. No aportación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración

1.5. No presentar documentos originales

1.6. Conocer el estado de la tramitación del procedimiento

1.7. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda

1.8. Conocer el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

1.9. Conocer los actos de trámite dictados en el procedimiento

1.10. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento

1.11. Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento

1.12. Formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos y aportar documentos

1.13. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente

1.14. Interponer el recurso resulte procedente en caso de desestimación por silencio administrativo

1.15. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

1.16. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes

1.17. Otros derechos reconocidos a los presuntos responsables en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora

2. Obligaciones.

2.1. Relacionarse electrónicamente con la Administración en los supuestos exigidos

2.2. Responsabilizarse de la veracidad de los documentos que presenten

2.3. Cumplir los plazos establecidos en la LPAC u otras leyes

V. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con las personas

VI. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con los interesados en el procedimiento

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DERECHO ADMINISTRATIVO Mis artículos

DISTANCIA SOCIAL SÍ, PERO MÁS ACERCAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN AL CIUDADANO

[Artículo publicado en el Blog de EsPublico el 05/06/2020]

En estos últimos días, escuchaba a un dirigente sindical de Nissan en Barcelona, tras el anuncio de cierre de la fábrica y ante la pregunta del periodista sobre cómo verían una posible nacionalización: “Yo no se si nacionalizar la Nissan o no, lo que queremos es que permanezca, que no cierre la fábrica”; también leía la declaración de un presidente de una gran empresa: “Hay que acelerar todo lo posible la vuelta al trabajo”.

Tanto en un caso como en otro, sobre todo en el segundo, nos encontramos con efectos tan negativos y devastadores como los originados por la pandemia del COVID-19.

Pero no voy a tratar en este artículo de semejante virus y sus efectos en el orden personal, económico, social o político (de este último sobre todo no merece la pena dedicar una sola línea el ridículo de las broncas parlamentarias). Tampoco de lo acertado o no, y en todo caso discutidas desde el punto de vista jurídico, de las más de doscientas disposiciones derivadas de la declaración del estado constitucional de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Ahora que “el temporal parece que amaina” y que se impone la vuelta a la actividad -o, desgraciadamente, en muchos casos a la inactividad tanto laboral como empresarial- es lo cierto que la vida sigue, y aunque cumpliendo protocolos de “distancia social” (¿por qué se dirá distancia social en lugar de “evitar el contacto físico”?) “el ciudadano de a pie” necesita dirigirse a la Administración para múltiples trámites. Necesita acercarse a la Administración y por tanto ésta al ciudadano, ya sea presencialmente guardando la distancia física necesaria entre personas, entre empleados públicos y ciudadanos, ya sea electrónica o telemáticamente.

Y nuestro ordenamiento jurídico vigente cuenta con las técnicas e instrumentos legales y tecnológicos suficientes para facilitar el acercamiento entre Administración y ciudadano a los efectos indicados.

Así, el artículo 13 d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) establece el derecho de los ciudadanos, en sus relaciones con las AA.PP, al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico.

El artículo 53.1 f) LPAC -aunque referente a los interesados en el procedimiento, ¿acaso no es extensible a cualquier ciudadano que se “acerque a la Administración?- les reconoce el derecho a obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

Además, el artículo 21.4 LPAC exige que las AA.PP publiquen y mantengan actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo.

Por otra parte, el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece entre otros, como principios de actuación de las AA.PP los de servicio efectivo a los ciudadanos, cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas así como el de relacionarse entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizando la protección de los datos de carácter personal, y facilitando preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados.

Si a ello unimos que en virtud del artículo 53.1 d) LPAC los interesados tienen derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las AA.PP o que hayan sido elaborados por éstas; ¿por qué en coherencia con dicho derecho y en el marco de los citados principios rectores de la actuación de las AAPP no se extiende el derecho del ciudadano a que cualquier Administración a la que se dirija le facilite información sobre los trámites y procedimientos administrativos de cualquier otra?

Alguna ley autonómica, como la de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña (Ley 26/2010, de 3 de agosto, en su artículo 40.3) promueve tal posibilidad al establecer que “la ventanilla única puede funcionar en red interadministrativa para facilitar el acceso a los trámites de los procedimientos administrativos de competencia de las distintas administraciones públicas”.

Pero es que, a nivel estatal, el Sistema de Información Administrativa (accesible desde la red SARA –Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones, es decir conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e Instituciones Europeas) constituye un inventario de información administrativa de la Administración General del Estado (a través del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Dirección General de Gobernanza Pública), regulado por el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y actualizado de forma corresponsable por todos los Organismos participantes, conteniendo la relación de procedimientos y servicios de la A.G.E. y las diferentes Administraciones Públicas participantes.

Se que en ésto de la información administrativa general desde los Ayuntamientos “hay de todo, como en botica” (no se puede comparar un Ayuntamiento de una gran ciudad con los miles de pequeños municipios; la diferencia en los medios personales y materiales de que disponen es de un abismo), pero -y refiriéndome sobre todo a las medianas y grandes entidades locales- ¿hay voluntad política, se siente la necesidad de ofrecer al ciudadano esa información inmediata sobre los trámites y procedimientos administrativos a seguir, sea cual sea la Administración encargada de instruirlos y resolverlos? … porque la vida sigue después del COVID-19, y además de las acciones y medidas urgentes y prioritarias para que quienes más hayan sufrido y vayan a sufrir sus devastadoras consecuencias, tanto éstos como el resto de ciudadanos van a seguir necesitando hacer trámites ante la Administración y miles de ciudadanos no saben -y probablemente ni le importe- si es la administración local, la provincial, la autonómica o la estatal la que “lleva el asunto que debe gestionar”- ni saben qué trámites se necesitan y cuánto es el plazo para contestarles, y qué ocurre si no les contestan en plazo.

Esto que acabo de plantear- con la reflexión que me he permitido transmitir- es fácil de resolver (si hay voluntad política) pero ni no se lleva a cabo algo tan básico para acercar la Administración al ciudadano, para facilitarle a éste sus gestiones administrativas, si no se facilita al ciudadano algo tan básico, cuando haya que afrontar, asumir de verdad, y habría que hacerlo ya, los retos de los nuevos tiempos de la Administración Pública, como la gobernanza, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), la Agenda 2030 (¡cuántos acuerdos, mociones, declaraciones institucionales, proposiciones y adhesiones “inquebrantables” se han aprobado en Municipios de toda la geografía española!), la participación de nuevos actores (como el sector privado, la sociedad civil y el ciudadano), los datos abiertos, la participación ciudadana, la transparencia efectiva, la Administración pública profesional y eficiente o la rendición de cuentas de la gestión, me temo que se va a “quedar en agua de borrajas”.