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MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE DENEGACIÓN DE PROLONGACIÓN DE PERMANENCIA EN EL SERVICIO ACTIVO DE FUNCIONARIO CON HABILITACIÓN NACIONAL

Por más que supone un gran motivo de satisfación personal al tratarse el aquí bloguero el funcionario afectado al suponer la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 29 de noviembre de 2021 la estimación de mi recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia que había dictado un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo y por consiguiente la anulación de los actos administrativos denegatorios de mi solicitud de prolongación en el servicio activo, considero que resulta de especial interés para los funcionarios en general y para los habilitados nacionales en particular y ello por lo siguiente:

En primer lugar, recordar que, por un lado, leía hace unos meses en un foro de Habilitados Nacionales que algún compañero lanzaba la pregunta de si los funcionarios tendríamos derecho a la prolongación en el servicio activo una vez alcanzada la edad de jubilación. Así mismo, escuchaba en una sesión plenaria de un Ayuntamiento que un Concejal (de la oposición) al hilo de un debate en el que el mismo cuestionaba precisamente una denegación de este tipo, afirmaba no obstante -dirigiéndose al equipo de gobierno-: «ya se que ustedes pueden hacerlo» [se refería a denegar la solicitud de prolongación]

Pues bien: ni lo uno ni lo otro. Es decir, ni existe un derecho incondicionado del funcionario a obtener la prórroga en el servicio activo ni puede la Administración denegar, bajo cualquier motivación, la solicitud del funcionario.

Y ésto es lo que viene a sentenciar, con otras palabras (al texto literal del fallo judicial me remito, por supuesto) en el presente caso.

Este bloguero (y funcionario afectado) vió pasar por sus ojos -gracias a los compañeros y amigos que me las enviaban- diversidad de sentencias de tribunales superiores de justicia, o del Tribunal Supremo en relación al controvertido tema de la solicitud de funcionario de prolongación de la permanencia en el servicio activo. Naturalmente, también la última doctrina del Tribunal Supremo (así las Sentencias de 22 de diciembre de 2020 y de 18 de enero de 2021). Sin embargo, siendo consciente de ella, no me acababa de convencer que la motivación dada en las resoluciones administrativas que me denegaron la prórroga pudiesen encajar en dicha corriente jurisprudencial.

A continuación veremos tanto la última doctrina jurisprudencial como la «motivación» dada en mi caso.

Y es que -por eso aludo al especial interés para los funcionarios en general y para los habilitados nacionales en particular- si el pronunciamiento judicial del Tribunal Superior de Justicia fuese desestimatorio, cualquier órgano de la Administración Pública (en este caso, cualquier Alcalde) lo tendría fácil para denegar la prórroga al Secretario, o al Interventor o cualquiera otro de los puestos obligatorios en una Entidad local a cubrir por Funcionario con Habilitación Nacional: solo tendría que copiar la «motivación» dada en mi caso para justificar la denegación.

Sin embargo, el TSJM ha dicho que no, que eso de que «es el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa, dentro de esa renovación se encuentra la figura del Secretario ya que 15 años es un periodo más que suficiente para desarrollar todo un programa directivo y consideramos que es el momento de que otras personas puedan presentar un nuevo proyecto atractivo e innovador para mantener la Secretaría en constante evolución y actualización, que presente nuevas ideas y que permita que nuestra Secretaría General siga siendo el motor de la actividad del Ayuntamiento» no deja de ser una mera invocación genérica a una hipótesis de renovación sin sustento de base fáctica que determine la necesidad de dicho impulso y sin contraste de la supuesta incapacidad del recurrente para poder llevar a cabo algo que no se sabe qué puede ser ya que ni se conocen cuáles han de ser esas nuevas ideas, ni en qué se han de mejorar las estructuras administrativas y cómo éstas pueden influir en un Cuerpo nacional como es el de los Secretarios de Ayuntamiento.

En fin, para una más fácil lectura, resumo a continuación los datos y fundamentos esenciales, además del fallo, de la Sentencia:

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, de fecha 29 de noviembre de 2021, dictada en el Recurso de Apelación 1044/2021 interpuesto por don José López Viña, contra la Sentencia de 28 de junio de 2.021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 348/2020. Siendo parte apelada el Ayuntamiento de Móstoles

El apelante, don José López Viña, Secretario del Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, que cumplió los 65 años de edad el 24 de agosto de 2019, solicitó la prolongación de la permanencia en el servicio activo durante un año, siéndole concedida mediante Decreto de Alcaldía de 14 de agosto de 2019 y, posteriormente, mediante escrito presentado el 18 de junio de 2020, solicitó la prolongación de la permanencia en el servicio activo a partir del 24 de agosto de 2020 y por un plazo de dos años, siendo entonces denegada su solicitud por Decreto de 15 de julio de 2020 en base a la siguiente argumentación: “Entendemos que toda organización administrativa tiene un carácter dinámico y cambiante. Por ello es necesario ciertos movimientos dentro del personal directivo de la organización para de este modo verse beneficiado por la aportación de nuevas ideas que den un nuevo impulso a la organización, que tiendan a continuar con una mejora constante de las estructuras administrativas y hagan que la administración no llegue a quedarse obsoleta. Don José López Viña ha realizado una gran labor en el Ayuntamiento de Móstoles durante estos 15 años y el equipo de gobierno muestra un gran agradecimiento por su trabajo. Ahora bien, esto no puede ser óbice para que este gobierno siga buscando lo que es mejora para el Ayuntamiento dentro de su legítimo derecho de orientar su política de personal a conseguir la máxima eficiencia en el funcionamiento administrativo. Por ello consideramos que sin desmerecer la labor de D. José López Viña, que es el momento de renovar los puestos directivos de nuestra estructura administrativa. Dentro de esa renovación se encuentra la figura del Secretario ya que 15 años es un periodo más que suficiente para desarrollar todo un programa directivo y consideramos que es el momento de que otras personas puedan presentar un nuevo proyecto atractivo e innovador para mantener esta secretaría en constante evolución y actualización, que presente nuevas ideas y que permita que nuestra Secretaría General siga siendo el motor de la actividad del Ayuntamiento”.

El FJ quinto de la Sentencia, tras analizar la legislación aplicable y la evolución jurisprudencial señala que

La [nueva] doctrina jurisprudencial [Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2020 (cas. 2029/2019) y de 18 de enero de 2021 (cas. 3474/2018)] ha establecido que:

 a.- nos encontramos ante un derecho subjetivo condicionado a que las necesidades organizativas de la Administración hagan posible su ejercicio; pero recae sobre dicha Administración la carga de justificar esas necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación;

b.- si la decisión sobre la prolongación de permanencia en servicio activo solicitada por el funcionario lo es en función de unas necesidades de la organización, implica que las necesidades que se citen como fundamento de la decisión que se adopte sean ajustadas a la realidad y que se pruebe su existencia; y,

 c.- es perfectamente válida la ponderación, en la resolución administrativa sobre prolongación en la permanencia de servicio activo, de elementos individualizados basados en el trabajo desempeñado anteriormente por el funcionario solicitante, y que se valore su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo, así como si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos.

Dentro de dichos parámetros doctrinales se ha de mover la decisión denegatoria de dicha petición y la motivación es sobre la que se sustancia la litis en el entendimiento, por el apelante, que la contenida y referida más arriba no resulta suficiente para denegarla y la respuesta ha de ser positiva a sus pretensiones en contra de lo expresado en la Sentencia de instancia puesto que la motivación del acto no puede ser encuadrada dentro de ninguno de los supuestos concretos que admite la doctrina arriba reseñada ya que, aquella, no deja de ser una mera invocación genérica a una hipótesis de renovación sin sustento de base fáctica que determine la necesidad de dicho impulso y sin contraste de la supuesta incapacidad del recurrente para poder llevar a cabo algo que no se sabe qué puede ser ya que ni se conocen cuáles han de ser esas nuevas ideas, ni en qué se han de mejorar las estructuras administrativas y cómo éstas pueden influir en un Cuerpo nacional como es el de los Secretarios de Ayuntamiento.

En suma:

 ► no constan las necesidades organizativas que deben determinar la concesión o denegación de la prolongación;

 ► ni las necesidades de la organización, ni su realidad ni su existencia;

 ► ni se ha valorado su nivel de adecuación a los estándares de calidad y volumen de trabajo en el respectivo puesto de trabajo,

 ► ni si la contribución que pueda realizar a la consecución de los objetivos y metas propios del departamento, tanto en términos de calidad como cuantitativos, resulta positiva para los intereses públicos.

 Por todo ello, al amparo del artículo 48 de la Ley 39/2015, debe estimarse el recurso de apelación ya que el recurso tuvo que ser acogido en la instancia.

En atención a todo lo expuesto, la Sala ha decidido:

Primero.- Estimar el recurso de apelación.

Segundo.- Revocar la Sentencia de 28 de junio de 2.021 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 348/2020 y, en su consecuencia, ESTIMAR su recurso interpuesto contra resolución de fecha 21 de agosto de 2020 del Ayuntamiento de Móstoles que desestima el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto de 15 de julio de 2020 por el que se le denegaba la prolongación de permanencia en el servicio activo durante dos años, desde el 24 de agosto de 2020, que se anulan declarando su derecho a la prolongación en el servicio activo solicitada con todos los efectos inherentes a dicho reconocimiento.

[Véase más novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-%C3%93RGANOS-CONSULTIVOS ]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ANULA EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL: CONTEXTO, RESUMEN Y REFLEXIONES

Sentencia del TC de 26 de octubre de 2021 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020

Índice:

-EL CONTEXTO: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, ANTERIORES SENTENCIAS TC, LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. CE.: Título I (derechos y deberes fundamentales), capítulo II (derechos y libertades), sección 2 (derechos y deberes de los ciudadanos)

2. Regulación en la legislación de haciendas locales y anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que declaran parcialmente la inconstitucionalidad de algunos aspectos del impuesto.

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

Artículo 105.-Exenciones

Artículo 106.-Sujetos pasivos

Artículo 107.-Base imponible

Artículo 108.-Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

Artículo 109.-Devengo

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

3. La cuestión de inconstitucionalidad planteada.

LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL TC

ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

EL FALLO DE LA SENTENCIA:

LA SITUACIÓN A FECHA DE HOY Y QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

REFLEXIÓN FINAL

-EL CONTEXTO: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, ANTERIORES SENTENCIAS TC, LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

1. CE.: Título I (derechos y deberes fundamentales), capítulo II (derechos y libertades), sección 2 (derechos y deberes de los ciudadanos):

El artículo 31.1 [contenido en la citada sección 2 indicada) de la Constitución establece lo siguiente. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Y el artículo 163 de la CE establece que «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos».

2. Regulación en la legislación de haciendas locales y anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que declaran parcialmente la inconstitucionalidad de algunos aspectos del impuesto.

La regulación hasta ahora vigente del impuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL), con las salvedades que indico en letra cursiva como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017 de 11 de mayo y 126/2019, de 31 octubre y bajo los criterios interpretativos fijados en la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), acerca de la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, es la siguiente:

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ….

Artículo 105.-Exenciones

[El aptdo 1 contempla las exenciones objetivas, es decir las relativas a determinados actos de transmisión]

[El aptdo 2: se refiere a las exenciones subjetivas, es decir cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga sobre determinadas personas o entidades]

Artículo 106.-Sujetos pasivos

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

  • a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

[Este aptdo 1 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo B.O.E. 15 junio)].

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor [catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

[Este párrafo a) del número 2 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia mencionada del TC 59/2017 de 11 de mayo]

[Por otra parte, la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), fijó los siguientes criterios interpretativos acerca de la inconstitucionalidad de os artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL:

 Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.]

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

  • a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
  • b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

  • a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
  • b) Período de hasta 10 años: 3,5.
  • c) Período de hasta 15 años: 3,2.
  • d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

  • 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
  • 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor
  • 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

[El transcrito aptdo 4 del artículo 107 fue declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 126/2019, de 31 octubre, en estos términos: la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107.4 debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente y por exigencia del principio de seguridad jurídica, únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme (B.O.E. 6 diciembre)].

Artículo 108.-Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento.

Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del artículo anterior.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Artículo 109.-Devengo

1. El impuesto se devenga:

  • a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
  • b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

  • a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
  • b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4.Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.

[Este aptdo.4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo)]

[A su vez, la Sentencia TS (Sala 3.ª), de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017, en su fundamento jurídico 7º fija los siguientes criterios interpretativos: el artículo 110.4 del TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7, y 37/2017 , FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.]

5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

  • a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la LGT.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

3. La cuestión de inconstitucionalidad planteada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, elevó al TC cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del TRLHL por posible vulneración del art. 31.1 CE. al entender que la aplicación de los preceptos legales impugnados, al establecer un sistema objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU) que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, puede suponer una “carga fiscal excesiva” o “exagerada” que infrinja el principio constitucional de no confiscatoriedad en los supuestos en los que el importe de la cuota tributaria resultante, aun cuando no supera la plusvalía efectivamente obtenida con la transmisión del terreno urbano, sí representa una parte muy significativa de la misma.

LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL TC

El Fundamento jurídico 5 de la Sentencia analiza la aplicación del principio de capacidad económica como criterio o parámetro de imposición a la regla de cuantificación de la base imponible del IIVTNU.

Tras explicar que los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL establecen un único método de determinación de toda la base imponible del IIVTNU, y no de parte de ella, de carácter objetivo y de imperativa aplicación; y que en cuanto a su carácter objetivo u objetivado, en los preceptos controvertidos se fijan los dos elementos (objetivos) para calcular el importe del incremento gravado, cuales son el valor del terreno en el momento del devengo por referencia a su valor catastral en el art. 107.2.a) TRLHL y el porcentaje anual de incremento según el número de años transcurridos desde su adquisición en el art. 107.4 TRLHL., el Tribunal Constitucional considera que

 – el propio establecimiento de una estimación objetiva supone dejar al margen la capacidad económica real demostrada por el contribuyente, ya que, como ha argumentado la doctrina científica desde antiguo, la evaluación directa y la estimación presuntiva o indiciaria no son métodos alternativos de determinación de una misma base imponible, sino de determinación de bases alternativas. Y ello porque no solo ambos métodos se diferencian desde el punto de vista cuantitativo, ya que para ser alternativos sería necesario que por ambos se llegara al mismo resultado; sino también desde el punto de vista cualitativo, porque la evaluación directa mide la capacidad económica real del contribuyente y la estimación presuntiva mide otra cosa, cuyo concepto sólo puede inferirse de las normas reguladoras de tal estimación.

– por lo que a la obligatoriedad de la norma de cuantificación aquí cuestionada (art. 107 TRLHL)] la STC 59/2017 terminó con la ficción legal de la existencia inexorable de un incremento de valor (y, por tanto, de gravamen) con toda transmisión de suelo urbano, determinando que dicha transmisión es condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de la obligación tributaria en un impuesto cuyo objeto es el incremento de valor (FJ 3). El art. 107 TRLHL no permite la prueba de incrementos efectivos distintos (generalmente inferiores) al legalmente calculado y, por ende, la tributación en consecuencia. Y ello porque la presunción de que el suelo urbano se revaloriza anualmente (y aumenta en función de los años de tenencia) es únicamente la ratio legis de la regla de valoración ahora enjuiciada y no la regla de valoración en sí; presunción vulgar (que no jurídica) que venía respaldada por la realidad económica del tiempo que en que se promulgó este sistema objetivo de medición (art. 108 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales).

-aplicando la doctrina constitucional de la capacidad económica como criterio de imposición a los preceptos legales cuestionados en su configuración actual tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, puede afirmarse -continúa argumentando el TC- que a un impuesto de carácter real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible específico y no general (al gravar una concreta manifestación de riqueza, cual es la plusvalía de los terrenos urbanos por el paso del tiempo y no la renta global del sujeto), y sin constituir una figura central de la imposición directa, le es plenamente aplicable el principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro de la imposición. Lo que implica, en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los que experimenten un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, como resolvió la STC 59/2017 (FJ 3) al requerir transmisión del suelo urbano más materialización del incremento de valor para el nacimiento de la obligación tributaria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento se sometan a tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo, conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado que esta última no es más que la cuantificación del aspecto material del elemento objetivo del primero.

-en consecuencia de lo anterior, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE).

– carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la mecánica de la aplicación de este impuesto.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y declara inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la imposición (art. 31.1 CE).

ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

Conforme a lo establecido en el FJ 6:

Sobre esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL el propio Tribunal Constitucional realiza las siguientes precisiones:

►Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.

►No pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas a)  las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y b) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha

EL FALLO DE LA SENTENCIA:

El Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

LA SITUACIÓN A FECHA DE HOY Y QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

“Cautivo” de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y “desarmado” por el mismo de elementos esenciales del tributo como indicaré más adelante hoy por hoy- la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y, por tanto, su exigibilidad, no es posible, ya que de poco sirve que se mantengan vigentes los preceptos relativos a su naturaleza, hecho imponible, actos no sujetos, exenciones, sujetos pasivos, devengo y gestión del impuesto si no existe norma que determine la base imponible y, en consecuencia la cuota.

Como señala el propio TC en su fallo, debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio).

En un párrafo del apartado B) y en los apartados C) y D) del Fundamento Jurídico quinto de la sentencia, además de justificar la inviabilidad del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, el Tribunal Constitucional da pistas al legislador estatal sobre el contenido de la nueva regulación, en estos términos:

●-Si bien es cierto que la forma más adecuada de cuantificar esta plusvalía es acudir a la efectivamente operada, el legislador, a la hora de configurar el tributo, tiene libertad para administrar la intensidad con que el principio de capacidad económica debe manifestarse en ellos, para hacerlos compatibles con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puedan ser, como ya se ha manifestado, el cumplimiento de fines de política social y económica, la lucha contra el fraude fiscal o razones de técnica tributaria”.

●- La renuncia a gravar según la capacidad económica (real) manifestada en el hecho imponible estableciendo bases objetivas o estimativas no puede ser arbitraria, sino que exige justificación objetiva y razonable; justificación que debe ser más sólida cuanto más se aleje de la realidad el método objetivo elegido normativamente. En suma, la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible no sería inconstitucional per se, salvo que carezca de justificación objetiva y razonable.

●-Sobre la forma de cálculo de las plusvalías del suelo urbano, no faltan ejemplos alternativos en los antecedentes históricos de este mismo impuesto local, en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local de julio de 2017 o en los numerosos estudios científicos que, sobre este particular, han proliferado tras la promulgación de las declaraciones de inconstitucionalidad parcial de los preceptos legales ahora impugnados.

●- Para que el método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe:

 (i) bien no erigirse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor

 (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o “presumiblemente se produce(n) con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana” (SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3 y 126/2019, FJ 3). Esta última posibilidad pudo ser cierta con anterioridad a la caída del mercado inmobiliario, pero lo que resulta incontrovertido es que “la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado ‒la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos‒ en un efecto generalizado” (STC 59/2017, FJ 3) y, por lo que aquí interesa, ha dado lugar a que tampoco sean excepcionales o “patológicos” los supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior -con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el supuesto aquí enjuiciado- al incremento calculado ex art. 107 TRLHL. Siendo, pues, que la realidad económica ha destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable aproximación o conexión que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de técnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como medida o parámetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que la base imponible objetiva o estimativa deja de cuantificar incrementos de valor presuntos, medios o potenciales.

En cuanto a las liquidaciones del impuesto hechas con anterioridad: el TC zanja de manera clara las “ilusiones” de los contribuyentes y, en contrapartida, la “angustia” de los municipios ante un posible tsunami de recursos, anulaciones y devoluciones de millones de euros. Y ello porque -dice textualmente la Sentencia. “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”

REFLEXIÓN FINAL

Yo creo que con el paso del tiempo quedará como un corto periodo transitorio de vacío legal y -eso sí- como un serio recordatorio de que los preceptos constitucionales deben cumplirse por todos los poderes públicos.

Pero es cierto que el legislador estatal ha de tener en cuenta cuando menos -descartadas las “ilusiones” y la “angustia” antes descritas- la “ansiedad” que actualmente pueden estar padeciendo los alcaldes y concejales delegados de Hacienda teniendo en cuenta:

-por un lado, que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide -hoy por hoy- la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.

-por otro lado -y como el legislador estatal debe saber también- nos encontramos en fechas de elaboración e incluso aprobación del Presupuesto Municipal para 2022.

Yo no soy quien para meter prisa -y las prisas no son buenas consejeras, pero ¿tendrá en cuenta esas circunstancias el legislador estatal y que las Haciendas locales -conforme establece por cierto otro precepto constitucional (el artículo 142) deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas debiendo nutrirse fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado?

Veremos.

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La omisión del informe económico-financiero que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, supone un vicio de nulidad

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 24/06/2021

No debe confundirse el informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio correspondiente a la tasa municipal, con el estudio económico que figura en el anteproyecto de explotación correspondiente al contrato de gestión del servicio público.

La omisión del informe económico-financiero que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, supone un vicio de nulidad.

La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho.

La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de imparcialidad.

Las que acabo de citar son las notas claves de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 24/06/2021 (nº de Recurso: 1076/202) [Ref.: Roj: STS 2596/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2596 Cendoj: 28079130022021100266]

La cuestión de interés casacional planteada en el Tribunal Supremo consistía en determinar si, a efectos del artículo el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), resulta posible considerar como informe técnico-económico -para la aprobación de una tasa-, el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público, objeto de la propia exacción

Identificándose como preceptos objeto de interpretación: los artículos 24 y 25 del TRLHL y 132 y 133 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público [actualmente, artículos 284, 285 y 289 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)]

El artículo 24 del TRLHL, sobre la cuota tributaria de las tasas, dispone, en su apartado 2 que “en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”.

Y el artículo 25 dispone que los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Debiendo incorporarse dicho informe al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.

Por su parte, en la legislación de contratos (actualmente artículos 284, 285 y 289 de la LCSP) se establece, en síntesis, a los efectos que aquí interesan:

-Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

-En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.

-El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

En el caso enjuiciado, la argumentación municipal pretendía justificar que el estudio económico financiero que se redactó con motivo de la liquidación, unido a la oferta de la empresa contratista, constituyen base suficiente para el establecimiento de la tasa. Frente a ello se viene a sostener que dicho informe no es una formalidad, y que su ausencia, junto con la alteración de las bases que rigieron la licitación, han propiciado un resultado que no cubre el coste real o probable.

El Tribunal Supremo se cuestiona la conformidad a derecho de la ordenanza, en esencia, porque se ha omitido el informe técnico económico que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, defendiéndose que tal omisión supone un vicio de nulidad.

La sentencia recurrida declara que, del examen del expediente administrativo, se constata la ausencia del informe económico financiero o memoria económica del citado artículo 25 TRLHL, sin que ese defecto pueda suplirse por las actuaciones que eventualmente se hubieran seguido por el Ayuntamiento en materia de contratación referente a la demandante u otras empresas concurrentes. La sala a quo señala que “el Ayuntamiento … confunde la memoria económico-financiera correspondiente a la tasa, con el estudio económico que figura en el anteproyecto de explotación del ciclo integral del agua, correspondiente al contrato de gestión del servicio público que fue adjudicado a la aquí recurrente”.

El alto tribunal considera que la solución del presente recurso ha de venir dada por la doctrina ya fijada en su sentencia de 26 de abril de 2017, rec. cas. 167/2016, en la cual afirmaba, en relación, precisamente, con la alegación relativa a la validez, a los efectos del artículo 25 del TRLRHL, del informe económico financiero elaborado por la propia concesionaria, lo que sigue: “La cuestión real del debate es, si a los efectos de lo prevenido en el art. 25 TRLHL (en su redacción vigente en el momento de aprobarse el acuerdo) es válido el Informe económico financiero emitido por la propia empresa adjudicataria del Servicio. Y, en particular, si es un requisito para la validez de la modificación de la ordenanza, que el informe sea emitido o ratificado por técnicos municipales. De ser este un requisito insubsanable, su falta conllevará la nulidad de la modificación de la ordenanza. Y si, por el contrario, no lo es, entonces es cuando habrá que entrar a valorar si el informe de Aguas de León estaba suficientemente justificado”.

La Sala considera que el Informe es un elemento esencial para la validez de la aprobación de la Tasa, un requisito insubsanable, y que su falta conlleva la nulidad de la Ordenanza.

“La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho (STS 18/03/2010). La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de imparcialidadEn nuestro caso, este informe no ha sido elaborado por técnicos municipales sino por la propia empresa concesionaria del servicio y parte interesada. Y la Adjunta al Jefe de Asuntos Económicos ha dicho que en algunos casos no existe y que, en el resto, el informe es insuficiente y que debe ser reforzado. Habiéndose tomado por el Pleno el acuerdo definitivo sin tener en cuenta que el informe de Aguas de León no ha sido asumido por ningún técnico municipal.

Los informes técnico-económicos no son simples requisitos formales sino requisitos esenciales que han de preceder siempre a los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, determinando su omisión la nulidad de aquellos acuerdos al no permitir esa omisión el control del cumplimiento del límite global del coste del servicio o actividad y del principio de reserva de ley, la relación existente entre cuantía de la tasa y costes provocados al ente público y el respeto de la capacidad económica de los administrados, bien entendido que la omisión no viene determinada sólo por la total inexistencia de unos documentos calificados como tales informes, sino también por la falta de un mínimo rigor en el planteamiento y formulación de los mismos. El vicio procedimental denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho, y ello es lógico si se tiene en cuenta que el informe técnico económico es esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos. Y es que no podemos perder de vista que no nos encontramos ante una impugnación de un acto administrativo, sino ante un recurso directo contra una Ordenanza, cuya categoría es la de disposición de carácter general.

Ahondando en lo señalado anteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2001 (rec, cas. núm. 2810/1996), establecía que: “estos vicios procedimentales son causas de nulidad de pleno derecho de las Ordenanzas Fiscales”. En parecidos términos, tenemos las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004 (rec. cas. núm. 2384/1999), FD Undécimo], de 18 de diciembre de 1997 (rec. apel. núm. 2179/1991), FD Tercero; y de 28 de marzo de 2007 (rec. cas. núm. 1913/2002), FD Cuarto].

 En consecuencia, a la vista de los hechos y en atención a la doctrina que se acaba de sintetizar, la conclusión del Tribunal Supremo no puede ser otra que entender que estamos ante un vicio que comporta la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza que es objeto de impugnación en el recurso, al haberse incumplido el trámite esencial establecido en el art. 25 LRHL

Por todo lo dicho, el Tribunal Supremo fija la siguiente doctrina:

 “a efectos del artículo 25 TRLRHL, no resulta posible considerar como informe técnico-económico -para la aprobación de la exacción que el Ayuntamiento … conceptúa como tasa-, el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público elaborado por la propia concesionaria, objeto de la propia exacción”.

[Puede verse el texto íntegro de la Sentencia aquí: https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#]

[Puedes ver la Sección de Novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos, de mi sitio web, en https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-%C3%93RGANOS-CONSULTIVOS ]