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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

¿SABÍAS QUE ESTÁ ABIERTA UNA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ?

Se convoca, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley de referencia, una consulta pública en la que se recabará la opinión de las personas y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma (de conformidad con lo previsto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

►Objetivos:

● La Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual desempeñará la actividad administrativa de protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo:

– la garantía de una protección registral y gestión adecuadas de los derechos de propiedad intelectual

– la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet y

 -la articulación de un control y supervisión eficaces de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual.

● Esta Oficina se constituirá como el instrumento clave del Sector Público Institucional Estatal en relación con las necesidades y oportunidades que representa la propiedad intelectual para el interés general de España, impulsando la administración digital en este ámbito y la propuesta de las medidas adecuadas para la regulación y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. [La regulación legal de la propiedad intelectual en España viene constituida por el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con)]

Forma de participar:

-Las personas interesadas pueden participar remitiendo sus contribuciones de acuerdo con lo previsto en el portal web del Ministerio de Cultura y Deporte en su sección «Servicios al ciudadano», subsección «Participación pública», apartado «Consulta pública previa. Trámites abiertos»: consulta.oficinapropiedadintelectual@cultura.gob.es

-También pueden remitir sus contribuciones a dicha dirección de correo electrónico: consulta.oficinapropiedadintelectual@cultura.gob.es

►Plazo de presentación de aportaciones: hasta el 30 de septiembre de 2021

Puede verse el texto completo de esta consulta pública previa, aquí: https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:158c70a2-9002-4a49-bace-43e01c4f9828/convocatoria-publica-previa-creacion-oficina-pi.pdf

[Más contenido en la sección de Sabias que …? aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…? ]

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿SABÍAS QUE UN ALTO PROCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SON SILENCIADAS POR LA ADMINISTRACIÓN?

Según el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2020, aprobada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en relación al motivo de las reclamaciones presentadas ante dicho organismo, el primer dato a destacar es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública (SAIP) resueltas por la vía del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido: un 47,06 % del total en el ámbito estatal y un 70,30 % en el ámbito territorial (Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Ello hace concluir al CTBG el hecho es que el elevado volumen de SAIP desestimadas por falta de resolución en el plazo legalmente establecido dificulta el ejercicio del derecho de acceso en la medida en que, a la hora de presentar una reclamación ante el CTBG o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, él o la reclamante desconocen los motivos por los que se ha denegado su solicitud de acceso.

Hago en este punto un paréntesis en el resumen del informe anual del CTBG, es decir que destaco y llamo la atención, a modo de reflexión crítica personal, sobre el extremo siguiente: a pesar de que el artículo 105 b) de la Constitución mandata la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas), a pesar de que en cumplimiento de dicho mandato constitucional la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con] obliga a todas las Administraciones Públicas a facilitar, en el plazo de un mes, al ciudadano que lo solicite la información de que dispone (entendiéndose por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones) y a pesar de la obligación de todas las Administraciones Públicas de resolver todas las solicitudes que se le formulen (artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), a pesar de todo ello -digo- resulta que en la mayoría de los casos en que el ciudadano acude en reclamación al CTBG no es porque la Administración de turno le haya denegado, se entiende que motivadamente, su solicitud, o que se inadmitiese la misma por tratarse de derechos dignos de mayor protección (como la existencia de datos de carácter personal) sino simplemente porque la Administración ni siquiera ha contestado.

Y tal resultado origina que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que es una Autoridad Administrativa Independiente) en uso de la competencia genérica de la misma de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, considera necesario poner de manifiesto esta situación a las Administraciones y organismos responsables de la gestión de las SAIP y recomendar la adopción de medidas conducentes a su superación.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las Resoluciones dictadas por el CTBG: en el ámbito autonómico y local, de las 294 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2020, se hallaban ejecutadas el 69,39 % del total (porcentaje superior en 14 puntos a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019); el 4,42 % se encontraban en trámite de ejecución; el 4,08 % habían sido suspendidas por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y el 22,11 % restante no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.

¿No será -y sigo proclamando- que la Administración sigue necesitando mejorar en transparencia?

Pueden verse otras entradas y artículos en mi sitio web sobre la transparencia:

LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021)

La administración electrónica sí, pero una administración pública que sirva al ciudadano: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

-Sabias que es posible la modernización del-lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/15/sabias-que-es-posible-la-modernizacion-del-lenguaje-juridico-haciendolo-mas-claro-y-accesible-para-el-ciudadano

Puedes visitar también en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, la sección de ¿SABÍAS QUE…? https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos

¿Sabías que se aprobará un nuevo Esquema Nacional de Seguridad para el sector público y está abierto el plazo para observaciones por los ciudadanos?

Hasta el próximo jueves día 24-06-2021 está abierto a todos los ciudadanos el plazo para observaciones al proyecto de Real Decreto sobre regulación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El ENS tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el sector público y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

El proyecto es una de las medidas contenidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad, de 25 de mayo de 2021. Se pretende actualizar el vigente Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), para adaptarlo a la nueva realidad y al incremento de las ciberamenzas tanto cuantitativa como cualitativamente.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas, entre ellos el relativo a la protección de datos personales y, en particular, el derecho a la seguridad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones públicas

Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público amplía el ámbito de aplicación del ENS a todo el sector público; establece en su artículo 3, que regula los principios generales, que las Administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos personales, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados

 El objetivo de esta reforma es garantizar una mejor respuesta ante los ciberataques, así como mejorar la protección en el tratamiento de datos por el Sector Público y aquellas entidades del Sector Privado que colaboren con aquél, estableciendo unos principios básicos y unos requisitos mínimos de seguridad y medidas de protección que deberán llevarse a cabo.

Según se prevé en la Disposición transitoria, los sistemas de información de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto (cuando se publique en el BOE), dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

El texto completo del proyecto de Real Decreto y el espacio para la participación pública se encuentran a disposición de cualquier ciudadano en:

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/210615-PRD-esquema-nacional-seguridad.aspx

Puedes visitar también, en este sitio web la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA [INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA] [o clicar directamente en la sección Sabías que…?: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…? ]

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Regional (ASTURIAS) TRANSPARENCIA

Sabías que hasta el día 31 de mayo está abierto el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Decreto (del Principado de Asturias) de Estatuto del denunciante contra la corrupción?

Se pretende fijar el marco jurídico donde se desarrollarán los derechos del denunciante, definidos y regulados en el Título IV la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés [https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con], así como la presentación de denuncias ante el Canal de Lucha contra la Corrupción y su tramitaciónAsí, el artículo 59 de dicha Ley establece que Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar conductas, hechos o situaciones de las que pudieran derivarse ilícitos administrativos o penales con la corrupción o comportamientos contrarios a la integridad pública en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, los organismos y entes públicos dependientes o vinculados a ella, así como en las sociedades mercantiles y fundaciones en las que aquella tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo cuando sean designados previo acuerdo del Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobiernoY conforme al artículo 60 el denunciante gozará, en todo caso, de los derechos de confidencialidad e indemnidad (no represalias)

Los ciudadanos pueden presentarse aportaciones a este proyecto normativo hasta el día 4 de junio de 2021

Véase, también en este sitio web en las páginas:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que está abierta una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del servicio público de la justicia?

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

La Ley de Eficiencia Digital propuesta aborda un marco jurídico que facilite y promueva el avance en el camino de la transformación digital de la Justicia, en el marco de garantizar al ciudadano el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), resultando esencial para garantizar este derecho que la Administración de Justicia sea una administración moderna y eficiente.

Los avances en tecnología exigen aprovecharla en beneficio de los ciudadanos, implementando nuevas soluciones dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son:

– la posibilidad de consultar electrónicamente sus trámites judiciales

– permitir la realización de numerosas actuaciones por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario en oficinas de justicia próximas a su domicilio.

– la realización mediante sistemas de inmediación digital, de actuaciones que tradicionalmente se realizaban presencialmente (juicios, comparecencias, mediación).

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es

El cuestionario que se plantea a los ciudadanos, además de la relación de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa legislativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la misma, puede verse en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20p%C3%BAblica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf

[Esta entrada puede verse igualmente, en mi blog, clicando en la página de información administrativa (véase menú en el margen superior derecho), en el enlace: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?]

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¿SABÍAS QUÉ...? DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL-Conceptos jurídicos básicos Mis artículos

¿Sabías que…

¿Hoy 2 de abril de 2021, y tras sucesivas prórrogas, entran en vigor las previsiones de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.) en las materias siguientes?

Registro electrónico.

Normas a tener en cuenta: artículo 16 de la L.P.A.C.A.P. y artículo 37 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (en adelante, Reglamento de administración-e).

Cada Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma y cualquier Administración Pública debe contar con un Registro Electrónico General. Igualmente están obligados a hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

Punto de acceso general electrónico de la Administración (PAGe).

Normas a tener en cuenta: artículos 13, 43.4 y 53.1 a) de la L.P.A.C.A.P. y 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y artículo 7 del Reglamento de administración-e 

Los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con la Administración a través de un Punto de Acceso General electrónico y a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Así mismo, tienen derecho derecho a consultar la siguiente información en dicho Punto de Acceso General electrónico: conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

En definitiva, el PAGe de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

Registro de empleados públicos habilitados.

Normas a tener en cuenta: Artículos 12, 16.4 d) L.P.A.C.A.P y artículo 30 del Reglamento de administración-e.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Administración podrán presentarse en las Oficinas de Asistencia en materia de Registros.

Las Entidades Locales y demás Administraciones Públicas debe mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación y firma electrónica por parte de los ciudadanos, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

Registro electrónico de apoderamientos.

Normas a tener en cuenta: artículo 6 de la L.P.A.C.A.P.

Las Entidades Locales y demás Administraciones Públicas deben disponer de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

Archivo único electrónico.

Normas a tener en cuenta: artículo 17 de la L.P.A.C.A.P. y artículo 55 del Reglamento de administración-e.

Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos electrónicos deben conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.

El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.

Para cumplir con lo previsto en las materias antes indicadas las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado (Disposición Adicional segunda de la L.P.A.C.A.P.)

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

¿Sabías que está abierta la consulta pública previa a la elaboración de la norma que regulará el teletrabajo en la Administración General del Estado?

Hasta el próximo miércoles 31/03/2021 está abierta la consulta pública previa.

Debe recordarse que esta consulta pública previa tiene como objeto recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

  • Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • Los objetivos de la norma.
  • Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Todo ello con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, esta consulta pública previa tiene como objeto recabar la opinión de los destinatarios potenciales y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma de la norma, a través del portal web del departamento competente (en este caso, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública).

Es antecedente de esta norma el artículo 47 bis TRLEBEL, y pretende la regulación definitiva del teletrabajo como forma de organización de la prestación de servicios en la Administración General del Estado

Estimándose necesaria y oportuna la regulación de las condiciones de teletrabajo y provisión de las herramientas de los empleados públicos que les permita realizar su trabajo de forma colaborativa.

 Y como objetivos de la norma la mejora y modernización de los instrumentos de organización del trabajo, normalizando el teletrabajo como forma de prestación de servicios públicos.

Así pues, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, podrán hacer llegar sus comentarios sobre el futuro Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en el ámbito de la Administración General del Estado hasta el 31 de marzo de 2021, a través del siguiente buzón de correo electrónico: secretaria.consultoria@correo.gob.es

Los antecedentes, problemas que se pretenden solucionar, necesidad y oportunidad de su aprobación, objetivos y posibles soluciones alternativas pueden verse con detalle en

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyectos/2021/2021-03-31.html

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que es posible la modernización del lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?

Ya en 2011 un estudio del Consejo General del Poder Judicial revelaba que el 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender

En estos días, marzo de 2021, la Real Academia Española (RAE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han aprobado un protocolo para fomentar un lenguaje jurídico moderno y accesible para los ciudadanos.

Pese a que hay términos jurídicos que necesariamente deben utilizarse, pese a las reticencias de determinados sectores a modificar la sintaxis del lenguaje jurídico, ningún inconveniente hay para que, en aras a la claridad y la transparencia, compatible con el rigor jurídico, tanto los textos legales como las resoluciones judiciales se redacten en términos comprensibles para el ciudadano.

Yo…, apoyo la iniciativa.

.https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/03/11/604a47a7e5fdeaae338b4666.html

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos

¿SABÍAS QUE …

¿En España no hay una Ley que regule el derecho a la vivienda?

¿Y que por primera vez se regulará por ley tal derecho si prospera el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda?

Sí, ya se que “lo que vende en la actualidad”, lo que “impacta”, lo que da lugar a “chismorreos”, a titulares en medios de comunicación, a “se dice, se oye, se comenta” es sobre regulación de los precios de alquiler, desahucios, antidesahucios, “legalización de okupaciones”, “expropiación de viviendas”… y no digamos si los comentarios vienen de “fanáticos ideológicos”. Todo esto se debatirá, llegarán o no a un acuerdo los actuales socios de gobierno, se aprobará el texto que presente el Gobierno o se modificará en las Cortes Generales. Y finalmente, dado que estamos en un estado de derecho, se revisará en su caso por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que el artículo 47 de la Constitución establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Pero desde la aprobación de la Constitución, es decir hace más de cuarenta y dos años, no existen antecedentes de normas estatales con rango de Ley que regulen el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Alguien se imagina la ausencia de una ley como la que regula el Estatuto de los Trabajadores, o la protección del medio ambiente?

A diferencia de otros países europeos, como Francia, Alemania o Suecia, en que existe ley reguladora de la vivienda o de los precios de los arrendamientos, España carece de tal regulación.

A nivel reglamentario, a lo largo de las últimas décadas se han aprobado sucesivos Planes Estatales de Vivienda de carácter plurianual, regulados por Real Decreto. El último de ellos, actualmente vigente, es el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Asimismo, existen diferentes normas legales que afectan de manera directa a la vivienda desde distintos ámbitos sectoriales, como:

• La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

 • La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

• La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

• La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. • El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

A propósito de la legislación urbanística, me remito al artículo que publiqué en este sitio el pasado 19 de enero: https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/171

¿Sabías que con el fin de redactar el Anteproyecto de la Ley, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo considerasen conveniente pudieron hacer llegar aportaciones para esta iniciativa legislativa y que se sometió a consulta pública previa hasta el 15 de noviembre de 2020? Véase la entrada que publiqué en esta web el pasado día 19 de febrero https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/460

¿Habrán hecho aportaciones a esta iniciativa legislativa muchos ciudadanos? ¿y los que se “enrocan” en los llamativos “titulares de prensa” antes aludidos?

Según se indica en la consulta pública hecha, los PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA son:

El cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada» recogido en el artículo 47 de la Constitución Española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia. De esta forma, “debe entenderse que el Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute”. En este contexto, “el Anteproyecto se elabora en un momento especialmente relevante, en el que, tras la crisis económica y financiera de la última década y, de manera coyuntural, bajo los graves efectos de una pandemia sin precedentes en la historia reciente, una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible, por lo que debe considerarse como el problema fundamental al que se enfrenta a la norma, a través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales”.

La NECESIDAD Y OPORTUNIDAD es la aprobación por parte del Estado de una norma con rango de “Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio”

Entre los OBJETIVOS DE LA NORMA se destacan los siguientes:

 • Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.

 • Blindaje de la función social de la vivienda.

 • Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables.

 • Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.

 • Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.

 • Transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.

En fin, seguro que en los próximos días, semanas y meses se hablará mucho de la nueva ley estatal sobre vivienda. Habrá tiempo de conocer su texto, sus ventajas e inconvenientes, sus luces y sombras… Ahora, en este momento, simplemente quiero situar el contexto. Y cuando salga a la luz el proyecto podrá analizarse y criticarse sobre esta base.

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

¿Sabías que…

El ciudadano tiene derecho a la participación pública en la elaboración de los proyectos normativos?

En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial debe figurar en lugar visible [ver nota crítica al final de esta entrada] un punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de normas reglamentarias que se impulsen por los ministerios y sus organismos públicos dependientes o vinculados y deban someterse a consulta, audiencia o información pública.

Los puntos de acceso ministeriales deben ofrecer una doble opción: «Consulta pública previa» y «Audiencia e información pública». Se acompañará una explicación del contenido de cada una de ellas:

► El trámite de “consulta pública previa” tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

Esta opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

En relación con cada proyecto normativo, debe ofrecerse información sobre los siguientes aspectos:

– Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).

– Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

– Necesidad y oportunidad de su aprobación.

– Objetivos de la norma.

– Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

Por ejemplo: actualmente se encuentra abierto el plazo para que cualquier ciudadano pueda intervenir, con sus aportaciones, en la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo (del Ministerio de Trabajo y Economía Social) consistente en la modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, siendo la fecha límite para la presentación de aportaciones el próximo 4 de marzo de 2021. Para participar:

https://www.mites.gob.es/es/participacion/consultas/index.htm

► Los “trámites de audiencia e información pública” tiene por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

El punto de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración normativa contará con un buscador de los proyectos normativos sometidos a consulta, audiencia o información pública, tanto de aquéllos que tengan abierto el plazo como de aquéllos para los que el trámite haya finalizado. El buscador empleará al menos los siguientes criterios de búsqueda: rango normativo, ámbito material, palabras del título, trámite abierto/cerrado y fecha de cierre del plazo de aportaciones

Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia,

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html

que canalizará a cada Ministerio competente las correspondientes propuestas:

La participación pública en los proyectos normativos está recogida en:

– el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

– la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales

https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590

Nota crítica personal.- A pesar de lo indicado, si se acude a la pantalla de inicio del portal web de cada Ministerio puede observarse que no está en lugar “bien visible” el acceso a dicha participación. Y aunque, como queda señalado, puede acudirse al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y una vez en el mismo, entrar en cada Ministerio, el método y criterios de publicación no son homogéneos.