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EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN INSTA A LAS ENTIDADES LOCALES MEJORAR EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Se trata de la Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con]

El ámbito objetivo de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas se centró en los aspectos siguientes:

► Cumplimiento de la normativa sobre publicidad activa, incluyendo la efectiva creación de los portales de transparencia y otros medios de publicidad activa, así como un análisis de su contenido, con objeto de determinar si se ajustan a lo previsto en la Ley. Se han verificado las páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas.

Regulación de la materia: Artículo 5 de la Ley 19/2013, de(9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).  Las EELL deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Dicha información debe publicarse en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables

El contenido principal de las obligaciones de publicidad activa se encuentra en los artículos:

6.- Información institucional, organizativa y de planificación

6 bis.- Registro de actividades de tratamiento

7.- Información de relevancia jurídica

8.- Información económica, presupuestaria y estadística

Y en otras disposiciones estatales, como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el TRLHL y el RD 424/2017, de 18 de abril

► Aplicación del régimen sancionador en materia económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. Se ha examinado la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención y se ha solicitado información complementaria:

Regulación de la materia: Artículos 27, 28 y 29 LTAIBG

Las CONCLUSIONES del Tribunal de Cuentas, tras dicha fiscalización son, en síntesis, las siguientes

► CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA

 1. Las entidades locales analizadas disponen, en su mayoría, de página web, portal de transparencia y sede electrónica, instrumentos esenciales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa de la información pública, si bien los porcentajes disminuyen significativamente en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

 En las entidades que no disponen de portal de transparencia, pese a que su carencia no implica un incumplimiento legal, la presentación de la información a través de otros medios no favorece, en ocasiones, el conocimiento inmediato de la organización y el funcionamiento de aquellas, lo que afecta negativamente a la transparencia de la actividad pública.

2. Un número significativo de municipios de población inferior a 5.000 habitantes y de entidades locales de menor dimensión disponen de portales de transparencia y sedes electrónicas fruto de la asistencia prestada por las respectivas diputaciones, comunidades autónomas o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que proporcionaba un modelo normalizado susceptible de ser utilizado por las entidades locales, a través del denominado Portal de Administración Electrónica.

3. La mayoría de las entidades dependientes disponen de página web propia o publican la información a través de la de su entidad principal, pero existe un porcentaje significativo de tales entidades dependientes que carecen de portal de transparencia (un 54 %) o de sede electrónica (un 83 %), lo que repercute negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que se encuentran sujetas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA

 A) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

— La información sobre las funciones desempeñadas por las entidades locales, incluyendo los denominados catálogos de servicios y de procedimientos administrativos, se publica en la gran mayoría de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas, mientras que en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio (EATIM), los resultados son muy inferiores. En este último colectivo, las limitaciones de recursos personales y materiales dificultan el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa.

— La publicación de información correspondiente a la normativa que sea de aplicación a la entidad, es muy reducida en lo referente a la regulación estatal o autonómica, para toda clase de entidades locales y, en los ayuntamientos, prácticamente para todos los tramos de población.

 En los ayuntamientos de municipios de mayor número de habitantes se incrementa el grado de cumplimiento de la obligación de publicar la normativa de la propia entidad local, siendo dicha publicación muy inferior en los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes y en el resto entidades de reducida dimensión.

—- En relación con la estructura organizativa, la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes publican la información sobre la composición del Pleno de la Corporación, observándose un porcentaje inferior respecto a la publicación de la composición de la Junta de Gobierno Local, órgano que no es obligatorio en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

 —- La información sobre la Comisión Especial de Cuentas, de la que deben disponer todos los municipios, no se publica por el 56 % de los ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes; mientras que la relativa a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo se encuentra publicada en el 2 % de las entidades analizadas, si bien la gran mayoría de ellas no estaban obligadas a disponer de ella, al no ser municipios de gran población.

—- En la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas se publica la información sobre las concejalías o áreas de gobierno. Por su parte, en todos los municipios de gran población, excepto en tres de ellos, se encuentra disponible la información sobre las Juntas Municipales de Distrito, órgano de existencia obligatoria en tales ayuntamientos.

 —- En un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes y de entidades de menor dimensión no se publica la información sobre el presidente y los miembros del máximo órgano de gobierno, o bien figuran los titulares de la Corporación anterior, al no haber sido actualizada la información tras las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019. En ciertos casos solo se publica la composición de la Junta de Gobierno Local.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN LA LTAIBG EN LAS ENTIDADES LOCALES

Por lo que se refiere a las causas de la ausencia de procedimientos sancionadores por infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, detectada en la fiscalización, debe considerarse:

– el desconocimiento del referido régimen sancionador, como lo demuestra la falta de comunicación observada de hechos advertidos por los órganos de Intervención que pudieran ser constitutivos de dichas infracciones

– también puede guardar relación con las dificultades que plantea la adaptación de la regulación contenida en la LTAIBG al régimen jurídico local, y que se manifiestan tanto en la identificación de los posibles responsables de las infracciones tipificadas en el artículo 28 de la citada Ley, como en la regulación del procedimiento sancionador.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la LTAIBG, las normas sobre buen gobierno contenidas en su Título II son de aplicación a “los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales”. La aplicación de esta norma plantea el problema de la ausencia en la legislación estatal básica de régimen local de una definición del concepto de “alto cargo”. Es cierto que la legislación autonómica sobre régimen local o los reglamentos orgánicos aprobados por la propia entidad local pueden establecer esa definición, pero, en su defecto, la identificación de los gestores sometidos, en su condición de altos cargos o asimilados, a la regulación del buen gobierno contenida en el mencionado Título II de la Ley requiere la aplicación analógica de otras normas, en virtud del artículo 25.1, segundo párrafo, de la LTAIBG, que establece que, a los efectos de la aplicación de las disposiciones sobre buen gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado, “se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses”

El artículo 75.8 de la LRBRL establece que, durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las Corporaciones Locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local les serán de aplicación, en el ámbito territorial de su competencia, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

 Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, se refiere al personal directivo que no es miembro electo de las Corporaciones Locales, disponiendo la aplicación a los titulares de los órganos directivos de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la mencionada Ley 3/2015, en los términos en que establece el artículo 75.8 LRBRL, antes citado, respecto de los cargos electos que hubieran ostentado responsabilidades ejecutivas.

 Sin embargo, la aplicación del régimen sancionador de la LTAIBG a los responsables a los que se refieren tanto el artículo 75.8 como la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, por aplicación de la normativa local en materia de conflicto de intereses, chocaría con lo establecido en el artículo 27.4 de la LRJSP, que, en cumplimiento del principio de tipicidad en materia de potestad sancionadora, establece que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica”.

 Como consecuencia de lo anterior, y salvo que la normativa autonómica o local identifique a otros altos cargos de las entidades locales, el régimen sancionador previsto en los artículos 27 y siguientes de la LTAIBG solo resultaría aplicable a los “miembros de las Juntas de Gobierno”, a los que se refiere expresamente el artículo 25.2 de dicha Ley. Por otra parte, la regulación de la competencia y el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, contenida en el artículo 31 de la LTAIBG, plantea también importantes dificultades para su aplicación en el ámbito de las entidades locales

Existen dificultades en la aplicación práctica del régimen sancionador previsto en la LTAIBG en el ámbito de las entidades de la Administración Local, que se refieren a la identificación de los presuntos responsables, así como a la determinación del órgano competente tanto para la incoación como, en su caso, para la resolución del procedimiento sancionador, lo que coadyuvaría a explicar la práctica inexistencia de expedientes iniciados para la imposición de sanciones por las infracciones en materia de gestión económico-presupuestarias tipificadas en el artículo 28 del citado texto legal.

Por todo ello, El Tribunal formula las siguientes

RECOMENDACIONES:

DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES LOCALES:

 1. Se recomienda la implantación de portales de transparencia en todas las entidades del Sector Público Local, en los que debe figurar publicada la información exigida por la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia, así como el resto de información que se considere necesaria para dar cumplimiento a los principios de transparencia, con el fin de facilitar el acceso a la información que, en ocasiones, no es fácilmente localizable en la página web o la sede electrónica de la entidad, dificultando su conocimiento. La información publicada en los referidos portales de transparencia, además de presentarse de forma clara, estructurada y entendible, debe actualizarse con carácter recurrente indicando la fecha de publicación de cada contenido.

2. Deberían implantarse procedimientos internos y dotarse de los medios personales y materiales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa previstas en la legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, actualizándose la información de manera periódica e informando expresamente de aquellos apartados en los que no existe información que deba ser publicada.

 3. Se recomienda, con carácter general, ampliar la información objeto de publicidad activa en relación con aspectos específicos del régimen de organización y funcionamiento del Sector Público Local no previstos expresamente en la LTAIBG, como los relativos a las relaciones de puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales.

 4. Deberían adoptarse disposiciones y procedimientos específicos relativos a la exigencia de responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como regularse en las entidades locales la figura del alto cargo o asimilado, para poder aplicar efectivamente el régimen sancionador previsto en la LTAIBG.

DIRIGIDA A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 Deberían incrementarse las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a las entidades locales, especialmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes y a otras entidades de menor dimensión, para que puedan disponer de páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas y proporcionarles el apoyo necesario para mantener actualizado y completo el contenido de tales instrumentos.

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN LOCAL:

 Deberían hacer hincapié, en relación con los hechos advertidos en el ejercicio de su función de control interno de la actividad económico-financiera, en la apreciación de aquellos que sean susceptibles de constituir infracciones de buen gobierno tipificadas en la LTAIBG y en su comunicación al órgano competente, así como su eventual traslado al Tribunal de Cuentas por si procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable.

Ver el Informe completo del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15644.con

-Ver, así mismo, en este sitio web, otros artículos que he publicado sobre la materia:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/07/16/sabias-que-un-alto-procentaje-de-las-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-son-silenciadas-por-la-administracion/

-–LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021): https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN Mis artículos

CERCO A LOS RECONOCIMIENTOS EXTRAJUDICIALES DE CRÉDITOS

El reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) se utiliza habitualmente para aplicar al Presupuesto obligaciones derivadas de compromisos de gastos de ejercicios anteriores que no han sido debidamente adquiridos, tramitando así el pago de prestaciones a terceros que las han realizado por orden de la Administración, pero al margen, por diferentes motivos, del procedimiento legalmente establecido.

El contexto de esta figura es el artículo 176 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL) [https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2004/03/05/2/con] que -al regular los Presupuestos de las Entidades Locales (EELL) y en concreto los estados de gastos, en los que deben incluirse con la debida especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones- establece el principio y norma de la “temporalidad de los créditos” que significa que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada Presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario, previéndose no obstante que como excepción podrán aplicarse a los créditos del Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.

De lo expuesto hasta ahora fácilmente ha de colegirse que el REC:

-Es una técnica de aplicación de créditos al Presupuesto vigente.

-Es excepcional.

-Existe un tercero a quien procede efectuar un pago al haber realizado una obra, servicio o suministro por “alguna orden” de la Administración.

-El “encargo” u “orden” ha sido realizado fuera del procedimiento legalmente establecido. Esto supone que existe una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

En este sentido, por poner dos ejemplos extremos, se ha venido utilizando la citada “técnica de aplicación de créditos” mediante reconocimiento extrajudicial de éstos tanto respecto a una factura de 500 euros correspondiente a un gasto debidamente comprometido en el ejercicio anterior pero sin cobertura en el ejercicio presente como al supuesto de una factura presentada por un contratista relativa a una obra, servicio o suministro realizados sin procedimiento de contratación alguno y por importe de 2.000.000 de euros.

Y, claro, en numerosas ocasiones los responsables políticos, o empleados públicos, y/o los contratistas, conocedores de la referida “técnica salvadora” (el REC) del problema existente (el Interventor “dice que no puede pagarse”) con una factura que el contratista viene reclamando, han usado, y abusado, de la referida “técnica” como instrumento “sanador” y “reparador” de la irregularidad existente.

 Pero, ojo, quedémonos con el dato de que en todo REC ha existido una anomalía, es decir una actuación administrativa que podría ser anulable o incluso nula de pleno derecho.

Es por eso que el Tribunal de Cuentas y/o las cámaras de cuentas regionales han venido “entrando a saco” (como en el Informe de Fiscalización a que me referiré en esta entrada) en el análisis, fiscalización y necesidad de nueva regulación de los REC

A la par, el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local ha venido a “atar corto” los referidos abusos al establecer que en los supuestos en los que la función interventora fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir favorablemente estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión en los términos previstos en el artículo 28 de dicho Real Decreto. [https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/04/28/424/con]

En fin, esto que he llamado el cerco a los REC me hace recordar que algo parecido ha ocurrido con los “modificados” de los contratos (hace muchos años el Consejo de Estado había proclamado en un dictamen sobre los mismos que “una cosa son circunstancias técnicas imprevistas y otra imprevisiones del proyecto técnico») de forma que ante el uso y abuso de tales “modificados” la legislación reguladora de los contratos públicos [hasta llegar a la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP)] ha limitado las posibilidades legales de modificación de los contratos.

Pues bien, como digo, el “rejonazo” (esperemos que definitivo) al uso indebido de los REC se produce con las funciones atribuidas al órgano Interventor en las EELL en el citado Real Decreto 424/2017, de 28 de abril y con el Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalización de los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito aprobados por las EELL en el ejercicio 2018, que ha asumido la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 18 de mayo de 2021, acordando asumir el contenido del citado Informe del Tribunal de Cuentas, así como sus conclusiones y recomendaciones.

También, instar al Gobierno a:

–Seguir las recomendaciones del Informe emitido por el Tribunal de Cuentas.

Proceder a la revisión normativa de la figura del R.E.C. concretando de manera taxativa los supuestos excepcionales en los que puede ser aplicado, a fin de evitar su utilización irregular; así como de impedir la utilización de esta figura como una fórmula alternativa al procedimiento de revisión de los actos nulos, lo cual no está admitido en nuestro ordenamiento. Y regular su procedimiento, garantizando los siguientes extremos:

a) Que su aprobación corresponda al Pleno, con las particularidades aplicables en municipios de gran población.

b) Su utilización como instrumento de imputación presupuestaria exclusivo de las obligaciones que no deriven de gastos debidamente adquiridos a los que se refiere el artículo 176.2.b) del TRLHL y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho, con independencia de que se hubiera instado o no la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento.

c) Que, durante la tramitación del procedimiento se incorpore la información que pueda aportar el órgano gestor, así como el Servicio Jurídico de la entidad, con carácter previo a que la Intervención local emita el correspondiente informe en los mismos términos establecidos en el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

d) Que, en la tramitación del expediente se establezca el procedimiento para instar las medidas pertinentes para la exigencia de responsabilidades a las autoridades y personal al servicio de la Administración local, previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la disposición adicional vigésimo octava de la LCSP.

Finalmente, instar las Entidades locales a:

Seguir las recomendaciones emitidas por el Tribunal de Cuentas.

Establecer, en las Bases de ejecución del Presupuesto, el procedimiento de aprobación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito. [Aquí alguien dirá ¡pero si ya lo tenemos regulado! respecto a la cual continúa el Tribunal de Cuentas precisando que en dicha regulación:] limitando su utilización para la imputación al Presupuesto de obligaciones que, en origen, fueran indebidamente comprometidas y den lugar a un supuesto de nulidad de pleno derecho; y disponiendo, con carácter exclusivo, la competencia para su aprobación al Pleno como máximo órgano de la entidad para autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

Las obligaciones de ejercicios anteriores que se hubieran comprometido de acuerdo con la normativa de aplicación –o cuyos vicios se hubieran subsanado por tratarse de supuestos de anulabilidad-, no deberían tramitarse como reconocimientos extrajudiciales y se deberían llevar a Presupuesto previa incorporación de los créditos correspondientes, según disponen los artículos 176.2.b) del TRLHL y el 26.2.b) del Real Decreto 500/90, tramitándose, en caso de ser necesario, la correspondiente modificación presupuestaria.

–El procedimiento de tramitación de estos expedientes debería incluir al menos:

► La designación del Pleno como órgano competente para su aprobación, como máximo órgano de la entidad el responsable de autorizar la imputación a presupuesto de estas obligaciones.

► La necesidad de que, en la tramitación del procedimiento se incluya: –informe del órgano gestor sobre las causas que han generado el reconocimiento extrajudicial de crédito

informe del Servicio Jurídico pronunciándose sobre la procedencia de instar la revisión de oficio

informe de la Intervención local de acuerdo con las previsiones del artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017.

► El informe del interventor, al apreciar la posibilidad y conveniencia de la revisión de oficio de los actos dictados con infracción del ordenamiento a que se refiere el artículo 28.2.e) del Real Decreto 424/2017, atendiendo al artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá valorar la aplicación del principio de enriquecimiento sin causa, además de otras circunstancias como pudiera ser su carácter recurrente o el perjuicio del interés público derivado de la suspensión inmediata del servicio.

–Hacer un uso excepcional de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito, evitando un uso generalizado o descontrolado que conlleve el incumplimiento de la normativa presupuestaria y contable reflejo de una gestión poco eficaz o poco transparente.

Establecer los procedimientos necesarios para que se haga efectiva la exigencia de las posibles responsabilidades derivadas de los incumplimientos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con], de la LCSP o de la normativa presupuestaria de aplicación, que se concretan fundamentalmente en el compromiso de obligaciones adquiridas sin cobertura contractual o sin consignación presupuestaria.

Establecer procedimientos de gestión en relación con los gastos de menor cuantía que eviten la falta de consignación presupuestaria cuando se genere la obligación, de tal forma que las Bases de Ejecución del Presupuesto deberán prever la retención de crédito cuando se tramitan contratos menores y cuando se libran los fondos a través del procedimiento de anticipo de caja fija.

Elaborar y aprobar una instrucción que regule las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y establecer las fechas límite para realizar los trámites de imputación de gastos e ingresos al presupuesto del ejercicio corriente, facilitando que los gastos e ingresos ejecutados se apliquen al presupuesto del ejercicio corriente, y se garantice la correcta aplicación de los principios de imputación presupuestaria, devengo y anualidad presupuestaria.

– Adoptar instrucciones que regulen las operaciones a realizar a cierre de ejercicio, con el objetivo de normalizar y planificar la fecha límite para proponer la iniciación de procedimientos de gasto, para aplicar una factura al presupuesto en curso, así como para aplicar gastos al ejercicio a cerrar, y el procedimiento a seguir con aquellas facturas expedidas en diciembre del ejercicio precedente pero de entrada en los registros en enero del año siguiente, respetando el principio de devengo y la anualidad presupuestaria.

– Implementar mecanismos que garanticen la adecuada conexión entre los registros administrativos y los registros contables para reducir el riesgo de errores, retrasos e incidencias en su tramitación.

– Establecer procedimientos de gestión que permitan conocer la evolución de las prestaciones en curso y el desarrollo de su ejecución, de forma que sea posible hacer un seguimiento de las facturas pendientes y evitar la posible demora de su tramitación, que puede condicionar la ejecución del presupuesto.

Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que originan recurrentemente, mediante la aplicación del reconocimiento extrajudicial de créditos, la imputación al Presupuesto del ejercicio corriente de gastos de ejercicios anteriores derivados de actos administrativos en los que concurren causas de nulidad, al objeto de que puedan adoptarse las medidas para remover los obstáculos que las ocasionan y, en su caso, exigirse las responsabilidades que pudieran derivarse de dichos incumplimientos.

–Acordar y aplicar medidas de gestión del gasto público que fomenten e incentiven la imputación a Presupuesto y contabilización de todas las obligaciones por parte de las entidades locales, para conseguir la máxima transparencia y fiabilidad de la información que se proporciona para la elaboración de los datos sobre necesidad y capacidad de financiación.

[Puede verse el texto completo del Informe del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15642.pdf]

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Transparencia y protección de datos… Protección de datos y transparencia

Autor: Javier Brines Almiñana

tuayuntamientoaqui.com

La obra completa, cuya realidad y conocimiento se imponen para los operadores jurídicos de la Administración Local

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Local (LUANCO-GOZÓN), Regional (ASTURIAS)

Actualización de contenidos: Secciones de Local y Regional

Nuevos contenidos en las Secciones de Local (LUANCO-GOZÓN) [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/] y Regional (ASTURIAS) [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2].

En la Sección de Local (LUANCO-GOZÓN): publicación de la Plantilla provisional de respuestas correctas sobre el test de la primera prueba del proceso selectivo para cubrir una plaza de Administrativo, que tuvo lugar el pasado día 18 de septiembre. La plantilla provisional puede verse aquí: https://www.ayto-gozon.org/documents/201547/0/plantilla.pdf/612ddb67-f2b0-3f63-4491-a292c7a9866e?t=1632221275283

También se encuentra expuesta en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial (Plaza de la Villa, Luanco)

Los aspirantes disponen de un plazo de diez días hábiles (FINALIZA EL MARTES DÍA 5 DE OCTUBRE) para formular alegaciones o reclamaciones

Dichas alegaciones o reclamaciones serán resueltas por el Tribunal entendiéndose resueltas con la decisión que se derive de la publicación de la plantilla correctora definitiva junto con la calificación de las pruebas, donde se harán constar, en su caso, las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o acordadas de oficio por el Tribunal, que serán sustituidas por las de reserva.

La segunda prueba consistirá en contestar por escrito a dos supuestos de carácter práctico, relacionados con las materias de los bloques II (derecho administrativo y comunitario), III (gestión de recursos humanos), y IV (gestión financiera) del programa. https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/23/2020-02863.pdf. Cada supuesto práctico se desglosará en 15 preguntas.

En la Sección de Regional (ASTURIAS):

OTROS ORGANISMOS:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#Otros-Organismos-del-Principado

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Transparencia y protección de datos… Protección de datos y transparencia

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS PRUEBAS SELECTIVAS F.H.N. (Secretaría, categoría superior e Intervención-Tesorería, categoría superior)

El B.O.E. del día de hoy, 20 de septiembre, publica las relaciones provisionales de admitidos y excluidos de las convocatorias hechas por Resoluciones de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública

►Secretaría, categoría superior (Orden HFP/976/2021, de 15 de septiembre)

ADMITIDOS: (enlace sede electrónica INAP):

https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1943715/listado-provisonal-de-admitidos-seal_154AB89SD658.pdf/cf6e65ed-13db-a2f5-bb70-b27b0c45aa92

EXCLUIDOS:

https://boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15185.pdf

►Intervención-Tesorería, categoría superior (Orden HFP/975/2021, de 15 de septiembre)

ADMITIDOS: (enlace sede electrónica INAP):

https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1943720/listado-provisional-de-admitidos-ital_154AB89SD658.pdf/51867a7a-9708-e239-a859-0e8fb9078e1f

EXCLUIDOS:

https://boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15184.pdf

–Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simultánea en las dos listas. Fin plazo: 4 de octubre

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión u omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos

Ver más INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Tengo el gusto de anunciar, a través de este sitio web, la publicación en los próximos días de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que edita Wolters Kluver y que forma parte de una completa colección de El Consultor denominada «Todo Administración Local».

Igualmente se publicará en los próximos días el libro CONTRATACIÓN PÚBLICA, de Milagros Arcocha Giménez.

Y ya han sido publicados los siguientes libros de esta misma colección «Todo Administración Local»:

RÉGIMEN COMPETENCIAL, ORGANIZATIVO Y DE FUNCIONAMIENTO. Autor: Manuel Cebrián Abellán

RÉGIMEN DE BIENES. Autor: Manuel Cebrián Abellán

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. Autor: Javier Brines Almiñana

Informaré próximamente de los libros que formarán parte de la completa documentación práctica, innovadora y actualizada que supondrá esta colección para todos los operadores jurídicos en el ámbito de la Administración local

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AYUNTAMIENTO: Conceptos jurídicos básicos Local (LUANCO-GOZÓN),

DIFERENCIA ENTRE UNA QUEJA, UNA PETICIÓN, UNA DENUNCIA Y UN RECURSO. ANTE QUIÉN Y CÓMO

[En este sitio web, en la sección de LOCAL (Luanco-Gozón): https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/#QUEJA-PETICI%C3%93N-DENUNCIA-RECURSO, con remisión a otras Secciones o Páginas de este sitio web]

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS PRUEBAS SELECTIVAS F.H.N.

El B.O.E. del día de hoy, 13 de septiembre, publica las relaciones provisionales de admitidos y excluidos de las convocatorias hechas por Resoluciones de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública

Secretaría, categoría de Entrada (Orden HFP/954/2021, de 8 de septiembre).

ADMITIDOS: (enlace sede electrónica INAP): https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932707/listado-provisional-admitidos-anexo-I-seal_154AB89SD658.pdf/c7b2312c-6e25-d6c3-2912-0425d3222b00

EXCLUIDOS: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14847

Secretaría-Intervención (Orden HFP/955/2021, de 8 de septiembre) ADMITIDOS: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932716/listado-provisonal-de-admitidos-anexo-I-sial_154AB89SD658.pdf/85b1bc13-5439-dac3-df6e-6c1af843cde7

EXCLUIDOS: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14848

Intervención-Tesorería, categoría de Entrada (Orden HFP/956/2021, de 8 de septiembre)

ADMITIDOS: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932712/listado-provisional-admitidos-anexo-I-ital_154AB89SD658.pdf/cce7d998-3db8-ec49-4d3e-6d1da71d6869

EXCLUIDOS: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-14849

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simultánea en las dos listas. Fin plazo: 27 de septiembre

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión u omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos

Ver más INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/

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Mis artículos

LO LLAMAN BUROCRACIA Y NO LO ES

En el año 2011 surgió el movimiento de los indignados frente al bipartidismo, por una democracia más participativa y otras medidas para la mejora del sistema democrático. Uno de los lemas que coreaban los manifestantes era el de “Lo llaman democracia y no lo es”. No voy a entrar en la valoración de esa frase ni del llamado Movimiento 15 M. Sin duda que algo cambió en la política de España desde entonces.

Lo único que extraigo de aquella frase es el título de esta entrada que -inspirado en aquel lema- lo reconvierto en “lo llaman burocracia y no lo es”, para demostrar -desde mi punto de vista- el uso inadecuado de dicho término en numerosas ocasiones tanto por la clase política como por el ciudadano de a pie.

Partamos de las dos acepciones, entre las varias que tiene el término (tanto desde la teoría política como a la vista del diccionario de la RAE) que mejor simbolizan su significado tanto desde el punto de vista positivo como negativo del mismo:

– Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo.

– Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

Y es cierto que a veces nos encontramos bien con “papeleo” excesivo o con formalidades innecesarias o superfluas. Lo cual -si es así, y cuando es así- va incluso en contra del principio constitucional de la eficacia que debe presidir la actuación de la Administración Pública (artículo 103 de la Constitución Española (CE).

Sin embargo, a uno -firme defensor tanto del procedimiento administrativo en cuanto garantía de la seguridad jurídica y de los derechos del ciudadano como de la simplificación, celeridad y eficacia administrativa- le duele enormemente que se banalice sobre los trámites y el procedimiento administrativo hasta generalizar y creer y hacer creer y suponer que aquél se identifica con la burocracia en la acepción negativa antes descrita.

El procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, supone la materialización de los principios de eficacia y de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho, como exige el artículo 103 de la CE.

En definitiva, el procedimiento administrativo es un instrumento preventivo de la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas y por ello “expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», como reza el artículo 103 CE” [y así lo recuerda la Introducción de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)].

Y es que ¿es burocracia (en el sentido negativo descrito)?:

-¿que haya un plazo para resolver el procedimiento, tanto para el iniciado a instancia de parte como el iniciado de oficio por la Administración; lo que supone una garantía y seguridad jurídica para el ciudadano?

-¿que estén definidos, o presupuestos legalmente, los efectos jurídicos del silencio de la Administración; lo que otorga al ciudadano, además de la citada seguridad jurídica, el conocimiento del efecto estimatorio (y en definitiva la habilitación de un derecho al interesado, frente a la inacción de la Administración) o desestimatorio (y con ello la apertura del plazo legal para la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo correspondiente)?

-¿que sea necesario un determinado informe técnico y/o jurídico, como garantía de la debida motivación o justificación de la decisión administrativa a tomar?. ¿O es que el ciudadano prefiere que la licencia o autorización solicitada se le conceda, o deniegue, sin más, por la autoridad u órgano político correspondiente, sin el informe previo de un funcionario cualificado en la materia?

-lo mismo un trámite de información pública y/o de audiencia a interesados. ¿O es que el ciudadano no quiere que le den traslado -previamente a la imposición de una sanción- de las circunstancias concretas que motivan la instrucción del expediente, así como el fundamento legal tanto de la infracción imputada como de la sanción prevista? ¿tampoco desea ese ciudadano que le den trámite de audiencia en un expediente no iniciado a instancia del mismo sino de otro, pudiendo afectarle la resolución a sus derechos?

¿Los ejemplos citados pueden calificarse de burocracia? Si lo son en la acepción positiva expuesta, denominémoslos burocracia. Pero no creo que nadie los califique de “burocracia” en el sentido negativo o peyorativo antes indicado.

Los ejemplos citados son paradigmas del procedimiento administrativo. Este -en el marco y contexto constitucional vigente- no es algo inventado por los funcionarios, ni ha de considerarse un instrumento contra el ciudadano sino precisamente salvaguarda y garantía de los derechos del mismo y, cómo queda indicado, expresión clara de que la Administración actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Cualquier actuación de la Administración que vulnere las pautas y normas citadas, denúnciese. La propia ley otorga instrumentos para ello, desde las quejas ante el Defensor del Pueblo hasta la utilización de la justicia administrativa mediante los recursos ante la propia Administración y/o ante los juzgados y tribunales.

Es cierto que deben corregirse determinadas deficiencias de la Administración, como la falta de resolución expresa o la tardanza en la misma, en definitiva el silencio tantas denunciado desde este sitio [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/silencio-administrativo/] y actualmente, con la utilización (necesaria e imparable) de medios electrónicos por la Administración, la falta de atención al ciudadano (igualmente denunciada en este sitio [blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano] en el uso de tales medios, incluso en la propia atención telefónica ante la necesidad de una información por el ciudadano