Categorías
DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ANULA EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL: CONTEXTO, RESUMEN Y REFLEXIONES

Sentencia del TC de 26 de octubre de 2021 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020

Índice:

-EL CONTEXTO: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, ANTERIORES SENTENCIAS TC, LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. CE.: Título I (derechos y deberes fundamentales), capítulo II (derechos y libertades), sección 2 (derechos y deberes de los ciudadanos)

2. Regulación en la legislación de haciendas locales y anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que declaran parcialmente la inconstitucionalidad de algunos aspectos del impuesto.

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

Artículo 105.-Exenciones

Artículo 106.-Sujetos pasivos

Artículo 107.-Base imponible

Artículo 108.-Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

Artículo 109.-Devengo

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

3. La cuestión de inconstitucionalidad planteada.

LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL TC

ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

EL FALLO DE LA SENTENCIA:

LA SITUACIÓN A FECHA DE HOY Y QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

REFLEXIÓN FINAL

-EL CONTEXTO: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, ANTERIORES SENTENCIAS TC, LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

1. CE.: Título I (derechos y deberes fundamentales), capítulo II (derechos y libertades), sección 2 (derechos y deberes de los ciudadanos):

El artículo 31.1 [contenido en la citada sección 2 indicada) de la Constitución establece lo siguiente. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Y el artículo 163 de la CE establece que «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos».

2. Regulación en la legislación de haciendas locales y anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que declaran parcialmente la inconstitucionalidad de algunos aspectos del impuesto.

La regulación hasta ahora vigente del impuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL), con las salvedades que indico en letra cursiva como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017 de 11 de mayo y 126/2019, de 31 octubre y bajo los criterios interpretativos fijados en la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), acerca de la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, es la siguiente:

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ….

Artículo 105.-Exenciones

[El aptdo 1 contempla las exenciones objetivas, es decir las relativas a determinados actos de transmisión]

[El aptdo 2: se refiere a las exenciones subjetivas, es decir cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga sobre determinadas personas o entidades]

Artículo 106.-Sujetos pasivos

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

  • a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

[Este aptdo 1 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo B.O.E. 15 junio)].

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor [catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

[Este párrafo a) del número 2 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia mencionada del TC 59/2017 de 11 de mayo]

[Por otra parte, la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), fijó los siguientes criterios interpretativos acerca de la inconstitucionalidad de os artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL:

 Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.]

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

  • a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
  • b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

  • a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
  • b) Período de hasta 10 años: 3,5.
  • c) Período de hasta 15 años: 3,2.
  • d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

  • 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
  • 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor
  • 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

[El transcrito aptdo 4 del artículo 107 fue declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 126/2019, de 31 octubre, en estos términos: la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107.4 debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente y por exigencia del principio de seguridad jurídica, únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme (B.O.E. 6 diciembre)].

Artículo 108.-Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento.

Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del artículo anterior.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Artículo 109.-Devengo

1. El impuesto se devenga:

  • a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
  • b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

  • a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
  • b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4.Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.

[Este aptdo.4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo)]

[A su vez, la Sentencia TS (Sala 3.ª), de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017, en su fundamento jurídico 7º fija los siguientes criterios interpretativos: el artículo 110.4 del TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7, y 37/2017 , FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.]

5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

  • a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la LGT.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

3. La cuestión de inconstitucionalidad planteada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, elevó al TC cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del TRLHL por posible vulneración del art. 31.1 CE. al entender que la aplicación de los preceptos legales impugnados, al establecer un sistema objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU) que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, puede suponer una “carga fiscal excesiva” o “exagerada” que infrinja el principio constitucional de no confiscatoriedad en los supuestos en los que el importe de la cuota tributaria resultante, aun cuando no supera la plusvalía efectivamente obtenida con la transmisión del terreno urbano, sí representa una parte muy significativa de la misma.

LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL TC

El Fundamento jurídico 5 de la Sentencia analiza la aplicación del principio de capacidad económica como criterio o parámetro de imposición a la regla de cuantificación de la base imponible del IIVTNU.

Tras explicar que los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL establecen un único método de determinación de toda la base imponible del IIVTNU, y no de parte de ella, de carácter objetivo y de imperativa aplicación; y que en cuanto a su carácter objetivo u objetivado, en los preceptos controvertidos se fijan los dos elementos (objetivos) para calcular el importe del incremento gravado, cuales son el valor del terreno en el momento del devengo por referencia a su valor catastral en el art. 107.2.a) TRLHL y el porcentaje anual de incremento según el número de años transcurridos desde su adquisición en el art. 107.4 TRLHL., el Tribunal Constitucional considera que

 – el propio establecimiento de una estimación objetiva supone dejar al margen la capacidad económica real demostrada por el contribuyente, ya que, como ha argumentado la doctrina científica desde antiguo, la evaluación directa y la estimación presuntiva o indiciaria no son métodos alternativos de determinación de una misma base imponible, sino de determinación de bases alternativas. Y ello porque no solo ambos métodos se diferencian desde el punto de vista cuantitativo, ya que para ser alternativos sería necesario que por ambos se llegara al mismo resultado; sino también desde el punto de vista cualitativo, porque la evaluación directa mide la capacidad económica real del contribuyente y la estimación presuntiva mide otra cosa, cuyo concepto sólo puede inferirse de las normas reguladoras de tal estimación.

– por lo que a la obligatoriedad de la norma de cuantificación aquí cuestionada (art. 107 TRLHL)] la STC 59/2017 terminó con la ficción legal de la existencia inexorable de un incremento de valor (y, por tanto, de gravamen) con toda transmisión de suelo urbano, determinando que dicha transmisión es condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de la obligación tributaria en un impuesto cuyo objeto es el incremento de valor (FJ 3). El art. 107 TRLHL no permite la prueba de incrementos efectivos distintos (generalmente inferiores) al legalmente calculado y, por ende, la tributación en consecuencia. Y ello porque la presunción de que el suelo urbano se revaloriza anualmente (y aumenta en función de los años de tenencia) es únicamente la ratio legis de la regla de valoración ahora enjuiciada y no la regla de valoración en sí; presunción vulgar (que no jurídica) que venía respaldada por la realidad económica del tiempo que en que se promulgó este sistema objetivo de medición (art. 108 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales).

-aplicando la doctrina constitucional de la capacidad económica como criterio de imposición a los preceptos legales cuestionados en su configuración actual tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, puede afirmarse -continúa argumentando el TC- que a un impuesto de carácter real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible específico y no general (al gravar una concreta manifestación de riqueza, cual es la plusvalía de los terrenos urbanos por el paso del tiempo y no la renta global del sujeto), y sin constituir una figura central de la imposición directa, le es plenamente aplicable el principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro de la imposición. Lo que implica, en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los que experimenten un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, como resolvió la STC 59/2017 (FJ 3) al requerir transmisión del suelo urbano más materialización del incremento de valor para el nacimiento de la obligación tributaria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento se sometan a tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo, conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado que esta última no es más que la cuantificación del aspecto material del elemento objetivo del primero.

-en consecuencia de lo anterior, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE).

– carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la mecánica de la aplicación de este impuesto.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y declara inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la imposición (art. 31.1 CE).

ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

Conforme a lo establecido en el FJ 6:

Sobre esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL el propio Tribunal Constitucional realiza las siguientes precisiones:

►Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.

►No pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas a)  las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y b) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha

EL FALLO DE LA SENTENCIA:

El Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

LA SITUACIÓN A FECHA DE HOY Y QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

“Cautivo” de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y “desarmado” por el mismo de elementos esenciales del tributo como indicaré más adelante hoy por hoy- la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y, por tanto, su exigibilidad, no es posible, ya que de poco sirve que se mantengan vigentes los preceptos relativos a su naturaleza, hecho imponible, actos no sujetos, exenciones, sujetos pasivos, devengo y gestión del impuesto si no existe norma que determine la base imponible y, en consecuencia la cuota.

Como señala el propio TC en su fallo, debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio).

En un párrafo del apartado B) y en los apartados C) y D) del Fundamento Jurídico quinto de la sentencia, además de justificar la inviabilidad del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, el Tribunal Constitucional da pistas al legislador estatal sobre el contenido de la nueva regulación, en estos términos:

●-Si bien es cierto que la forma más adecuada de cuantificar esta plusvalía es acudir a la efectivamente operada, el legislador, a la hora de configurar el tributo, tiene libertad para administrar la intensidad con que el principio de capacidad económica debe manifestarse en ellos, para hacerlos compatibles con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puedan ser, como ya se ha manifestado, el cumplimiento de fines de política social y económica, la lucha contra el fraude fiscal o razones de técnica tributaria”.

●- La renuncia a gravar según la capacidad económica (real) manifestada en el hecho imponible estableciendo bases objetivas o estimativas no puede ser arbitraria, sino que exige justificación objetiva y razonable; justificación que debe ser más sólida cuanto más se aleje de la realidad el método objetivo elegido normativamente. En suma, la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible no sería inconstitucional per se, salvo que carezca de justificación objetiva y razonable.

●-Sobre la forma de cálculo de las plusvalías del suelo urbano, no faltan ejemplos alternativos en los antecedentes históricos de este mismo impuesto local, en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local de julio de 2017 o en los numerosos estudios científicos que, sobre este particular, han proliferado tras la promulgación de las declaraciones de inconstitucionalidad parcial de los preceptos legales ahora impugnados.

●- Para que el método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe:

 (i) bien no erigirse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor

 (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o “presumiblemente se produce(n) con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana” (SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3 y 126/2019, FJ 3). Esta última posibilidad pudo ser cierta con anterioridad a la caída del mercado inmobiliario, pero lo que resulta incontrovertido es que “la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado ‒la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos‒ en un efecto generalizado” (STC 59/2017, FJ 3) y, por lo que aquí interesa, ha dado lugar a que tampoco sean excepcionales o “patológicos” los supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior -con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el supuesto aquí enjuiciado- al incremento calculado ex art. 107 TRLHL. Siendo, pues, que la realidad económica ha destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable aproximación o conexión que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de técnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como medida o parámetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que la base imponible objetiva o estimativa deja de cuantificar incrementos de valor presuntos, medios o potenciales.

En cuanto a las liquidaciones del impuesto hechas con anterioridad: el TC zanja de manera clara las “ilusiones” de los contribuyentes y, en contrapartida, la “angustia” de los municipios ante un posible tsunami de recursos, anulaciones y devoluciones de millones de euros. Y ello porque -dice textualmente la Sentencia. “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”

REFLEXIÓN FINAL

Yo creo que con el paso del tiempo quedará como un corto periodo transitorio de vacío legal y -eso sí- como un serio recordatorio de que los preceptos constitucionales deben cumplirse por todos los poderes públicos.

Pero es cierto que el legislador estatal ha de tener en cuenta cuando menos -descartadas las “ilusiones” y la “angustia” antes descritas- la “ansiedad” que actualmente pueden estar padeciendo los alcaldes y concejales delegados de Hacienda teniendo en cuenta:

-por un lado, que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide -hoy por hoy- la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.

-por otro lado -y como el legislador estatal debe saber también- nos encontramos en fechas de elaboración e incluso aprobación del Presupuesto Municipal para 2022.

Yo no soy quien para meter prisa -y las prisas no son buenas consejeras, pero ¿tendrá en cuenta esas circunstancias el legislador estatal y que las Haciendas locales -conforme establece por cierto otro precepto constitucional (el artículo 142) deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas debiendo nutrirse fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado?

Veremos.

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

LAS FASES DE INICIACIÓN Y DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Puedes ver aquí las materias tratadas -con especial referencia a la administración local- en el Capítulo IV de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de la Colección «Todo Administración Local» de «El Consultor» (Editorial Wolters Kluver»), recientemente publicado:

I. Consideraciones previas

II. Normativa aplicable

III. La fase de iniciación del procedimiento

1. Concepto

2. Características

3. Clases de iniciación

4. Disposiciones comunes

4.1. Información y actuaciones previas 

4.2. Comunicación a los interesados del plazo máximo de resolución del procedimiento y efectos del silencio

4.3. Medidas provisionales

4.4. Acumulación a otros procedimientos

4.5. La iniciación del procedimiento y el expediente administrativo

4.6. La iniciación y la tramitación simplificada

4.7. La iniciación y la obligación de resolver

5. Iniciación de oficio por la Administración

5.1. Formalización, ámbito y características

5.2. Iniciación a propia iniciativa

5.3. Iniciación como consecuencia de orden superior

5.4. Iniciación por petición razonada de otros órganos 

5.5. Iniciación por denuncia

5.6. Desistimiento por la Administración

5.7. Iniciación de oficio y caducidad

6. Iniciación a solicitud del interesado

6.1. Diferencia con el derecho de petición

6.2. Las Oficinas de asistencia

6.3. Requisitos de la solicitud de iniciación

6.4. Declaración responsable y comunicación

6.5. Modelos normalizados de solicitud, de declaración responsable y de comunicación previa

6.6. Modelos telemáticos de solicitud

6.7. Propuestas de actuación municipal

6.8. Lengua utilizada

6.9. La iniciación y el Registro

6.10. Subsanación, desistimiento, y mejora de la solicitud

IV. La fase de instrucción del procedimiento

1. Concepto y régimen jurídico de los actos de instrucción

2. Derechos de los interesados durante la instrucción

3. Alegaciones de los interesados

4. La prueba

4.1. Medios de prueba: régimen jurídico

4.2. Periodo de prueba

4.3. Práctica de la prueba

5. Los informes

5.1. Concepto y clases

5.2. Petición

5.3. Plazo, emisión y contenido 

5.4. Los informes y la motivación de la resolución administrativa

6. La participación de los interesados

6.1. Trámite de audiencia

6.2. Información pública

6.3. Participación ciudadana

7. La instrucción y la tramitación simplificada

8. La propuesta de resolución

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN TRANSPARENCIA

UN EJEMPLO DE BUENA TÉCNICA, CALIDAD, CLARIDAD NORMATIVA Y SEGURIDAD JURÍDICA

La vida municipal se manifiesta, en lo que a la regulación normativa propia se refiere, en distintas Ordenanzas y Reglamentos.

Los sucesivos equipos de gobierno, en el ejercicio legítimo de su acción política municipal, elaboran los correspondientes textos normativos aprobándose por el Pleno Municipal (conforme al procedimiento legalmente establecido, ex artículo 49 de la LRBRL) y se publican en el Boletín Oficial de la provincia (o, en su caso, Comunidad Autónoma) para su entrada en vigor. Es decir, al igual que las disposiciones normativas estatales que se publican en el BOE. En ambos casos, por imperativo del principio de publicidad de las normas del artículo 9.3 de la Constitución española.

Además, en virtud de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTBG) tales Ordenanzas aparecen generalmente publicadas en la web, sede electrónica o portal de transparencia.

Ahora bien, con el paso de los años, se va formando un ordenamiento jurídico municipal abultado, complejo y, lo que es peor, integrado por normas a veces obsoletas (regulando situaciones jurídicas del pasado que no tienen reflejo en la realidad actual, lo que hace que la norma haya dejado de cumplir la finalidad que justificó su aprobación) o se trata de normas tácitamente derogadas. En muchos casos, el Ayuntamiento no tiene ya competencia en la materia que amparó la aprobación de la norma al haber quedado superada por las previsiones de la legislación sectorial; y en determinados supuestos las normas han perdido su vigencia porque los servicios que en ellas se regulan ya no existen como tales.

También es frecuente encontrarse con Ordenanzas y Reglamentos reguladores de cuestiones que no precisan de una norma jurídica y que pueden ser sustituidos por instrumentos de carácter no normativo, dotados de una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la realidad que regulan.

En definitiva, los ciudadanos en muchos casos desconocen si una norma resulta o no de aplicación.

Es cierto que, siendo una realidad en muchísimas Entidades locales españolas, bien por falta de medios personales, bien por ausencia de voluntad política, bien por ambas causas, resulta con frecuencia muy difícil llevar a cabo una labor de depuración normativa.

Pero toda esta situación es contraria a las mínimas exigencias de calidad de las normas, la claridad de las reglas de juego y procedimientos para el ciudadano, la sencillez y la coherencia de la normativa municipal y, en definitiva, de la seguridad jurídica; así como contraria al principio de buena regulación exigido a todas las AA.PP. en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Por todo ello, quiero destacar aquí la aprobación por el Ayuntamiento de Madrid, a través del Acuerdo del Pleno, de 28 de septiembre de 2021, de la Ordenanza 11/2021, de 28 de septiembre, de Derogación Normativa, tras un proceso de depuración del ordenamiento jurídico municipal con el objetivo de eliminar todas las normas obsoletas o que estaban en desuso.

Con ello, se dispone de un ordenamiento jurídico cierto, claro, integrado y depurado, que facilita su conocimiento y comprensión y se traduce en una percepción favorable de las instituciones por parte de la ciudadanía y los operadores jurídicos.

La aprobación de la Ordenanza de derogación normativa ha permitido la derogación de forma rápida y con el menor coste de recursos posible de 17 normas.

La Ordenanza se estructura en un artículo único, que contiene la relación de las ordenanzas que quedan derogadas agrupadas por ámbitos materiales y 5 disposiciones finales.

Esta Ordenanza de derogación cumple con el principio de seguridad jurídica ya que tiene precisamente por objeto conseguir que los ciudadanos puedan identificar claramente cuál es el marco jurídico vigente y efectivamente aplicable, eliminando normas en desuso o que están tácitamente derogadas.

Asimismo, asegura el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, promoviendo la sustitución de determinadas normas por instrumentos más flexibles (acuerdos, decretos, instrucciones) en aquellas materias en las que no existe una obligación de regulación reglamentaria.

Por otra parte, se dió cumplimiento al principio de transparencia, al haber sido sometida a un proceso de consulta pública previa.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, la Ordenanza contiene la regulación imprescindible para atender a la necesidad a cubrir con la norma.

Otros efectos:

► Esta Ordenanza contribuirá al mantenimiento de un archivo normativo adecuado y proporcional, facilitando a la ciudadanía y a los operadores el acceso actualizado a la normativa en vigor.

► En aplicación del principio de eficiencia, la norma evita cargas administrativas innecesarias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

Puede verse aquí el texto íntegro de la Ordenanza:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/18/BOCM-20211018-65.PDF

Categorías
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

PRIMER EJERCICIO de las pruebas de acceso libre convocadas para FHN (Secretaría de entrada, Secretaría-Intervención e Intervención-Tesorería de entrada)

Por Órdenes HFP de 14 de octubre de 2021 (publicadas en el BOE de hoy, 18 de octubre), se fija la fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio:

Secretaria de entrada: sábado 6 de noviembre, a las 10:00 h. en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid  (Ciudad Universitaria)

Secretaría-Intervención: domingo 7 de noviembre, 11:30 h, en el mismo lugar antes indicado

Intervención-Tesorería: sábado 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en el mismo lugar antes indicado

Para poder cumplir todas las medidas de seguridad y hacer un acceso ordenado, los opositores deben presentarse en la puerta de acceso una hora antes de la antes señalada, en todos los casos.

Puede accederse en los enlaces siguientes al texto completo de la respectiva Orden Ministerial y a las listas definitivas de admitidos y excluidos:

Secretaria de entrada:

Orden 1129/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16870.pdf

Relación definitiva admitidos: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932707/anexo-i-listado-definitivo-admitidos-seal_154AB89SD658.pdf/a3cf153d-6a46-1c91-e66a-8f3caedf0823

Secretaría-Intervención:

Orden 1127/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16868.pdf

Relación definitiva admitidos: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932716/anexo-i-listado-definitivo-de-admitidos-sial_154AB89SD658.pdf/014cf678-0448-cf1d-f94c-23613cb683d5

Intervención-Tesorería:

Orden 1128/2021: https://boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16869.pdf

Relación definitiva admitidos: https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1932712/anexo-i-listado-definitivo-admitidos-ital_154AB89SD658.pdf/31603827-2ff9-831f-8301-451f623cc047

Categorías
Mis artículos

PRIMER EJERCICIO de las pruebas de acceso libre convocadas para FHN (Secretaría-Intervención, Secretaría de entrada e Intervención-Tesorería de entrada)

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todas las NORMAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENTIDADES LOCALES

En esta entrada puede verse el lndice del CAPÍTULO III de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (de la colección Todo Administración Local, que edita Wolters Kluver), recientemente publicada, en el que de forma sistemática y minuciosa y desde mi experiencia como Secretario Municipal compendio y analizo, en clave local, todas las normas e instituciones jurídicas comunes a las distintas fases del procedimiento administrativo, desde los principios rectores del mismo, los requisitos y vicios de los actos o trámites, los órganos o unidades intervinientes y el régimen jurídico de la abstención y la recusación, así como las normas específicas o tradicionalmente consideradas de ordenación (actualizadas al necesario funcionamiento electrónico de la administración local). Finalmente se incluye el análisis actualizado de instituciones tan vinculadas a las fases procedimentales como los plazos y su régimen jurídico (abarcando igualmente las peculiaridades producidas durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020), el registro electrónico y el archivo electrónico único

En el INDICE se incluyen los apartados siguientes:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

III. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Producción de los actos administrativos

3. Requisitos: contenido, motivación e inderogabilidad singular

3.1. Contenido y motivación  

3.2. Inderogabilidad singular

4. Forma

IV. LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO

1. Consideraciones previas

2. Empleados públicos, unidades y órganos administrativos

2.1. Empleados públicos

2.2. Unidades administrativas

2.3. Órganos administrativos

V. LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DEL PERSONAL Y LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO

1. Conceptos

2. Supuestos de abstención

3. Régimen jurídico de la abstención y efectos4. Régimen jurídico de la recusación

VI. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

VII. LOS VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Clases de vicios en el acto administrativo

3. Errores materiales, de hecho o aritméticos

4. Irregularidades no invalidantes

5. Vicios de anulabilidad

6. Vicios de nulidad

7. Procedimiento de revisión de los vicios del acto administrativo

8. Efectos

9. Conversión, conservación y convalidación

VIII. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. El expediente

1.1. Concepto

1.2. Formato

1.3. Contenido y formación

1.4. Impulso de la tramitación

1.5. Orden de tramitación

1.6. Desglose de documentos y carácter bifronte de éstos

1.7. Custodia de documentos

1.8. Salida de expedientes de las oficinas

1.9. Remisión del expediente electrónico

2. Publicidad de las relaciones de procedimientos

3. Impulso del procedimiento

4. Cumplimiento de trámites

5. Concentración de trámites

6. Cuestiones incidentales

7. Tramitación simplificada

8. Responsabilidad de la tramitación

9. La actuación administrativa automatizada

9.1. Consideraciones previas

9.2. Definición y distinción de conceptos afines

9.3. Régimen jurídico

9.4. Algunos ejemplos

10. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales

IX. TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto y obligatoriedad

2. Reglas sobre el cómputo de plazos administrativos

2.1. Regla general

2.2. Excepciones

2.3. Comienzo y cómputo del plazo

2.4. Finalización del plazo

3. Reglas sobre el cómputo de los plazos en los registros electrónicos

4. Las aplicaciones informáticas y los plazos

5. La habilitación de medios para el cumplimiento de los plazos

6. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo

7. La reducción de plazos en el procedimiento administrativo

7.1. Régimen común de la tramitación de urgencia

7.2. La tramitación de urgencia en virtud de ley

8. La suspensión del plazo máximo de resolución

9. La ampliación del plazo máximo de resolución

10. Los plazos administrativos y el funcionamiento de las oficinas de las AAPP

11. La excepcional suspensión de plazos en el estado de alarma

X. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

1. Lugares de presentación de los documentos que los interesados dirijan a la Entidad local

2. Objeto

3. Naturaleza y características

4. Las oficinas de asistencia en materia de registro

5. El registro y la sede electrónica

6. Horario de funcionamiento del Registro de la Entidad local

7. Orden de anotación en el Registro, contenido, recibo acreditativo y curso del documento

8. Dirección de la función de fe pública

9. Creación y regulación.

10.-Entrada en vigor

XI. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

1. Consideraciones previas y definiciones de interés en la legislación vigente sobre archivos

2. El archivo electrónico de documentos

3. La figura del archivo electrónico único y el procedimiento administrativo

4. Conservación y medidas de seguridad

5. Los antiguos archivos en papel

6. Dirección de la función de fe pública

7. Acceso de los ciudadanos al Archivo

8. Entrada en vigor

Más información en este blog:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/

https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

Categorías
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

Tribunales calificadores de las pruebas de acceso libre convocadas para FHN (Secretaría-Intervención, Secretaría de entrada e Intervención-Tesorería de entrada)

En relación a las pruebas selectivas convocadas por las Resoluciones de 29 de junio del presente año para el acceso a las subescalas indicadas de funcionarios de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, ya han sido designados los Tribunales calificadores en virtud de las Ordenes HFP/1100, 1101 y 1102, respetivamente, de  de 7 de octubre de 2021, publicadas en el BOE del día de hoy, 13 de octubre.

Los Tribunales son los siguientes:

Subescala de Secretaría-Intervención:

Tribunal titular

Presidente: Jesús Torres Martínez. Magistrado.

Secretario: Sonia Justo Justo. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vocales:

Julio Prinetti Márquez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

María Teresa Montero Pujante. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Mariano Cano Martínez. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Julia Amaro Millán. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Virginia Róscales García. Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas.

Alfonso Moreno Gómez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Begoña Muelas Escamilla. Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

Silvia Blázquez Herranz. Grupo Técnico de Función Administrativa de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Daniel Sancho Jaraíz. Magistrado.

Flora María Pérez Almoguera. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Francisco Javier Yagüe Soto. Cuerpo de Inspectores de Hacienda. Administración Autonómica.

Tribunal suplente

Presidente: María José Portilla López. Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Secretario: Alfonso Beceiro Leboso. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vocales:

Jaime José Álvarez de Toledo Jaén. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Susana Lazaro Cabello. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Irene Tovar Lerena. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Ignacio Rodrigo Rodríguez Pozuelo. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Vicente Marquina Sánchez. Técnico Superior Administración General. Comunidad Autónoma.

María Pilar Moreno Sastre. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Ricardo Gómez Hernández. Escala de Administración General. Subescala Técnica. Administración local.

María Isabel Conde Bueso. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

Rosa María Aldarias García. Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Fernando Talavera Esteso. Cuerpos Superior de la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Elena María Gómez Marcos. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Administración local.

Subescala de Secretaría, categoría de entrada:

Tribunal titular

Presidente: Bárbara García-Andrade Díaz. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Pablo Vaquero Pinto. Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Administración local.

Vocales:

Paloma Ramírez Pastor. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

José Antonio Fernández Marín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Fernanda Rodríguez González. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Javier Pereira Pagan. Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración local.

José María Bautista Samaniego. Cuerpo Jurídico Militar.

Lourdes Barranco Jiménez. Escala de Administración General, Subescala Técnica de Administración local.

Beatriz Vozmediano Ares. Escala de Letrados de Universidad Autónoma de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente: Alfredo Carrero Santamaría. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Silvia Villa Albertini. Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos.

Vocales:

Carlos Santa Cecilia Roma. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Alfonso Magaña Ponte. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

María Jesus de la Calle García. Cuerpo Superior Técnico de la Administración de la Seguridad Social.

Isabel Mayoral Mayoral. Cuerpo Técnico de Administración General de la Comunidad de Madrid.

Laura Irene Jerez Martín. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Administración local.

Ana Belen Gómez Chia. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Administración local.

Octavio Martínez Rodríguez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.

Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada:

Tribunal titular

Presidente: Beatriz M.ª Vigo Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Javier Font Miret. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Vocales:

María del Carmen Miralles Huete. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Juan Andrés Gil Martín. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Elena María Estrada González. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Francisco Almonte Gregorio. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Fernando Rodríguez Duque. Escala de Administración General, Subescala Técnica. Administración local.

M.ª Concepción López Arias. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

María Esther García Manzanares. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Tribunal suplente

Presidente: José Joaquín Serrano Ortega. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Secretario: Esther Barrios Burgos. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Vocales:

Eva Donoso Atienza. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Marina Menéndez Miralbes. Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Luis Bartolomé La Huerta. Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.

M.ª Isabel García Aliaga. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Ignacio Ollero Borrero. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Belén García Carretero. Profesora Titular de Universidad.

Adolfo González Méndez. Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado.

Contra las Ordenes ministeriales indicadas puede interponerse, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Ministra de Hacienda y Función Pública en el plazo de un mes desde esta publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro de las Órdenes publicadas en el BOE:

Secretaría-Intervención:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16546.pdf

Secretaría, categoría de entrada:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16547.pdf

Intervención-Tesorería, categoría de entrada:

https://boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-A-2021-16548.pdf

Ver más información sobre estas pruebas selectivas, aquí: https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/2495

Categorías
ATLETISMO Mis artículos

LA MARATÓN ES UNA CARRERA DE RITMO… CONSTANTE

De pequeño, en la salida de una carrera de unos 3 kms. en mi pueblo un amigo me comentó “yo voy a sprintar y ponerme el primero”. Y efectivamente tras la recta inicial de aproximadamente 100 metros se colocó en primera posición; pero al llegar yo -en una mediana posición- a alcanzar esa pequeña distancia encontré a mi amigo parado, con las manos sobre los muslos de las piernas y con la respiración entrecortada diciendo “ya no puedo más”.

Cuando unos cuantos años más tarde reanudé mi afición por el atletismo y comencé a preparar y a disputar maratones, leía en una revista especializada en la materia que entre las reglas de oro de la mítica carrera de 42 kms y 195 metros una de ellas era que la maratón “es una carrera de ritmo”. Aquéllo me sonaba a algo muy técnico, más propio de los corredores “de la élite” como denominamos los corredores “populares” o “aficionados” a los maratonianos profesionales o semiprofesionales.

Tengo que confesar que a pesar de la experiencia que fui adquiriendo y de la carrera que voy a mencionar, en la gran mayoría de las 26 maratones que disputé y finalicé, incurrí en un error similar al de mi amigo en aquella pequeña carrera.

¿Por qué incurrimos en este error?

 En primer lugar hay que dejar claro que para disputar una maratón -y digo disputar en el sentido de terminar la carrera queriendo hacerlo en el menor tiempo posible, de acuerdo con la capacidad y condiciones de cada uno, es decir no “caminar” durante 42 kms- es necesaria una preparación previa de entrenamiento de carrera continua cinco o seis días a la semana durante un año más algún entrenamiento “de calidad” (series, cambios de ritmo, cuestas) y varios entrenos “de largo recorrido” (de entre 28 y 32 kms) al menos un día a la semana en el mes previo a la competición.

Pues bien, una vez hecho ese trabajo previo, cuando se da el pistoletazo de salida, además de la euforia, del ambiente, de los ánimos del público y del locutor de turno es lógico que nuestro cuerpo nos pida -y sin duda está capacitado para ello- correr rápido, quizás no tanto como sprintar como había hecho mi amigo, pero sí correr a un ritmo superior, más veloz, del que esa regla de oro del maratón exige: es decir, si de acuerdo con nuestras condiciones y entrenamiento realizado podríamos terminar el maratón en un tiempo de 3 horas y 10 minutos, nuestro cuerpo está preparado para comenzar, y seguir durante varios kms, a un ritmo de unos 4 minutos por kilómetro. Si lográsemos mantener este ritmo conseguiríamos no solo nuestro objetivo sinó una gran marca de 2 horas y 48 minutos (es decir, 22 minutos menos de nuestro objetivo). El problema está en que, partiendo de dicho objetivo realista de hacer el maratón en 3 horas y 10 minutos, si bien podemos correr más rápido durante 3, o 5, o 10 o incluso 15 o 20 kms debemos ser plenamente conscientes, tener grabado en nuestra mente, que aún faltan por correr 39, o 37, o 32, o 27, o 22 kms, respectivamente.

Dicho de otro modo: si nuestro objetivo (en función de la preparación y capacidad de cada uno) es terminar la maratón en 3 horas y 10 minutos, debe mantenerse un ritmo medio de 4 minutos y 30 segundos por kilómetro.

¡Claro que sería posible mantener un ritmo de 4 minutos por km durante los 21 primeros kilómetros y un ritmo de 5 minutos por km durante los 21 kms restantes! Sin duda las matemáticas no fallan y al final el resultado sería un ritmo medio de 4 minutos y medio por cada km y la marca en la meta sería la buscada de 3 horas y 10 minutos. Pero eso ni es fácil ni es recomendable, y ello porque lo más probable es que al ir a un ritmo mucho más rápido del previsto el cuerpo y sobre todo las piernas acusarían un tremendo cansancio y con ello lo más seguro es que la segunda parte la hagamos no a un ritmo de 5 minutos por km sino a un ritmo mucho peor, es decir probablemente a seis o siete minutos por km. Es decir, iríamos de más a menos y además desde el punto de vista psicológico lo más probable es que nuestro ánimo se viniese abajo, además de nuestras fuerzas.

Un ejemplo paradigmático de ritmo constante para mí lo fue la Maratón de Rotterdam que disputé.

No voy a hablar de la ciudad -como en el caso de Nueva York- ya que Rotterdam aparte de una gran ciudad portuaria e industrial no es tan bonita como Amsterdam, por ello si alguien va a disputar la maratón de Rotterdam lo más recomendable (al menos es lo que yo hice) es alojarse en Amsterdam y trasladarse en tren (lo hay cada 30 minutos aproximadamente) y llegar a la ciudad portuaria en menos de una hora. Lo que quiero mostrar es mi experiencia en cuanto al tema que estoy tratando en esta entrada, es decir el ritmo del maratón.

Pues bien, aparte de haber supuesto la maratón en que por primera vez bajé de las 3 horas (en otras posteriores lo haría seis o siete veces más), lo que me supuso sin duda una gran satisfacción, fue probablemente la maratón más cómoda en el sentido de que ni sufrí el llamado ”muro” (alrededor de ese km 30 en que el cansancio acumulado hace que te encuentres con una especie de muro) ni me vine “abajo” ni física ni anímicamente en ningún  momento, ni llegué “desfondado”, “agotado” (como suele ocurrir), no solo eso sino que llegué a la meta con tales fuerzas que habría hecho unos cuantos kms más.

El perfil de Rotterdam es llano (de ahí que en esa ciudad se hayan batido varios récords mundiales) y aquél día de finales del mes de abril la temperatura era de 0º (para mí, al menos, fenomenal).

Pero circunstancias ambientales aparte (siempre hay “excusas” para justificar lo bien o mal que nos salió un maratón) lo más trascendental -y es lo que quiero poner aquí de manifiesto y mostrar de ejemplo por si a alguien le puede servir es el ritmo constante que mantuve a lo largo de toda la carrera. El chip que llevamos los corredores en la zapatilla conectado con el sistema informático así lo registró:

-Del km 0 al 5: ritmo de 4 minutos y 41 segundos

-Del km 5 al 10: ritmo de 4 minutos y 17 segundos

-Del km 10 al 15: ritmo de 4 minutos y 14 segundos

-Del km 15 al 20: ritmo de 4 minutos y 10 segundos

-Del km 20 al 25: ritmo de 4 minutos y 9 segundos

-Del km 25 al 30: ritmo de 4 minutos y 6 segundos

-Del km 30 al 35: ritmo de 4 minutos y 9 segundos

-Del km 35 al 40: ritmo de 4 minutos y 6 segundos

-Del km 40 al 42,1: ritmo de 4 minutos y 9 segundos

El ritmo medio que me salió al final es de 4 minutos y 13 segundos cada km. Si os fijáis, aparte de los primeros cinco kms (es normal, o mejor dicho muy recomendable, salir algo más despacio al principio) en el resto, es decir durante los 35 kilómetros restantes la desviación sobre el ritmo medio es prácticamente inexistente: cuatro segundos más entre el km 5 y el 10 y siete segundos menos entre el km 35 y el 40; incluso -si volveis a la tabla- fui arañando segundos al ritmo medio (el retroceso de 3 segundos justo al pasar el km 30 es anecdótico, sobre todo teniendo en cuenta que entre el km 35 y el 40 volví a recuperar el ritmo anterior).

La marca final conseguida (las matemáticas y el chip de cronometraje no fallan) fue de 2 horas y 58 minutos.

Repito: el haber mantenido la constancia descrita en el ritmo de carrera es para mí -y creo que para cualquier maratoniano- el mayor logro, el mejor éxito. La marca conseguida, ese tan deseado hito de bajar de las 3 horas, es solo la consecuencia de haber seguido al pie de la letra esa regla de oro de una maratón: es una carrera de ritmo, pero de ritmo constante.

Categorías
DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Obra sobre Procedimiento administrativo: ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS I Y II

En esta entrada puede verse al detalle el índice de los dos primeros capítulos de mi obra, recientemente publicada

CAPÍTULO I. NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Consideraciones previas

1. Objeto de este bloque de materias.

2. Objeto de este Capítulo

3. Las fuentes del procedimiento administrativo local

II. Concepto y finalidad del procedimiento administrativo de las Entidades Locales

III. Legislación básica sobre procedimiento administrativo aplicable a las Entidades Locales

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1.1. Naturaleza.

1.2. Contenido de la LPAC. Especial referencia al Título preliminar, las Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposición derogatoria y Disposición final séptima (entrada en vigor). Relación entre los Títulos I a VI y los Capítulos o epígrafes de esta Obra.

2. Otras disposiciones orgánicas o básicas, comunes a los procedimientos administrativos de las EELL 

2.1. Supuestos de informe del Secretario

2.2. Solicitud de informe al Consejo de Estado

2.3. Supuestos de informe del Interventor y de fiscalización en los expedientes.

2.4. Procedimientos cuya resolución corresponde al Alcalde

2.5. Procedimientos cuya resolución corresponde al Presidente de la Diputación

2.6. Ejercicio de la competencia por los órganos de las EELL

2.7. Requisitos de funcionamiento y de adopción de acuerdos de los órganos colegiados

2.8. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno Local

2.9. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación

2.10. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento

2.11. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno de la Diputación

2.12. Notificación y publicación de acuerdos

IV. Normativa estatal, autonómica y local

1. Normativa estatal. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

2. Legislación autonómica:

2.1.Canarias.

2.2.Cataluña.

2.3.Illes Balears.

2.4.La Rioja.

2.5.Navarra.

3. Normativa local

V. Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de  actividades administrativas de las Entidades Locales

1.-Potestad reglamentaria

2.-Aceptación de competencias o delegación de competencias

3.- Creación de Entidades Locales

4.- Alteración de términos municipales

5.-Constitución de la Corporación

6.-Elección de Alcalde y del Presidente de Diputación y de los Cabildos y Consejos Insulares

7.-Régimen de sesiones del Pleno

8.-Sustitución de Concejales

9.-Instrumentos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

10.-Moción de censura

11.-Cuestión de confianza

12.-Consulta popular

13.-Ejercicio del derecho a la información pública

14.-Procedimiento sancionador 

15.-Procedimiento de responsabilidad patrimonial

16.-Elaboración y aprobación del Presupuesto

17.-Aprobación de la liquidación del Presupuesto

18.-Aprobación de la Cuenta General

19.-Aprobación de Ordenanzas Fiscales

20.-Establecimiento o modificación de tributos 

21.-Procedimiento de recaudación

22.- Revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos

23.-Aprobación de convenios

24.-Ejercicio de acciones

25.-Sistemas de selección de los empleados públicos

26.-Régimen de las situaciones administrativas

27.-Régimen disciplinario

28.-Procedimientos de concesión de subvenciones

29.-Procedimiento de justificación y reintegro de subvenciones 

30.-Aprobación del expediente de contratación 

31.-Procedimientos de adjudicación de los contratos

32.-Procedimientos de adquisición de bienes

33-Procedimientos de autorización y concesión de bienes demaniales

34.-Procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales

35.- Establecimiento, organización y supresión de servicios

36.-Ejercicio de actividades de servicios y de comercio

37.-Instrumentos de prevención ambiental

38.- Espectáculos públicos

39.-Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico

40.-Aprobación de Convenios urbanísticos

41.-Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 

42.-Procedimiento de disciplina urbanística

VI. Leyes autonómicas sobre administración local, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y sobre urbanismo

1.-Leyes autonómicas sobre administración local

2.-Leyes autonómicas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

3.-Leyes autonómicas sobre urbanismo

CAPÍTULO II. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Consideraciones previas

II. Conceptos y régimen jurídico

1. Las personas y la capacidad de obrar ante la Administración: tipos de personas (personas físicas, personas jurídicas, ciudadanos y vecinos)

1.1. Personas físicas y personas jurídicas

1.2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

1.3. La extensión de la capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

1.4. Los ciudadanos

1.5. Los vecinos

2. Los interesados

3. La representación

4. El registro de apoderamientos

5. La identificación ante la Administración. Clases. Sistemas de identificación electrónica

5.1. Clases de identificación:

5.2. Sistemas de identificación electrónica:

6. La firma ante la Administración. Concepto. Clases. Sistemas de firma electrónica

6.1. La firma ante la Administración

6.2. Clases de firma electrónica:

7. El Punto de Acceso electrónico de la Administración

8. La sede electrónica

9. Las oficinas de asistencia en materia de registro

9.1. Introducción.

9.2. Régimen jurídico

10. Documentos aportados por los interesados

11. Modelos normalizados de solicitud

12. Documentos públicos administrativos 

12.1. Introducción.

12.2. Concepto.

12.3. Clases:

12.4. Documento y acto administrativo

12.5. Las normas técnicas de interoperabilidad que afectan al documento electrónico administrativo

12.6. Requisitos de validez del documento electrónico administrativo

13. Copias auténticas realizadas por las AAPP

13.1. Concepto de copia auténtica.

13.2. Requisitos de las copias auténticas.

13.3. Efectos.

13.4. Derechos de los interesados

13.5. Órganos y funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas

13.6. Expedición de copias auténticas de otros documentos públicos

14. Transmisiones de datos entre AAPP

14.1. Consideraciones previas.

14.2. La transmisión de datos entre AAPP y el derecho de los interesados.

14.3. La transmisión de datos entre AAPP y la protección de datos de carácter personal

14.4. La Norma Técnica de Interoperabilidad en materia de intermediación de datos

14.5. Plataforma de intermediación de datos

III. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración

1. Derechos

1.1. Elección del medio para relacionarse con la Administración

1.2. Comunicación a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

1.3. Asistencia en el uso de medios electrónicos

1.4. Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la LPAC

1.5. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

1.6. Acceso a la información pública, archivos y registros

1.7. Trato con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

1.8. Facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

1.9. Protección de sus datos de carácter personal

1.10. Exigencia de responsabilidad a la Administración y autoridades

1.11. Otros derechos

2. Obligaciones

2.1. Acreditar la identidad

2.2. Firmar el documento en los supuestos exigidos

2.3. Inscribirse en el Padrón del Municipio de residencia habitual

2.4. Colaborar con la Administración en los supuestos exigidos

2.5. Comparecer en una oficina pública en los supuestos legalmente previstos

2.6. Otros deberes

3. Derechos y obligaciones de los vecinos

IV. Derechos y obligaciones de los interesados en sus relaciones con la Administración.

1. Derechos.

1.1. Consideraciones previas

1.2. Derechos reconocidos a las personas

1.3. Obtención de información y orientación sobre requisitos impuestos a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

1.4. No aportación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración

1.5. No presentar documentos originales

1.6. Conocer el estado de la tramitación del procedimiento

1.7. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda

1.8. Conocer el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

1.9. Conocer los actos de trámite dictados en el procedimiento

1.10. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento

1.11. Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento

1.12. Formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos y aportar documentos

1.13. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente

1.14. Interponer el recurso resulte procedente en caso de desestimación por silencio administrativo

1.15. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

1.16. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes

1.17. Otros derechos reconocidos a los presuntos responsables en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora

2. Obligaciones.

2.1. Relacionarse electrónicamente con la Administración en los supuestos exigidos

2.2. Responsabilizarse de la veracidad de los documentos que presenten

2.3. Cumplir los plazos establecidos en la LPAC u otras leyes

V. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con las personas

VI. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con los interesados en el procedimiento

Categorías
DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

Todo Administración Local: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Acaba de publicarse esta obra de la que soy autor.

Examino el régimen jurídico del procedimiento administrativo en clave local.

Puesto al día a partir del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Forma parte de la colección: Todo Administración Local. Editorial El Consultor de los Ayuntamientos (Wolters Kluver).

Con el objetivo de que los operadores jurídicos del procedimiento administrativo local encuentren toda la información necesaria se abordan cada uno de aspectos de esta materia acompañándose en todo momento de la normativa aplicable, la jurisprudencia, doctrina y consultas de interés y en su caso modelos de documentos.

En el Capítulo I se recogen todas las normas de aplicación en el procedimiento administrativo de las Entidades locales, no solo las de la LPAC sino otras disposiciones tanto orgánicas o básicas como otra normativa estatal, autonómica y local, así como las Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de actividades administrativas o ejercicio de potestades por las Entidades Locales.

El Capítulo II supone un compendio de derechos y obligaciones de las personas y de las entidades locales en la actuación administrativa de éstas y en el Capítulo III un estudio pormenorizado de todas las normas rectoras y de ordenación del procedimiento (incluyendo entre las mismas instituciones esenciales para el procedimiento como los requisitos de los actos administrativos y los vicios de éstos y las garantías del procedimiento, el régimen jurídico de los órganos, los términos y plazos, los registros y los archivos administrativos).

En los Capítulos IV y V se analizan las fases de iniciación e instrucción y la de terminación, con especial referencia en este último a las instituciones del silencio administrativo, la notificación y la publicación.

El Capítulo VI trata exhaustivamente de los recursos administrativos, así como otras figuras afines o complementarias, especialmente en su aplicación a la administración local.

Finalmente, el Capítulo VII analiza las peculiaridades procedimentales de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora de la Administración.

En definitiva, una novedosa obra sobre una materia tan cotidiana en el actuar de la Administración local como imprescindible en EL CONSULTOR VISIÓN en la que voy desgranando los aspectos que a la luz de mi experiencia como Secretario municipal resultan fundamentales en el procedimiento administrativo, a la vez que facilita al usuario las fuentes y herramientas necesarias para la resolución de la problemática que en la práctica se plantea.

Más información: https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo