INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

INDICE (clica en el apartado que prefieras de este índice para acceder directamente a su contenido):

DIRECTORIO-DE-ORGANISMOS-E-INSTITUCIONES

Defensor del Pueblo

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Consejo para la Defensa del Contribuyente

Junta Arbitral de Consumo

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

UNIÓN EUROPEA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

Sistema de Información Administrativa (SIA)

Oficinas de Registro de la Administración General del Estado

Registro Electrónico Común

MINISTERIOS ACTUALES

AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

CIENCIA E INNOVACIÓN

CONSUMO

CULTURA Y DEPORTE

DEFENSA

DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

IGUALDAD

INCLUSIÓN,SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

INTERIOR

JUSTICIA

POLÍTICA TERRITORIAL

PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

SANIDAD

TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

UNIVERSIDADES

COMUNIDADES-AUTÓNOMAS

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

COMUNITAT VALENCIANA

EXTREMADURA

GALICIA

ILLES BALEARS

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

DÓNDE-IR-SI…?

1.–La Administración no contesta

2 —La Administración desestima una solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante.

3 —La Administración desestima una solicitud de solicitud de información pública.

4 —Vías de impugnación contra un acto de aplicación y efectividad de un tributo u otro ingreso de derecho público dictado por el Ayuntamiento

5 —Queja por el mal funcionamiento de los servicios municipales

6 —La Administración ha causado un daño al ciudadano que éste no tiene el deber legal de soportar.

7 —Reclamaciones en sectores específicos de actividad.

¿SABÍAS-QUE…?

NORMATIVA AL DÍA

NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-ÓRGANOS-CONSULTIVOS

——————————————

DIRECTORIO-DE-ORGANISMOS-E-INSTITUCIONES

Defensor del Pueblo

-Atención presencial:

Horario de lunes a viernes de 9 a 14

C/ Zurbano, 42-28010 Madrid

-Atención telefónica:

 900 101 025 (Llamada gratuita)

Horario de atención: lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas

-Atención electrónica:

Presentación de quejas:

-por correo electrónico:

registro@defensordelpueblo.es

-directamente desde la web:https://www.defensordelpueblo.es/tu-queja/01-description/

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

-Atención presencial:

c/ José Abascal, 2 – 5ª Planta. 28003 Madrid

-Atención telefónica:

912733311 / 912733308

-Atención electrónica:

Presentación de reclamaciones:

-por correo electrónico:

Para consultas generales: ctbg@consejodetransparencia.es

Para consultas relacionadas con Comunidades Autónomas o Entidades Locales: reclamaciones.ccaa@consejodetransparencia.es

-directamente desde la web:

● Si va dirigida a la Administración General del Estado: https://sede.consejodetransparencia.gob.es

● Si va dirigida a una Entidad Local o a una Comunidad Autónoma con las que el Consejo tiene convenio:

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/te-ayudamos/Como_reclamar.html, a través del formulario de reclamaciones

Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura y Comunidad de Madrid y Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla

Consejo para la Defensa del Contribuyente

-Regulación:

-Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente

.https://www.boe.es/eli/es/rd/2009/11/13/1676/con

-Resolución de 22 de julio de 2010, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos, por la que se desarrolla el Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente y se determina su sede electrónica:

.https://www.boe.es/eli/es/res/2010/07/22/(1)

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones (DIR3 EA0023036)

-Sede: C/ Alcalá, nº 9 – 28014 Madrid

-Contacto telefónico: 900 567 765

-Contacto electrónico:  informacion.administrativa@hacienda.gob.es

Agencia Estatal de Administración Tributaria:

Sede: C/ Infanta Mercedes 37.- Madrid. Tf.: 91 583 70 00

Contacto electrónico: dirección.general@correo.aeat.es

Información Tributaria Básica.

Teléfono: 901 335 533 (accesible también a través del 91 554 87 70)

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15 horas en agosto).

Cita previa general:

Teléfono: 901 200 351 o 91 290 13 40

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15 horas en agosto).

Presta el servicio de concertación de cita sobre servicios generales. Esta cita no es válida para campaña de Renta

-Procedimiento para la formulación y tramitación de quejas y sugerencias:

.https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/PZ00.shtml

Junta Arbitral Nacional de Consumo

Dirección General de Consumo. Subdirección General de Arbitraje y Derechos del Consumidor.

Calle Príncipe de Vergara, 54.- Madrid (28006) MADRID

E-mail:

junta-nacional@mscbs.es

procedimientosarbitrales@mscbs.es

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

Está adscrita a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

-Sede: C/ Poeta Joan Maragall, 41 28071 Madrid

-Contacto telefónico: 91 181 40 45 / 901 33 66 99

-Contacto electrónico: https://usuariosteleco.mineco.gob.es/ /Paginas/Index.aspx

UNIÓN EUROPEA

-Oficinas presenciales en España:

Puede encontrarse la dirección, teléfono y acceso electrónico en

.https://europa.eu/european-union/contact/meet-us/spain_es

-Contacto telefónico: 00 800 6 7 8 9 10 11  / 902 018 345, desde cualquier lugar de la UE, los días laborables de 9.00 a 18.00 (hora central europea), en cualquier lengua de la UE

-Web: https://europa.eu/european-union/index_es

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Punto de Acceso General de la Administración General del Estado

El Punto de Acceso General (PAG) es un portal web de la Administración General del Estado cuyo acceso en internet es:

.https://administracion.gob.es

Constituye un punto único de acceso para el ciudadano a información de interés de carácter horizontal de los Ministerios y Organismos públicos vinculados o dependientes, así como a información sobre empleo público, ayudas, subvenciones, becas y normativa de interés de las Administraciones Públicas y de la Unión Europea (UE).

Da acceso a los sitios web oficiales de los Ministerios, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, así como a sus sedes electrónicas.

Además, ofrece, tanto a ciudadanos como a empresas, acceso a los procedimientos (trámites) y servicios electrónicos de las Administraciones Públicas agrupados por materias, así como a información sobre el funcionamiento y organización de las Administraciones Públicas y el Estado.

Los canales de atención del Punto de Acceso General son:

https://administracion.gob.es

– servicio de atención personalizada: un buzón de atención y un servicio de webchat en línea.

-el teléfono 060

Presencial: Oficina de Atención e Información al Ciudadano:

Calle Francisco de Rojas, 12.- 28010 – Madrid, Horario: De lunes a viernes: 09:00 a 15:00 h., Imprescindible cita previa, que se puede solicitar online o llamando al teléfono 060

– las redes sociales.

Así mismo, clicando en

.https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

tras escribir la dirección donde te encuentres, puedes localizar la Oficina de Información de la Administración más cercana, ya sea del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma o de la Administración General del Estado. Y por razón de la materia puede encontrar la oficina más cercana, de cualquiera de las Administraciones, sobre:

Tramitación

Cl@ve

Correos

Extranjería

Violencia de género

El PAG dispone de un área restringida para los usuarios, a la que se accede previa autenticación (identificación electrónica), llamada Carpeta Ciudadana, desde la cual los ciudadanos pueden acceder a sus datos personales, al estado de sus expedientes administrativos, a sus notificaciones, etc.

En relación al PAG, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece:

-El derecho de los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración (artículo 13).

El derecho de los interesados a acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso (artículo 43).

El derecho de los interesados en un procedimiento administrativo a consultar la información y documentos relativos al procedimiento en el que tengan la condición de interesados, en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso (artículo 53).

El PAG se regula en la Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre:

.https://www.boe.es/eli/es/o/2014/10/13/hap1949/con

Sistema de Información Administrativa (SIA)

El Sistema de Información Administrativa, SIA, es una aplicación informática cuya función básica es el acceso público al inventario de información administrativa de la Administración General del Estado (AGE) y actualizado de forma corresponsable por todos los Organismos participantes. Contiene la relación de procedimientos y servicios de la AGE, tanto dirigidos al ciudadano como propios de las diferentes Administraciones Públicas participantes.

.https://administracionelectronica.gob.es/ctt/sia#.YEdGgSug_IU

Oficinas de Registro de la Administración General del Estado

Aquí puedes encontrar las Oficinas de Registro de la Administración General del Estado existentes en todo el territorio nacional:

.https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/encuentraTuOficina/OficinasRegistro/DescargaRelacionOficinasRegistro_AGE.html#.YCrJgjKg_IX

Registro Electrónico Común

El Registro Electrónico General, o Registro Electrónico Común (R.E.C.) de la Administración General del Estado es un registro para la presentación de documentos para su tramitación con destino a cualquier órgano administrativo de la Administración General del Estado, Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además, a través del Registro Electrónico se podrán presentar documentos para su remisión telemática a otras Administraciones Públicas (Comunidades Autónomas, Entidades Locales, etc.) que estén integradas en el Sistema de Interconexión de Registros (S.I.R.).

Para realizar el registro debes disponer de DNI electrónico o Certificado electrónico en vigor.

El R.E.C. se regula por la Orden HAP/566/2013, de 8 de abril.

.https://www.boe.es/eli/es/o/2013/04/08/hap566/con

-Acceso:

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos /RegistroElectronicoComun.html

https://rec.redsara.es/registro/action /are/acceso.do

Portal de transparencia de la Administración General del Estado:

https://transparencia.gob.es

MINISTERIOS ACTUALES

Conforme al Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales (https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/01/12/2/con), modificado por el Real Decreto 507/2021, de 10 de julio (https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/10/507)

los Ministerios actualmente existentes son:

[ver, más abajo, directorio por orden alfabético con sus medios de contacto]

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Ministerio de Justicia.

Ministerio de Defensa.

Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Ministerio del Interior.

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Ministerio de Política Territorial.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Ministerio de Cultura y Deporte.

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Ministerio de Sanidad.

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ministerio de Igualdad.

Ministerio de Consumo.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ministerio de Universidades.

¿Cómo contactar con los Ministerios?

[listado por orden alfabético]

–Agricultura, Pesca y Alimentación

-Sede:

Información general. Oficina de información a la ciudadanía

9,30 a 14,30 horas de lunes a viernes

Paseo Infanta Isabel, 1 – 28071 Madrid

-Atención presencial:

La atención presencial para consultas de información administrativa y para el registro del certificado digital de personas físicas expedido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, solo se realizará con cita previa, que se solicitará en el teléfono 913475724 (de 12,00 a 14,00 horas de lunes a jueves)

-Atención telefónica: 91 347 53 68 y 91 347 57 24

-Atención electrónica: informac@mapa.es

-Web: https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-y-atencion-al-ciudadano/default.aspx

-Sede electrónica: https://sede.mapa.gob.es/portal/site/seMAPA

Asuntos Económicos y Transformación Digital

-Sede central:

Paseo de la Castellana, 162. 28071 – Madrid

-Atención presencial: La Oficina de Registro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, situada en el Paseo de la Castellana 162, actualmente sólo atenderá con cita previa cada 15 minutos y se puede solicitar en: https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR

-Atención telefónica: 91 258 28 52

-Web: https://portal.mineco.gob.es/es-es/Paginas/default.aspx

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

-Oficina de Información Administrativa:

Teléfono: 91 379 96 00

-Sede Palacio de Santa Cruz

Plaza de la Provincia, 128071 Madrid

-Teléfono Centralita: 91 379 97 00

-Contacto electrónico: informae@maec.es

-Web:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/DireccionesTelefonos.aspx

Ciencia e Innovación

-Registro General del Ministerio: Paseo de la Castellana 162, 28046 Madrid.

Horario de atención en el Registro General del Ministerio:

Debido a la actual situación de emergencia sanitaria, y hasta nuevo aviso, el horario de atención del registro es: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:20 horas (última cita 14:00 h). Sábados cerrado.

Solo se atiende con cita previa:

.https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=MCIU

-Atención telefónica:

El servicio de información telefónica está accesible a través del teléfono 060 de la Administración General del Estado.

-Atención escrita:

Consultas generales:

consultas sobre convocatorias:

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/consulta_ayudas

-Acceso web:

http://www.ciencia.gob.es

Consumo

-Oficina de Información y Atención al Ciudadano

Medidas especiales por el nuevo coronavirus (COVID-19)

Para la atención presencial se requiere solicitar cita previa. Solicitar cita previa:

https://www.mscbs.gob.es/servCiudadanos/citaPrevia/home.htm

-Dirección: Paseo del Prado, n.º 18-20, planta baja, esquina C/ Lope de Vega.- Cód. Postal: 28014.- Madrid

Horario: De lunes a viernes: 8 a 15 h y sábados: cerrado. (De 16 de junio a 15 de septiembre, de lunes a viernes: 8 a 15 h. y sábados: 9 a 14 h).

-Atención telefónica:

Teléfono: 901 400 100.- Horario: De lunes a viernes: 9 a 17:30 h y sábados: 9 a 14 h. (De 16 de junio a 15 de septiembre, de lunes a viernes: 8 a 15 h. y sábados: 8 a 14 h).

91 596 10 89 / 91 596 10 90

-Registro General

Teléfono: 91/338 01 53.- Horario: De lunes a viernes: de 9 a 17,30h. Sábados: de 9 a 14h. (De 16 de junio a 15 de septiembre – de lunes a viernes: de 8 a 15h. Sábados: de 8 a 14h.)

-Web:

https://sede.mscbs.gob.es

Cultura y Deporte

-Consulta presencial

Se presta atención presencial en el Centro de Información al Ciudadano (Plaza del Rey, 1 – 28004 Madrid), en horario de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

Para poder proporcionar este servicio con las máximas garantías de seguridad, es necesario solicitar cita previa mediante correo a cita.informacion@cultura.gob.esEnlace externo, se abre en ventana nueva, indicando: Nombre y apellidos, Correo electrónico y teléfono de contacto

-Consulta telefónica

Teléfono de Cultura: 91 701 74 81

Horario: de lunes a viernes, de 9 a 14 horas

Teléfono de Deportes: 91 589 69 38

-Consulta electrónica:

https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/procedimientos-generales/consulta-electronica/form-consulta-electronica.html

-Web: https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/informacion-administrativa.html

Defensa

-Sede central:

Paseo de la Castellana, 109 28071 – Madrid

-Contacto telefónico: 91 395 50 00

-Contacto electrónico:

Servicio de Información Administrativa, información general sobre el Ministerio de Defensa:

https://sede.defensa.gob.es/acceda/contacto

-Web:

https://www.defensa.gob.es/ministerio/ contacto/

Derechos Sociales y Agenda 2030

-Oficina de Información y Atención al Ciudadano

Paseo del Prado, n.º 18-20, planta baja, esquina C/ Lope de Vega.- 28014 Madrid

Horario de atención presencial (imprescindible cita previa):

Invierno: Lunes a viernes: 9:00 a 17:30 h. Sábados: 9:00 a 14:00 h.

Verano: 16 de junio a 15 de septiembre. Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 h. Sábados: 9:00 a 14:00 h.

-Teléfonos: 901 400 100 / 91 596 10 89 / 91 596 10 90

Fax: 915 96 44 80

-Contacto electrónico: oiac@mscbs.es

seagenda2030@vpsocial.gob.es

-Web:

https://www.mscbs.gob.es/contactar/ home.htm

Educación y Formación Profesional

-Consulta presencial

c) Los Madrazo, 15.- 28014 Madrid

Se requiere cita previa, Con motivo del Covid-19, el Centro de Información al Ciudadano atiende de manera presencial con cita previa, servicio “Información del sistema educativo”.

Se aconseja seguir utilizando los canales no presenciales habituales: telefónico y electrónico.

No se atenderán consultas sin cita previa.

Si el interesado desea recibir información y registrar documentación, debe tener en cuenta que tendrá que solicitar cita por separado en ambos servicios en diferentes horas de cita. De lo contrario podría perder alguno de los turnos.

La cita previa no es para la recogida de credenciales de homologación.

-Consulta telefónica:

Teléfono: 910 837 937.- Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas.

Para consultas sobre temas educativos, puede asimismo llamar al teléfono de información 060 de la Administración General del Estado.

Para la solicitud o consulta de información relacionada con las temáticas del ámbito Universitario y Educación Superior:

Gestión de Títulos Universitarios, Acreditación y Evaluación del profesorado, deben de dirigirse al Ministerio de Universidades a través de sus canales de información o a través del canal telefónico del 060 de 9:00 a 19:00 h de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 h los sábados.

Becas y ayudas para la realización de estudios de grado y másteres universitarios, deben de dirigirse al Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de los canales establecidos en esta página.

-Consulta electrónica:

https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=404

-Web:

https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/ informacion-administrativa.html

Hacienda Y FUNCIÓN PÚBLICA

-Contacto telefónico:

Servicio de información: 900 567 765

Centralita: 91 595 80 00

Subdirección General de Información, Documentación y Publicaciones (DIR3 EA0023036)

-Sede: C/ Alcalá, nº 9 – 28014 Madrid

-Contacto telefónico: 900 567 765

-Contacto electrónico:  informacion.administrativa@hacienda.gob.es

Agencia Estatal de Administración Tributaria:

Sede: C/ Infanta Mercedes 37.- Madrid. Tf.: 91 583 70 00

Contacto electrónico: dirección.general@correo.aeat.es

Sede electrónica: https://sede.agenciatributaria.gob.es

Información Tributaria Básica.

Teléfono: 901 335 533 (accesible también a través del 91 554 87 70)

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15 horas en agosto).

Cita previa general:

Teléfono: 901 200 351 o 91 290 13 40

Horario: De lunes a viernes, de 9 a 19 horas (hasta las 15 horas en agosto).

Presta el servicio de concertación de cita sobre servicios generales. Esta cita no es válida para campaña de Renta

□ Dirección General del Catastro:

-Contacto telefónico:

Línea Directa del Catastro (902 37 36 35 – 91 387 45 50)

En la Línea Directa del Catastro pueden obtenerse los siguientes servicios:

● Información general y particular de inmuebles y expedientes.

● Asesoramiento sobre obligaciones con el Catastro.

● Resolución de incidencias sobre servicios electrónicos.

● Cita previa.

● Gestión de los compromisos de la Carta de Servicios en materia de titularidad, certificados y quejas.

● Cooperación con los Ayuntamientos durante el período voluntario y ejecutivo del IBI.

●Colaboración con la Agencia Tributaria en la Campaña IRPF.

Además, salvo excepciones, en cada Ayuntamiento existe un Punto de Información Catastral. Puede consultarse en el Ayuntamiento o en: https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/SECBusquedaPIC.aspx

□ Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Sede: Avda. General Perón, 38.-Madrid.

Contacto telefónico:  91 349 14 46/47

□ Dirección General del Plan y del mecanismo de Recuperación y Resiliencia

-Sede: Paseo de la Castellana, 162, Madrid

-Contacto telefónico:  91 595 80 00

Secretaría de Estado de Función Pública:

Sedes:

Calle de Santa Engracia, 7, 28010 Madrid

Calle Manuel Cortina, 2, 28010 Madrid

Sede electrónica del Ministerio:

https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Paginas/default.aspx

Igualdad

-Sede: Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

C/ Condesa de Venadito nº 34.- 28027 Madrid

Teléfono: 914 528 500

-Atención telefónica

-Víctimas de violencia de género: 016

-Teléfono de información:

Teléfono de información gratuito: 900 191 010

Servicio de información gratuito para personas con discapacidad auditiva y/o del habla https://www.telesor.es

Horario de atención: excepto festivos nacionales, de 09:00 a 21:00 h. de lunes a viernes y sábados de 09:00 a 14:00 h.

Este servicio se encuentra temporalmente suspendido. Puede realizar su Consulta Online, en el buzón que se indica más abajo, o por correo postal a la dirección arriba indicada.

-Consulta electrónica:

Consulta genérica:

https://www.inmujer.gob.es/ elInstituto/contacto.do

Consulta sobre asuntos jurídicos:

https://www.inmujer.gob.es/ servRecursos/consulta.do

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

-Información general

Sede: Paseo de la Castellana, 63.- 28071 – MADRID

C/ Agustín de Betancourt, 4.- 28071 – MADRID

Centralita:91 363 00 00

– Información y Atención Administrativa:

-Atención presencial: Ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19, la demanda de información sociolaboral será atendida a través de los siguientes teléfonos de la Oficina de Información, y del correo electrónico portal@mites.gob.es, permaneciendo cerrada temporalmente la Oficina de atención presencial.

-Atención telefónica:

91 363 23 30

Horario de atención telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas

-Teléfonos de atención al público para informar sobre la presentación de los ERTES como consecuencia del COVID-19

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha habilitado el siguiente teléfono para atender las consultas que puedan surgir en la presentación de los ERTES como consecuencia del Covid-19, siempre que sean competencia de este Ministerio. Es decir, que afecten a trabajadores que prestan sus servicios en centros de trabajo sitos en más de una Comunidad Autónoma.

91 363 23 30

horario de atención telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas

-Contacto electrónico para información general sobre el Ministerio:

portal@mites.gob.es

-Web: https://www.mites.gob.es/es/contacto_ ministerio/index.htm

Industria, Comercio y Turismo

-Atención presencial:

C/ Panamá, 1 – 28046 Madrid

Debido a la situación ocasionada por la evolución de la COVID-19, con carácter temporal, las solicitudes de información se atenderán, exclusivamente por teléfono o a través del formulario de consulta que se indica a continuación:

-Contacto telefónico: 913 494 640

-Contacto electrónico:

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/crmformweb/formularios/infosia.aspx

Formulario de consulta para discapacitados auditivos:

https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AtencionCiudadano/Paginas/consulta-discapacitados-auditivos.aspx

-Atención presencial para usuarios de certificados electrónicos: El servicio de acreditación presencial de usuarios de certificados electrónicos se prestará de lunes a jueves, previa petición de cita a través de la aplicación Reserva Cita Previa, con antelación máxima de un mes.

-Registro General:

Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid

Debido a la enfermedad COVID-19, la atención presencial en el Registro General del Ministerio, sólo se prestará previa petición de cita a través de la aplicación Reserva Cita Previa:

Cita previa:

https://app.bookitit.com/es/hosteds/widgetdefault/24a8065a1e7a619a356114d51094d5908#services

Contacto telefónico Registro General: 91 349 24 31

Contacto electrónico Registro General: registro@mincotur.es

Según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, solo pueden registrar documentación en formato papel las personas físicas

-Web:

  https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AtencionCiudadano/Paginas/AtencionCiudadano.aspx

Interior

-Atención telefónica:

Atención al ciudadano: 060

Víctimas de terrorismo: 060

Cita previa DNI/Pasaporte: 060

Urgencias Guardia Civil: 062

Urgencias Policía: 091

Protección Civil y Emergencias: 915 373 100

Instituciones Penitenciarias: 913 354 773

-Atención electrónica (solicitud de información):

https://sede.mir.gob.es/opencms/export/sites/default/es/contacto/

-Registro General del Ministerio:

Sede Registro General: Calle Amador de los Ríos, 7.- 28010 MADRID.

Contacto electrónico Registro General : citaregistroSSCC@interior.es

Debido a la situación sanitaria provocada por el COVID-19, la Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Ministerio del Interior sólo atenderá de forma presencial mediante cita previa, siguiendo las instrucciones que se indican en este apartado. http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/registro-de-documentacion/cita-previa

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/registro-de-documentacion

-Web:

http://www.interior.gob.es/es/web/interior/contacto

Justicia

Oficina Central de Atención al Ciudadano: c) Bolsa, nº 8, Madrid

Del 16 de junio al 31 de julio y de 1 a 15 de septiembre:

– De lunes a viernes: de 8:00 a 19:00 horas.

– Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

Del 1 al 31 de agosto:

– De lunes a viernes: de 8:00 a 18:00 horas.

– Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

La situación generada por la evolución del coronavirus ha obligado a adoptar las siguientes medidas extraordinarias:

Todos los trámites presenciales se realizarán mediante cita previa y con limitación de aforo, siendo obligatorio ir con mascarilla y tenerla debidamente colocada en todo momento para poder acceder y permanecer en las oficinas del Ministerio.

-Atención telefónica:

918372295 / 902007214

Horario (solo atención telefónica).

Del 16 de septiembre al 15 de junio:

– De lunes a viernes: de 8:00 a 19:30 horas.

– Sábados: de 9:00 a 14:00 horas.

Web: https://mjusticia.gob.es/es/ciudadanos/tramites

Política Territorial

-Sede: Paseo de la Castellana, 3.- 28071 Madrid

Centralita: 91 2731000

-Contacto telefónico:

91-2739000 (excepto para información de extranjería)

91-2729500 (para información relacionada con el servicio de extranjería)

-Web:

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio.html

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

-Sede: Complejo de la Moncloa, Avda. Puerta de Hierro, s/n. 28071 Madrid

-Contacto electrónico:

https://www.mpr.gob.es/prencom/contactar/paginas/index.aspx

-Web: https://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx

-Sede electrónica:

https://mpr.sede. gob.es

Sanidad

-Sede: Paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid

-Atención presencial:

Para la atención presencial se requiere solicitar cita previa, en los teléfonos o en el contacto electrónico que se indica:

-Contacto telefónico:

 901 400 100.

91 596 10 89

91 596 10 90

Horario de atención telefónica al ciudadano:

Horario de invierno: Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 h. Sábados: cerrado.

Horario de verano: 16 de junio a 15 de septiembre. Lunes a viernes: 8:00 a 15:00 h. Sábados: 9:00 a 14:00 h.

Fuera de este horario puede dejar su mensaje en el contestador automático

-Contacto electrónico:

Cita previa:

https://www.mscbs.gob.es/servCiudadanos/citaPrevia/home.htm

Información: oiac@mscbs.es

-Web: https://www.mscbs.gob.es

-Sede electrónica: https://sede.mscbs.gob.es

Trabajo y Economía Social

-Sede:

Paseo de la Castellana, 63.- 28071 – MADRID

C/ Agustín de Betancourt, 4.-28071 – MADRID

Centralita: 91 363 00 00

-Atención presencial:

Ante la situación generada por la evolución del coronavirus COVID-19, permanece cerrada temporalmente la Oficina de atención presencial. La demanda de información sociolaboral será atendida a través de los teléfonos y medios electrónicos que se indican.

-Atención telefónica:

91 363 23 30

Horario de atención telefónica: De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas

-Atención electrónica:

portal@mites.gob.es

-Web: https://www.mites.gob.es/es/index.htm

-Sede electrónica: https://www.mites.gob.es/es/sede_electronica _menu/index.htm

Transición Ecológica y Reto Demográfico

-Sede: Plaza de San Juan de la Cruz, 10 – 28071 Madrid

-Atención presencial:

En estos momentos la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de manera presencial permanece cerrada.

El servicio de atención e información se prestará de forma telefónica o electrónica, según se indica.

-Atención telefónica:

91 597 65 77 / 91 597 65 78

-Atención electrónica:

Correo electrónico: informacionma@miteco.es

Buzón de consultas:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/informacion-y-atencion-al-ciudadano/informacion.aspx

-Web: https://www.miteco.gob.es/es/

-Sede electrónica: https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

-Sede: Paseo de la Castellana, 67 (Nuevos Ministerios). 28071 Madrid

Centralita: 915 977 000

-Atención presencial:

Los martes de 9:00h a 14:00h con cita previa..

-Atención telefónica:

915 97 8783 / 915 97 8785

Horario:

De 16 de septiembre a 14 de junio: Lunes a viernes, de 9:00h. a 17:30h.

De 15 de junio a 15 de septiembre: Lunes a viernes, de 8:00h. a 15:00h

Atención al Ciudadano sobre Vivienda: 900.900.707

-Atención electrónica:

Cita previa: https://www.mitma.gob.es/ministerio/contacte-con-fomento/atencion-al-ciudadano/formulario-peticion-de-cita-previa

Consultas o solicitudes de información: https://www.mitma.gob.es/ministerio/contacto-web

Atención al Ciudadano sobre Vivienda: solicitud de cita previa https://www.mitma.gob.es/vivienda/formulario-de-solicitud-de-cita-previa-sobre-vivienda Consultas: https://www.mitma.gob.es/vivienda/consultas-de-ayuda-en-materia-de-vivienda

-Registro General:

Paseo de la Castellana, 67

Tf.:

915 977 660

915 977 661

Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente.

Horario de verano (desde el 16 Junio al 15 septiembre ambos inclusive) de Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 horas.

-Web: https://www.mitma.gob.es/ministerio

-Sede electrónica:

https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/lang_castellano/

Universidades

-Sede:

Paseo de la Castellana, 162, 28046.-Madrid

-Atención presencial:

El Registro General del Ministerio de Universidades y los servicios de Legalización y Credenciales solo atienden con CITA previa, a través de los medios telefónicos y electrónicos que se indican

-Atención telefónica:

Teléfono 060

-Atención electrónica:

Solicitud de cita previa:

https://ssweb.seap.minhap.es/icpplus/citar?org=OIACR

Consultas generales:

Consultas sobre convocatorias:

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/consulta_ayudas

-Web:

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.abd9b51cad64425c8674c210a14041a0/?vgnextoid=d9581f4368aef110VgnVCM1000001034e20aRCRD

-Sede electrónica: https://ciencia.sede.gob.es

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Webs, acceso a información

(Consejerías con competencias sobre Administración Pública y Entidades Locales)

ANDALUCÍA

-Acceso a información, organismos y trámites:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios.html

https://www.juntadeandalucia.es/organismos.html

-Web: https://www.juntadeandalucia.es

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

-Sede.- Palacio de San Telmo. Avd. de Roma s/n..-41013 – Sevilla

Teléfono: 955 03 55 00

-Atención telefónica.-

Teléfono: 955 06 26 27

El horario de prestación del servicio de atención telefónica es el siguiente:

Fuera de este horario, la atención se hará mediante un buzón de voz, en el que la persona puede dejar grabada su consulta. Posteriormente, en el horario laborable indicado arriba, se le dará la respuesta.

Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, ininterrumpidamente, salvo festivos.

Sábados de 08:00 a 15:00 horas, salvo festivos.

24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 08:00 a 15:00 horas, salvo domingos

Solicitud de cita previa:

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/citapreviaOperacion?tenantId=998

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

-Sede.- Plaza Nueva, nº 4.-41001 – Sevilla

Teléfono: 955 06 51 00

-Atención presencial.-

Solicitud de cita previa:

https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/citapreviaOperacion?tenantId=998

Registro General de la Consejería.- Plaza Nueva, 4 (Acceso sólo con cita previa).-41001 – Sevilla

-Atención telefónica.-

teléfono de información y de solicitud de cita previa:  955 062 627

-Atención electrónica.-

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios.html

-Web.-  https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal

Aragón

-Acceso a información, organismos y trámites:

https://www.aragon.es

-Sede electrónica:

https://www.aragon.es/tramites

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sede:

Edificio de la Plaza de los Sitios.-Plaza de los Sitios, 7.-50071 Zaragoza

Tfno: 976714202

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Sede:

Edificio Pignatelli.-Paseo de María Agustín, 36.-50071 Zaragoza

Tfno: 976714000

Asturias

-Acceso a información, organismos y trámites:

https://www.asturias.es/web/asturias/contacta-con-nosotros

-Atención ciudadana:

Tf. 985.279.100

Tf.:  012

-Web: https://www.asturias.es

-Sede electrónica: https://sede.asturias.es

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Edificio Administrativo de Usos Múltiples. C/. Trece Rosas, nº 2-33005 Oviedo

Tfno.- 985 10 55 00 (Centralita)

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL

 Tfno.: 985.10.57.26-

– Servicio de Relaciones con las Entidades Locales Tfno.: 985.10.53.36

– Servicio de Cooperación y Desarrollo Local Tfno. 985 10 57 01

Canarias

-Atención ciudadana:

Tf. 922.470.012

Tf.: 928.301.012

Tf.: 012

-Web: https://www.gobiernodecanarias.org/principal/

-Sede electrónica: https://sede.gobcan.es/sede/

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y SEGURIDAD

Avda. José Manuel Guimerá, 10.-Edf. Servicios Múltiples II Planta 1ª .-38071 Santa Cruz de Tenerife.-

Tfnos: 922 47 54 00 (677 98 10 83)

C/ Prof. Agustín Millares Carló, 18.-Edf. Servicios Múltiples II Planta 4ª, ala Oeste.-35071 Las Palmas de Gran Canaria.

Tfno: 677 98 10 83

Correo electrónico: administracionespublicas@gobiernodecanarias.org

Cantabria

Consejería de PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

-Información administrativa:

Contacto telefónico: 012

-Oficina de asistencia en materia de Registros:

Sede: C/ Peña Herbosa, 29, bajo 39003 – SANTANDER

Contacto electrónico: oac@cantabria.es

Horario atención al ciudadano:

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. Horario de verano, de 16 de junio a 15 de septiembre y el de navidad de 24 de diciembre a 6 de enero es de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

-Web: https://www.cantabria.es/web/consejeria-de-presidencia-y-justicia

-Sede electrónica: https://sede.cantabria.es/sede/

Castilla-La Mancha

Consejería de HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sede:

Calle Real, 14, 45001. Toledo

Contacto telefónico: 925266500

-Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas:

Sede: Calle Real, 14, 45071 Toledo

Teléfono: 925 24 88 20

Correo electrónico: secretariageneral.hacienda@jccm.es

-Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa

Sede:

Avda. de Portugal s/n 45071 – Toledo

Teléfono: 925286689

Correo electrónico: vicealyca@jccm.es

-Web: https://www.castillalamancha.es

-Sede electrónica: https://www.jccm.es

Castilla y León

Consejería de la PRESIDENCIA

-Sede: C/ Santiago Alba, 1.C.P.: 47008 Valladolid.

Teléfono: 983 411 100

-Dirección General de Administración Local:

C/ Santiago Alba, 1.C.P.: 47008 Valladolid

Teléfono: 983 240 794

Correo electrónico: área.dal.presidencia@jcyl.es

-Web: https://gobierno.jcyl.es/web/es/consejerias/consejeria-presidencia.html

-Sede electrónica: https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html

Atención telefónica a usuarios de la sede electrónica: 012 / 983 327 850

Cataluña

-Web: https://govern.cat/gov/

-Sede electrónica: https://web.gencat.cat/ca/adreces-i-telefons/detall/index.html?codInf=19773

Departamento de POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

-Sede: Calle del Foc, edificio 57 A 08038 Barcelona

Horario: Lunes, martes, miércoles y viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. Jueves, de 9 a.m. a 5 p.m. Horario de verano del 1 de junio al 30 de septiembre: de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. 

-Contacto telefónico: 93 857 40 00

-Contacto electrónico:

.https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=271&set-locale=ca_ES

-Web: https://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/inici

Comunitat Valenciana

-Web: https://www.gva.es/es/inicio/presentacion

-Sede electrónica: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/inicio

Consejería de JUSTICIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

-Sede: C/ Democracia, 77. Torre 4. Ciudad Aministrativa 9 de Octubre, 46018 (València)

Contacto telefónico: (información al ciudadano)

Desde la Comunitat Valenciana: 012

Desde fuera de la Comunitat Valenciana: 96 386 60 00

-Web: http://www.justicia.gva.es/es/

Extremadura

-Atención al ciudadano:

Teléfono: 924005194

whatsapp: 648561734

Oficinas de asistencia ciudadana (relación, direcciones y teléfonos):

https://citapreviaoac.juntaex.es

-Web: http://www.juntaex.es/web/

-Sede electrónica: https://sede.gobex.es/SEDE/  Atención telefónica y telemática sede electrónica: tf. 924 336 975 / soporte.sede@juntaex.es Horario: laborales:9 a 14 y 15 a 20 horas; fines de semana y festivos: de 9 a 19 horas

Consejería de HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Sede: Avda. Valhondo, s/n Edificio III Milenio – módulo 1, 06800.-Mérida

Contacto telefónico: 924005053

Web: http://www.gobex.es/con01/

Galicia

-Web: https://www.xunta.gal/portada

-Sede electrónica: https://sede.xunta.gal/portada

Consellería de HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

Sede: Edificios administrativos – San Caetano, s/n.- 15781 Santiago de Compostela

Contacto telefónico: Tel.: 981 545 400

Correo-e: conselleiro.facenda@xunta.gal

Web: www.conselleriadefacenda.es

Atención a la ciudadanía:

Oficinas de los edificios administrativos (Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia). Horario de atención al público: de 9.00 a 19.00 horas en jornadas de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00 horas los sábados y los días 24 y 31 de diciembre cuando sean laborales. Horario de verano: desde el 16 de junio hasta el 15 de septiembre (ambos inclusive), de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes.

Otras oficinas principales. Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00 horas en jornada de lunes a viernes. 

Resto de oficinas. Horario de atención al público: de 9.00 a 14.00 horas en jornada de lunes a viernes.

Atención telefónica (Información administrativa general): 012 de lunes a viernes, de 8 horas a 20 horas.

Relación de Oficinas de atención a la ciudadanía y Registro (relación, direcciones y teléfonos): https://www.xunta.gal/oficina-de-atencion-cidadania-e-rexistro

Illes Balears

-Sede: Passeig de Sagrera, 2–07012 Palma

-Contacto telefónico: 911177100

-Web: https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca

-Sede electrónica: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/

Atención al ciudadano:

Servicios al Ciudadano: Calle de l’Uruguay, s/n (Velódromo Islas Baleares) – 07010 Palma

Directorio geográfico de las Oficinas de Registro: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/l/oficines/

Teléfono 012

Reserva de cita previa: https://ac.fundaciobit.org/citaregistro/reservar-cita;lang=ct

Consejería de PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD

Atención telefónica: 971177163

Atención telemática: http://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencio_telematica-86927/

La Rioja

Centralita del Gobierno de La Rioja: 941 29 11 00

Atención al Ciudadano:

Contacto telefónico: 900 700 333.- Asistencia técnica. Trámites electrónicos:

941 29 88 85

-Web: https://web.larioja.org

-Sede electrónica: https://www.larioja.org/oficina-electronica/es/sede-electronica

Consejería de HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:

-Sede: c) General Vara De Rey 1.- 26003.- Logroño

-Contacto telefónico: 941 29 11 30

-Contacto electrónico: consejeria.hap@larioja.org

Consejería de SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA

(Dirección General de Política Local):

Sede: Calle General Vara De Rey 1 26003.- Logroño

Contacto telefónico: 941-291140

Contacto electrónico: dg.politicalocal@larioja.org

Madrid

-Contacto telefónico: 012

-Contacto electrónico y telemático: atencionalciudadano@012.madrid.org

.https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/servicios-telefonicos-telematicos-comunidad-madrid

https://gestiona7.madrid.org/carpetaciudadana/

Red de Oficinas de Atención al Ciudadano: https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/red-oficinas-comunidad-medrid

Cita previa en Oficinas de Registro y Atención al ciudadano: https://www.comunidad.madrid/servicios/informacion-atencion-ciudadano/cita-previa-oficinas-registro-atencion-ciudadano

-Web: https://www.comunidad.madrid

-Sede electrónica: https://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-general

Consejería de Hacienda y Función Pública:

-Sede: Plaza de Chamberí, 8. 28010 Madrid

Horario de apertura: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas

-Contacto telefónico: 012

Consejería de Vivienda y Administración Local:

-Sede: C/ Maudes, 17. 28003 Madrid

Horario de apertura: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas

-Contacto telefónico: 012

-Contacto electrónico: https://gestiona7.madrid.org/CTAC_CITA/OFIREG

Web: http://www.comunidad.madrid/

Murcia

-Web:

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1&IDTIPO=180

-Sede electrónica: https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=11&IDTIPO=180

Consejería de TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

-Sede: C/ Santa Teresa, nº 21. 30005, Murcia

Contacto telefónico: 968 36 25 58 / 012 / 968 36 20 00

Consejería de PRESIDENCIA Y HACIENDA

(Dirección General de Administración Local)

-Sede: Avda. Infante D. Juan Manuel, 14. 30011, Murcia

-Contacto telefónico: 968 36 64 22 /  012 / 968 36 20 00

-Web: http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69&IDTIPO=200&__PLANT_PERSONALIZADA=/JSP/CARM/carm2018/organig

Atención ciudadana:

En Registros y Oficinas de Atención Ciudadana: Debido a la situación sanitaria propiciada por la COVID-19, los registros y oficinas de Atención Ciudadana solo atienden con cita previa, en

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Cita-previa-para-registros-y-oficinas-de-Atencion-Ciudadana

-Contacto telefónico: 848 42 71 00

-Contacto electrónico: registro.general.gobnav@navarra.es

-Soporte informático: Lunes-jueves 8:30-17:30 h. Viernes y julio-septiembre 8:30-15:00 h.-Tf.: 948 013 555.- soportec@navarra.es

-Contacto telefónico: 948012012

-Contacto electrónico: navarra@navarra.es

-Web: https://www.navarra.es/es/inicio

-Sede electrónica: https://www.navarra.es/es/tramites

Consejería de COHESIÓN TERRITORIAL:

Administración Local y despoblación:

-Contacto telefónico: 848 42 35 85

-Contacto electrónico: administracion.local@navarra.es

Consejería de PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR:

Función pública:

-Contacto telefónico: 848 427080

-Contacto electrónico: funcionpublica@navarra.es

Pais Vasco

Atención Ciudadana:

Sedes:

Bilbao: Gran Vía, 8548011 Bilbao (Bizkaia)

Donostia-San Sebastián: Andia, 13.- 20004 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

Vitoria-Gasteiz: Ramiro de Maeztu, 10 bajo.- 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava)

Presencial: actualmente solo mediante cita previa debido a la situación por la pandemia del coronavirus:

Teléfono exclusivo para solicitar o anular su cita previa: 945 01 90 00.

Horario: de 8:00 a 19:30 horas (excepto agosto, de 8:00 a 14:30)

-Contacto telefónico: 012 / 945 01 80 00

-Contacto electrónico: https://www.euskadi.eus/web01-sedeform/es/x43kToolkitWar/form/fdp?procedureId=1013901&tipoPresentacion=1&language=es

-Web: https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/

-Sede electrónica: https://www.euskadi.eus/sede-electronica/

Departamento de GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales y Registros Administrativos

Sede: calle Donostia-San Sebastián, 1.- 01010 Vitoria-Gasteiz.- Araba/Álava

Teléfono: 945018506

Dirección de Atención a la Ciudadanía y Servicios Digitales

Sede: Donostia-San Sebastián, 1 – LAKUA.- 01010 Vitoria-Gasteiz.- Araba/Álava

Teléfono: 945018571

MUNICIPIOS DE ESPAÑA:

Ayuntamientos inscritos en el Registro de Entidades Locales:

https://ssweb.seap.minhap.es/REL/

clicando en la Comunidad Autónoma, se encuentran, por cada provincia, los Ayuntamientos inscritos en el Registro de Entidades Locales, la capital del municipio, superficie (km2) y densidad de población.

La población (actualizada a 1 de enero de 2020) se encuentra en https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254734710990

Portales de internet de todos los Ayuntamientos que disponen de web:

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/SedesElectronicas-y-Webs-Publicas/websPublicas/WP_EELL/WP_Ayuntamientos.html#.YEZf8rCg_IU

Datos abiertos sobre la Administración Local.

En la siguiente página se encuentra información reutilizable de información pública de la Administración local, que es una iniciativa de datos abiertos del Gobierno de España:

.https://datos.gob.es/es/catalogo?theme_id=sector-publico&administration_level=L

Oficina de información de la Administración más cercana:

Como se indica más arriba, clicando en

.https://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

tras escribir la dirección donde te encuentres, puedes localizar la Oficina de Información de la Administración más cercana, ya sea del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma o de la Administración General del Estado. Y por razón de la materia puede encontrar la oficina más cercana, de cualquiera de las Administraciones, sobre:

Tramitación

Cl@ve

Correos

Extranjería

Violencia de género

DÓNDE IR SI…

1.–La Administración no contesta

Vamos a centrarnos en la Administración local, en tu Ayuntamiento.

 Para saber qué hacer en el caso de que tu Ayuntamiento no conteste a un escrito presentado al mismo, debemos distinguir el tipo de petición ya que la vía a utilizar puede ser distinta.

En este sentido, distinguimos los siguientes tipos de escritos dirigidos a la Administración municipal en función de lo que estemos pidiendo e indicaremos las vías que pueden utilizarse frente al silencio de la Administración. Nos centramos en los escritos o peticiones más comunes, de más frecuente uso, en la práctica, por los vecinos o ciudadanos.

1.1. Obligación de la Administración de contestar.

Antes de nada, debe advertirse que, sea cual fuese el tipo de escrito presentado de los tipos que señalo a continuación, el Ayuntamiento (y la Administración Pública en general) siempre está obligado a contestar. Véase, en este sentido, el artículo que publiqué en este sitio el 19/enero/2021 (https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/silencio-administrativo/) bajo el título “Del suspense al drama”. Véase así mismo, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [https://www.boe.es/eli/es/l/2015/10/01/39/con] su artículo 21.1 que dispone que “la Administración está obligada a dictar resolución expresa a notificarla en todos los procedimientos,  cualquiera que sea su forma de iniciación”

1.2. Solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante.

A diferencia de los escritos basados en el derecho de petición (del artículo 29 CE y que se analizará en el siguiente apartado), la solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante es la más frecuente en su utilización, la que da lugar a la iniciación de un procedimiento administrativo, más simple o más complejo, previsto y regulado en la ley.

Son los escritos que un vecino o ciudadano, a lo largo de su vida, y para ejercitar sus derechos (en distintos ámbitos de la vida cotidiana) presenta, o se ve obligado a presentar, en su Ayuntamiento. Así, por ejemplo:

-Empadronamiento

Licencia o autorización de obra o actividad

-Asunto relacionado con algún tributo

Uso de servicios municipales

Etc.

En todo este tipo de solicitudes, es decir regidas por algún procedimiento o título o derecho habilitante, resulta esencial conocer dos cuestiones: ¿cuál es el plazo máximo de resolución? ¿cuáles son los efectos del silencio administrativo?

-En cuanto al plazo máximo de resolución (es decir, el plazo para que el Ayuntamiento conteste y notifique al interesado la decisión adoptada desde la presentación de la solicitud): debe estarse al plazo fijado en la norma que regule el respectivo procedimiento y si no estuviese fijado el plazo es de tres meses.

-En cuanto a los efectos del silencio (es decir, qué ocurre si la Administración no contesta en el plazo fijado):

—Con carácter general, el silencio es positivo, es decir se entiende que la solicitud, la pretensión, está estimada si no se contesta en el plazo establecido. Además, esta estimación por silencio tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento y una vez vencido el plazo citado, si la Administración dicta resolución expresa (a la que, como ya sabemos, siempre está obligada) solo podrá ser confirmatoria de la estimación de la solicitud. Ese acto producido por silencio administrativo se podrá hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada y produce efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido; su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido.

Por consiguiente, en estos casos -que constituyen la regla general- no es necesario acudir “a ningún sitio”, pues ya por ley opera la estimación por silencio.

—Como excepciones al silencio positivo, opera el silencio negativo, es decir se entiende desestimada la solicitud si vencido el plazo establecido la Administración no contesta en los casos siguientes:

● cuando una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario

las solicitudes cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público

●  las solicitudes cuya estimación implicasen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente

● las reclamaciones de responsabilidad patrimonial

● los procedimientos de impugnación (es decir, cuando se presente un recurso administrativo)

● los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado.

● los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. [Véase el apartado siguiente].

Como quiera que en los casos relacionados la ley presume que existe una desestimación de la solicitud. ¿A dónde ir si, de acuerdo con lo expuesto, se produce el silencio administrativo negativo, consideramos que tenemos razón y que debe estimarse la solicitud?

1. Desde el punto de vista de la impugnación en vía administrativa y en su caso jurisdiccional, caben dos opciones:

presentar recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento [obligatorio en el caso de actos en materia de tributos, como se verá más adelante] en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto;

 o

presentar directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses ante los órganos competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa [única vía cuando la solicitud desestimada por silencio es un recurso administrativo] contados a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

No obstante, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de abril de 2014  ha establecido que cuando la Administración rechaza una petición de un particular por silencio administrativo, no existe plazo para interponer recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

2. Además de las vías de recurso indicadas, también cabe la presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo por el mal funcionamiento de la Administración, en este caso por el retraso o la falta de contestación por parte de ésta, en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que el ciudadano tuviera conocimiento del retraso. El Defensor del Pueblo no entra en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere demanda o recurso ante las Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso, el Defensor del Pueblo velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.

El Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, pero podrá sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquéllos. Y si como consecuencia de sus investigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la misma.

[Véase, en esta misma página, Directorio de organismos e instituciones, datos sobre presentación de reclamación ante el Defensor del Pueblo: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#Defensor-del-Pueblo]

► 1.3. Solicitud basada en el derecho de petición del artículo 29 de la Constitución

Las peticiones a que se refiere el artículo 29 de la CE (todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley) son peticiones graciables, no fundadas en un derecho subjetivo o en una norma previa habilitante.

No obstante, una vez admitida a trámite una petición, la autoridad u órgano competente vendrán obligados a contestar y a notificar la contestación en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de su presentación” (artículo 11.1 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición).

No se admitirán las peticiones cuyo objeto sea ajeno a las atribuciones de los poderes públicos, instituciones u organismos a que se dirijan, así como aquéllas cuya resolución deba ampararse en un título específico distinto al establecido en esta Ley que deba ser objeto de un procedimiento parlamentario, administrativo o de un proceso judicial.

Tampoco se admitirán aquellas peticiones sobre cuyo objeto exista un procedimiento parlamentario, administrativo o un proceso judicial ya iniciado, en tanto sobre los mismos no haya recaído acuerdo o resolución firme.

En el caso de las peticiones (del artículo 29 de la CE), si la Administración no contesta en el indicado plazo de tres meses, pueden utilizarse las mismas vías indicadas para las solicitudes basadas en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante, es decir el recurso de reposición y/o el recurso contencioso-administrativo aludidos (si bien debe tenerse en cuenta que la resolución administrativa o judicial no reconocerá derechos al ciudadano sino precisamente el de recibir contestación), o la queja ante el Defensor del Pueblo mencionada.

► 1.4. Solicitud de acceso a información

En desarrollo de lo previsto en el artículo 105 b) de la Constitución española (“la ley regulará el derecho de los ciudadanos a acceder a los registros y documentos que se encuentren en los archivos administrativos”), rige actualmente la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG) que establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, entendiendo por ésta los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de cualquiera de las Administraciones públicas y demás organismos que se relacionan en el artículo 2 de dicha ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

La ley contempla una serie de reglas protectoras de los datos de carácter personal (artículo 15), si bien el acceso debe autorizarse en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado; y tales limitaciones no son aplicables si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas

Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.

d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente.

e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley.

Finalmente, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, los intereses económicos y comerciales, la política económica y monetaria, el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión, y la protección del medio ambiente.

Salvadas las limitaciones anteriores, es importante señalar que el ciudadano no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, aunque podrá exponer los motivos por los que solicita la información, los cuales podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud.

La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante

Pues bien, ¿qué vías tiene el ciudadano si la Administración no contesta en plazo su solicitud de acceso a la información pública?

Tiene dos vías:

-Interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses

-Interponer en el plazo de un mes una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y si el mismo no contesta en el plazo de tres meses: interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses.

[Para presentación de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, véase

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#Consejo-de-Transparencia-y-Buen-Gobierno

2 —La Administración desestima una solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante.

Los supuestos son los mismos que los citados anteriormente (es decir, los referentes a solicitudes basadas en algún derecho subjetivo o norma habilitante) pero en los que se produce una resolución expresa desestimando la solicitud.

Las vías que puede utilizar el ciudadano son:

presentar recurso de reposición ante el propio Ayuntamiento [obligatorio en el caso de actos en materia de tributos, como se verá más adelante] en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la resolución por la que se desestima la solicitud.

 o

presentar directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los órganos competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa [única vía cuando la solicitud desestimada por silencio es un recurso administrativo] contados a partir del día siguiente a aquél en que se produzca la notificación de la resolución por la que se desestima la solicitud.

3 —La Administración desestima una solicitud de solicitud de información pública.

[Véase el apartado 1.4 anterior, sobre las solicitudes de acceso a la información pública conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno]

Frente a la denegación expresa de la solicitud de acceso a la información, el ciudadano tiene dos vías:

-Interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses

-Interponer en el plazo de un mes una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y si el mismo no contesta en el plazo de tres meses: interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

4 —Vías de impugnación contra un acto de aplicación y efectividad de un tributo u otro ingreso de derecho público dictado por el Ayuntamiento

A diferencia de las vías previstas en el apartado 2 (es decir, frente a la desestimación de cualquier otra solicitud basada en un derecho subjetivo o título habilitante), en el caso de que el ciudadano no esté conforme con algún acto administrativo emitido por su Ayuntamiento en materia tributaria, no cabe la opción de presentar directamente el recurso contencioso-administrativo o previamente el recurso potestativo de reposición, sino que es preceptivo presentar recurso de reposición en el plazo de un mes, conforme a lo previsto en el artículo 14 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLHL)

Así pues, la vía es la interposición de recurso de reposición en el plazo de un mes, presentado ante el propio Ayuntamiento.

El recurso debe resolverse en el plazo de un mes.

Frente a la desestimación del recurso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

En el caso de los municipios de gran población (previstos en el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), las vías de impugnación en esta materia son:

-presentación de reclamación económico-administrativa en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado; si bien, previamente puede presentarse también el recurso de reposición en igual plazo.

-frente a la desestimación de la reclamación económico-administrativa el interesado puede presentar recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.

5 —Queja por el mal funcionamiento de los servicios municipales

En el apartado 1.2 anterior (no contestación de la Administración a una solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante), ya se indicaba la posibilidad de presentar una queja ante el Defensor del Pueblo.

También puede acudirse a dicha Institución si el ciudadano observa cualquier tipo de funcionamiento anómalo de los servicios municipales. [Véase, en esta misma página, Directorio de organismos e instituciones, datos sobre presentación de reclamación ante el Defensor del Pueblo: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#Defensor-del-Pueblo]

El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero de la misma. Sus atribuciones se extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas.

La queja se presenta firmada por el interesado, con indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado en papel común y en el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma; y todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de Letrado ni de Procurador.

También, para la defensa de los derechos de los vecinos ante la Administración municipal, el Pleno puede crear una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas de carácter orgánico. Tal Comisión debe existir obligatoriamente en los municipios de gran población y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico

6 —La Administración ha causado un daño al ciudadano que éste no tiene el deber legal de soportar.

En este caso, debe presentarse una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración.

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. (artículo 32.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público).

El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas

Se podrá solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar, que es de un año desde la producción del hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo o, en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

El plazo que tiene la Administración para resolver el procedimiento es de seis meses. En caso de no resolver en plazo, se podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Y, por lo tanto, frente a dicha desestimación presunta, caben las vías ordinarias de impugnación indicadas en el apartado 2 anterior, es decir: o bien recurso contencioso-administrativo directamente o bien interponer previamente recurso de reposición en el plazo de un mes

7 —Reclamaciones en sectores específicos de actividad.

7.1.–En materia de consumo

Debe tenerse en cuenta el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias [https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2007/11/16/1/con]

El ciudadano puede dirigirse bien a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (O.M.I.C.) de su localidad, o la Dirección General de Consumo de la Comunidad Autónoma.

La actuación de estas Administraciones se inicia con una mediación con la empresa con la que el ciudadano o consumidor mantiene una controversia, con el fin de allanar posiciones de forma que se logre el resultado más satisfactorio para ambas partes.

El arbitraje de consumo se regula en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, organizándose el sistema arbitral a través de las Juntas Arbitrales de Consumo; cuyo sistema es el arbitraje institucional de resolución extrajudicial, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relación a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.

https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/02/15/231/con

En cuanto al sistema arbitral de consumo, puede obtenerse información en el siguiente enlace:

https://www.mscbs.gob.es/consumo/resolucionConflictos/home.htm

7.2.–En materia de telecomunicaciones

Los usuarios de telecomunicaciones pueden presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones cuando consideren que sus derechos han sido vulnerados.

Los derechos específicos de los usuarios finales de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público están recogidos en el Capítulo V de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.

https://www.boe.es/eli/es/l/2014/05/09/9/con

Los operadores estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en dicho Capítulo V, en relación a telefonía fija, móvil, paquetes de voz y datos, acceso a internet y ADSL

El plazo para acudir a esta vía es de tres meses contados desde la respuesta del operador o la finalización del plazo de un mes que tiene para responder.

Si se trata de una persona física que ha acudido a las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de estos tres meses y el operador se niega a someterse a ellas, con dicha negativa, se vuelve a abrir el plazo de tres meses para reclamar ante esta Oficina.

La Oficina de Atención al Usuario de las Telecomunicaciones tiene un plazo para resolver de seis meses, contados desde la fecha en que se presenta la reclamación ante ella.

La resolución que dicte dicha Oficina agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes desde su recepción o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde la misma.

En el siguiente enlace puede encontrarse información para la presentación de estas reclamaciones:

https://usuariosteleco.mineco.gob.es/reclamaciones/telecomunicaciones/Paginas/telecomunicaciones.aspx

7.3.–En materia de protección de datos de carácter personal

En la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos se encuentra amplia información en la materia:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/tramitesCiudadano.jsf;jsessionid=psqmLwBkIdkN92InEGSznVP40t04H1jwJE_DC_K4.agpdsedred01n_tmp

¿SABÍAS QUE…?

ESTÁ ABIERTA UNA CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y REGULACIÓN DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ORGANISMO PÚBLICO VINCULADO O DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE?

Se convoca, con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de ley de referencia, una consulta pública en la que se recabará la opinión de las personas y las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma (de conformidad con lo previsto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

►Objetivos:

● La Oficina Española de Derechos de Propiedad Intelectual desempeñará la actividad administrativa de protección de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo:

la garantía de una protección registral y gestión adecuadas de los derechos de propiedad intelectual

la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet y

 –la articulación de un control y supervisión eficaces de los operadores de gestión de derechos de propiedad intelectual.

● Esta Oficina se constituirá como el instrumento clave del Sector Público Institucional Estatal en relación con las necesidades y oportunidades que representa la propiedad intelectual para el interés general de España, impulsando la administración digital en este ámbito y la propuesta de las medidas adecuadas para la regulación y la observancia de los derechos de propiedad intelectual. [La regulación legal de la propiedad intelectual en España viene constituida por el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril: (https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con)

Forma de participar:

-Las personas interesadas pueden participar remitiendo sus contribuciones de acuerdo con lo previsto en el portal web del Ministerio de Cultura y Deporte en su sección «Servicios al ciudadano», subsección «Participación pública», apartado «Consulta pública previa. Trámites abiertos»: consulta.oficinapropiedadintelectual@cultura.gob.es

-También pueden remitir directamente sus contribuciones a dicha dirección de correo electrónico: consulta.oficinapropiedadintelectual@cultura.gob.es

►Plazo de presentación de aportaciones: hasta el 30 de septiembre de 2021

Se puede ver el texto completo de esta consulta pública previa, aquí:

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:158c70a2-9002-4a49-bace-43e01c4f9828/convocatoria-publica-previa-creacion-oficina-pi.pdf

Un alto porcentaje de las reclamaciones que se presentan ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se debe al silencio de la Administración respecto de las solicitudes acceso a la información pública? ¿y que -en el ámbito autonómico y local- no consta el cumplimiento de más de un 20% delas resoluciones dictadas por el Consejo?

Según el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2020, aprobada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en relación al motivo de las reclamaciones presentadas ante dicho organismo, el primer dato a destacar es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública (SAIP) resueltas por la vía del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido: un 47,06 % del total en el ámbito estatal y un 70,30 % en el ámbito territorial (Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Ello hace concluir al CTBG el hecho es que el elevado volumen de SAIP desestimadas por falta de resolución en el plazo legalmente establecido dificulta el ejercicio del derecho de acceso en la medida en que, a la hora de presentar una reclamación ante el CTBG o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, él o la reclamante desconocen los motivos por los que se ha denegado su solicitud de acceso.

Hago en este punto un paréntesis en el resumen del informe anual del CTBG, es decir que destaco y llamo la atención, a modo de reflexión crítica personal, sobre el extremo siguiente: a pesar de que el artículo 105 b) de la Constitución mandata la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas), a pesar de que en cumplimiento de dicho mandato constitucional la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con] obliga a todas las Administraciones Públicas a facilitar, en el plazo de un mes, al ciudadano que lo solicite la información de que dispone (entendiéndose por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones) y a pesar de la obligación de todas las Administraciones Públicas de resolver todas las solicitudes que se le formulen (artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), a pesar de todo ello -digo- resulta que en la mayoría de los casos en que el ciudadano acude en reclamación al CTBG no es porque la Administración de turno le haya denegado, se entiende que motivadamente, su solicitud, o que se inadmitiese la misma por tratarse de derechos dignos de mayor protección (como la existencia de datos de carácter personal) sino simplemente porque la Administración ni siquiera ha contestado.

Y tal resultado origina que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que es una Autoridad Administrativa Independiente) en uso de la competencia genérica de la misma de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, considera necesario poner de manifiesto esta situación a las Administraciones y organismos responsables de la gestión de las SAIP y recomendar la adopción de medidas conducentes a su superación.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las Resoluciones dictadas por el CTBG: en el ámbito autonómico y local, de las 294 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2020, se hallaban ejecutadas el 69,39 % del total (porcentaje superior en 14 puntos a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019); el 4,42 % se encontraban en trámite de ejecución; el 4,08 % habían sido suspendidas por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y el 22,11 % restante no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.

¿No será -y sigo proclamando- que la Administración sigue necesitando mejorar en transparencia?

Pueden verse otras entradas y artículos en mi sitio web sobre la transparencia:

-LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021)

-La administración electrónica sí, pero una administración pública que sirva al ciudadano:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

-¿Sabias que es posible la modernización del-lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/15/sabias-que-es-posible-la-modernizacion-del-lenguaje-juridico-haciendolo-mas-claro-y-accesible-para-el-ciudadano/

La publicación del resumen anual de informe del Consejo de Transparencia puede verse en: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11758

Y la versión íntegra de la Memoria del CTBG correspondiente al ejercicio 2020 puede ser consultada en el siguiente enlace: https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/memorias_planes/memoria2020.html

Se aprobará un nuevo Esquema Nacional de Seguridad para el sector público y está abierto el plazo para observaciones por los ciudadanos?

Hasta el próximo jueves día 24-06-2021 está abierto a todos los ciudadanos el plazo para observaciones al proyecto de Real Decreto sobre regulación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El ENS tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el sector público y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

El proyecto es una de las medidas contenidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad, de 25 de mayo de 2021. Se pretende actualizar el vigente Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), para adaptarlo a la nueva realidad y al incremento de las ciberamenzas tanto cuantitativa como cualitativamente.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas, entre ellos el relativo a la protección de datos personales y, en particular, el derecho a la seguridad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones públicas

Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público amplía el ámbito de aplicación del ENS a todo el sector público; establece en su artículo 3, que regula los principios generales, que las Administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos personales, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados

 El objetivo de esta reforma es garantizar una mejor respuesta ante los ciberataques, así como mejorar la protección en el tratamiento de datos por el Sector Público y aquellas entidades del Sector Privado que colaboren con aquél, estableciendo unos principios básicos y unos requisitos mínimos de seguridad y medidas de protección que deberán llevarse a cabo.

Según se prevé en la Disposición transitoria, los sistemas de información de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto (cuando se publique en el BOE), dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

El texto completo del proyecto de Real Decreto y el espacio para la participación pública se encuentran a disposición de cualquier ciudadano en:

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/210615-PRD-esquema-nacional-seguridad.aspx

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Decreto de Estatuto del denunciante contra la corrupción, del Principado de Asturias?

Se pretende fijar el marco jurídico donde se desarrollarán los derechos del denunciante, definidos y regulados en el Título IV la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, así como la presentación de denuncias ante el Canal de Lucha contra la Corrupción y su tramitaciónAsí, el artículo 59 de dicha Ley establece que Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar conductas, hechos o situaciones de las que pudieran derivarse ilícitos administrativos o penales con la corrupción o comportamientos contrarios a la integridad pública en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, los organismos y entes públicos dependientes o vinculados a ella, así como en las sociedades mercantiles y fundaciones en las que aquella tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo cuando sean designados previo acuerdo del Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobiernoY conforme al artículo 60 el denunciante gozará, en todo caso, de los derechos de confidencialidad e indemnidad (no represalias)

Los ciudadanos pueden presentarse aportaciones a este proyecto normativo hasta el día 4 de junio de 2021en

http://www.asturiasparticipa.es/consulta_previa/proyecto-de-decreto-por-el-que-se-regula-el-estatuto-del-denunciante-del-principado-de-asturias/#

Acceso: http://www.asturiasparticipa.es/acceder/

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA?

La Ley de Eficiencia Digital propuesta aborda un marco jurídico que facilite y promueva el avance en el camino de la transformación digital de la Justicia, en el marco de garantizar al ciudadano el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), resultando esencial para garantizar este derecho que la Administración de Justicia sea una administración moderna y eficiente.

Los avances en tecnología exigen aprovecharla en beneficio de los ciudadanos, implementando nuevas soluciones dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son:

– la posibilidad de consultar electrónicamente sus trámites judiciales

– permitir la realización de numerosas actuaciones por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario en oficinas de justicia próximas a su domicilio.

– la realización mediante sistemas de inmediación digital, de actuaciones que tradicionalmente se realizaban presencialmente (juicios, comparecencias, mediación).

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es

El cuestionario que se plantea a los ciudadanos, además de la relación de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa legislativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la misma, puede verse en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20p%C3%BAblica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf

Hoy 2 de abril de 2021, y tras sucesivas prórrogas, entran en vigor las previsiones de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.) en las materias siguientes?

Registro electrónico.

Normas a tener en cuenta: artículo 16 de la L.P.A.C.A.P. y artículo 37 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (en adelante, Reglamento de administración-e).

Cada Ayuntamiento, Diputación, Comunidad Autónoma y cualquier Administración Pública debe contar con un Registro Electrónico General.

Igualmente están obligados a hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos.

Punto de acceso general electrónico de la Administración (PAGe).

Normas a tener en cuenta: artículos 13, 43.4 y 53.1 a) de la L.P.A.C.A.P. y 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y artículo 7 del Reglamento de administración-e

  Los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con la Administración a través de un Punto de Acceso General electrónico y a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

Así mismo, tienen derecho derecho a consultar la siguiente información en dicho Punto de Acceso General electrónico: conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.

En definitiva, el PAGe de cada Administración Pública facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

Registro de empleados públicos habilitados.

Normas a tener en cuenta: Artículos 12, 16.4 d) L.P.A.C.A.P y artículo 30 del Reglamento de administración-e.

Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la Administración podrán presentarse en las Oficinas de Asistencia en materia de Registros.

Las Entidades Locales y demás Administraciones Públicas debe mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación y firma electrónica por parte de los ciudadanos, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones.

Registro electrónico de apoderamientos.

Normas a tener en cuenta: artículo 6 de la L.P.A.C.A.P.

Las Entidades Locales y demás Administraciones Públicas deben disponer de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deben inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder.

Archivo electrónico único.

Normas a tener en cuenta: artículo 17 de la L.P.A.C.A.P. y artículo 55 del Reglamento de administración-e.

Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos electrónicos deben conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.

El archivo electrónico único de cada Administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos así como de otras agrupaciones documentales o de información una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes.

Para cumplir con lo previsto en las materias antes indicadas las Entidades Locales podrán adherirse voluntariamente y a través de medios electrónicos a las plataformas y registros establecidos al efecto por la Administración General del Estado (Disposición Adicional segunda de la L.P.A.C.A.P.)

¿Hasta el próximo miércoles 31/03/2021 está abierta la consulta pública previa a la elaboración de la norma que regulará el teletrabajo en la Administración General del Estado?

Debe recordarse que esta consulta pública previa tiene como objeto recabar la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

  • Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
  • La necesidad y oportunidad de su aprobación.
  • Los objetivos de la norma.
  • Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Todo ello con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, esta consulta pública previa tiene como objeto recabar la opinión de los destinatarios potenciales y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma de la norma, a través del portal web del departamento competente (en este caso, del Ministerio de Política Territorial y Función Pública).

Se recaba la opinión acerca de:

-Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

-La necesidad y oportunidad de su aprobación.

-Los objetivos de la norma.

-Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Es antecedente de esta norma el artículo 47 bis TRLEBEL, y pretende la regulación definitiva del teletrabajo como forma de organización de la prestación de servicios en la Administración General del Estado.

Estimándose necesaria y oportuna la regulación de las condiciones de teletrabajo y provisión de las herramientas de los empleados públicos que les permita realizar su trabajo de forma colaborativa.

 Y como objetivos de la norma la mejora y modernización de los instrumentos de organización del trabajo, normalizando el teletrabajo como forma de prestación de servicios públicos

Así pues, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren, podrán hacer llegar sus comentarios sobre el futuro Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en el ámbito de la Administración General del Estado hasta el 31 de marzo de 2021, a través del siguiente buzón de correo electrónico: secretaria.consultoria@correo.gob.es

¿Es posible la modernización del lenguaje jurídico, más claro y accesible para el ciudadano?

Ya en 2011 un estudio del Consejo General del Poder Judicial revelaba que el 82% de los ciudadanos considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender.

En estos días, marzo de 2021, la Real Academia Española (RAE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y el Ministerio de Justicia han aprobado un protocolo para fomentar un lenguaje jurídico moderno y accesible para los ciudadanos.

Pese a que hay términos jurídicos que necesariamente deben utilizarse, pese a las reticencias de determinados sectores a modificar la sintaxis del lenguaje jurídico, ningún inconveniente hay para que, en aras a la claridad y la transparencia, compatible con el rigor jurídico, tanto los textos legales como las resoluciones judiciales se redacten en términos comprensibles para el ciudadano.

.https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2021/03/11/604a47a7e5fdeaae338b4666.html

¿En España no hay una Ley que regule el derecho a la vivienda?

¿Y que por primera vez se regulará por ley tal derecho si prospera el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda?

Sí, ya se que “lo que vende en la actualidad”, lo que “impacta”, lo que da lugar a “chismorreos”, a titulares en medios de comunicación, a “se dice, se oye, se comenta” es sobre regulación de los precios de alquiler, desahucios, antidesahucios, “legalización de okupaciones”, “expropiación de viviendas”… y no digamos si los comentarios vienen de “fanáticos ideológicos”. Todo esto se debatirá, llegarán o no a un acuerdo los actuales socios de gobierno, se aprobará el texto que presente el Gobierno o se modificará en las Cortes Generales. Y finalmente, dado estamos en un estado de derecho, se revisará en su caso por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que el artículo 47 de la Constitución establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Pero desde la aprobación de la Constitución, es decir hace más de cuarenta y dos años, no existen antecedentes de normas estatales con rango de Ley que regulen el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Alguien se imagina la ausencia de una ley como la que regula el Estatuto de los Trabajadores, o la protección del medio ambiente?

A diferencia de otros países europeos, como Francia, Alemania o Suecia, en que existe ley reguladora de la vivienda o de los precios de los arrendamientos, España carece de tal regulación.

A nivel reglamentario, a lo largo de las últimas décadas se han aprobado sucesivos Planes Estatales de Vivienda de carácter plurianual, regulados por Real Decreto. El último de ellos, actualmente vigente, es el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Asimismo, existen diferentes normas legales que afectan de manera directa a la vivienda desde distintos ámbitos sectoriales, como:

• La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

 • La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

• La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

• La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  • El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

A propósito de la legislación urbanística, me remito al artículo que publiqué en este sitio el pasado 19 de enero: https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/171

¿Sabías que con el fin de redactar el Anteproyecto de la Ley, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo considerasen conveniente pudieron hacer llegar aportaciones para esta iniciativa legislativa y que se sometió a consulta pública previa hasta el 15 de noviembre de 2020? Véase la entrada que publiqué en esta web el pasado día 19 de febrero https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/460

¿Habrán hecho aportaciones a esta iniciativa legislativa muchos ciudadanos? ¿y los que se “enrocan” en los llamativos “titulares de prensa” antes aludidos?

Según se indica en la consulta pública hecha, los PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA son:

El cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada» recogido en el artículo 47 de la Constitución Española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia. De esta forma, “debe entenderse que el Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute”. En este contexto, “el Anteproyecto se elabora en un momento especialmente relevante, en el que, tras la crisis económica y financiera de la última década y, de manera coyuntural, bajo los graves efectos de una pandemia sin precedentes en la historia reciente, una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible, por lo que debe considerarse como el problema fundamental al que se enfrenta a la norma, a través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales”.

La NECESIDAD Y OPORTUNIDAD es la aprobación por parte del Estado de una norma con rango de “Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio”

Entre los OBJETIVOS DE LA NORMA se destacan los siguientes:

 • Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.

 • Blindaje de la función social de la vivienda.

 • Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables.

 • Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.

 • Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.

 • Transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.

En fin, seguro que en los próximos días, semanas y meses se hablará mucho de la nueva ley estatal sobre vivienda. Habrá tiempo de conocer su texto, sus ventajas e inconvenientes, sus luces y sombras… Ahora, en este momento, simplemente quiero situar el contexto. Y cuando salga a la luz el proyecto podrá analizarse y criticarse sobre esta base.

El ciudadano tiene derecho a la participación pública en la elaboración de los proyectos normativos?

En la pantalla de inicio del portal web de cada departamento ministerial debe figurar en lugar visible [ver nota crítica al final de esta entrada] un punto de acceso para facilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y proyectos de normas reglamentarias que se impulsen por los ministerios y sus organismos públicos dependientes o vinculados y deban someterse a consulta, audiencia o información pública.

Los puntos de acceso ministeriales deben ofrecer una doble opción: «Consulta pública previa» y «Audiencia e información pública». Se acompañará una explicación del contenido de cada una de ellas:

► El trámite de “consulta pública previa” tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo.

Esta opción «Consulta pública previa» recogerá un listado de las iniciativas y propuestas normativas para las que se encuentre abierto este trámite, con el título y la fecha en que finaliza el plazo de la consulta. Se ordenarán por fecha de entrada en el sistema, de más reciente a más antiguo.

En relación con cada proyecto normativo, debe ofrecerse información sobre los siguientes aspectos:

– Antecedentes de la norma (Breve referencia a los antecedentes normativos).

– Problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

– Necesidad y oportunidad de su aprobación.

– Objetivos de la norma.

– Posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias.

Por ejemplo: actualmente se encuentra abierto el plazo para que cualquier ciudadano pueda intervenir, con sus aportaciones, en la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo (del Ministerio de Trabajo y Economía Social) consistente en la modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, siendo la fecha límite para la presentación de aportaciones el próximo 4 de marzo de 2021. Para participar:

https://www.mites.gob.es/es/participacion/consultas/index.htm

► Los “trámites de audiencia e información pública” tiene por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades.

El punto de acceso a la participación en el procedimiento de elaboración normativa contará con un buscador de los proyectos normativos sometidos a consulta, audiencia o información pública, tanto de aquéllos que tengan abierto el plazo como de aquéllos para los que el trámite haya finalizado. El buscador empleará al menos los siguientes criterios de búsqueda: rango normativo, ámbito material, palabras del título, trámite abierto/cerrado y fecha de cierre del plazo de aportaciones

Asimismo, la participación ciudadana podrá también iniciarse a través del Portal de Transparencia,

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/ParticipacionCiudadana/ParticipacionProyectosNormativos.html

que canalizará a cada Ministerio competente las correspondientes propuestas:

La participación pública en los proyectos normativos está recogida en:

– el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

– la Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales

https://www.boe.es/eli/es/o/2016/10/03/pre1590

Nota crítica personal.- A pesar de lo indicado, si se acude a la pantalla de inicio del portal web de cada Ministerio puede observarse que no está en lugar “bien visible” el acceso a dicha participación. Y aunque, como queda señalado, puede acudirse al Portal de Transparencia de la Administración General del Estado y una vez en el mismo, entrar en cada Ministerio, el método y criterios de publicación no son homogéneos.

NORMATIVA AL DÍA

FUNCIÓN PÚBLICA (F.H.N.). RELACIÓN PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUÍDOS PRUEBAS SELECTIVAS

El B.O.E. del día de hoy, 13 de septiembre, publica las relaciones provisionales de admitidos y excluidos de las convocatorias hechas por Resoluciones de 29 de junio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública:

Secretaría, categoría de Entrada (Orden HFP/954/2021, de 8 de septiembre).

Secretaría-Intervención (Orden HFP/955/2021, de 8 de septiembre)

Intervención-Tesorería, categoría de Entrada (Orden HFP/956/2021, de 8 de septiembre)

Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simultánea en las dos listas. Fin plazo: 27 de septiembre

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión u omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Concluido ese plazo se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Norma Técnica de Interoperabilidad para el intercambio de asientos entre las entidades registrales (SICRES4)

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales

El texto completo de esta disposición puede verse aquí: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-13749

HACIENDA. Normas de consolidación de las cuentas anuales en el sector público local

Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/09/hac836

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Ministerio de Justicia. Sede electrónica asociada.

Orden JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede electrónica asociada al Ministerio de Justicia.

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/22/jus806

HACIENDA. Medidas de sostenibilidad financiera Entidades Locales

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

https://boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf

FUNCIÓN PÚBLICA. Oferta pública de empleo 2021

Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021. Ver texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/07/27/636

FUNCIÓN PÚBLICA. Convocatoria plazas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría superior

Extracto de la convocatoria:

Convocadas 80 plazas, por el sistema de promoción interna, de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Secretaría, categoría superior

(48 plazas para proveer por prueba de aptitud y 32 plazas para proveer por concurso de méritos)

Resolución de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública (BOE 23-7-2021)

-Del total de plazas convocadas, 5 quedan reservadas para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad general con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. De este cupo de reserva, se aplicarán tres al sistema de prueba de aptitud y dos al sistema de concurso.

-Entre otros requisitos, es necesario pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional; y tener al menos dos años de antigüedad de servicio activo en la categoría de entrada de la subescala a cuya categoría superior se pretende acceder, computados a partir de la publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado»

-Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 20 de agosto de 2021.

-¿Cómo? Obligatoria la inscripción electrónica en: http://administracion.gob.es/PAG/ips

-¿En qué consiste la prueba selectiva?

Acceso por concurso de méritos: será automático para los solicitantes que tengan mayor puntuación en la valoración de méritos generales que se encuentren reconocidos por la Dirección General de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en la Orden de 10 de agosto de 1994 por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (https://www.boe.es/eli/es/o/1994/08/10/(1)/con) a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Acceso por prueba de aptitud: La prueba consistirá en resolver por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, un supuesto práctico que el Tribunal Calificador determine y que estará relacionado con temas de:

– organización, funcionamiento y competencias de las entidades locales con más de 20.000 habitantes

– procedimiento administrativo común

– régimen jurídico del sector público

– personal

– contratación

– bienes

-expropiación y

-servicios públicos.

Ver texto íntegro de la convocatoria en: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12347

FUNCIÓN PÚBLICA. Convocatoria plazas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior

Extracto de la convocatoria:

Véase la convocatoria arriba indicada para la subescala de Secretaría, categoría superior: el mismo número de plazas y características y requisitos de la convocatoria, con las peculiaridades siguientes:

Es necesario pertenecer a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Acceso por prueba de aptitud: La prueba consistirá en resolver por escrito, en el plazo máximo de cuatro horas, un supuesto práctico que el Tribunal Calificador determine y que estará relacionado con temas de:

-Presupuesto. El presupuesto y sus modificaciones. Gestión presupuestaria. Ejecución y liquidación del presupuesto. Reglas fiscales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Morosidad y periodo medio de pago.

–Fiscalización de actos administrativos relativos a las diversas materias relacionadas con la gestión y ejecución del presupuesto.

– Contabilidad: Contabilidad financiera. Contabilidad analítica y de gestión. Contabilidad pública local. Contabilidad privada.

–Haciendas Locales, Tesorería y recaudación. Operaciones de crédito. Principio de prudencia financiera. Gestión tributaria, recaudación e inspección tributaria. Gestión de la tesorería y de los ingresos.

Ver texto íntegro de la convocatoria en: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12346

FUNCIÓN PÚBLICA. Reducción temporalidad

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/14

HACIENDA. Prudencia financiera.

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.

https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/02

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Seguridad Social. Canales telefónico y telemático.

Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y se regulan aspectos relativos a la presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos. «BOE» núm. 129, de 31 de mayo de 2021

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Justicia. Habilitación y condiciones de uso de la Cl@veJusticia por los ciudadanos en las actuaciones judiciales realizadas mediante presencia telemática

Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia. BOE 31 de mayo de 2021

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf

NOTIFICACIONES JUDICIALES. Tablón de Edictos Judicial Único.

Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial “Boletín Oficial del Estado”, para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único. «BOE» núm. 113, de 12 de mayo de 2021:

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/05/11/327

CIUDADANOS. Defensa derechos y libertades. Comunidad Valenciana. Síndic de Greuges.

Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana (BOE 16/04/2021).

Figura comisionada por las Cortes Valencianas para velar por la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-6051

ELECCIONES. Servicio de Correos. Obligaciones.

Orden PCM/323/2021, de 6 de abril (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2021, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2021:

https://www.boe.es/eli/es/o/2021/04/06/pcm323

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Funcionamiento electrónico.

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (BOE BOE» núm. 77, de 31 de marzo de 2021):

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-5032

FORMACIÓN. Unión Europea.

Resolución de 17 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por la que se convoca la celebración del 131.º Curso sobre la Unión Europea. (BOE 26/03/2021) https://boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4744.pdf

RÉGIMEN JURÍDICO. Procedimiento elaboración normas. Comunidad de Madrid.

DECRETO 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid:

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-1.PDF

ABOGACÍA. Estatutos.

Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española

https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/02/135

EMPLEO PÚBLICO. Abogados del Estado.

Resolución de 12 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Abogados del Estado

https://boe.es/boe/dias/2021/03/23/pdfs/BOE-A-2021-4527.pdf

URBANISMO. Galicia. Ley 1/2021

Ley 1/2021, de 8 de enero, de ordenación del territorio de Galicia

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-4519

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Simplificación administrativa. Aragón.

Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, de Aragón:

https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2021/02/11/1/con

CIUDADANOS. Defensa jurídica.

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita:

.https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/09/141

CIUDADANOS. Medidas sociales.

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/01/26/2/con

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA Y EN MATERIA DE TRANSPORTES: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/12/22/37/con

Resolución de 2 de febrero de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el listado de las entidades del Tercer Sector que tienen la consideración de mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado, a los efectos de las acreditaciones de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes. B.O.E. sábado 6 de febrero de 2021 Sec. III. Pág. 14072

EMPLEO PÚBLICO. Notarios.

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la que se convoca oposición libre para obtener el título de Notario. B.O.E. Viernes 29 de enero de 2021 Sec. II.B. Pág. 10298

FORMACIÓN. Instituto Nacional de Administración Pública . Plan de Formación 2021.

Resolución de 2 de febrero de 2021, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica el Plan de Formación 2021, se establece el régimen general de convocatorias de acciones formativas para 2021 y se convocan determinadas actividades formativas del programa de desarrollo profesional continuo. B.O.E. viernes 5 de febrero de 2021 Sec. III. Pág. 13501

–NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

TASAS. Informe técnico-económico. Su omisión determina la nulidad

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 24/06/2021

No debe confundirse el informe técnico-económico en el que se ponga de manifiesto la previsible cobertura del coste del servicio correspondiente a la tasa municipal, con el estudio económico que figura en el anteproyecto de explotación correspondiente al contrato de gestión del servicio público.

La omisión del informe económico-financiero que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, supone un vicio de nulidad.

La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho.

La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de imparcialidad.

Las que acabo de citar son las notas claves de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo,  de 24/06/2021 (nº de Recurso: 1076/202) [Ref.: Roj: STS 2596/2021 – ECLI:ES:TS:2021:2596 Cendoj: 28079130022021100266]

La cuestión de interés casacional planteada en el Tribunal Supremo consistía en determinar si, a efectos del artículo el artículo 25 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), resulta posible considerar como informe técnico-económico -para la aprobación de una tasa-, el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público, objeto de la propia exacción

Identificándose como preceptos objeto de interpretación: los artículos 24 y 25 del TRLHL y 132 y 133 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público [actualmente, artículos 284, 285 y 289 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP))

El artículo 24 del TRLHL, sobre la cuota tributaria de las tasas, dispone, en su apartado 2 que “en general, y con arreglo a lo previsto en el párrafo siguiente, el importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida”.

Y el artículo 25 dispone que los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios, deberán adoptarse a la vista de informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto el valor de mercado o la previsible cobertura del coste de aquellos, respectivamente. Debiendo incorporarse dicho informe al expediente para la adopción del correspondiente acuerdo.

Por su parte, en la legislación de contratos (actualmente artículos 284, 285 y 289 de la LCSP) se establece, en síntesis, a los efectos que aquí interesan:

-Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

-En los contratos de concesión de servicios la tramitación del expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tendrán carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto.

-El concesionario tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

En el caso enjuiciado, la argumentación municipal pretendía justificar que el estudio económico financiero que se redactó con motivo de la liquidación, unido a la oferta de la empresa contratista, constituyen base suficiente para el establecimiento de la tasa. Frente a ello se viene a sostener que dicho informe no es una formalidad, y que su ausencia, junto con la alteración de las bases que rigieron la licitación, han propiciado un resultado que no cubre el coste real o probable.

El Tribunal Supremo se cuestiona la conformidad a derecho de la ordenanza, en esencia, porque se ha omitido el informe técnico económico que justifique las tarifas, exigido por el artículo 25 TRLHL, defendiéndose que tal omisión supone un vicio de nulidad.

La sentencia recurrida declara que, del examen del expediente administrativo, se constata la ausencia del informe económico financiero o memoria económica del citado artículo 25 TRLHL, sin que ese defecto pueda suplirse por las actuaciones que eventualmente se hubieran seguido por el Ayuntamiento en materia de contratación referente a la demandante u otras empresas concurrentes. La sala a quo señala que “el Ayuntamiento … confunde la memoria económico-financiera correspondiente a la tasa, con el estudio económico que figura en el anteproyecto de explotación del ciclo integral del agua, correspondiente al contrato de gestión del servicio público que fue adjudicado a la aquí recurrente”.

El alto tribunal considera que la solución del presente recurso ha de venir dada por la doctrina ya fijada en su sentencia de 26 de abril de 2017, rec. cas. 167/2016, en la cual afirmaba, en relación, precisamente, con la alegación relativa a la validez, a los efectos del artículo 25 del TRLRHL, del informe económico financiero elaborado por la propia concesionaria, lo que sigue: “La cuestión real del debate es, si a los efectos de lo prevenido en el art. 25 TRLHL (en su redacción vigente en el momento de aprobarse el acuerdo) es válido el Informe económico financiero emitido por la propia empresa adjudicataria del Servicio. Y, en particular, si es un requisito para la validez de la modificación de la ordenanza, que el informe sea emitido o ratificado por técnicos municipales. De ser este un requisito insubsanable, su falta conllevará la nulidad de la modificación de la ordenanza. Y si, por el contrario, no lo es, entonces es cuando habrá que entrar a valorar si el informe de Aguas de León estaba suficientemente justificado”.

La Sala considera que el Informe es un elemento esencial para la validez de la aprobación de la Tasa, un requisito insubsanable, y que su falta conlleva la nulidad de la Ordenanza.

“La existencia del informe técnico-jurídico se exige como garantía para el administrado, ya que a la vista del mismo es como puede determinarse si la Administración ha fijado el importe de las tasas con arreglo a derecho (STS 18/03/2010). La elaboración de este informe por empleados del Ayuntamiento que estén cualificados para ello (bien el interventor o el técnico competente) es una garantía para el administrado por su presunción de imparcialidad. En nuestro caso, este informe no ha sido elaborado por técnicos municipales sino por la propia empresa concesionaria del servicio y parte interesada. Y la Adjunta al Jefe de Asuntos Económicos ha dicho que en algunos casos no existe y que, en el resto, el informe es insuficiente y que debe ser reforzado. Habiéndose tomado por el Pleno el acuerdo definitivo sin tener en cuenta que el informe de Aguas de León no ha sido asumido por ningún técnico municipal.

Los informes técnico-económicos no son simples requisitos formales sino requisitos esenciales que han de preceder siempre a los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, determinando su omisión la nulidad de aquellos acuerdos al no permitir esa omisión el control del cumplimiento del límite global del coste del servicio o actividad y del principio de reserva de ley, la relación existente entre cuantía de la tasa y costes provocados al ente público y el respeto de la capacidad económica de los administrados, bien entendido que la omisión no viene determinada sólo por la total inexistencia de unos documentos calificados como tales informes, sino también por la falta de un mínimo rigor en el planteamiento y formulación de los mismos. El vicio procedimental denunciado es motivo de nulidad de pleno derecho, y ello es lógico si se tiene en cuenta que el informe técnico económico es esencial en la formación de la voluntad de los órganos de la Administración en este tipo de procedimientos. Y es que no podemos perder de vista que no nos encontramos ante una impugnación de un acto administrativo, sino ante un recurso directo contra una Ordenanza, cuya categoría es la de disposición de carácter general.

Ahondando en lo señalado anteriormente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2001 (rec, cas. núm. 2810/1996), establecía que: “estos vicios procedimentales son causas de nulidad de pleno derecho de las Ordenanzas Fiscales”. En parecidos términos, tenemos las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio de 2004 (rec. cas. núm. 2384/1999), FD Undécimo], de 18 de diciembre de 1997 (rec. apel. núm. 2179/1991), FD Tercero; y de 28 de marzo de 2007 (rec. cas. núm. 1913/2002), FD Cuarto].

 En consecuencia, a la vista de los hechos y en atención a la doctrina que se acaba de sintetizar, la conclusión del Tribunal Supremo no puede ser otra que entender que estamos ante un vicio que comporta la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza que es objeto de impugnación en el recurso, al haberse incumplido el trámite esencial establecido en el art. 25 LRHL

Por todo lo dicho, el Tribunal Supremo fija la siguiente doctrina:

 “a efectos del artículo 25 TRLRHL, no resulta posible considerar como informe técnico-económico -para la aprobación de la exacción que el Ayuntamiento … conceptúa como tasa-, el estudio de viabilidad económico-financiera del contrato de gestión del servicio público elaborado por la propia concesionaria, objeto de la propia exacción”.

[Puede verse el texto íntegro de la Sentencia aquí: https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp#

ELECCIONES. Derecho de oposición a recibir envíos postales

Instrucción 1/2021, de 13 de mayo, de la Junta Electoral Central (JEC), sobre la difusión de propaganda electoral mediante envíos en los que no sea identificado nominativamente su destinatario. «BOE» núm. 119, de 19 de mayo de 2021.

El artículo 39.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) -en su redacción dada por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales- introdujo el derecho de los electores a oponerse a su inclusión en las copias del censo electoral que se facilitan a los representantes de las candidaturas para realizar envíos postales de propaganda electoral.

Se han formulado a la JEC diversas consultas y reclamaciones acerca de la amplitud del derecho a oponerse a recibir propaganda electoral, de conformidad con dicho artículo 39.3 de la LOREG, así como respecto a la financiación pública de la propaganda electoral que es enviada sin identificar nominativamente a su destinatario. En relación con este asunto, la Junta Electoral Central, en su Acuerdo de 6 de mayo de 2021, acordó al respecto:

-que el derecho de oposición que establece el artículo 39.3 de la LOREG no impide la difusión de sobres, papeletas y propaganda electoral mediante envíos en los que no sea identificado nominativamente su destinatario, a través del comúnmente conocido como sistema de «buzoneo».

-que la difusión de sobres, papeletas y propaganda electoral mediante envíos en los que no sea identificado nominativamente su destinatario no podrá ser objeto de la subvención finalista que regulan, respectivamente, los artículos 175.3, 193.3 y 227.3 de la LOREG

https://www.boe.es/eli/es/ins/2021/05/13/1

FUNCIÓN PÚBLICA. Principios constitucionales de acceso al empleo público.

Sentencia del Tribunal Constitucional 38/2021, de 18 de febrero de 2021, dictada en el recurso de inconstitucionalidad 3681-2020, por la que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del apartado segundo de la disposición transitoria décima de la Ley del Parlamento Vasco 7/2019, de 27 de junio, de quinta modificación de la Ley de policía del País Vasco.

https://boe.es/boe/dias/2021/03/22/pdfs/BOE-A-2021-4513.pdf