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¿SABÍAS QUE …

¿En España no hay una Ley que regule el derecho a la vivienda?

¿Y que por primera vez se regulará por ley tal derecho si prospera el anteproyecto de ley estatal por el derecho a la vivienda?

Sí, ya se que “lo que vende en la actualidad”, lo que “impacta”, lo que da lugar a “chismorreos”, a titulares en medios de comunicación, a “se dice, se oye, se comenta” es sobre regulación de los precios de alquiler, desahucios, antidesahucios, “legalización de okupaciones”, “expropiación de viviendas”… y no digamos si los comentarios vienen de “fanáticos ideológicos”. Todo esto se debatirá, llegarán o no a un acuerdo los actuales socios de gobierno, se aprobará el texto que presente el Gobierno o se modificará en las Cortes Generales. Y finalmente, dado que estamos en un estado de derecho, se revisará en su caso por el Tribunal Constitucional.

Lo cierto es que el artículo 47 de la Constitución establece que “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Pero desde la aprobación de la Constitución, es decir hace más de cuarenta y dos años, no existen antecedentes de normas estatales con rango de Ley que regulen el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Alguien se imagina la ausencia de una ley como la que regula el Estatuto de los Trabajadores, o la protección del medio ambiente?

A diferencia de otros países europeos, como Francia, Alemania o Suecia, en que existe ley reguladora de la vivienda o de los precios de los arrendamientos, España carece de tal regulación.

A nivel reglamentario, a lo largo de las últimas décadas se han aprobado sucesivos Planes Estatales de Vivienda de carácter plurianual, regulados por Real Decreto. El último de ellos, actualmente vigente, es el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Asimismo, existen diferentes normas legales que afectan de manera directa a la vivienda desde distintos ámbitos sectoriales, como:

• La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.

 • La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

• La Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

• La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. • El Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.

A propósito de la legislación urbanística, me remito al artículo que publiqué en este sitio el pasado 19 de enero: https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/171

¿Sabías que con el fin de redactar el Anteproyecto de la Ley, los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que lo considerasen conveniente pudieron hacer llegar aportaciones para esta iniciativa legislativa y que se sometió a consulta pública previa hasta el 15 de noviembre de 2020? Véase la entrada que publiqué en esta web el pasado día 19 de febrero https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/460

¿Habrán hecho aportaciones a esta iniciativa legislativa muchos ciudadanos? ¿y los que se “enrocan” en los llamativos “titulares de prensa” antes aludidos?

Según se indica en la consulta pública hecha, los PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA NUEVA NORMA son:

El cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada» recogido en el artículo 47 de la Constitución Española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia. De esta forma, “debe entenderse que el Anteproyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute”. En este contexto, “el Anteproyecto se elabora en un momento especialmente relevante, en el que, tras la crisis económica y financiera de la última década y, de manera coyuntural, bajo los graves efectos de una pandemia sin precedentes en la historia reciente, una parte importante de la población tiene serias dificultades de acceso a la vivienda a precio asequible, por lo que debe considerarse como el problema fundamental al que se enfrenta a la norma, a través de la aplicación de diferentes medidas y disposiciones legales”.

La NECESIDAD Y OPORTUNIDAD es la aprobación por parte del Estado de una norma con rango de “Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio”

Entre los OBJETIVOS DE LA NORMA se destacan los siguientes:

 • Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.

 • Blindaje de la función social de la vivienda.

 • Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estables.

 • Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.

 • Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.

 • Transparencia, seguridad e información como garantía del derecho a la vivienda.

En fin, seguro que en los próximos días, semanas y meses se hablará mucho de la nueva ley estatal sobre vivienda. Habrá tiempo de conocer su texto, sus ventajas e inconvenientes, sus luces y sombras… Ahora, en este momento, simplemente quiero situar el contexto. Y cuando salga a la luz el proyecto podrá analizarse y criticarse sobre esta base.

Por José López Viña

Especialista en Administración local. Secretario General en Ayuntamientos de Asturias y Madrid. Autor y coautor de manuales, libros y artículos, especialmente sobre procedimiento administrativo. Ahora también bloguero.
Asturiano nacido "a la vera del Cabo Peñes", en Luanco (Gozón), o sea junto a la mar.
Escritor aficionado de literatura.
Practicante aficionado de carreras de fondo.
Abogo por una Administración transparente, sencilla, de fácil acceso para el ciudadano

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