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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Local (LUANCO-GOZÓN), Regional (ASTURIAS)

Nuevos contenidos: STC sobre impuesto municipal de plusvalía. Plazos admtvos.: días inhábiles 2022 en Principado de Asturias

NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS. Véase el texto completo de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional y otras novedades jurisprudenciales y de órganos consultivos, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NOVEDADES-JURISPRUDENCIALES-Y-DE-%C3%93RGANOS-CONSULTIVOS

Puede accederse a otras entradas publicadas en este sitio web sobre la anulación de determinados preceptos de la legislación reguladora de las Haciendas Locales y sobre la nueva regulación del impuesto, que son las siguientes:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/la-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-anula-el-impuesto-de-plusvalia-municipal-contexto-resumen-y-reflexiones/

Normativa al día: MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE PLUSVALÍA

Regional (ASTURIAS). PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: PLAZOS. Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en 2022.

Por Resolución de 8 de noviembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, se establece, para el año 2022, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en el ámbito del Principado de Asturias

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

Véase el texto completo de la Resolución de 8 de noviembre de 2021, publicada en el B.O.P.A. del 24/11/2021, aquí: https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/24/2021-09934.pdf

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

¿Qué recursos caben contra los actos de las Entidades locales? Las peculiaridades del agotamiento de la vía previa contra actos en materia tributaria. Qué otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje existen en relación a los actos de las Entidades Locales

Éstas y otras cuestiones se analizan en el Capítulo VI de mi reciente libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, publicado por la editorial Wolters Kluver, incluyendo -como en el resto de la obra- toda la normativa aplicable, jurisprudencia, doctrina de interés, dictámenes de órganos administrativos y consultas y expedientes de El Consultor en relación con esta materia

El índice completo de este Capítulo se compone de los siguientes apartados:

I. Consideraciones previas

II.-Normativa aplicable

III.- Principios y normas generales sobre los recursos administrativos frente a los actos de las EELL

1. Actos de trámite, actos definitivos y actos firmes

2. Clases de recursos

3. Actos que agotan la vía administrativa en la Administración local

4. Impugnación de disposiciones administrativas de carácter general

5. Requisitos formales para la interposición de recursos administrativos

6. Otros principios informadores

7. Interposición de recursos y ejecutoriedad

1. Regla general

2. Suspensión por silencio administrativo

3. La suspensión por el órgano competente: supuestos y régimen jurídico

8. Instrucción del procedimiento

9. Resolución del recurso administrativo

IV.-Recurso potestativo de reposición

1. Objeto y naturaleza

2. Requisitos de presentación y efectos

2.1. Requisitos de presentación

2.2. Plazo de presentación. Supuestos

2.3. Ante quién

2.4. Efectos de la presentación  

3. Tramitación y resolución

4. Recurso contra la desestimación del recurso de reposición

V.-El agotamiento de la vía administrativa previa en materia tributaria en las EELL

1. Consideraciones previas

2. El recurso preceptivo de reposición

2.1. Naturaleza y ámbito de aplicación

2.2. Procedimiento

3. Aplicación, naturaleza y régimen jurídico de la reclamación económico-administrativa en materia tributaria

VI.-Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial

VII.-Recurso de alzada contra actos de las EELL 

VIII.-Recurso extraordinario de revisión

1. Concepto y naturaleza

2. Supuestos

3. Régimen jurídico y tramitación en la Administración local

IX.-Otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje

1. Recurso especial en materia de contratación

2. Reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios municipales

3. Quejas ante Defensor del Pueblo

4. Reclamaciones en materia de transparencia

5. Arbitrajes en materia de consumo

[Véase información sobre el resto de los capítulos de esta obra y la colección Todo Administración Local en otras entradas de este sitio web:

blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/09/16/novedades-bibliograficas/

blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/11/procedimiento-administrativo-indice-de-los-capitulos-i-y-ii/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/14/todas-las-normas-de-ordenacion-del-procedimiento-en-las-entidades-locales/

blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/las-fases-de-iniciacion-y-de-instruccion-del-procedimiento/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/13/la-fase-de-terminacion-del-procedimiento/

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Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

AMPLIACIÓN DEL PLAZO FASE DE CONCURSO EN PRUEBAS SELECTIVAS PROMOCIÓN INTERNA A CATEGORÍA SUPERIOR DE F.H.N. (SUBESCALAS DE SECRETARÍA Y DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA)

Por Órdenes Ministeriales HFP/1254/2021 y HFP/1255/2021, ambas de 12 de noviembre, se amplía el plazo para la celebración de la fase de concurso de méritos en ambos procesos selectivos convocados por sendas Resoluciones de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública (Boletín Oficial del Estado» del 23 de julio de 2021).

Se establece en dichas Órdenes Ministeriales que en aplicación del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se acuerda ampliar en dos meses el plazo previsto en la Base 5.3 para la celebración de la fase de concurso de méritos [Según la Base 5.3 el concurso de méritos tendrá que celebrarse en el plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» [23 de julio de 2021], sin perjuicio de que pueda acordarse su ampliación].

 En definitiva, se amplía hasta el 23 de enero de 2022 el plazo máximo para celebrar la fase de concurso.

Recordar, como aspectos relevantes:

► Número de plazas convocadas:

Secretaría superior, 80 plazas (48 plazas para proveer por prueba de aptitud y 32 plazas para proveer por concurso de méritos)

Intervención-Tesorería, 80 plazas (48 plazas para proveer por prueba de aptitud y 32 plazas para proveer por concurso de méritos)

► Aspirantes que hayan presentado solicitud para participar en los dos sistemas de acceso (prueba de aptitud y concurso de méritos): si resultan incluidos en la relación definitiva de resolución del concurso de méritos, quedarán automáticamente excluidos de la lista de aspirantes admitidos a la prueba de aptitud (Bases 5.8)

►Plazo para la celebración de la prueba de aptitud: Entre la publicación de la relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso de méritos y la celebración de la prueba de aptitud, deberá transcurrir un plazo mínimo de treinta días hábiles, y máximo de cuatro meses (Base 14.2)

[Puede verse el texto completo de las Órdenes Ministeriales aludidas, aquí:

SECRETARÍA, superior: https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18848.pdf

INTERVENCIÓN-TESORERÍA, superior: https://boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18849.pdf

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Mis artículos

ADMINISTRACIÓN, EMPLEADOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS: CAMINEMOS TODOS JUNTOS POR LA SENDA CONSTITUCIONAL (en el tema de la interinidad)

El pasado 7 de julio publicaba en este sitio web [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/07/07/novedades-normativas-prudencia-financiera-y-reduccion-temporalidad-en-empleo-publico/] una referencia, como novedad normativa, al Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/14]

Destacaba entonces quien firma el presente artículo la disposición legal, aprobada por la vía de urgencia del Decreto-Ley, al introducir importantes novedades en cuanto al personal interino de las Administraciones Públicas. Y anunciaba que sobre dicha disposición incorporaría en este sitio web “mi visión crítica sobre la misma”.

Solo anotar aquí -transcribo palabras de la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley- que en síntesis, la doctrina que ha fijado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en esta materia dispone que “las autoridades españolas tienen que instaurar medidas efectivas que disuadan y, en su caso, sancionen de forma clara el abuso de la temporalidad; y que las diferencias en el régimen jurídico del personal temporal y del fijo deben basarse únicamente en razones objetivas que puedan demostrar la necesidad de estas diferencias para lograr su fin”; añadiéndose que “estos parámetros determinan la actuación de la Comisión Europea, que en su papel de vigilante de la correcta aplicación del derecho derivado, también ha reclamado medidas contundentes para corregir esta situación”. Y efectivamente el citado Real Decreto-Ley introduce medidas contundentes (de las que quizás convenga hablar algún día) para corregir drásticamente la existencia de la interinidad de larga duración.

Menos mal que no me he apresurado a incorporar aquí mi visión crítica.

Y es que los acontecimientos (mejor dicho, los acuerdos o desacuerdos políticos) han pospuesto, reconduciendo a la normal tramitación parlamentaria la regulación legal que ha de “solucionar” el problema de la temporalidad e interinidad en el empleo público

En este sentido, según información aparecida en los medios de comunicación esta pasada semana cuatro grupos parlamentarios (al parecer con mayoría suficiente para la aprobación de una ley en el Congreso de los Diputados) han llegado al acuerdo de convertir en fijos a los interinos con más de cinco años en su plaza sin necesidad de opositar. Lo harán mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). [“Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”].

Según el acuerdo, la plaza a la que uno opta tiene que haber sido ocupada de forma ininterrumpida desde el 1 de enero de 2016.

En el texto anterior, todos los funcionarios interinos, sin atender al tiempo que llevaran en dicha situación, debían pasar por un concurso-oposición, con una valoración de méritos del 40% de la puntuación total.

En concreto, ese texto anterior es el artículo 2 del citado Real Decreto-Ley 14/2021, que regula los procesos de estabilización de empleo temporal estableciendo que “el sistema de selección será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”

Como podrá fácilmente entenderse, la diferencia entre el sistema de concurso-oposición y el de concurso para ingresar como funcionario de carrera en la Administración es grande. En el primero de los sistemas citados necesariamente deben superarse unos ejercicios por el sistema de oposición mientras que en el segundo basta con aportar los documentos acreditativos de la experiencia adquirida en la Administración.

Es cierto que hay muchos empleados públicos llevan un periodo largo (a veces, hasta quince o veinte años) de interinidad. Y que detrás de esos empleados hay unas familias que sufren, como una espada de Democles, el temor a un despido o finalización de la relación profesional con la Administración. También es cierto que muchos de ellos, o quizás la mayoría, hayan demostrado con el desempeño de sus tareas la capacidad y el mérito suficiente para el ingreso definitivo en la función pública.

Pero el problema no está ahí. Eso nadie lo discute. Como tampoco la necesidad de corregir ciertas deficiencias o, dicho de otra manera, corregir el sistema de las oposiciones [véase en este sentido el artículo que publiqué en este sitio web https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/06/02/de-que-se-habla-cuando-se-habla-de-pruebas-memoristicas/]. No es este el momento de cuestionar tal sistema; tiempo habrá de volver a tratar el tema del sistema de oposiciones y si se trata de ejercicios memorísticos o no. Tampoco de tratar y aprobar una nueva regulación si cabe de la naturaleza funcionarial o laboral que han de tener los empleados públicos. Si me apuran un poco -y es que uno lee o escucha comentarios para todos los gustos- de cuestionar la existencia de la propia Administración Pública en los términos hasta ahora entendidos en España: “todo es posible en la viña del señor” o, mejor dicho, en el marco de la Constitución y nada impide que ésta se modifique introduciendo una configuración de la Administración Pública “a la inglesa”, o “a la norteamericana”.

Como decía, en cuanto estamos hablando en concreto del problema de la temporalidad en el empleo público, y centrándonos en la medida concreta aludida, no me corresponde en este momento abordar esos otros aspectos de la función pública española. También quisiera llamar la atención sobre un hecho que creo se está originando o incitando, cual es el de las rencillas, envidias, agravios comparativos, personalizaciones, etc. entre funcionarios de carrera e interinos. Ni los funcionarios interinos tienen la “culpa” de su prolongada situación de interinidad e incertidumbre; ni los funcionarios de carrera han de menospreciar la labor personal/profesional desarrollada por aquéllos.

Y es cierto que el artículo 61.6 del EBEP posibilita que en virtud de una ley pueda aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso (que consistirá únicamente en la valoración de méritos) como sistema de acceso al empleo público.

Pero también es cierto que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Asi, el artículo 61.1 del EBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del EBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

Debe tenerse en cuenta que la propia Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley arriba indicado recalca que el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Siendo ello así (no se pierda de vista en este momento ni al ciudadano ni el principio de igualdad) y valorando positivamente (al menos en la redacción que consta en el Real Decreto-Ley) las medidas drásticas de “castigo” a las Administraciones que a partir de ahora incumplan las normas sobre la interinidad, incluso admitiendo que alguna medida excepcional debe adoptarse respecto al personal interino actualmente “de larga duración”, lo que a mi juicio no encaja en los principios constitucionales indicados es que la medida anunciada abarque todas las situaciones de interinidad: me refiero al sistema de ingreso, es decir que abarque tanto las situaciones de interinidad en que el empleado superó algún tipo de prueba selectiva como aquéllas (que haberlas haylas) en que no conste se haya superado ninguna prueba selectiva. Aquí es donde el ciudadano (sí, el ciudadano, por no decir el opositor que lleva también quince o veinte años presentándose e incluso superando alguna prueba selectiva) puede invocar el principio de igualdad. Como dice el magistrado José Ramón Chaves en el reciente artículo de su blog https://delajusticia.com/2021/11/12/doce-consideraciones-de-urgencia-sobre-la-estabilizacion-de-interinos-con-cinco-anos-de-servicios/ “no puede adoptarse una medida de ese calado escuchando solo la voz sonora de la mayoría de interinos, y sin tener en cuenta ni la voz silenciosa de una inmensa mayoría de opositores de turno libre, que no han tenido oportunidad de ser interinos, y que se les reduce la oportunidad de acceder con juego limpio a plaza pública, y con menguadas ofertas en el futuro”

Me atrevo a decir aquí -aparte de dudar de la constitucionalidad de la medida- que si ésta se lleva a cabo en los términos y abarcando todas las situaciones que acabo de indicar la “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público” (vamos a denominarla así para entendernos) supondrá una verdadera amnistía para las Administraciones Públicas incumplidoras de las normas de selección del personal interino ya que, después de regular con medidas contundentes y sancionadoras (como la declaración de nulidad de pleno derecho) las exigencias de la nueva interinidad, introduce una cláusula de perdón para los infractores anteriores.

En fin, marchemos todos juntos pero por la senda constitucional

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

LA FASE DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En mi Libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, publicado recientemente por la editorial Wolters Kluver, el Capítulo V viene constituido por la fase de terminación del procedimiento, en el cual, además de analizar los distintos modos de finalización, son objeto de estudio en profundidad instituciones relevantes para el procedimiento como el silencio administrativo, la notificación o la publicación, con especial referencia a las Entidades Locales. Este Libro forma parte de la Colección «Todo Administración Local» de El Consultor, que próximamente su publicará también en formato digital (EL CONSULTOR VISIÓN)

El índice completo de este Capítulo es el siguiente:

CONSIDERACIONES PREVIAS

MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. La resolución expresa

1.1. Obligación de resolver y distinción entre resolución expresa y otras

1.2. Actuaciones complementarias

1.3. Expediente administrativo, propuesta de resolución y resolución expresa

1.4. Requisitos formales y sustantivos

1.5. Plazos de resolución

1.6. Indicación de recursos

1.7. La resolución en la tramitación simplificada

2. La renuncia

3. El desistimiento por el interesado

4. El desistimiento por la Administración

5. La declaración de caducidad del procedimiento

6. La prescripción.

7. La imposibilidad material de continuación del procedimiento

8. La terminación convencional

SILENCIO ADMINISTRATIVO

1.-La naturaleza del silencio administrativo

2.-La vinculación con los derechos de los interesados y la obligación de resolver

3.-El silencio en las peticiones de acceso a la información por los ciudadanos y por los miembros de la Corporación

4.-Relación con los plazos

5.-Régimen jurídico del silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

5.1. Presupuestos del silencio positivo

5.2. Supuestos de silencio positivo

5.3. Supuestos de silencio negativo

5.4. Efectos del silencio administrativo positivo

5.5. Efectos del silencio administrativo negativo

5.6. Acreditación de los actos producidos por silencio.

6.-Régimen jurídico del silencio en los procedimientos iniciados de oficio

 NOTIFICACIÓN

1.- Consideraciones previas

2.- La eficacia de los actos administrativos y la notificación.

3.- Quién debe hacer la notificación del acto administrativo en las EELL

4.- Destinatarios de las notificaciones

5.- Contenido y plazo.

6.- Notificación defectuosa

7.- Notificación infructuosa.

8.- La notificación y la protección de datos personales.

9.- Rechazo de la notificación.

10.- Medios de notificación.

11.- Notificaciones electrónicas

11.1. Supuestos obligatorios, facultativos y excluidos 

11.2. Práctica de la notificación.

12.- Notificaciones en papel

12.1. Supuestos.

12.2. Práctica de la notificación

13.- El cumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento y la notificación

PUBLICACIÓN

1. Actos objeto de publicación en las Entidades Locales.

2. La publicación como instrumento de notificación

2.1. Supuestos

2.2. Contenido

2.3. Simplificación

2.4. La protección de datos personales en las publicaciones.

2.5. A quién corresponde en las EELL

2.6. Medio de publicación

2.7. Coste o gratuidad de publicaciones.

[Puedes ver los Índices de otros Capítulos de este Libro:

CAPÍTULOS I y II: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/11/procedimiento-administrativo-indice-de-los-capitulos-i-y-ii/

CAPÍTULO III: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/14/todas-las-normas-de-ordenacion-del-procedimiento-en-las-entidades-locales/

CAPÍTULO IV: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/las-fases-de-iniciacion-y-de-instruccion-del-procedimiento/ ]

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Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

Normativa al día: MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CÁLCULO DE LA BASE IMPONIBLE Y LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO MUNICIPAL DE PLUSVALÍA

Índice:

El contexto

La regulación anterior

La nueva regulación

Algunas notas críticas y de interés sobre la nueva regulación

El contexto

En el BOE del día de hoy, 9 de noviembre de 2021, se publica el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Esta modificación, que entra en vigor es consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional a las que hacía referencia en mi anterior artículo en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/la-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-anula-el-impuesto-de-plusvalia-municipal-contexto-resumen-y-reflexiones/

La regulación anterior

Solo a título comparativo, podemos ver a continuación la regulación hasta ahora establecida en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (TRLHL) y las anulaciones decretadas por el Tribunal Constitucional:

Regulación anterior:

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ….

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

[Este aptdo 1 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo B.O.E. 15 junio)].

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor [catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

[Este párrafo a) del número 2 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia mencionada del TC 59/2017 de 11 de mayo]

[Por otra parte, la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), fijó los siguientes criterios interpretativos acerca de la inconstitucionalidad de os artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL:

 «Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.]»

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

  • a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
  • b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

  • a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
  • b) Período de hasta 10 años: 3,5.
  • c) Período de hasta 15 años: 3,2.
  • d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

  • 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
  • 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor
  • 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

  • a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
  • b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4.Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.

[Este aptdo.4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo)]

[A su vez, la Sentencia TS (Sala 3.ª), de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017, en su fundamento jurídico 7º fija los siguientes criterios interpretativos: el artículo 110.4 del TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7, y 37/2017 , FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.]

5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

  • a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la LGT.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL, por las razones expuestas en el artículo de este blog antes mencionado.

La nueva regulación:

Artículo 104.-…. Supuestos de no sujeción

Se añade el siguiente supuesto:

5. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que se refiere el artículo 106.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

Los ayuntamientos podrán establecer en la ordenanza fiscal un coeficiente reductor sobre el valor señalado en los párrafos anteriores que pondere su grado de actualización, con el máximo del 15 por ciento.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados por el ayuntamiento según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los límites siguientes:

Periodo de generaciónCoeficiente
Inferior a 1 año.0,14
1 año.0,13
2 años.0,15
3 años.0,16
4 años.0,17
5 años.0,17
6 años.0,16
7 años.0,12
8 años.0,10
9 años.0,09
10 años.0,08
11 años.0,08
12 años.0,08
13 años.0,08
14 años.0,10
15 años.0,12
16 años.0,16
17 años.0,20
18 años.0,26
19 años.0,36
Igual o superior a 20 años.0,45

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado.

Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5, se constate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.»

 Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

nueva redacción del apartado 4:

Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el artículo 107.2.a), párrafo tercero.

nuevo apartado 8:

[convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración entre las Administraciones tributarias de las CCAA y las EELL]: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5, pudiendo suscribirse para ello los correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración

Algunas notas críticas y de interés sobre la nueva regulación

La instrumentación a través de un Decreto-Ley y su justificación.

Sin duda era urgente la modificación de la forma de cálculo de la cuota a pagar en el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (en mi artículo anterior en este sitio web antes aludido ya lo demandaba).

Ahora bien, y ésto solo lo dejo apuntado a modo de reflexión:

-¿es legítimo invocar la urgencia (para dictar un Decreto-Ley) cuando desde hace más de cuatro años el Tribunal Constitucional ya había anulado la base de determinación del incremento de valor?

-además de la urgencia (indiscutible), en lo que se refiere al objeto de la norma legal la extensa autojustificación que se hace en la exposición de motivos de este Real Decreto-Ley sobre la constitucionalidad de la instrumentación de la modificación de elemento esencial de un tributo a través de este tipo de disposición legal [resulta muy interesante la lectura de la misma] me hace pensar en aquéllo de excusatio non petita accusatio manifesta. Pero no seré yo quien para juzgar la constitucionalidad de la forma de esta disposición legal, ya que aquélla solo corresponde al TC

La técnica normativa.

En el nuevo apartado 5 del artículo 104 se incluyen aspectos que considero no guardan congruencia con el objeto de dicho precepto (naturaleza y hecho imponible y supuestos de no sujeción) como la forma de calcular el valor del suelo cuando en la transmisión de un inmueble haya suelo y construcción

► La entrada en vigor.

El miércoles día 10 de noviembre de 2021

Adaptación de Ordenanzas Fiscales y actuación en período transitorio.

Los ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana deberán modificar, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, sus respectivas ordenanzas fiscales para adecuarlas a lo dispuesto en el mismo. [Es decir, antes del próximo 10 de mayo de 2022]

[Forma de determinación de la base imponible mientras que no se produzca dicha adaptación de la Ordenanza Fiscal]: Hasta que entre en vigor la modificación a que se refiere el párrafo anterior, resultará de aplicación lo dispuesto en este real decreto-ley, tomándose, para la determinación de la base imponible del impuesto, los coeficientes máximos establecidos en la redacción del artículo 107.4 [según la redacción antes transcrita; ver, más arriba]

Véase el texto completo del Real Decreto-Ley aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf

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NOVEDADES NORMATIVAS

Normativa al día: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ORDEN TER/1204/2021, DE 3 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A 2021, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto:

La cuarta política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 es una Administración para el siglo XXI, que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.

[Véase, en este sitio web, mis artículos:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/31/la-ley-de-resiliencia-luces-y-sombras/]

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/04/el-dictamen-del-consejo-de-estado-sobre-la-ley-de-resiliencia/

La inversión 3 de dicho componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas administraciones públicas

Administraciones locales destinatarias.-

Mediante esta Orden se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2021 de subvenciones dirigidas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las Entidades locales, destinada a los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los de población inferior que tengan la consideración de capital de provincia.

Objetivos.-

Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.

b) Reducción de la brecha digital.

c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.

d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.

e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).

Plazo de ejecución.-

El período de ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión y, en todo caso, estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022

Requisitos de las actuaciones subvencionables.-

Las actuaciones que se propongan deberán cumplir, entre otros, con los requisitos siguientes:

Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión correspondientes.

-Compromiso de aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de «Mi carpeta ciudadana» de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.

Plazo de presentación de solicitudes.-

Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15:00 horas del día 15 de diciembre de 2021.

Forma de presentación de solicitudes.-

Las solicitudes únicamente se podrán presentar de forma electrónica, a través del procedimiento previsto a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial (procedimientos–subvenciones)

Véase el texto completo de las bases y convocatoria aquí:

https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18176.pdf

[VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Lo básico de la Administración: NORMATIVA ESTATAL, AUTONÓMICA Y LOCAL

Tras un análisis previo de los conceptos básicos sobre el tipo de normas y su significado, se incluye:

  • la normativa estatal actualizada sobre régimen local
  • qué tipo de normas puede aprobar un Ayuntamiento
  • las leyes sobre régimen local, actualizadas, sobre régimen local; con enlace a su contenido

Puede verse el contenido de este apartado en la página de LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN en este sitio web, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/lo-basico-de-la-administracion/#normativa-estado-ccaa-y-aytos

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos NOVEDADES JURISPRUDENCIALES Y DE ÓRGANOS CONSULTIVOS

LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE ANULA EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL: CONTEXTO, RESUMEN Y REFLEXIONES

Sentencia del TC de 26 de octubre de 2021 dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020

Índice:

-EL CONTEXTO: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, ANTERIORES SENTENCIAS TC, LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

1. CE.: Título I (derechos y deberes fundamentales), capítulo II (derechos y libertades), sección 2 (derechos y deberes de los ciudadanos)

2. Regulación en la legislación de haciendas locales y anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que declaran parcialmente la inconstitucionalidad de algunos aspectos del impuesto.

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

Artículo 105.-Exenciones

Artículo 106.-Sujetos pasivos

Artículo 107.-Base imponible

Artículo 108.-Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

Artículo 109.-Devengo

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

3. La cuestión de inconstitucionalidad planteada.

LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL TC

ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

EL FALLO DE LA SENTENCIA:

LA SITUACIÓN A FECHA DE HOY Y QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

REFLEXIÓN FINAL

-EL CONTEXTO: LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, ANTERIORES SENTENCIAS TC, LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

1. CE.: Título I (derechos y deberes fundamentales), capítulo II (derechos y libertades), sección 2 (derechos y deberes de los ciudadanos):

El artículo 31.1 [contenido en la citada sección 2 indicada) de la Constitución establece lo siguiente. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

Y el artículo 163 de la CE establece que «Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos».

2. Regulación en la legislación de haciendas locales y anteriores sentencias del Tribunal Constitucional que declaran parcialmente la inconstitucionalidad de algunos aspectos del impuesto.

La regulación hasta ahora vigente del impuesto en el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo (en adelante, TRLHL), con las salvedades que indico en letra cursiva como consecuencia de las Sentencias del Tribunal Constitucional (TC) 59/2017 de 11 de mayo y 126/2019, de 31 octubre y bajo los criterios interpretativos fijados en la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), acerca de la inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, es la siguiente:

Artículo 104.-Naturaleza y hecho imponible. Supuestos de no sujeción

1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. ….

Artículo 105.-Exenciones

[El aptdo 1 contempla las exenciones objetivas, es decir las relativas a determinados actos de transmisión]

[El aptdo 2: se refiere a las exenciones subjetivas, es decir cuando la obligación de satisfacer el impuesto recaiga sobre determinadas personas o entidades]

Artículo 106.-Sujetos pasivos

1. Es sujeto pasivo del impuesto a título de contribuyente:

  • a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre) que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate

2. En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España.

Artículo 107.-Base imponible

1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

[Este aptdo 1 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo B.O.E. 15 junio)].

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor [catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

[Este párrafo a) del número 2 del artículo 107 fue declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia mencionada del TC 59/2017 de 11 de mayo]

[Por otra parte, la Sentencia del TS (Sala 3.ª) de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017 (Fundamento Jurídico 7.º), fijó los siguientes criterios interpretativos acerca de la inconstitucionalidad de os artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL:

 Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que del fallo y del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar, por cualquiera de los medios que hemos expresado en el fundamento de derecho quinto, que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE.]

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos siguientes:

  • a) La reducción, en su caso, se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.
  • b) La reducción tendrá como porcentaje máximo el 60 por ciento. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada año de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de la reducción se establecerá en la ordenanza fiscal.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

  • a) Período de uno hasta cinco años: 3,7.
  • b) Período de hasta 10 años: 3,5.
  • c) Período de hasta 15 años: 3,2.
  • d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

  • 1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.
  • 2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor
  • 3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.a, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

[El transcrito aptdo 4 del artículo 107 fue declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) 126/2019, de 31 octubre, en estos términos: la declaración de inconstitucionalidad del artículo 107.4 debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente y por exigencia del principio de seguridad jurídica, únicamente han de considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sentencia aquellas que, a la fecha de publicación de la misma, no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en tiempo y forma, y no haber recaído todavía en ellas una resolución administrativa o judicial firme (B.O.E. 6 diciembre)].

Artículo 108.-Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida

1. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento.

Dentro del límite señalado en el párrafo anterior, los ayuntamientos podrán fijar un solo tipo de gravamen o uno para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor indicados en el apartado 4 del artículo anterior.

2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados siguientes.

4. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes.

5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.

6. La regulación de los restantes aspectos sustantivos y formales de las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores se establecerá en la ordenanza fiscal.

Artículo 109.-Devengo

1. El impuesto se devenga:

  • a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha de la transmisión.
  • b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión.

2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 110.-Gestión tributaria del impuesto

1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente la declaración que determine la ordenanza respectiva, conteniendo los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.

2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

  • a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
  • b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo.

3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.

4.Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.

En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta ley.

[Este aptdo.4 del artículo 110 declarado inconstitucional y nulo, únicamente en la medida que somete a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor (Sentencia TC 59/2017 de 11 de mayo)]

[A su vez, la Sentencia TS (Sala 3.ª), de 9 de julio de 2018, Rec. 6226/2017, en su fundamento jurídico 7º fija los siguientes criterios interpretativos: el artículo 110.4 del TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, «no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene», o, dicho de otro modo, porque «impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017 , FJ 7, y 37/2017 , FJ 5)». Esa nulidad total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL.]

5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

  • a) En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
  • b) En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la LGT.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de presentación de declaraciones.

3. La cuestión de inconstitucionalidad planteada.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, elevó al TC cuestión de inconstitucionalidad respecto a los arts. 107.1, 107.2.a) y 107.4 del TRLHL por posible vulneración del art. 31.1 CE. al entender que la aplicación de los preceptos legales impugnados, al establecer un sistema objetivo de cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (en adelante, IIVTNU) que no tiene en cuenta la capacidad económica del contribuyente, puede suponer una “carga fiscal excesiva” o “exagerada” que infrinja el principio constitucional de no confiscatoriedad en los supuestos en los que el importe de la cuota tributaria resultante, aun cuando no supera la plusvalía efectivamente obtenida con la transmisión del terreno urbano, sí representa una parte muy significativa de la misma.

LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES DEL TC

El Fundamento jurídico 5 de la Sentencia analiza la aplicación del principio de capacidad económica como criterio o parámetro de imposición a la regla de cuantificación de la base imponible del IIVTNU.

Tras explicar que los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL establecen un único método de determinación de toda la base imponible del IIVTNU, y no de parte de ella, de carácter objetivo y de imperativa aplicación; y que en cuanto a su carácter objetivo u objetivado, en los preceptos controvertidos se fijan los dos elementos (objetivos) para calcular el importe del incremento gravado, cuales son el valor del terreno en el momento del devengo por referencia a su valor catastral en el art. 107.2.a) TRLHL y el porcentaje anual de incremento según el número de años transcurridos desde su adquisición en el art. 107.4 TRLHL., el Tribunal Constitucional considera que

 – el propio establecimiento de una estimación objetiva supone dejar al margen la capacidad económica real demostrada por el contribuyente, ya que, como ha argumentado la doctrina científica desde antiguo, la evaluación directa y la estimación presuntiva o indiciaria no son métodos alternativos de determinación de una misma base imponible, sino de determinación de bases alternativas. Y ello porque no solo ambos métodos se diferencian desde el punto de vista cuantitativo, ya que para ser alternativos sería necesario que por ambos se llegara al mismo resultado; sino también desde el punto de vista cualitativo, porque la evaluación directa mide la capacidad económica real del contribuyente y la estimación presuntiva mide otra cosa, cuyo concepto sólo puede inferirse de las normas reguladoras de tal estimación.

– por lo que a la obligatoriedad de la norma de cuantificación aquí cuestionada (art. 107 TRLHL)] la STC 59/2017 terminó con la ficción legal de la existencia inexorable de un incremento de valor (y, por tanto, de gravamen) con toda transmisión de suelo urbano, determinando que dicha transmisión es condición necesaria pero no suficiente para el nacimiento de la obligación tributaria en un impuesto cuyo objeto es el incremento de valor (FJ 3). El art. 107 TRLHL no permite la prueba de incrementos efectivos distintos (generalmente inferiores) al legalmente calculado y, por ende, la tributación en consecuencia. Y ello porque la presunción de que el suelo urbano se revaloriza anualmente (y aumenta en función de los años de tenencia) es únicamente la ratio legis de la regla de valoración ahora enjuiciada y no la regla de valoración en sí; presunción vulgar (que no jurídica) que venía respaldada por la realidad económica del tiempo que en que se promulgó este sistema objetivo de medición (art. 108 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales).

-aplicando la doctrina constitucional de la capacidad económica como criterio de imposición a los preceptos legales cuestionados en su configuración actual tras las SSTC 59/2017 y 126/2019, puede afirmarse -continúa argumentando el TC- que a un impuesto de carácter real y objetivo como el IIVTNU, con un hecho imponible específico y no general (al gravar una concreta manifestación de riqueza, cual es la plusvalía de los terrenos urbanos por el paso del tiempo y no la renta global del sujeto), y sin constituir una figura central de la imposición directa, le es plenamente aplicable el principio de capacidad económica como fundamento, límite y parámetro de la imposición. Lo que implica, en el caso del IIVTNU, en primer lugar, que quienes se sometan a tributación deban ser únicamente los que experimenten un incremento de valor del suelo urbano objeto de transmisión, como resolvió la STC 59/2017 (FJ 3) al requerir transmisión del suelo urbano más materialización del incremento de valor para el nacimiento de la obligación tributaria; esto es, incremento real, y no potencial o presunto, para la realización del hecho imponible. Y, en segundo lugar, que quienes experimenten ese incremento se sometan a tributación, en principio, en función de la cuantía real del mismo, conectándose así debidamente el hecho imponible y la base imponible, dado que esta última no es más que la cuantificación del aspecto material del elemento objetivo del primero.

-en consecuencia de lo anterior, el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y de la crisis económica y, por tanto, al margen de la capacidad económica gravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición (art. 31.1 CE).

– carece ya de sentido exigir obligatoriamente el gravamen en función de la cuantía de un incremento objetivo basando su legitimidad constitucional en razones de practicabilidad ante una pretendida dificultad para determinar la existencia y cuantía del incremento del suelo urbano transmitido, cuando esa dificultad forma parte hoy de la mecánica de la aplicación de este impuesto.

Por todo ello, el Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla y declara inconstitucionales y nulos los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL por contravenir injustificadamente el principio de capacidad económica como criterio de la imposición (art. 31.1 CE).

ALCANCE Y EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD.

Conforme a lo establecido en el FJ 6:

Sobre esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL el propio Tribunal Constitucional realiza las siguientes precisiones:

►Como ya se recordó en la STC 126/2019, al tratarse de un impuesto local, corresponde al legislador estatal integrar el principio de reserva de ley en materia tributaria (arts. 31.3 y 133.1 y 2 CE) como medio de preservar tanto la unidad del ordenamiento como una básica igualdad de posición de los contribuyentes en todo el territorio nacional [STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 10 c)] y el principio de autonomía local (arts. 137 y 140 CE), garantizando con ello adicionalmente la suficiencia financiera de las entidades locales exigida por el art. 142 CE.

►No pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas a)  las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y b) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha

EL FALLO DE LA SENTENCIA:

El Tribunal Constitucional estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada y, en consecuencia, declara la inconstitucionalidad  y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

LA SITUACIÓN A FECHA DE HOY Y QUÉ PASARÁ A PARTIR DE AHORA

“Cautivo” de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y “desarmado” por el mismo de elementos esenciales del tributo como indicaré más adelante hoy por hoy- la liquidación, comprobación, recaudación y revisión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y, por tanto, su exigibilidad, no es posible, ya que de poco sirve que se mantengan vigentes los preceptos relativos a su naturaleza, hecho imponible, actos no sujetos, exenciones, sujetos pasivos, devengo y gestión del impuesto si no existe norma que determine la base imponible y, en consecuencia la cuota.

Como señala el propio TC en su fallo, debe ser ahora el legislador (y no este Tribunal) el que, en el ejercicio de su libertad de configuración normativa, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto para adecuarlo a las exigencias del art. 31.1 CE puestas de manifiesto en todos los pronunciamientos constitucionales sobre los preceptos legales ahora anulados, dado que a fecha de hoy han trascurrido más de cuatro años desde la publicación de la STC 59/2017 (“BOE” núm. 142, de 15 de junio).

En un párrafo del apartado B) y en los apartados C) y D) del Fundamento Jurídico quinto de la sentencia, además de justificar la inviabilidad del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, el Tribunal Constitucional da pistas al legislador estatal sobre el contenido de la nueva regulación, en estos términos:

●-Si bien es cierto que la forma más adecuada de cuantificar esta plusvalía es acudir a la efectivamente operada, el legislador, a la hora de configurar el tributo, tiene libertad para administrar la intensidad con que el principio de capacidad económica debe manifestarse en ellos, para hacerlos compatibles con otros intereses jurídicos dignos de protección, como puedan ser, como ya se ha manifestado, el cumplimiento de fines de política social y económica, la lucha contra el fraude fiscal o razones de técnica tributaria”.

●- La renuncia a gravar según la capacidad económica (real) manifestada en el hecho imponible estableciendo bases objetivas o estimativas no puede ser arbitraria, sino que exige justificación objetiva y razonable; justificación que debe ser más sólida cuanto más se aleje de la realidad el método objetivo elegido normativamente. En suma, la falta de conexión entre el hecho imponible y la base imponible no sería inconstitucional per se, salvo que carezca de justificación objetiva y razonable.

●-Sobre la forma de cálculo de las plusvalías del suelo urbano, no faltan ejemplos alternativos en los antecedentes históricos de este mismo impuesto local, en el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación local de julio de 2017 o en los numerosos estudios científicos que, sobre este particular, han proliferado tras la promulgación de las declaraciones de inconstitucionalidad parcial de los preceptos legales ahora impugnados.

●- Para que el método estimativo de la base imponible sea constitucionalmente legítimo por razones de simplificación en la aplicación del impuesto o de practicabilidad administrativa, debe:

 (i) bien no erigirse en método único de determinación de la base imponible, permitiéndose legalmente las estimaciones directas del incremento de valor

 (ii) bien gravar incrementos medios o presuntos (potenciales); esto es, aquellos que previsiblemente o “presumiblemente se produce(n) con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza urbana” (SSTC 26/2017, FJ 3; 37/2017, FJ 3; 59/2017, FJ 3; 72/2017, FJ 3 y 126/2019, FJ 3). Esta última posibilidad pudo ser cierta con anterioridad a la caída del mercado inmobiliario, pero lo que resulta incontrovertido es que “la crisis económica ha convertido lo que podía ser un efecto aislado ‒la inexistencia de incrementos o la generación de decrementos‒ en un efecto generalizado” (STC 59/2017, FJ 3) y, por lo que aquí interesa, ha dado lugar a que tampoco sean excepcionales o “patológicos” los supuestos en los que el efectivo incremento de valor sea de importe inferior -con frecuencia, incluso, notablemente inferior, como en el supuesto aquí enjuiciado- al incremento calculado ex art. 107 TRLHL. Siendo, pues, que la realidad económica ha destruido la antes referida presunción de revalorización anual de los terrenos urbanos que operó en la mente del legislador para crear la norma objetiva de valoración ahora cuestionada, desaparece con ella la razonable aproximación o conexión que debe existir entre el incremento de valor efectivo y el objetivo o estimativo para que razones de técnica tributaria justifiquen el sacrificio del principio de capacidad económica como medida o parámetro del reparto de la carga tributaria en este impuesto. Con lo que la base imponible objetiva o estimativa deja de cuantificar incrementos de valor presuntos, medios o potenciales.

En cuanto a las liquidaciones del impuesto hechas con anterioridad: el TC zanja de manera clara las “ilusiones” de los contribuyentes y, en contrapartida, la “angustia” de los municipios ante un posible tsunami de recursos, anulaciones y devoluciones de millones de euros. Y ello porque -dice textualmente la Sentencia. “no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme. A estos exclusivos efectos, tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha”

REFLEXIÓN FINAL

Yo creo que con el paso del tiempo quedará como un corto periodo transitorio de vacío legal y -eso sí- como un serio recordatorio de que los preceptos constitucionales deben cumplirse por todos los poderes públicos.

Pero es cierto que el legislador estatal ha de tener en cuenta cuando menos -descartadas las “ilusiones” y la “angustia” antes descritas- la “ansiedad” que actualmente pueden estar padeciendo los alcaldes y concejales delegados de Hacienda teniendo en cuenta:

-por un lado, que la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 TRLHL supone su expulsión del ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que impide -hoy por hoy- la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo local y, por tanto, su exigibilidad.

-por otro lado -y como el legislador estatal debe saber también- nos encontramos en fechas de elaboración e incluso aprobación del Presupuesto Municipal para 2022.

Yo no soy quien para meter prisa -y las prisas no son buenas consejeras, pero ¿tendrá en cuenta esas circunstancias el legislador estatal y que las Haciendas locales -conforme establece por cierto otro precepto constitucional (el artículo 142) deben disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas debiendo nutrirse fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado?

Veremos.

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DERECHO ADMINISTRATIVO DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

LAS FASES DE INICIACIÓN Y DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Puedes ver aquí las materias tratadas -con especial referencia a la administración local- en el Capítulo IV de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de la Colección «Todo Administración Local» de «El Consultor» (Editorial Wolters Kluver»), recientemente publicado:

I. Consideraciones previas

II. Normativa aplicable

III. La fase de iniciación del procedimiento

1. Concepto

2. Características

3. Clases de iniciación

4. Disposiciones comunes

4.1. Información y actuaciones previas 

4.2. Comunicación a los interesados del plazo máximo de resolución del procedimiento y efectos del silencio

4.3. Medidas provisionales

4.4. Acumulación a otros procedimientos

4.5. La iniciación del procedimiento y el expediente administrativo

4.6. La iniciación y la tramitación simplificada

4.7. La iniciación y la obligación de resolver

5. Iniciación de oficio por la Administración

5.1. Formalización, ámbito y características

5.2. Iniciación a propia iniciativa

5.3. Iniciación como consecuencia de orden superior

5.4. Iniciación por petición razonada de otros órganos 

5.5. Iniciación por denuncia

5.6. Desistimiento por la Administración

5.7. Iniciación de oficio y caducidad

6. Iniciación a solicitud del interesado

6.1. Diferencia con el derecho de petición

6.2. Las Oficinas de asistencia

6.3. Requisitos de la solicitud de iniciación

6.4. Declaración responsable y comunicación

6.5. Modelos normalizados de solicitud, de declaración responsable y de comunicación previa

6.6. Modelos telemáticos de solicitud

6.7. Propuestas de actuación municipal

6.8. Lengua utilizada

6.9. La iniciación y el Registro

6.10. Subsanación, desistimiento, y mejora de la solicitud

IV. La fase de instrucción del procedimiento

1. Concepto y régimen jurídico de los actos de instrucción

2. Derechos de los interesados durante la instrucción

3. Alegaciones de los interesados

4. La prueba

4.1. Medios de prueba: régimen jurídico

4.2. Periodo de prueba

4.3. Práctica de la prueba

5. Los informes

5.1. Concepto y clases

5.2. Petición

5.3. Plazo, emisión y contenido 

5.4. Los informes y la motivación de la resolución administrativa

6. La participación de los interesados

6.1. Trámite de audiencia

6.2. Información pública

6.3. Participación ciudadana

7. La instrucción y la tramitación simplificada

8. La propuesta de resolución