¿SABÍAS QUE SE ENCUENTRA EN TRAMITACIÓN UN ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN Y OTRAS INFRACCIONES NORMATIVAS?

La futura norma legal, ahora en forma de anteproyecto, se llamará “Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”

►Origen

La Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, que regula aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información. En concreto:

– Canales internos. Obliga a contar con canales internos de comunicación a muchas empresas y entidades públicas porque se considera que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños.

-Canales “externos”. Para ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad pública especializada, lo que les puede generar más confianza al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno.

El título legal habilitante y naturaleza de la ley

Esta ley se dicta al amparo del artículo 149.1 de la Constitución Española que atribuye al Estado las competencias exclusivas sobre las siguientes materias:

– la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales

-las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas

– el procedimiento administrativo común;

– las bases del régimen estatutario de los funcionarios

– la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas

– el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas

– las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica

– la legislación básica sobre protección del medio ambiente

– la legislación mercantil

– la legislación laboral

Por otra parte, no se trata de cualquier ley sino que tendrá carácter básico (excepto el título VIII, sobre la “Autoridad Independiente de Protección del Informante”, que solo será de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos)

Finalidad

Los dos objetivos de la Directiva Europea citada:

– proteger a los informantes y

– establecer las normas mínimas de los canales de comunicación

A quiénes afecta

-A quienes informen sobre las infracciones de Derecho de la Unión (exigido en la directiva de transposición)

 -A quienes adviertan de vulneraciones del resto del ordenamiento jurídico que afecten directamente al interés general

Por supuesto que afecta a los empleados públicos, pero no solo a ellos en sentido estricto sino también, entre otras:

–a todas aquellas personas que tienen vínculos profesionales con entidades tanto del sector público como del sector privado

– aquellas personas que ya han finalizado su relación profesional

voluntarios

trabajadores en prácticas o en período de formación

personas que participan en procesos de selección.

´-las personas que prestan asistencia a los informantes

– personas del entorno del informante que puedan sufrir represalias

– las personas jurídicas propiedad del informante.

Denunciar qué?

Aquellos delitos e infracciones administrativas cuya tipificación se ha perfilado para reaccionar frente al daño al interés general y para ello la colaboración ciudadana es relevante.

 En concreto, se consideran particularmente perjudiciales para el interés general aquellas actuaciones:

– que perjudiquen de manera grave los intereses financieros del Estado o

– que alteren de manera significativa la actuación objetiva e imparcial de los organismos públicos envolviendo prácticas corruptas, de clientelismo o nepotismo

Constituye un requisito indispensable para la protección del informante La buena fe, la conciencia honesta de que se han producido o pueden producirse hechos graves perjudiciales.

Por el contrario, se excluyen de la protección la remisión de informaciones falsas o tergiversadas, así como aquellas que se han obtenido de manera ilícita.

A qué organismos afecta

Todas las Administraciones públicas (incluídos los municipios menores de 10.000 habitantes, a pesar de que la Directiva permite a los Estados miembros su dispensa), ya sean territoriales o institucionales

– las autoridades independientes u otros organismos que gestionan los servicios de la Seguridad Social

– las universidades

-las sociedades y fundaciones pertenecientes al sector público

– las Corporaciones de Derecho Público

También a todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como a las fundaciones que de los mismos dependan, siempre que reciban fondos públicos para su financiación

Asi mismo, a las organizaciones privadas

Cómo se protegerá a los denunciantes

Canal interno. La ley establece la obligación de crear canales internos de información, canales que deberán reunir una serie de requisitos, como:  su uso asequible, las garantías de confidencialidad, las prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante y la designación de un responsable de su correcto funcionamiento

Se prevé que la gestión material del sistema interno de información se realice mediante modalidades de gestión indirecta, si bien la atribución por parte de las Administraciones territoriales a un tercero de la gestión de estos sistemas internos de información requerirá que acrediten la insuficiencia de medios propios para poder realizar la función

Canal externo. La ley implementa un canal externo cuya llevanza corresponde, en el caso de la Administración General del Estado, a la Autoridad Independiente de Protección del Informante prevista en el título VIII.

En el caso de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales serán Autoridades independientes autonómicas análogas a la Autoridad Independiente de Protección del Informante

Los informantes que utilizan los cauces internos y externos cuentan con un régimen específico de protección frente a las represalias (artículos 35 a 41):

en el artículo 35 se establecen las condiciones de protección

-el artículo 36 la prohibición de represalias:  Se prohíben expresamente los actos constitutivos de represalia, incluidas las amenazas de represalia y las tentativas de represalia. contra las personas que presenten una comunicación conforme a lo previsto en la presente ley.

 Se entiende por represalia cualesquiera actos u omisiones que estén prohibidos por la ley, o que, de forma directa o indirecta, supongan un trato desfavorable que sitúe a las personas que las sufren en desventaja particular con respecto a otra en el contexto laboral o profesional, sólo por su condición de informantes, o por haber realizado una revelación pública, y siempre que tales actos u omisiones se produzcan mientras dure el procedimiento de investigación o en los dos años siguientes a la finalización del mismo o de la fecha en que tuvo lugar la revelación pública. Se exceptúa el supuesto en que dicha acción u omisión pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

 El apartado 3 del artículo 36 relaciona, con carácter enunciativo, los actos que se consideran represalias

La persona que viera lesionados sus derechos por causa de su comunicación o revelación, podrá solicitar la protección de la autoridad competente

Finalmente el apartado 5 establece que “los actos administrativos que tengan por objeto impedir o dificultar la presentación de comunicaciones y revelaciones, así como los que constituyan represalia o causen discriminación tras la presentación de aquellas al amparo de esta ley, serán nulos de pleno derecho y darán lugar, en su caso, a medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad, pudiendo incluir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al perjudicado”

-En el artículo 37 se establecen las siguientes medidas de apoyo:

a) Información y asesoramiento integral, accesible y gratuito, sobre los procedimientos y recursos disponibles, para la protección frente a represalias y sobre los derechos del informante

 b) Asistencia efectiva en su protección frente a represalias

 c) Apoyo financiero y psicológico, de forma excepcional, si procede tras la valoración por la Autoridad independiente de Protección del Informante de las circunstancias derivadas de la presentación de la comunicación

-Por su parte, el artículo 38 establece medidas de protección frente a represalias.

La denuncia, tanto si se hace a través de canal interno como del canal externo, puede realizarse de forma anónima

►Régimen sancionador. El Título IX regula el régimen sancionador, siendo la Autoridad Independiente el órgano competente para la imposición de sanciones a los infractores

En cuanto a las sanciones, la comisión de infracciones previstas en llevará aparejada la imposición de las siguientes multas:

 a) Si son personas físicas las responsables de las infracciones, serán multadas con una cuantía de hasta 10.000 euros por la comisión de infracciones leves; de 5.001 hasta 30.000 euros por la comisión de infracciones graves y de 30.001 hasta 300.000 euros por la comisión de infracciones muy graves.

 b) Si son personas jurídicas serán multadas con una cuantía hasta 100.000 euros en caso de infracciones leves, entre 100.001 y 600.000 euros en caso de infracciones graves y entre 600.001 y 1.000.000 euros en caso de infracciones muy graves.

CONSULTA PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE LEY.

[La consulta pública previa tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo]

El plazo para presentar aportaciones finaliza: el 24-03-2022

Correo electrónico para realizar aportaciones: DETERMINACIONEDAD@mjusticia.es

► EL TEXTO ÍNTEGRO DEL ANTEPROYECTO DE LEY

puede verse aquí: https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES%20TRaMITE%20AUDIENCIA%20E%20INFORMACION%20PuBLICA_0803.pdf

Publicado por José López Viña

Especialista en Administración local. Secretario General en Ayuntamientos de Asturias y Madrid. Autor y coautor de manuales, libros y artículos, especialmente sobre procedimiento administrativo. Ahora también bloguero. Asturiano nacido "a la vera del Cabo Peñes", en Luanco (Gozón), o sea junto a la mar. Escritor aficionado de literatura. Practicante aficionado de carreras de fondo. Abogo por una Administración transparente, sencilla, de fácil acceso para el ciudadano

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