“A río revuelto, ganancia de pescadores”. SÍ AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE MANIFESTACIÓN Y HUELGA

1. En virtud de dos recientísimas disposiciones legales (las Leyes 21 y 22, del año 2021) el colectivo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal ha visto afectados seriamente sus derechos:

► Por un lado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20] establece en su Disposición adicional una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de tal manera que -a los efectos que aquí interesan- la Administración competente convocará, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas contempladas y dotadas presupuestariamente, que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Es decir: frente al sistema selectivo de oposición libre para ingresar como funcionario de carrera en la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se introduce la posibilidad de acceso a través de un concurso para otros empleados públicos que hubiesen estado ocupando interinamente los puestos reservados desde hace cinco años, aunque no hubiesen realizado las duras pruebas selectivas para ingreso en dicha escala

Recordemos que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TRLEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del TRLEBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

Me remito a mis artículos anteriores en que abordaba esta “ley de reducción de la temporalidad”:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/02/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-i-las-luces-de-la-ley-20-2021/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/07/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-ii-las-sombras-de-la-ley-20-2021/

► Por otro lado, la Disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf] al modificar la disposición adicional segunda (introduciendo un Apartado 7) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo apartado 7 quedará redactado como sigue:

«7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92.bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.»

A este respecto debe recordarse:

-por un lado, conforme a la Disposicional adicional segunda (apartado 1.2) del propio TRLEBEP y el artículo 92 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

– las disposiciones del Estatuto [es decir, el TRLEBEP] se dictan al amparo del artículo 149.1. 18ª de la CE, constituyendo “bases del régimen estatutario de los funcionarios” (competencia exclusiva del Estado)

Es decir, por recapitular y para entendernos:

El propio Estado, que considera como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, las citadas de Secretaría y las de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, y regula las mismas a través de una legislación básica (competencia exclusiva del Estado), mediante un ejercicio de “puro funambulismo normativo” introduce, por vía de una ley de Presupuestos Generales para el año 2022, una modificación de su propia ley básica de régimen local otorgando a una Comunidad Autónoma todas las competencias en la materia.

2.  El colectivo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal considera seriamente afectados sus derechos ya que por una parte podrán ser ocupadas las plazas a que aspiraban, incluso ya solicitadas una vez superada la correspondiente oposición libre, por otros empleados públicos que -sin el cumplimiento de tal requisito-las estuviesen ocupando interinamente; y por otra parte se desnacionaliza esta Escala de funcionarios, “troceándose” de tal modo que en la Comunidad del País Vasco será la Administración de ésta las que convoque, apruebe las bases, seleccione y nombre a los funcionarios que tienen reservadas en las EELL de dicho territorio las funciones antes citadas y en el resto del Estado será éste quien ostente tales atribuciones, de forma que -al menos yo me atrevería a calificarlo así- a partir de ahora habrá dos “castas” de funcionarios que realicen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería en las EELL de España: la de los funcionarios estatales y la de los funcionarios en el País Vasco.

3. Tanto el derecho de manifestación como el de huelga son reconocidos en la Constitución (artículos 21 y 28.2, respectivamente) entre los derechos fundamentales y libertades públicas.

No voy a ser yo, y menos en este foro, quien vaya a hacer aquí una crítica a ningún partido o formación o grupo políticos (que no lo hago, sino sobre unas leyes), tampoco a ningún colectivo de empleados públicos, como pudiera ser el de los interinos o los funcionarios que seleccione y nombre la Administración del País Vasco (que tampoco lo hago sino que cuestiono la constitucionalidad de dos leyes, y a mis artículos anteriores me remito).

Pero, ya se sabe: “a río revuelto: ganancia de pescadores”.

En estos días, el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local recibirá a una representación de un numeroso grupo de funcionarios afectados por las modificaciones legales antes relatadas y dispuestos a seguir medidas de protesta como las del ejercicio -en el marco de las leyes- de derechos constitucionales como los antes citados.

Bien haría dicho Consejo General en apoyar a este numeroso grupo de funcionarios que claman la defensa de sus derechos.

Publicado por José López Viña

Especialista en Administración local. Secretario General en Ayuntamientos de Asturias y Madrid. Autor y coautor de manuales, libros y artículos, especialmente sobre procedimiento administrativo. Ahora también bloguero. Asturiano nacido "a la vera del Cabo Peñes", en Luanco (Gozón), o sea junto a la mar. Escritor aficionado de literatura. Practicante aficionado de carreras de fondo. Abogo por una Administración transparente, sencilla, de fácil acceso para el ciudadano

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