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“A río revuelto, ganancia de pescadores”. SÍ AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE MANIFESTACIÓN Y HUELGA

1. En virtud de dos recientísimas disposiciones legales (las Leyes 21 y 22, del año 2021) el colectivo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal ha visto afectados seriamente sus derechos:

► Por un lado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20] establece en su Disposición adicional una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de tal manera que -a los efectos que aquí interesan- la Administración competente convocará, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas contempladas y dotadas presupuestariamente, que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Es decir: frente al sistema selectivo de oposición libre para ingresar como funcionario de carrera en la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se introduce la posibilidad de acceso a través de un concurso para otros empleados públicos que hubiesen estado ocupando interinamente los puestos reservados desde hace cinco años, aunque no hubiesen realizado las duras pruebas selectivas para ingreso en dicha escala

Recordemos que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TRLEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del TRLEBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

Me remito a mis artículos anteriores en que abordaba esta “ley de reducción de la temporalidad”:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/02/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-i-las-luces-de-la-ley-20-2021/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/07/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-ii-las-sombras-de-la-ley-20-2021/

► Por otro lado, la Disposición final primera de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf] al modificar la disposición adicional segunda (introduciendo un Apartado 7) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, cuyo apartado 7 quedará redactado como sigue:

«7. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92.bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas.»

A este respecto debe recordarse:

-por un lado, conforme a la Disposicional adicional segunda (apartado 1.2) del propio TRLEBEP y el artículo 92 bis Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional:

a) La de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

– las disposiciones del Estatuto [es decir, el TRLEBEP] se dictan al amparo del artículo 149.1. 18ª de la CE, constituyendo “bases del régimen estatutario de los funcionarios” (competencia exclusiva del Estado)

Es decir, por recapitular y para entendernos:

El propio Estado, que considera como funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional, las citadas de Secretaría y las de control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación, y regula las mismas a través de una legislación básica (competencia exclusiva del Estado), mediante un ejercicio de “puro funambulismo normativo” introduce, por vía de una ley de Presupuestos Generales para el año 2022, una modificación de su propia ley básica de régimen local otorgando a una Comunidad Autónoma todas las competencias en la materia.

2.  El colectivo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter estatal considera seriamente afectados sus derechos ya que por una parte podrán ser ocupadas las plazas a que aspiraban, incluso ya solicitadas una vez superada la correspondiente oposición libre, por otros empleados públicos que -sin el cumplimiento de tal requisito-las estuviesen ocupando interinamente; y por otra parte se desnacionaliza esta Escala de funcionarios, “troceándose” de tal modo que en la Comunidad del País Vasco será la Administración de ésta las que convoque, apruebe las bases, seleccione y nombre a los funcionarios que tienen reservadas en las EELL de dicho territorio las funciones antes citadas y en el resto del Estado será éste quien ostente tales atribuciones, de forma que -al menos yo me atrevería a calificarlo así- a partir de ahora habrá dos “castas” de funcionarios que realicen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería en las EELL de España: la de los funcionarios estatales y la de los funcionarios en el País Vasco.

3. Tanto el derecho de manifestación como el de huelga son reconocidos en la Constitución (artículos 21 y 28.2, respectivamente) entre los derechos fundamentales y libertades públicas.

No voy a ser yo, y menos en este foro, quien vaya a hacer aquí una crítica a ningún partido o formación o grupo políticos (que no lo hago, sino sobre unas leyes), tampoco a ningún colectivo de empleados públicos, como pudiera ser el de los interinos o los funcionarios que seleccione y nombre la Administración del País Vasco (que tampoco lo hago sino que cuestiono la constitucionalidad de dos leyes, y a mis artículos anteriores me remito).

Pero, ya se sabe: “a río revuelto: ganancia de pescadores”.

En estos días, el Consejo General de los Colegios Profesionales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local recibirá a una representación de un numeroso grupo de funcionarios afectados por las modificaciones legales antes relatadas y dispuestos a seguir medidas de protesta como las del ejercicio -en el marco de las leyes- de derechos constitucionales como los antes citados.

Bien haría dicho Consejo General en apoyar a este numeroso grupo de funcionarios que claman la defensa de sus derechos.

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Luces y sombras de la Ley de reducción de la temporalidad en el sector público. (II) LAS SOMBRAS DE LA LEY 20/2021

1. La acumulación de pruebas que puede volverse en contra.

 Aunque incluía en mi artículo anterior, sobre las “luces” de la ley de reducción de la temporalidad en el sector público, la referencia -entre las medidas de agilización de los procesos selectivos- la posible acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, ya apuntaba entonces (y me remitía a otra entrada anterior por mí publicada), en realidad puede constituir una “sombra” ya que si bien en principio no hay problema para ello, me planteaba entonces y reitero ahora la interrogante sobre la forma en qué se articulará ello, es decir hacer la segunda prueba sin estar calificada la primera. Y además me cuestionaba si no se quejarán entonces los opositores sobre la dureza de la oposición, como parece que últimamente lo han hecho, o al menos así lo han recogido los medios de comunicación al hilo del reciente debate sobre las oposiciones, que se calificaban de pruebas demasiado memorísticas.

En definitiva, si bien es de alabar cualquier medida que tienda a agilizar los procesos selectivos, como cualquier otra que persiga la materialización del principio constitucional de eficacia en la actuación de las Administraciones Públicas, debe tener especial cuidado el legislador y/o la propia Administración convocante de procesos selectivos de no vulnerar el principio de legalidad ni de volver en su contra a los esforzados opositores por convertir los exámenes en una fugaz gincana.

2. El “castigo parcial” de las interinidades incumplidoras de la ley.

Entre las “luces” de la reciente Ley 20/2021, sobre la reducción de la temporalidad en el sector público, se encuentra -y así las recogía en mi artículo publicado el día 2 del presente mes- el establecimiento de un régimen de responsabilidades y otros efectos en caso de incumplimiento de la normativa que dicha ley regula sobre la selección y nombramiento de personal interino y personal laboral temporal, incorporando un nuevo supuesto legal de nulidad de pleno derecho: la de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su cumplimiento.

Sin embargo, ya señalo y afirmo por adelantado que en la selección, nombramiento y régimen del personal interino no es causa de nulidad únicamente el incumplimiento de los plazos de duración de la interinidad o temporalidad establece el nuevo artículo 10 del TRLEBEP y ello por lo siguiente:

Siendo una medida para mí acertada incluir expresamente en la ley como supuesto de nulidad de pleno derecho el incumplimiento de dichos plazos de duración de estas situaciones de temporalidad en el empleo público [recordemos, para los neófitos en la materia, que es un vicio especialmente grave del acto administrativo de forma que éste no debe producir efecto alguno y, si lo produce, puede ser anulado en cualquier momento sin que a esa invalidez pueda oponerse la subsanación del defecto o el transcurso del tiempo y los efectos de la nulidad se refieren al momento en el que se dictó el acto de tal forma que es como si éste no existiese] no es menos cierto que alrededor de los actos administrativos que formalizan tales interinidades también se pueden producir graves vulneraciones del ordenamiento jurídico o del procedimiento que implican tal vicio grave de nulidad, como son aquellos supuestos en que la selección del personal interino se produzca o se haya producido:

– lesionando derechos o libertades susceptibles de amparo constitucional como el derecho del artículo 23.1 de la CE a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes [nulidad prevista en el artículo 47.1 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)]; o

– prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (nulidad prevista en el artículo 47.1 a) de la LPACAP).

Me refiero a aquéllos casos en que el nombramiento del personal interino, con burla del principio de igualdad en el acceso al empleo público, se haya producido bien sin previa publicidad, bien sin la realización de la más mínima prueba objetiva de selección.

En definitiva ¡a ver si en algún órgano administrativo se va a pensar que con que se cumplan los plazos máximos de duración de las interinidades ya está “todo el expediente cubierto”!

Por ello, y aunque sea echando mano de “lo que abunda no daña”, ninguna infracción de las reglas y principios del derecho positivo se produciría si la Disposición adicional séptima, apartado 3, de la Ley 20/2021 objeto de este comentario fuese redactada así:

Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de las reglas contenidas en los artículos 10.2 y 11.3 del TREBEP sobre la selección del personal interino y del personal laboral, así como los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho”.

Insisto, aunque no se refiera expresamente esta Ley al incumplimiento por parte de la Administración de las reglas contenidas en los artículos 10.2 y 11.3 del TREBEP sobre la selección del personal interino y del personal laboral, que nadie dude que por aplicación de los indicados supuestos (letras a) y e) de la LPACAP) el incumplimiento de tales reglas supondría también incurrir en nulidad de pleno derecho.

Esta es la razón por la que titulé esta sombra de la nueva Ley como castigo parcial de las interinidades.

Y en este punto enlazo entonces con la más sombría disposición de esta Ley 20/2021: como todos adivinarán su Disposición adicional sexta.

3. La peligrosa, y probablemente inconstitucional, amnistía en los fraudes en el acceso al empleo público.

3.1. La Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1 [de esta Ley 20/2021], hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Para no perdernos, recuerdo que el artículo 61 TREBEP, en sus apartados 6 y 7 establecen: (6) Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

(7)  Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.

Y el artículo 2.1 de la Ley 20/2021 establece:

Adicionalmente a lo establecido en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020

3.2. Pues bien:

Es cierto que el artículo 61.6 del EBEP posibilita que en virtud de una ley pueda aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso (que consistirá únicamente en la valoración de méritos) como sistema de acceso al empleo público.

3.3. Pero también es cierto que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TREEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del EBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto)

3.4. Debe tenerse en cuenta que la propia Exposición de Motivos de la Ley recalca que el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Siendo ello así (no se pierda de vista en este momento ni al ciudadano ni el principio de igualdad) y valorando positivamente -repito-  las medidas drásticas de “castigo” a las Administraciones que a partir de ahora incumplan las normas sobre la interinidad, incluso admitiendo que alguna medida excepcional debe adoptarse respecto al personal interino actualmente “de larga duración”, lo que a mi juicio no encaja en los principios constitucionales indicados es que esta excepcionalidad del concurso abarque todas las situaciones de interinidad: me refiero al sistema de ingreso, es decir que abarque tanto las situaciones de interinidad en que el empleado superó algún tipo de prueba selectiva como aquéllas (que haberlas haylas) en que no conste se haya superado ninguna prueba selectiva.

Aquí es donde el ciudadano (sí, el ciudadano, por no decir el opositor que lleva también quince o veinte años presentándose e incluso superando alguna prueba selectiva) puede invocar el principio de igualdad. Como ya anunció el magistrado José Ramón Chaves en un artículo de su blog [https://delajusticia.com/2021/11/12/doce-consideraciones-de-urgencia-sobre-la-estabilizacion-de-interinos-con-cinco-anos-de-servicios/] “no puede adoptarse una medida de ese calado escuchando solo la voz sonora de la mayoría de interinos, y sin tener en cuenta ni la voz silenciosa de una inmensa mayoría de opositores de turno libre, que no han tenido oportunidad de ser interinos, y que se les reduce la oportunidad de acceder con juego limpio a plaza pública, y con menguadas ofertas en el futuro”

3.5. Me atrevo a decir aquí -aparte de dudar de la constitucionalidad de la medida- que esta “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público” a la vista de su Disposición adicional sexta supondrá una verdadera amnistía para las Administraciones Públicas incumplidoras de las normas de selección del personal interino ya que, después de regular con medidas contundentes y sancionadoras (como la declaración de nulidad de pleno derecho) las exigencias de la nueva interinidad, introduce una cláusula de perdón para los infractores anteriores.

3.6. ¿O acaso no se está perdonando a las Administraciones Públicas que realizaron nombramientos de personal interino sin ningún tipo de publicidad ni de realización de la más mínima prueba selectiva? ¿No se está amnistiando a las Administraciones Públicas -y excluyo los períodos de limitaciones de la tasa de reposición de efectivos por las leyes presupuestarias de los últimos años- que incumplieron la obligación legal de incluir en la oferta pública de empleo y consiguiente convocatoria anual las plazas vacantes ocupadas “por razones de urgencia” por interinos?

¿Y qué ocurre con aquéllas plazas para cuyo acceso se requiere, además de una titulación determinada, la superación del procesos y cursos selectivos específicos, como en el caso de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional?

3.7. No me estoy refiriendo pues, en esta crítica, a aquellas situaciones de larga interinidad en que los nombramientos del personal se hicieron tras la superación de alguna rápida y menos exigente prueba que las requeridas para la selección del funcionario de carrera. Y comprendo las duras y hasta angustiosas situaciones familiares de aquellos empleados interinos o temporales de larga duración.

3.8. Pero ¿qué ocurre con el principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas en cuanto a las situaciones descritas en el anterior párrafo 3.6 de ausencia de publicidad y de prueba de selección?

¿Qué piensa de esto el ciudadano de a pie? ¿y las situaciones familiares de aquellos ciudadanos y/o opositores “de larga duración” que no tuvieron la oportunidad de acceder al nombramiento interino y a demostrar su “mérito y capacidad” al haberse prescindido de dicha publicidad y realización de una mínima prueba selectiva de carácter objetivo?

Se que esto es una “patata caliente”. El legislador, con sus votos favorables en las Cortes Generales, la ha resuelto en la forma que ya conocemos. Pero tarde o temprano, de una forma u otra, le llegará también al Tribunal Constitucional. Y éste no se mueve por coyunturas políticas sino que se pronuncia a la luz de los principios de la CE, en este caso resulta fundamental, por las razones expuestas, los principios de legalidad e igualdad.

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LUCES Y SOMBRAS DE LA LEY DE REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO. (I) Las luces de la Ley 20/2021

La reciente Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20] ha sido objeto de infinidad de artículos, comentarios, reflexiones, críticas y titulares de prensa.

Las críticas sobre esta ley, que modifica fundamentalmente el régimen del personal interino y temporal de las Administraciones Públicas previsto en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre [TRLEBEP] se vierten con ríos de tinta sobre la previsión de la Disposición adicional sexta mediante la cual las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, siendo de naturaleza estructural y dotadas presupuestariamente, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Sin embargo, con ánimo constructivo considero conveniente analizar también los demás aspectos de la Ley.

Por ello, en este primer post me referiré a las novedades positivas de la misma, para analizar en un segundo artículo en este blog las sombras que, a mi juicio, se ciernen sobre el texto legal

El nuevo artículo 10 del TRLEBEP regula los funcionarios interinos, bajo las premisas siguientes:

DEFINICIÓN. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

SUPUESTOS Y PLAZOS DE DURACIÓN. Pueden nombrase en los supuestos siguientes y con la duración máxima que se indica:

a) Cuando existan plazas vacantes, si no es posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años.  En este supuesto, las plazas vacantes deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración Pública.

Transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino.

Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compensación económica.

b) Cuando sea necesaria la sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) Para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) Por el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.

En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interinidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63 (es decir, las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera), sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos.

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de:

– igualdad

– mérito

– capacidad

– publicidad y

– celeridad

 Tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto.

 El nombramiento derivado de estos procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter extraordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición de funcionario de carrera.

Hasta aquí, nada relevantemente nuevo bajo el sol, ya que en esencia la regulación hasta ahora vigente era similar.

 No obstante considero destacable y como medidas positivas:

► Los límites temporales de duración en cada uno de los supuestos

►La obligación de la Administración de iniciar de oficio la finalización de la relación de interinidad cuando concurran los supuestos antes indicados

► El sometimiento del procedimiento de selección del personal laboral temporal igualmente al principio de celeridad, y debiendo tener por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia

► Medidas de agilización de los procesos selectivos:

-“Las Administraciones Públicas deberán asegurar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de los procesos selectivos mediante la adopción de las medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de los procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras”. (Disposición adicional cuarta de la Ley). A mi juicio, no es que suponga una novedad, ya que las Administraciones Públicas ya estaban capacitadas para adoptar tales medidas en base el mero cumplimiento del principio constitucional de eficacia. Y particularmente me parecen apropiadas, quedándome no obstante una sombra de duda la medida de acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, como me planteaba en mi artículo publicado el 2/6/2021 [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/06/02/de-que-se-habla-cuando-se-habla-de-pruebas-memoristicas/] “no hay ningún problema (en principio, ya que a ver cómo se articula de forma que para hacer la segunda prueba ya esté calificada la primera), pero ¿y no se quejarán entonces los opositores -de nuevo-sobre la dureza de la oposición?”

-Así mismo, “las convocatorias de estabilización que se publiquen podrán prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración en bolsas ya existentes. En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación que la convocatoria considere suficiente”.

► El establecimiento de un régimen de responsabilidades y otros efectos en caso de incumplimiento de la normativa antes descrita sobre la selección y nombramiento de personal interino y personal laboral temporal, novedad que sí considero oportuno subrayar por su novedad en el régimen de la función pública española, ya que supone:

-la nulidad de pleno derecho de toda actuación cuyo contenido incumpla directa o indirectamente los plazos máximos de permanencia como personal temporal, sea mediante acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, o a través de las medidas que se adopten en su cumplimiento.

“Todo acto, pacto, acuerdo o disposición reglamentaria, así como las medidas que se adopten en su cumplimiento o desarrollo, cuyo contenido directa o indirectamente suponga el incumplimiento por parte de la Administración de los plazos máximos de permanencia como personal temporal será nulo de pleno derecho (Nueva disposición adicional decimoséptima, apartado 3, del TRLEBEP)

– una compensación económica para el personal temporal, que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo, no habiendo derecho a compensación en caso de que la finalización de la relación de servicio sea por causas disciplinarias o por renuncia voluntaria. (Nueva disposición adicional decimoséptima, apartado 4, del TRLEBEP)

-Más las responsabilidades que puedan proceder de acuerdo con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Hasta aquí las luces de la nueva Ley.

 Próximamente analizaré las sombras. [Véase el artículo sobre las «sombras» de esta Ley, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/07/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-ii-las-sombras-de-la-ley-20-2021/]

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Novedades normativas: LEYES DE PRESUPUESTOS GRALES. DEL ESTADO 2022 Y DE MEDIDAS PARA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO

En el BOE de hoy, 29 de diciembre de 2021, se publican las siguientes leyes:

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/22/dof/spa/pdf

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Ver el texto íntegro de la disposición aquí: https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20/dof/spa/pdf

Sin perjuicio de sucesivos artículos o comentarios que haré sobre estas Leyes, pueden verse estas otras entradas que publiqué en este sitio web sobre las materias indicadas en lo que afecta a la función pública, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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FUNCIÓN PÚBLICA: LA PREVISIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE DOS NORMAS DE PRÓXIMA APROBACIÓN. Inicua es la ley que a todos igual no es

Primera ley:

Disposición Final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que modifica el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [LRBRL].

El texto hasta ahora vigente del apartado 7 de la disposición adicional segunda de la LRBRL [ver, en este sitio web, el texto completo: https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con] dice:

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos.

 que quedará redactado como sigue:

“7. …….., teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”.

Debo recordar que en el artículo 92 bis de la LRBRL [no olvidemos que es una ley básica de competencia exclusiva estatal] se establece, en síntesis:

El apartado 1 fija las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional [FHN] (es decir, las de Secretaría y el control y las de fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación).

Los aptdos 2 y 3 regula, dentro de la citada escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional las distintas subescalas y categorías

El aptdo 4 atribuye al Gobierno, la regulación mediante real decreto, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a FHN así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas

El apartado 5 atribuye igualmente al Estado la aprobación de la oferta de empleo público, la selección, la formación y la habilitación de los FHN, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.

El apartado 6 atribuye también al Gobierno, mediante real decreto, la regulación de las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a FHN.

A las Comunidades Autónomas se atribuye en el apartado 7 los nombramientos provisionales de FHN, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental todo ello de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado,

El apartado 8 establece una condición de permanencia en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años

El apartado 9 regula el Registro de FHN

Los apartados 10 y 11 los órganos competentes para la incoación, instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios

Por consiguiente, esta modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local supondrá que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la selección, la oferta pública de empleo y la provisión para las plazas de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional corresponderá a la administración autonómica. Es decir, todo

Como se observará fácilmente con esta modificación legislativa y respecto a las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL), resulta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las facultades, todas las competencias, respecto a los mismos, corresponderá a la Administración de dicha Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el contenido de las Leyes de Presupuestos, según la función y los límites materiales derivados de su regulación constitucional. Así, por ejemplo, la Sentencia 206/2013, de 5 diciembre, o la Sentencia 217/2013, de 19 de diciembre.

Se que todo tiene que ver de forma directa o indirecta con los gastos e ingresos. Pero considero que conforme a la propia doctrina sentada por el mismo, el Tribunal Constitucional no puede apreciar, respecto a la Disposición Final primera antes indicada, su carácter inmediato y directo, ni tampoco su relación evidente con la ejecución del gasto público presupuestado.

Además, el principio de igualdad, ya recogido en el artículo 1 de la Constitución como valor supremo del ordenamiento jurídico, se proclama en el artículo 23.2 como uno de los derechos de todos los ciudadanos en cuanto al acceso a las funciones y cargos públicos. Difícilmente puede compatibilizarse constitucionalmente unas condiciones diferentes de acceso a la Escala de FHN en el territorio del País Vasco y en el resto de los territorios del Estado español con el mencionado principio de igualdad, que recordemos es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, con todo el respeto a los Sres. legisladores, considero que, como suele decirse “blanco y en botella”, es decir la inconstitucionalidad está servida.

Segunda ley:

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio) [Ver el texto de dicho Real Decreto-ley aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/con]

Disposición adicional sexta del Proyecto de Ley. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración:

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Nuevamente nos encontramos, a mi juicio, con la evidente vulneración del principio de igualdad. Me remito a mi artículo publicado en este blog el pasado 14 de noviembre: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

Si a ello unimos, en lo que a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (FHN) la prevista integración de los interinos en la Escala de habilitados (véase lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local antes aludido) se produce además una injusta, irregular, desproporcionada y en ningún caso justificada integración en una Escala de funcionarios de personal que no reúne los requisitos exigidos para que cualquier ciudadano en general, y me refiero a los opositores en particular, pueda realizar de forma permanente las funciones reservadas.

Decía hace cuatro siglos el escritor español Agustín de Rojas que “inicua es la ley que a todos igual no es”.

Y que razón tenía.

Al tiempo.