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NOVEDADES NORMATIVAS

Normativa al día: CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

ORDEN TER/1204/2021, DE 3 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS Y SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE A 2021, DE SUBVENCIONES DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES, EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

Contexto:

La cuarta política palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021 es una Administración para el siglo XXI, que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.

[Véase, en este sitio web, mis artículos:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/31/la-ley-de-resiliencia-luces-y-sombras/]

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/04/el-dictamen-del-consejo-de-estado-sobre-la-ley-de-resiliencia/

La inversión 3 de dicho componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas administraciones públicas

Administraciones locales destinatarias.-

Mediante esta Orden se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2021 de subvenciones dirigidas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las Entidades locales, destinada a los municipios de más de 50.000 habitantes, así como los de población inferior que tengan la consideración de capital de provincia.

Objetivos.-

Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:

a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.

b) Reducción de la brecha digital.

c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.

d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.

e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).

Plazo de ejecución.-

El período de ejecución del proyecto se determinará en la resolución de concesión y, en todo caso, estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2022

Requisitos de las actuaciones subvencionables.-

Las actuaciones que se propongan deberán cumplir, entre otros, con los requisitos siguientes:

Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión correspondientes.

-Compromiso de aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de «Mi carpeta ciudadana» de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.

Plazo de presentación de solicitudes.-

Las solicitudes se podrán presentar hasta las 15:00 horas del día 15 de diciembre de 2021.

Forma de presentación de solicitudes.-

Las solicitudes únicamente se podrán presentar de forma electrónica, a través del procedimiento previsto a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial (procedimientos–subvenciones)

Véase el texto completo de las bases y convocatoria aquí:

https://boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18176.pdf

[VÉASE MÁS NORMATIVA AL DÍA, aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA]

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Mis artículos

Una «ventanilla», por favor

El principio de eficacia exige que los servicios de  atención telefónica y presencial sean inmediatos y de calidad

Érase una vez una señora que no sabe manejar internet, quiere información sobre su próxima jubilación y la pensión correspondiente y otros datos complementarios.

Se informa de que debe pedir cita por internet. Lógicamente no puede hacerlo ya que ni siquiera tiene internet y no sabe utilizarlo.

Llama a un número de teléfono y al otro lado no está una persona sino un contestador con una serie de opciones a escoger: ninguna de ella encaja en lo que le interesa, que es recibir información sobre el asunto indicado.

Se desplaza a la oficina de la Seguridad Social para informarse del asunto: se encuentra con una larga cola que prácticamente da la vuelta al edificio de la Administración. Entabla conversación con otra señora, ésta le dice que si no tiene cita no tiene nada que hacer y le añade que ella consiguió la cita (a través de internet) un día a las 02:30 horas de la noche.

La Exposición motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) señala que en el título II, capítulo I sobre normas generales de actuación se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.

Es decir, el medio para relacionarse el ciudadano con la Administración puede ser presencial o electrónico (artículo 14.1 LPACAP). Y el ciudadano puede optar, en cualquier momento, por el medio de relación con la Administración, pudiendo incluso modificar el medio elegido también en cualquier momento; disponiendo el artículo 13 b) LPACP el derecho de las personas a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración.

 Todas las Administraciones Públicas (incluidas por supuesto las Entidades Locales) deben «hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional cuarta LPACAP: “Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio”

A nivel local, el artículo 230 del ROF dispone que debe existir en las EELL una Oficina de Información que canalice tanto la publicidad de las convocatorias y de los acuerdos adoptados como el resto de la información sobre la actividad municipal y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

Y con carácter general el art. 53.1 f) de la LPACAP dispone que el interesado tiene derecho a obtener información y orientación sobre los requisitos necesarios para los proyectos, actuaciones o solicitudes que pretenda realizar.

Por otra parte, actualmente se habla de modernización de la Administración Pública, administración electrónica, digitalización, “Next generation” (fondos de emergencia de la Unión Europea (UE) para relanzar la actividad económica, como consecuencia de la crisis por el COVID), …

Hasta aquí la descripción de un hecho real, que es solo un ejemplo de las quejas de ciudadanos de a pie sobre las dificultades para poder recibir información (directa, o presencial) de la Administración. Y la normativa vigente (que sin duda mejorará en muchos aspectos el funcionamiento electrónico de la Administración).

Como ya decía en mi artículo “La administración electrónica sí, pero una Administración Pública que sirva al ciudadano”, publicado en este sitio web el pasado 8 de abril, el ciudadano, además de la administración electrónica, lo que «quiere, en primer lugar, es que su Administración le atienda. Con ello me refiero a que simplemente atiendan por ejemplo su llamada telefónica o le atiendan presencialmente para obtener una información; pero que no se encuentre con un número telefónico que o bien tiene un coste adicional al normal o no es atendida la llamada o que solo después de muchos intentos es atendida. Es decir, que la Administración le atienda, ya sea de una manera presencial o telefónica o, en su caso telemáticamente. Y no me estoy refiriendo a “la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos” a través del medio telefónico o en su caso presencial a que se refiere el artículo 4 del Reglamento Administración-e (que también) sino a la mera consulta telefónica o en su caso presencial para obtener información de cualquier dato o trámite.»

Recuerdo que hace ya más de cuarenta años se hizo viral -como se dice ahora- aquella frase de que “se derribarán las ventanillas, como muros que separan a la Administración del administrado”, en alusión a la desaparición física de las ventanillas en las oficinas públicas, para sustituirlas por mesas o mostradores en las que el ciudadano se sentaba cara a cara con el empleado informador; y se trataba de evitar también el “vuelva usted mañana”.

Sin embargo, al leer el relato expuesto al principio de este artículo, que es solo un ejemplo (podrían levantar la mano muchos lectores de este artículo) de las dificultades con que se encuentra el ciudadano no ya para hacer un trámite sino simplemente para recibir información de la Administración, puedo asegurar que más de un ciudadano está echando de menos la existencia de aquellas ventanillas… aunque tuviera que volver al día siguiente.

Todo ello me lleva a terminar este artículo con la siguiente reflexión: ¿Cómo va la Administración en su deber de asistir al ciudadano en el uso de medios electrónicos? ¿Y qué grado de calidad tiene actualmente el canal presencial de atención/información al ciudadano?

 Véase el artículo antes aludido aquí: blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Normativa al día: NUEVA NORMA TÉCNICA DE INTEROPERABILIDAD DE MODELO DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO DE ASIENTOS ENTRE LAS ENTIDADES REGISTRALES

Mediante la Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos para el intercambio de asientos entre las entidades registrales.

Resumen:

Introducción y contexto.

Debemos partir del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), instrumento previsto para las relaciones electrónicas entre las Administraciones Públicas (AAPP) previsto en el artículo 156 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.

Su finalidad es la creación de las condiciones necesarias para garantizar el adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones públicas, que permitan el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes a través del acceso electrónico a los servicios públicos, a la vez que redunda en beneficio de la eficacia y la eficiencia.

El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica [https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/01/08/4/con] establece, en su disposición adicional primera, el desarrollo de la serie de Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) que son de obligado cumplimiento por parte de las Administraciones públicas. Así pues, las Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) desarrollan aspectos concretos de diversas cuestiones, tales como: documento electrónico, digitalización, expediente electrónico, copiado auténtico y conversión, política de firma, estándares, intermediación de datos, modelos de datos, gestión de documentos electrónicos, conexión a la red de comunicaciones de las Administraciones públicas españolas, modelo de datos para el intercambio de asientos registrales y declaración de conformidad; todos ellos necesarios para asegurar los aspectos más prácticos y operativos de la interoperabilidad entre las Administraciones públicas y con el ciudadano.

Objeto de esta NTI.

Esta NTI normaliza los intercambios registrales entre las oficinas de registro de las Administraciones Públicas para garantizar su interoperabilidad y, como novedad, permite la adecuación de los intercambios a las nuevas necesidades de las oficinas de registro y favorece el avance hacia una tramitación automatizada de la documentación intercambiada.

Mediante la aplicación SICRES (Sistemas de Información Común de Registros de Entrada y Salida) se fijan los criterios que deben cumplir todos los sistemas de Registro implantados o que se implanten en la Administración.

Esta aplicación o especificación, denominada SICRES 4.0, supone una evolución de su antecesora, SICRES 3.0

Ambito de aplicación y destinatarios.

El contenido de esta NTI es de aplicación para todos los órganos de la Administración pública (por consiguiente para todas las Entidades Locales) o Entidades de derecho Público vinculadas o dependientes, que participan en el intercambio de asientos registrales, ya sea para la prestación de servicios directos a los ciudadanos, como de cara al intercambio de información con otros órganos.

Dentro del ámbito de aplicación definido, los destinatarios del contenido de esta norma son los siguientes:

Responsables de sedes electrónicas y, por tanto, de garantizar los requisitos de interoperabilidad de las mismas y, concretamente, de sus registros electrónicos.

Responsables y administradores de aplicaciones, redes y servicios corporativos de cualquier órgano.

Entrada en vigor.

Esta Norma Técnica (SICRES4) se aplicará desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», es decir desde el 11 de agosto de 2021

No obstante, se dispondrá de un año para la adaptación de la anterior Norma Técnica de Interoperabilidad (SICRES3).

Durante este período (es decir, hasta el 10 de agosto de 2022), ambas versiones estarán vigentes.

-[Puede verse el texto completo de esta disposición y demás Normativa reciente de interés en: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA ]

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Local (LUANCO-GOZÓN), Regional (ASTURIAS)

Nuevos contenidos: REGIONAL (ASTURIAS) / LOCAL (LUANCO-GOZÓN)

Regional (ASTURIAS):

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Consejería de Presidencia. Sellos electrónicos y actuaciones administrativas automatizadas

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se crean sellos electrónicos y se regulan actuaciones administrativas automatizadas dentro del ámbito de las competencias funcionales de la Consejería de Presidencia.

Resumen:

Esta disposición tiene por objeto la creación de sellos electrónicos de la Consejería de Presidencia y la regulación de las actuaciones administrativas automatizadas a las que se aplicarán.

En concreto, se crean los siguientes sellos:

a) Sello electrónico del Principado de Asturias.

b) Sello electrónico “Plataforma de firma electrónica de la Administración del Principado de Asturias.”

c) Sello electrónico “Principado de Asturias plataformas externas.”

d) Sello electrónico “Firma justicia Principado de Asturias.

El sello electrónico es un sistema de identificación de las Administraciones Públicas en sus actuaciones administrativas por medios electrónicos. Conforme al artículo 19.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

Así mismo en esta Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, se establecen las actuaciones administrativas automatizadas a las que se aplicarán cada uno de los citados sellos electrónicos [véanse artículos 4 y 6]

Recordar que se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público (artículo 41.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)

En cuanto a los órganos competentes en materia de las actuaciones administrativas automatizadas incluidas en esta resolución serán los siguientes:

a) Para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital.

b) A efectos de impugnación de las actuaciones administrativas automatizadas, será responsable la persona titular de Consejería de Presidencia.

Esta Resolución entra en vigor el día 6 de agosto de 2021

Recordar finalmente que a la Consejería de Presidencia le corresponden, entre otras, las funciones siguientes:

– Justicia, seguridad pública e interior. 

– Administración Local.

– Gobierno abierto, transparencia de la actividad pública y participación ciudadana.

– Modernización de los procesos administrativos. 

– Gestión centralizada del soporte tecnológico y los servicios informáticos y de comunicaciones de la Administración del Principado de Asturias

Ver el texto completo de esta disposición aquí: https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/05/2021-07524.pdf

[Ver página completa de Regional (Asturias) en: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/]

Local (LUANCO-GOZÓN):

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD GENERAL:

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD GENERAL: DÓNDE, MEDIOS, FORMA, REQUISITOS.

Ver aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/#PRESENTACI%C3%93N-DE-SOLICITUD-GENERAL

[Ver página completa de Local (LUANCO-GOZÓN EN: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/

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Normativa al día: Sede electrónica asociada del M. de Justicia y solicitudes de adhesión al Fondo de Ordenación (para municipios en riesgo financiero)

Orden JUS/806/2021, de 22 de julio, por la que se crea una segunda sede electrónica asociada al Ministerio de Justicia

Resumen:

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento e-Administración [https://www.boe.es/eli/es/rd/2021/03/30/203/con] se pueden crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede electrónica atendiendo a razones técnicas y organizativas.

La sede electrónica asociada tendrá consideración de sede electrónica a todos los efectos.

En este caso, como indica la exposición de motivos de esta Orden Ministerial, desde la entrada en vigor de la Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia (SEMJ), la evolución tecnológica constante permite abordar los retos de transformación digital del Ministerio de Justicia desde diversos entornos y ámbitos tecnológicos. Ante esta evolución, resulta preciso prever la articulación de nuevos procedimientos y servicios, prestados por la propia sede o a través de nuevas plataformas, cuya implantación añaden complejidad técnica a la actual sede principal, por lo que la configuración de una nueva sede electrónica asociada permitirá lograr una mayor rapidez, agilidad y eficacia en los servicios prestados por el Ministerio de Justicia a los ciudadanos y empresas. La dirección electrónica de la sede electrónica asociada será https://sede2.mjusticia.gob.es

También se dispone, en cuanto al contenido de esta sede electrónica asociada que podrá referenciar al contenido ya existente en la sede electrónica del Ministerio de Justicia creada mediante Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero. En todo caso, se realizarán a través de la sede electrónica asociada las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran mecanismos de autenticación de los ciudadanos o del Ministerio de Justicia en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, ya existentes en la sede electrónica del Ministerio de Justicia creada mediante Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero, que, por razones técnicas u organizativas, resulte preciso migrar a la nueva sede electrónica asociada, así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la misma por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos.

[La dirección de la actual sede electrónica es https://sede.mjusticia.gob.es/es ]

La puesta en funcionamiento de la nueva sede electrónica asociada se anunciará en la sede electrónica de la Administración General del Estado, como sede del Punto de Acceso General electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado, así como en la sede electrónica del Ministerio de Justicia creada mediante Orden JUS/485/2010, de 25 de febrero.

[Véase el texto completo de esta Orden Ministerial aquí: https://www.boe.es/eli/es/o/2021/07/22/jus806

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico

Resumen:

Se determinan los municipios que se encuentran incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación del artículo 39.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, por concurrir alguna de las situaciones establecidas en dicho precepto, es decir los municipios que pueden solicitar la adhesión al denominado Fondo de Ordenación que tiene por objeto posibilitar la reconducción de la situación de municipios en riesgo financiero siempre que hayan cumplido con sus obligaciones de remisión de información económica-financiera, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales y la de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y se encuentren en situación de riesgo financiero. Entendiendo por éste cuando la deuda viva a 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior exceda del 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados a aquella fecha y además: se encuentre en las situaciones descritas en las letras a), b) o c) del artículo 21 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros [https://www.boe.es/eli/es/rdl/2013/06/28/8/con] conforme a los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda y Función Pública de las liquidaciones de los Presupuestos correspondientes a los dos ejercicios presupuestarios inmediatamente anteriores, o bien les hayan sido concedidas las medidas extraordinarias de aquella norma.

Los límites relativos al nivel de deuda se entenderán aplicables aun cuando los municipios estén sujetos a un plan de reducción de deuda y lo estén cumpliendo. La relación de municipios es objeto de publicación en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de Hacienda y Función Pública [https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/Administracion%20Electronica/OVEELL/Paginas/OVEntidadesLocales.aspx]

En el plazo de un mes desde la publicación de esta Resolución, es decir hasta el 30 de agosto, los municipios incluidos en la relación podrán remitir su solicitud de adhesión al Fondo de Ordenación para 2022

No obstante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concede una ampliación del plazo anterior en 15 días adicionales, teniendo en cuenta las circunstancias y que no se perjudican derechos de tercero. El plazo de remisión, incluyendo esta ampliación, se comunicará a través de la mencionada Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales.

-Véase el texto íntegro en https://boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12699.pdf]

Más normativa al día, en este sitio web: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA

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UN EJEMPLO DE SIMPLIFICACIÓN EN EL ACCESO ELECTRÓNICO DEL CIUDADANO A LA ADMINISTRACIÓN: LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

Conforme al artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y 5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (para abreviar, lo denomino aquí Reglamento e-Administración) se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público que permite el acceso a través de internet a la información y, en su caso, a la sede electrónica o sede electrónica asociada correspondiente.

Por otra parte, de acuerdo con lo previsto en los artículos 38 de la LRJSP y 9 del Reglamento e-Administración, una sede electrónica es aquella dirección electrónica disponible para la ciudadanía por medio de redes de telecomunicaciones. Mediante dicha sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

Además, conforme al artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. El artículo 43.4 de la misma ley establece que los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso. Igualmente el artículo 53.1 a) dispone que quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, tendrán derecho, a través del citado Punto de Acceso General electrónico de la Administración a consultar la información sobre el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados, así como acceder a los documentos contenidos en los citados procedimientos.

Y el artículo 7 del citado Reglamento e-Administración vino a completar lo anterior estableciendo que las Administraciones Públicas debe contar con un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), el cual facilitará el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente.

Pero la cosa no queda ahí, ya que el artículo 16 de la LPACAP (desarrollado por los artículos 37 a 40 del Reglamento e-Administración) exigen que cada Administración Pública tenga un Registro Electrónico General para hacer el asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente.

Resultado de todo lo cual el ciudadano de a pie -y a veces el empleado público- se encuentra no tanto con el monstruo marino de la Biblia, el Leviathan que Hobbes eligió como símbolo del poder irresistible del Estado, pero sí con una serie de conceptos, de vías de entrada electrónica a la Administración que parecen lo mismo pero son cosas distintas y en definitiva se hace preguntarse ¿pero dónde he de pinchar (clicar)? ¿he de buscar la dirección de internet, la sede electrónica, el registro electrónico, el punto de acceso general? ¿y éste dónde está?

No digamos si navegamos por los mares de la contratación pública, para lo cual el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público exige a todas las Administraciones Públicas un Portal de Contratante, que debe difundirse exclusivamente a través de internet, portal que agrupa la información y documentos relativos a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el acceso público a los mismos.

Pues bien -aunque alguien dirá, y yo también, que es a la hora de cobrar cuando la Administración se apresura a ponerle las cosas fáciles al ciudadano- lo cierto es que acaba de publicarse la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2009, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Las características fundamentales de esta norma que regula la sede electrónica de la AEAT son las siguientes:

-Incluye la información y cumple las funciones de portal de Internet de la Agencia Tributaria en los términos establecidos en el artículo 39 de la LRJSP, y en el artículo 5 del Reglamento e-Administración).

-Abarca la totalidad de los órganos de la Agencia Tributaria, a la cual corresponde su titularidad, y extiende su ámbito de aplicación a todas las actuaciones y procedimientos de su competencia.

-Mediante esta sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios de la Agencia Tributaria que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.

-Esta sede será accesible a través del punto de acceso general electrónico (PAGe) de la Administración General del Estado previsto en el artículo 7 del Reglamento e-Administración. Debe indicarse en este sentido que la dirección de dicho punto de acceso general es: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/HomeSede.html

-En esta sede electrónica se cumplirá lo establecido en el artículo 15 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es decir los interesados que se dirijan a una sede de la misma ubicada en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ésta.

-Tendrá en todo caso a disposición de las personas interesadas la totalidad del contenido y de los servicios establecidos en el artículo 11 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

-Además, dispondrá de los siguientes servicios adicionales a disposición de las personas interesadas:

a) Registro electrónico de la Agencia Tributaria, con información detallada del calendario de días inhábiles a efectos de la presentación de documentos electrónicos en el Registro electrónico.

b) Acceso a la información sobre actuaciones y procedimientos de contratación pública en los términos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

c) Acceso electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas con los efectos propios de la notificación por comparecencia.

En definitiva, pasan a unificarse los canales de acceso electrónico a la Agencia, de modo que ésta contará con una sede electrónica que cumplirá también las funciones de portal de Internet, por lo que se suprime el portal actual, alcanzando así una eficiencia mayor en el empleo de sus recursos económicos y tecnológicos y facilitando asimismo el acceso electrónico por parte de los ciudadanos en las distintas lenguas cooficiales a la información y a los servicios que la Agencia Tributaria ofrece a través de un único punto. El ciudadano, por tanto, ya no tendrá que romperse la cabeza navegando en busca del punto de acceso, registro general, portal de internet, servicio de información, etc. de la Agencia Tributaria Por cierto, la dirección electrónica de la sede electrónica es: https://sede.agenciatributaria.gob.es

Un ejemplo a seguir por aquellas entidades locales (y otras Administraciones Públicas) cuyo acceso electrónico no es fácil ni sencillo. Si bien cada entidad local, cada Ayuntamiento, es libre y autónomo para crear y regular sus instrumentos de acceso electrónico, no está de más que los responsables de los mismos se fijen en el ejemplo que acabo de relatar de la AEAT en aras a la simplificación, eficiencia y poner la Administración más fácil y accesible al ciudadano.

A la vez que recordar que conforme a la Disposición adicional segunda de la LPACAP y artículo 65 del Reglamento e-Administración, la adhesión de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales al uso de las plataformas, registros o servicios electrónicos de la Administración General del Estado prevista en la LPACAP y en la LRJSP, y en el Reglamento e-Administración, así como a aquellos otros que puedan facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en estas normas se realizará mediante adhesión voluntaria por el órgano competente de la Administración Pública que corresponda

Pero aunque la adhesión es voluntaria, la no adhesión deberá justificarse en términos de eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), para lo que se enviará el correspondiente informe al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en el que deberá incluirse la justificación del cumplimiento de los requisitos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, de plataformas, registros o servicios electrónicos que se utilicen, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen en sus correspondientes plataformas.

La Resolución que acabo de comentar puede verse aquí: https://www.boe.es/eli/es/res/2021/07/12/(1)

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos

¿Sabías que se aprobará un nuevo Esquema Nacional de Seguridad para el sector público y está abierto el plazo para observaciones por los ciudadanos?

Hasta el próximo jueves día 24-06-2021 está abierto a todos los ciudadanos el plazo para observaciones al proyecto de Real Decreto sobre regulación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

El ENS tiene por objeto determinar la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el sector público y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada.

El proyecto es una de las medidas contenidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros sobre actuaciones urgentes en materia de ciberseguridad, de 25 de mayo de 2021. Se pretende actualizar el vigente Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS), para adaptarlo a la nueva realidad y al incremento de las ciberamenzas tanto cuantitativa como cualitativamente.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 13 sobre derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones públicas, entre ellos el relativo a la protección de datos personales y, en particular, el derecho a la seguridad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones públicas

Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público amplía el ámbito de aplicación del ENS a todo el sector público; establece en su artículo 3, que regula los principios generales, que las Administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos personales, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados

 El objetivo de esta reforma es garantizar una mejor respuesta ante los ciberataques, así como mejorar la protección en el tratamiento de datos por el Sector Público y aquellas entidades del Sector Privado que colaboren con aquél, estableciendo unos principios básicos y unos requisitos mínimos de seguridad y medidas de protección que deberán llevarse a cabo.

Según se prevé en la Disposición transitoria, los sistemas de información de las Administraciones Públicas y demás entidades del sector público, preexistentes a la entrada en vigor del Real Decreto (cuando se publique en el BOE), dispondrán de veinticuatro meses para alcanzar su plena adecuación al ENS

El texto completo del proyecto de Real Decreto y el espacio para la participación pública se encuentran a disposición de cualquier ciudadano en:

https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/participacionpublica/audienciapublica/Paginas/210615-PRD-esquema-nacional-seguridad.aspx

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Administración electrónica: avances para el ciudadano en Seguridad Social y Justicia

Dos disposiciones publicadas hoy, 31 de enero de 2021, en el BOE, establecen mecanismos para facilitar al ciudadano su relación electrónica con la Administración.

Por un lado, se establecen medios más sencillos para el ciudadano para asegurar la verificación de la identidad, la expresión de la voluntad y la prestación del consentimiento, en la realización de trámites con la Seguridad Social a través de los canales telefónico y telemático.

Mediante la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se habilita la presentación de solicitudes y documentos, así como la realización de trámites y el acceso a servicios a través de los canales telefónico y telemático.

Como se justifica en la Exposición de Motivos, la utilización de los servicios electrónicos de la Seguridad Social continúa siendo minoritaria, en contraste con el potente crecimiento que ha experimentado en la sociedad española la utilización de las nuevas tecnologías e internet, que se ha configurado como el canal preferente, incluso prácticamente exclusivo, en distintos ámbitos de actividad, especialmente en el sector servicios. Y se constata también que el uso de certificados electrónicos o de cl@ve como medios de identificación no está suficientemente extendido entre los ciudadanos.

Por ello, ambas realidades sugieren la oportunidad de complementar la actual oferta de servicios con nuevos medios más sencillos que aseguren tanto la verificación de la identidad y de la expresión de la voluntad como la prestación del consentimiento por parte de los interesados, en las solicitudes.

Para la realización por medio de los canales telefónico y telemático de los trámites y actuaciones que en cada momento consten relacionados en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, será necesario identificarse ante la Administración de la Seguridad Social mediante los sistemas previstos en esta resolución, que son:

certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen los incorporados al documento nacional de identidad.

videoconferencia o vídeo-identificación.

sistemas de identificación basados en datos biométricos

– sistemas de identificación distintos de los basados en certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen el sistema Cl@ve, tanto en su modalidad de Cl@ve PIN como de Cl@ve permanente, el acceso mediante código de un solo uso enviado al móvil del ciudadano cuyo número se encuentre registrado en la Seguridad Social (acceso vía SMS), el código seguro de verificación o código electrónico de autenticidad (en adelante, CSV/CEA) que conste en el acto o comunicación de que se trate, así como otros sistemas de identificación basados en datos de contraste (referencia, contraseñas u otros).

Respecto a estos últimos sistemas, da más fácil utilización por el ciudadano, éste deberá obtener previamente en la sede electrónica, una vez autenticado, un código de acceso, con validez temporal limitada, que deberá facilitar en la interlocución telefónica o a través del servicio que se habilite, pudiendo ser solicitados, si ello fuera necesario, otros datos de contraste para verificar la identidad. Una vez validados los mismos, se procederá a tramitar la demanda solicitada.

Véase el texto completo de esta Resolución en el siguiente enlace:

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf

Por otro lado, la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.

Véase el texto completo de esta Resolución en el siguiente enlace:

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf

[Puedes visitar también, en este sitio web, la página:

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que está abierta una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del servicio público de la justicia?

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

La Ley de Eficiencia Digital propuesta aborda un marco jurídico que facilite y promueva el avance en el camino de la transformación digital de la Justicia, en el marco de garantizar al ciudadano el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), resultando esencial para garantizar este derecho que la Administración de Justicia sea una administración moderna y eficiente.

Los avances en tecnología exigen aprovecharla en beneficio de los ciudadanos, implementando nuevas soluciones dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son:

– la posibilidad de consultar electrónicamente sus trámites judiciales

– permitir la realización de numerosas actuaciones por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario en oficinas de justicia próximas a su domicilio.

– la realización mediante sistemas de inmediación digital, de actuaciones que tradicionalmente se realizaban presencialmente (juicios, comparecencias, mediación).

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es

El cuestionario que se plantea a los ciudadanos, además de la relación de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa legislativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la misma, puede verse en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20p%C3%BAblica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf

[Esta entrada puede verse igualmente, en mi blog, clicando en la página de información administrativa (véase menú en el margen superior derecho), en el enlace: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?]

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

La administración electrónica sí, pero una Administración Pública que sirva al ciudadano

Estos últimos días se habla (y cualquier ciudadano de a pie habrá “oído algo”) de la administración electrónica, del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos [yo lo denomino aquí, por abreviar, Reglamento Administración-e], de la Agenda España Digital 2025, de impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas… Y si a ello añadimos que -según anuncia su exposición de motivos- el citado Reglamento persigue cuatro grandes objetivos, como son mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica, pues el asunto suena muy bien, es elogiable -en aras a la simplificación normativa- la unificación en un único texto reglamentario el desarrollo en esta materia de las leyes 39 y 40 de 2015, es decir la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Y sin duda supone un paso más, a nivel reglamentario, para el funcionamiento electrónico de la Administración.

Ahora bien -y por ello este post podría también titularse “La administración electrónica desde la perspectiva ciudadana”- ¿está produciendo y producirá efectos positivos en la ciudadanía? ¿supone en la práctica un avance en la práctica de cada día en el cumplimiento por la Administración de los mandatos del artículo 103.1 de la C.E. como lo son, entre otros, los de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho?

Cuando un servidor impartía algún curso o charla formativa, a raíz de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos los Servicios Públicos (va a hacer catorce años), transmitía el mensaje de distinguir entre informatización y “administración electrónica”, ya que en el seno de la Administración aquélla es una herramienta (aplicaciones, programas para automatización de procesos, a veces sin interrelación con el ciudadano, como un programa de contabilidad por ejemplo) mientras que el término “administración electrónica” en el sentido regulado por aquella ley, y teniendo en cuenta los fines de la Administración Pública, es más amplio, es aquel en el que se interactúa con el ciudadano (ya sea mediante la presentación de una solicitud en un registro electrónico, o aquél obtiene información -precisa y actualizada- a través de un portal de internet de la Administración, o recibe una notificación electrónica o hace un pago por medios telemáticos).

Por otra parte, desde el prisma de los rectores políticos -a nivel local, y hablo de experiencias vividas o conocidas, no quiero generalizar ya que soy consciente de la existencia de entidades locales muy avanzadas en la materia y desde aquellos lejanos tiempos, aunque intuyo que muchos Ayuntamientos están, desgraciadamente, todavía en la “prehistoria” de la administración electrónica- los recuerdos que tengo son, por una parte, los anuncios a bombo y platillo en muchas entidades locales de haber implantado dicha “administración electrónica”, cuando en realidad se trataba de la adquisición de determinada aplicación informática para la gestión de un trámite o para la gestión de expedientes, pero sin una planificación y estrategia que abarcase los aspectos jurídicos, tecnológicos, organizativos, de simplificación procedimental, formativos y económicos, aspectos todos ellos imprescindibles para hacer una transformación adecuada, decidida y permanente de la Administración “en papel” a la Administración “electrónica” que, además de cumplir los requisitos legales, sea efectiva a los ojos del ciudadano.

Y, unos años más tarde, cuando las leyes 39 y 40 de 2015 comenzaron a apretar a las Administraciones Públicas exigiendo ya su funcionamiento electrónico aunque con sucesivas prórrogas para determinados aspectos (registro electrónico, sede electrónica, punto de acceso general, registro electrónico de apoderamientos…) recuerdo también que tratando en determinados foros o con compañeros y otros empleados públicos la situación de retraso considerable en la implantación de los requerimientos legales a pesar de las advertencias y recordatorios hechos a los responsables políticos correspondientes yo resumía la situación afirmando (en relación a la pregunta de ¿entonces qué va a pasar ante tal retraso e incumplimientos de las exigencias legales en la materia?) que, por un lado, el problema iba a surgir (y en consecuencia tendría que reaccionar la Corporación) cuando hubiese que relacionarse (electrónicamente, por imperativo legal) con otra Administración o cuando alguna de las personas físicas o jurídicas obligadas a relacionarse electrónicamente con nuestra Administración protestase -no creo que fuese más allá de la protesta, pues no conozco muchos casos de acudir tales personas a la impugnación en vía administrativa o jurisdiccional por tal anomalía-; y que por otro lado -esto sí que hace reaccionar a los máximos responsables políticos- cuando miles de vecinos se concentrasen en la correspondiente Plaza Mayor (o, en definitiva, frente al Ayuntamiento) exigiendo a éste la implantación de la administración electrónica entonces sí que la reacción iba a ser inmediata; lo que ocurre -terminaba yo argumentando- esto último difícilmente va a ocurrir, al menos a corto plazo.

Y es que los ciudadanos lo que quieren, además de que la Administración cumpla la ley (artículos 38 a 46 de la Ley 40/2015 y 9 a 12, 13 b), 14, 16, 36, etc. de la LPACAP) funcionando la misma electrónicamente con toda la extensión que dichas normas más el reciente Reglamento de desarrollo exigen (¿cómo no van a querer aquéllos el funcionamiento electrónico? ¿acaso cuando se inventó la máquina de escribir alguien pretendía que los documentos de su Administración siguiesen siendo manuscritos?), pues lo que quieren -digo- es:

-en primer lugar, que su Administración le atienda. Con ello me refiero a que simplemente atiendan por ejemplo su llamada telefónica o le atiendan presencialmente para obtener una información; pero que no se encuentre con un número telefónico que o bien tiene un coste adicional al normal o no es atendida la llamada o que solo después de muchos intentos es atendida. Es decir, que la Administración le atienda, ya sea de una manera presencial o telefónica o, en su caso telemáticamente. Y no me estoy refiriendo a “la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos” a través del medio telefónico o en su caso presencial a que se refiere el artículo 4 del Reglamento Administración-e (que también) sino a la mera consulta telefónica o en su caso presencial para obtener información de cualquier dato o trámite.

-que no le exijan documentos ya presentados o que obran en poder de la Administración o no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate (artículo 53.1 d) LPACAP)

– que le traten las autoridades y empleados públicos con respeto y deferencia, y que les faciliten el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 13 e) LPACAP.

– que le “contesten” (utilizo la expresión del ciudadano de a pie) su solicitud. Y es que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (artículo 21 de la LPACAP). Sin embargo, si ni siquiera se cumplen los mandatos de publicidad activa (me remito al post publicado en este sitio web el pasado 15 de febrero en relación a los porcentajes de cumplimiento por los Ayuntamiento de las obligaciones de publicidad activa, blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/) ¿qué pasa con los cientos y miles de solicitudes que no son contestadas por la Administración? ¿cuántos ciudadanos están esperando por la contestación a aquél escrito que presentaron hace x meses o incluso años? ¿se ha mejorado -con la implantación de la “administración electrónica”- respecto al abuso del silencio por parte de la Administración?

Esto es resumidamente, en síntesis, lo que el ciudadano quiere. Y no me estoy refiriendo solo a la cuarta parte de la población española, que está constituida por personas mayores de sesenta años, lo que supone más de 12.000.00 de habitantes, sino al conjunto de la población hasta alcanzar los algo más de 47.000.000.

En este sentido, cobra especial importancia:

► el principio de accesibilidad del artículo 2.1 b) del reciente Reglamento Administración-e, consistente en el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. También el principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio (artículo 2.1 c) del mismo Reglamento)

► así mismo, la obligación de la Administración (artículo 4 del Reglamento que cito) de prestar la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los canales que se indican, es decir, presencial, a través de las oficinas de asistencia, portales de internet, sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en la ley.

► por supuesto, el funcionamiento electrónico en cuanto se refiere a la gestión mediante documentos y expedientes electrónicos (artículos 46 y 51), notificaciones electrónicas (artículos 41 a 45), sedes electrónicas con los servicios a los ciudadanos relacionados en el artículo 11.2 del Reglamento y con la responsabilidad exigida en el artículo 12 a los responsables sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de dichas sedes; y con la actuación administrativa automatizada (del artículo 13 del Reglamento)

¿Acaso con estos instrumentos tecnológicos, tan necesarios y dotados de los mecanismos técnicos y legales precisos, no serán capaces las Administraciones Públicas de resolver, de contestar a todas las solicitudes que se le formulen y de recibir atención inmediata (a través de cualquiera de los canales indicados) sobre cualquier duda que en relación a la organización, funcionamiento y competencias de la Administración le formulen los ciudadanos?

Si es así, el ciudadano podrá afirmar que la administración electrónica supuso que la Administración Pública sirve al ciudadano. Veremos.