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EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN INSTA A LAS ENTIDADES LOCALES MEJORAR EN LA APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Se trata de la Resolución de 18 de mayo de 2021, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en las entidades locales [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con]

El ámbito objetivo de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas se centró en los aspectos siguientes:

► Cumplimiento de la normativa sobre publicidad activa, incluyendo la efectiva creación de los portales de transparencia y otros medios de publicidad activa, así como un análisis de su contenido, con objeto de determinar si se ajustan a lo previsto en la Ley. Se han verificado las páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas.

Regulación de la materia: Artículo 5 de la Ley 19/2013, de(9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG).  Las EELL deben publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

Dicha información debe publicarse en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables

El contenido principal de las obligaciones de publicidad activa se encuentra en los artículos:

6.- Información institucional, organizativa y de planificación

6 bis.- Registro de actividades de tratamiento

7.- Información de relevancia jurídica

8.- Información económica, presupuestaria y estadística

Y en otras disposiciones estatales, como la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el TRLHL y el RD 424/2017, de 18 de abril

► Aplicación del régimen sancionador en materia económico-presupuestaria previsto en el marco de la regulación sobre buen gobierno. Se ha examinado la información en materia de control interno remitida por los órganos de Intervención y se ha solicitado información complementaria:

Regulación de la materia: Artículos 27, 28 y 29 LTAIBG

Las CONCLUSIONES del Tribunal de Cuentas, tras dicha fiscalización son, en síntesis, las siguientes

► CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DE LA PUBLICIDAD ACTIVA

 1. Las entidades locales analizadas disponen, en su mayoría, de página web, portal de transparencia y sede electrónica, instrumentos esenciales para el cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa de la información pública, si bien los porcentajes disminuyen significativamente en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).

 En las entidades que no disponen de portal de transparencia, pese a que su carencia no implica un incumplimiento legal, la presentación de la información a través de otros medios no favorece, en ocasiones, el conocimiento inmediato de la organización y el funcionamiento de aquellas, lo que afecta negativamente a la transparencia de la actividad pública.

2. Un número significativo de municipios de población inferior a 5.000 habitantes y de entidades locales de menor dimensión disponen de portales de transparencia y sedes electrónicas fruto de la asistencia prestada por las respectivas diputaciones, comunidades autónomas o del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que proporcionaba un modelo normalizado susceptible de ser utilizado por las entidades locales, a través del denominado Portal de Administración Electrónica.

3. La mayoría de las entidades dependientes disponen de página web propia o publican la información a través de la de su entidad principal, pero existe un porcentaje significativo de tales entidades dependientes que carecen de portal de transparencia (un 54 %) o de sede electrónica (un 83 %), lo que repercute negativamente en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa a que se encuentran sujetas.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PUBLICIDAD ACTIVA

 A) EN RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA Y DE PLANIFICACIÓN

— La información sobre las funciones desempeñadas por las entidades locales, incluyendo los denominados catálogos de servicios y de procedimientos administrativos, se publica en la gran mayoría de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas, mientras que en las mancomunidades y agrupaciones de municipios y Entidades de ámbito territorial inferior al Municipio (EATIM), los resultados son muy inferiores. En este último colectivo, las limitaciones de recursos personales y materiales dificultan el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de publicidad activa.

— La publicación de información correspondiente a la normativa que sea de aplicación a la entidad, es muy reducida en lo referente a la regulación estatal o autonómica, para toda clase de entidades locales y, en los ayuntamientos, prácticamente para todos los tramos de población.

 En los ayuntamientos de municipios de mayor número de habitantes se incrementa el grado de cumplimiento de la obligación de publicar la normativa de la propia entidad local, siendo dicha publicación muy inferior en los ayuntamientos de hasta 1.000 habitantes y en el resto entidades de reducida dimensión.

—- En relación con la estructura organizativa, la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes publican la información sobre la composición del Pleno de la Corporación, observándose un porcentaje inferior respecto a la publicación de la composición de la Junta de Gobierno Local, órgano que no es obligatorio en los municipios de menos de 5.000 habitantes.

 —- La información sobre la Comisión Especial de Cuentas, de la que deben disponer todos los municipios, no se publica por el 56 % de los ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes; mientras que la relativa a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo se encuentra publicada en el 2 % de las entidades analizadas, si bien la gran mayoría de ellas no estaban obligadas a disponer de ella, al no ser municipios de gran población.

—- En la práctica totalidad de los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y en todas las diputaciones, cabildos y consejos insulares y áreas metropolitanas se publica la información sobre las concejalías o áreas de gobierno. Por su parte, en todos los municipios de gran población, excepto en tres de ellos, se encuentra disponible la información sobre las Juntas Municipales de Distrito, órgano de existencia obligatoria en tales ayuntamientos.

 —- En un número significativo de ayuntamientos de población inferior a 1.000 habitantes y de entidades de menor dimensión no se publica la información sobre el presidente y los miembros del máximo órgano de gobierno, o bien figuran los titulares de la Corporación anterior, al no haber sido actualizada la información tras las elecciones locales celebradas el 26 de mayo de 2019. En ciertos casos solo se publica la composición de la Junta de Gobierno Local.

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SANCIONADOR PREVISTO EN LA LTAIBG EN LAS ENTIDADES LOCALES

Por lo que se refiere a las causas de la ausencia de procedimientos sancionadores por infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria, detectada en la fiscalización, debe considerarse:

– el desconocimiento del referido régimen sancionador, como lo demuestra la falta de comunicación observada de hechos advertidos por los órganos de Intervención que pudieran ser constitutivos de dichas infracciones

– también puede guardar relación con las dificultades que plantea la adaptación de la regulación contenida en la LTAIBG al régimen jurídico local, y que se manifiestan tanto en la identificación de los posibles responsables de las infracciones tipificadas en el artículo 28 de la citada Ley, como en la regulación del procedimiento sancionador.

De acuerdo con el artículo 25.2 de la LTAIBG, las normas sobre buen gobierno contenidas en su Título II son de aplicación a “los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales”. La aplicación de esta norma plantea el problema de la ausencia en la legislación estatal básica de régimen local de una definición del concepto de “alto cargo”. Es cierto que la legislación autonómica sobre régimen local o los reglamentos orgánicos aprobados por la propia entidad local pueden establecer esa definición, pero, en su defecto, la identificación de los gestores sometidos, en su condición de altos cargos o asimilados, a la regulación del buen gobierno contenida en el mencionado Título II de la Ley requiere la aplicación analógica de otras normas, en virtud del artículo 25.1, segundo párrafo, de la LTAIBG, que establece que, a los efectos de la aplicación de las disposiciones sobre buen gobierno en el ámbito de la Administración General del Estado, “se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses”

El artículo 75.8 de la LRBRL establece que, durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los miembros de las Corporaciones Locales que hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se organice el gobierno local les serán de aplicación, en el ámbito territorial de su competencia, las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

 Por su parte, la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, se refiere al personal directivo que no es miembro electo de las Corporaciones Locales, disponiendo la aplicación a los titulares de los órganos directivos de las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el artículo 15 de la mencionada Ley 3/2015, en los términos en que establece el artículo 75.8 LRBRL, antes citado, respecto de los cargos electos que hubieran ostentado responsabilidades ejecutivas.

 Sin embargo, la aplicación del régimen sancionador de la LTAIBG a los responsables a los que se refieren tanto el artículo 75.8 como la disposición adicional decimoquinta de la LRBRL, por aplicación de la normativa local en materia de conflicto de intereses, chocaría con lo establecido en el artículo 27.4 de la LRJSP, que, en cumplimiento del principio de tipicidad en materia de potestad sancionadora, establece que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica”.

 Como consecuencia de lo anterior, y salvo que la normativa autonómica o local identifique a otros altos cargos de las entidades locales, el régimen sancionador previsto en los artículos 27 y siguientes de la LTAIBG solo resultaría aplicable a los “miembros de las Juntas de Gobierno”, a los que se refiere expresamente el artículo 25.2 de dicha Ley. Por otra parte, la regulación de la competencia y el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, contenida en el artículo 31 de la LTAIBG, plantea también importantes dificultades para su aplicación en el ámbito de las entidades locales

Existen dificultades en la aplicación práctica del régimen sancionador previsto en la LTAIBG en el ámbito de las entidades de la Administración Local, que se refieren a la identificación de los presuntos responsables, así como a la determinación del órgano competente tanto para la incoación como, en su caso, para la resolución del procedimiento sancionador, lo que coadyuvaría a explicar la práctica inexistencia de expedientes iniciados para la imposición de sanciones por las infracciones en materia de gestión económico-presupuestarias tipificadas en el artículo 28 del citado texto legal.

Por todo ello, El Tribunal formula las siguientes

RECOMENDACIONES:

DIRIGIDAS A LOS RESPONSABLES DE LAS ENTIDADES LOCALES:

 1. Se recomienda la implantación de portales de transparencia en todas las entidades del Sector Público Local, en los que debe figurar publicada la información exigida por la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia, así como el resto de información que se considere necesaria para dar cumplimiento a los principios de transparencia, con el fin de facilitar el acceso a la información que, en ocasiones, no es fácilmente localizable en la página web o la sede electrónica de la entidad, dificultando su conocimiento. La información publicada en los referidos portales de transparencia, además de presentarse de forma clara, estructurada y entendible, debe actualizarse con carácter recurrente indicando la fecha de publicación de cada contenido.

2. Deberían implantarse procedimientos internos y dotarse de los medios personales y materiales necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones de publicidad activa previstas en la legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, actualizándose la información de manera periódica e informando expresamente de aquellos apartados en los que no existe información que deba ser publicada.

 3. Se recomienda, con carácter general, ampliar la información objeto de publicidad activa en relación con aspectos específicos del régimen de organización y funcionamiento del Sector Público Local no previstos expresamente en la LTAIBG, como los relativos a las relaciones de puestos de trabajo o a conceptos no retributivos abonados a los miembros de los órganos de gobierno de las entidades locales.

 4. Deberían adoptarse disposiciones y procedimientos específicos relativos a la exigencia de responsabilidades por eventuales infracciones en materia de buen gobierno, así como regularse en las entidades locales la figura del alto cargo o asimilado, para poder aplicar efectivamente el régimen sancionador previsto en la LTAIBG.

DIRIGIDA A LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y AL MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL:

 Deberían incrementarse las actuaciones dirigidas a la prestación de asistencia a las entidades locales, especialmente a los municipios de población inferior a 5.000 habitantes y a otras entidades de menor dimensión, para que puedan disponer de páginas web, portales de transparencia y sedes electrónicas y proporcionarles el apoyo necesario para mantener actualizado y completo el contenido de tales instrumentos.

DIRIGIDA A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN LOCAL:

 Deberían hacer hincapié, en relación con los hechos advertidos en el ejercicio de su función de control interno de la actividad económico-financiera, en la apreciación de aquellos que sean susceptibles de constituir infracciones de buen gobierno tipificadas en la LTAIBG y en su comunicación al órgano competente, así como su eventual traslado al Tribunal de Cuentas por si procediese la incoación de un procedimiento de responsabilidad contable.

Ver el Informe completo del Tribunal de Cuentas, aquí: https://boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15644.con

-Ver, así mismo, en este sitio web, otros artículos que he publicado sobre la materia:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/07/16/sabias-que-un-alto-procentaje-de-las-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-publica-son-silenciadas-por-la-administracion/

-–LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021): https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/

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Buen gobierno, transparencia y ausencia de objetividad

La utilización de medios públicos municipales de información con fines partidistas

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24/05/2021 (nº de recurso 142/2020, contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de 23 de enero de 2020 por el que se impone a la Ministra portavoz una sanción de multa, por importe de 2.200 por vulneración de la prohibición que el art. 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) impone a los poderes públicos, en período electoral, de realizar cualquier acto que «contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos»), cuya sentencia del TS confirma la sanción impuesta por la Junta Electoral Central, me ha inspirado para el objeto del presente artículo.

La sentencia afirma, así mismo que se produjo una quiebra del deber de neutralidad que incumbe a los cargos públicos en período electoral.

El hecho objeto de sanción se produjo el 25 de octubre de 2019 (estaban convocadas elecciones generales) al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado ese día, manifestando la recurrente, en su condición de Ministra Portavoz del Gobierno, al referirse a la reducción  del paro, que «[… significa la tasa más baja de la última década… Vamos a seguir trabajando para conseguir que este país tenga el Gobierno fuerte que se merece, un Gobierno que sabe trabajar en equipo y que aspira a conseguir la estabilidad que el país necesita.[…]». Ello provocó la presentación de una reclamación ante la Junta Electoral Central (JEC). Dicha reclamación, a su vez, dio lugar a la incoación de un procedimiento sancionador, que terminó con la imposición a la ahora recurrente de una sanción de multa, por importe de 2.200 €.

Al TS no le alberga ninguna duda que el contenido de la declaración realizada por la Ministra Portavoz al inicio de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros encaja perfectamente en la constante jurisprudencia acerca del deber de neutralidad de los cargos públicos durante el período electoral. Dicho de otro modo, en el presente caso no hay ningún elemento fáctico o jurídico que permita albergar una duda razonable sobre la infracción del art. 50.2 de la LOREG

La reflexión que quiero transmitir en este artículo es si, fuera del periodo electoral pueden las administraciones públicas  en general, y las Entidades locales en particular, y utilizando los medios propios de difusión de la información, no solo referirse a los logros que el Gobierno -de turno- esté consiguiendo sino, yendo más allá, hacer críticas a la oposición o al partido o grupo o grupos políticos de signo diferente. Es decir si, en este sentido, no debe predicarse el principio de neutralidad en la actuación de la Administración pública.

Ya en mi artículo del pasado 5 de mayo, en este mismo sitio, titulado “Fair play normativo, por favor» [https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/1362] criticaba y cuestionaba, con ocasión de la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal (publicada en el BOE del pasado 23 de abril) la utilización en su Preámbulo de expresiones como“con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido …. en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Aunque ya hay antecedentes normativos aplicables precisamente en la Administración local, hoy la publicidad activa de las AAPP se regula en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El principio de neutralidad, junto con el de imparcialidad, es consecuencia del principio de objetividad proclamado en el artículo 103.1 de la Constitución, junto con otros, como rectores de la actuación de las Administraciones Públicas.

Abordando el tema planteado, es decir si, fuera del periodo electoral pueden las Entidades locales en particular, y utilizando los medios propios de difusión de la información, no solo referirse a los logros que el Gobierno -de turno- esté  consiguiendo sino, yendo más  allá, hacer críticas a la oposición o al partido o grupo o grupos políticos de signo diferente, para ello resulta imprescindible diferenciar entre las manifestaciones u opiniones políticas expresadas por los responsables políticos del gobierno municipal y las informaciones sobre la actividad desarrollada por dicho Gobierno y Administración; e intrínsecamente unido a ello, el medio de difusión de unas y otras.

 Respecto a lo primero, simplemente señalar que estando constituidos los gobiernos por representantes de partidos políticos y siendo uno de las estrategias de éstos criticar a los partidos o miembros de los partidos contrarios o distintos a su ideología pues es lícito y legítimo que aquéllos manifiesten dichas críticas. Es más, cada día estamos más acostumbrados a escuchar y ver en los parlamentos y en las sesiones de los Plenos municipales arduas batallas dialécticas, duras críticas, reprimendas, abucheos, reprobaciones… habitual en la propia acción política; aunque muchas veces el ciudadano de a pie se pregunta -nos preguntamos- si no debería utilizarse más tiempo en planificar, realizar proyectos y llevar a cabo las actividades y competencias que la ley asigna a los municipios, ganando ese tiempo del utilizado para la crítica al contrario. Pues bien, estas críticas, manifestaciones, debates… se llevan a cabo en las sesiones parlamentarias, en este caso -ya que nos referimos a los Ayuntamientos- en las sesiones plenarias. O, en su caso, en declaraciones, entrevistas o reportajes que pudieran publicarse en algún medio de comunicación escrito, radiofónico o audiovisual.

Pero no me refiero a lo anterior, sino a la información sobre la actividad desarrollada por el Gobierno y la Administración municipal o, lo que es lo mismo la publicidad activa a que obliga la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG). Ya el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) dispone que “las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local”. Y uno de los Reglamentos que desarrolla dicha ley, el de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF) establece en su artículo 230 que debe existir en la organización administrativa de la entidad una Oficina de Información que canalizará toda la actividad relacionada con la publicidad a que se refiere el artículo 229, así como el resto de la información que la misma proporcione, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril. La publicidad a que se refiere el artículo 229 contempla la información de 

-Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno, que se transmitirán a los medios de comunicación social de la localidad y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la entidad

-Publicidad resumida del contenido de las sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su delegación dicten los Delegados

Añadiendo en su apartado 3 que a tal efecto, además de la exposición en el Tablón de Anuncios de la entidad, podrán utilizarse los siguientes medios:

a) Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un Boletín informativo de la entidad.

b) Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de la entidad.

Una versión más moderna y completa que la prevista en el ROF es la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que obliga a las entidades que integran la Administración local a publicar de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública (artículo 5.1 en relación al artículo 2.1) y, en concreto Información institucional, organizativa y de planificación, Información de relevancia jurídica e  Información económica, presupuestaria y estadística (todo ello en los términos y con la extensión que detallan los artículos 6, 7 y 8).

Y digo más moderna y completa es la LTAIBG porque además de abarcar un ámbito más amplio de la información a publicar (además de la citada en el ROF), en lo que se refiere a los medios de difusión -sin descartar el tablón de edictos, un boletín informativo municipal o los medios de comunicación social de la localidad, el artículo 5.4 de la mencionada LTAIBG exige que la información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web [“portal de internet”, según los términos utilizados por el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)] y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables; debiendo establecerse además los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. Está bastante generalizada la utilización por las Entidades locales de un “portal de transparencia” al igual que exige el artículo 10.1 para la Administración General del Estado.

AsÍ pues, tenemos quién (la Entidad local), qué información (la indicada tanto en el ROF como en la ley de transparencia citada), dónde (en el portal de internet de la Entidad local, a través del cual se accede a la sede electrónico y en su caso al portal de transparencia). Resta por indicar el cómo, es decir bajo qué reglas y principios debe realizarse esa información:

-Por un lado, conforme al artículo 38.2 LRJSP exige la actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

-Por otro lado, la LAITBG establece en su artículo 26 los principios de buen gobierno que deben seguir los altos cargos o asimilados que, de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación, tengan tal consideración, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales los cuales deben observar en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico. [Recordemos que conforme al artículo 103.1 CE la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales]

También establece el artículo 26 de la “ley de transparencia” que los cargos públicos mencionados deben adecuar su actividad a determinados principios generales, entre ellos:

Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, …… y con el objetivo de satisfacer el interés general.

Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

Por consiguiente, y en conclusión:

En lo que se refiere a la actividad administrativa de información al ciudadano y, en definitiva, cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa (transparencia), en el portal de internet (web municipal, sede electrónica, portal de transparencia) y dados los principios de buen gobierno (que informan además la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en la “ley de transparencia”), vulneraría el principio de objetividad la inserción en dichos medios de difusión de críticas a la actuación de otro u otros partidos, grupos políticos, instituciones, cargos públicos o personas en general

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LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA

No es mi opinión subjetiva sino el resultado plasmado en la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno aprobada por Resolución de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y que se publicó en el B.O.E. el día 12 de este mes de febrero de 2021.

La evaluación ha partido de la selección de tres municipios efectuada por aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que hayan atribuido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones del artículo 24 de la Ley mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración. En concreto, Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Siendo el objeto de la evaluación el grado y calidad de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)

Por ello, es cierto que los resultados que seguidamente comentaré son solo una muestra, tomada en el sentido indicado, del conjunto de los 8.131 municipios españoles. Y vaya por delante que la crítica aquí apuntada no puede extenderse ni mucho menos a todos los Ayuntamientos ya que los hay que cumplen escrupulosamente las obligaciones de publicidad activa de dicha Ley.

En lo que se refiere a las Entidades Locales, la evaluación se ha centrada en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)

Los resultados que destaco aquí son los siguientes

  1. LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Los municipios evaluados disponen de un acceso específico para la información sujeta obligaciones de publicidad activa. Sin embargo, uno de ellos posiciona al visitante en la página web de su correspondiente Diputación provincial. Esta dispersión no ha contribuido a facilitar la localización de la información que, además, se presentaba en su mayor parte desactualizada.

En cuanto a la estructuración de la información incluida bajo estos accesos específicos de transparencia seis estructuran el acceso de transparencia de acuerdo con los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI); y los restantes conforme al patrón que definen sus ordenanzas municipales o de modo organizado pero sin ajustarse exactamente a los bloques de información que definen la LTAIBG o su norma autonómica.

Por otro lado, en cinco de los once municipios evaluados se ha localizado información sujeta a publicidad activa al margen del acceso específico de transparencia. Y cuatro de ellos mantienen publicada información que carece de actualización y que, con carácter general, no ha sido posible tener en cuenta.

B) Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

B.a) Información IOP (Institucional, Organizativa y de Planificación) y Registro de Actividades de Tratamiento.

La proporción de informaciones publicadas correspondiente a este bloque de obligaciones alcanza casi un 64%. La falta de publicación de información vinculada al grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas, así como la ausencia de publicación del inventario de actividades de tratamiento son los factores que explican el déficit de cumplimiento en este bloque de obligaciones.

Por lo que respecta a la calidad de la información, únicamente un 39% de la información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la fecha de actualización.

El nivel global de cumplimiento en este bloque de obligaciones alcanza el 63,5%.

B.b) Información de relevancia jurídica.

La proporción de informaciones obligatorias publicadas es muy inferior en este bloque: un 16,2%. Este valor promedio se explica porque en cinco de los once municipios no ha resultado posible localizar información respecto de este grupo de obligaciones.

En cuanto a la calidad de la información publicada, se observa cierto margen de mejora en cuanto a la utilización de formatos reutilizables y referencias que permitan conocer su grado de actualización.

El nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es muy bajo: un 16,3 %.

B.c) Información EPE (Económica, Presupuestaria y Estadística).

En este bloque de obligaciones vuelve a aumentar la proporción de informaciones publicadas, pero sin llegar a alcanzar el porcentaje del bloque de información institucional, organizativa y de planificación: un 50,9%. Ninguno de los municipios evaluados cumple con la totalidad de las obligaciones de este grupo.

Respecto de la calidad de la publicación de las informaciones obligatorias, en este bloque de obligaciones los dos principales déficits se localizan en la forma de acceso a la información – más del 57% de las informaciones no se publica de manera directa en el Portal sino que los enlaces dirigen a otras webs para localizarla (contratación, cuentas públicas e informes de auditoría y fiscalización, principalmente) y como consecuencia de esto, una proporción similar de informaciones presentan dificultades de acceso. Otro déficit observado es que parte de la información no se proporciona en formato reutilizables.

B.d) Información sobre bienes patrimoniales.

Diez de los once municipios evaluados cumplen con la obligación de publicar este tipo de información, bien mediante una relación específica de bienes inmuebles (de naturaleza urbana y rústica), bien a través de la publicación del inventario municipal.

Los diez municipios que publican esta información la presentan de forma directa, es accesible y comprensible. Sin embargo, poco más del 45% cumple con el requisito de reutilización y solo la mitad con el de actualización.

B.e.) Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).

El valor medio del ICIO de los municipios evaluados es bajo, se sitúa en el 49%, aunque con una gran variabilidad ya que un municipio alcanza un 87,7% frente a otro con un índice de cumplimiento del 28,7%. El ICIO mediano se sitúa en el 36,8%, es decir, la mitad de los ayuntamientos presentan un nivel de cumplimiento igual o inferior a esta proporción.

La falta de publicación de informaciones obligatorias explica fundamentalmente la puntuación alcanzada y en un segundo plano, la publicación mediante formatos de imagen o directamente sobre la propia web, el recurso a fuentes de datos centralizadas para la publicación de muchas de las informaciones del bloque Información EPE, y la falta de referencias a la actualización de la información.

  • TRANSPARENCIA COMPLEMENTARIA Y BUENAS PRÁCTICAS.

Todos los municipios evaluados publican información adicional, relevante desde el punto de vista de la Transparencia, que va más allá de las informaciones obligatorias que recoge la LTAIBG, si bien en la mayor parte de los casos no cabe tratarla como transparencia voluntaria, en la medida en que estas informaciones responden a obligaciones fijadas por las normas autonómicas o sus propias ordenanzas en esta materia, mucho más exigentes en cuanto a obligaciones de publicidad activa que la ley básica estatal. Y en ocasiones, esta información adicional deriva de las obligaciones impuestas por normas de aplicación al ámbito local como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LBRL).

Entre las informaciones que un mayor número de municipios publican, cabe destacar, de mayor a menor frecuencia: Plenos municipales, planeamiento urbanístico, relación de puestos de trabajo, información sobre empleo y procesos selectivos, Agendas, órdenes del día y actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local Gastos de viajes y dietas Plazas e Identificación de personal eventual Flota de vehículos adscritos al Ayuntamiento Composición del Comité de empresa Gastos en campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional e Información medioambiental urbana.

Como buenas prácticas identificadas (respecto a las que debe felicitarse a los Ayuntamientos autores) el CTBG destaca las siguientes:

Aprobación de una ordenanza de transparencia o una Carta de Servicios en materia de transparencia.

Inclusión de textos introductorios o explicativos.

Inclusión de la fecha de la actualización en los documentos incorporados a la web.

Elaboración y publicación de una Memoria anual de Transparencia.

Inclusión dentro del Portal de Transparencia de un bloque dedicado a la última información publicada.

Inclusión de buscadores con varios filtros para facilitar la localización de la información.

Proporcionar la información en más de un formato reutilizable.

En conclusión, estimo que los Ayuntamientos necesitan mejorar en transparencia, porque de la evaluación realizada se deduce:

● Existe un acceso y una estructura no clara de la información. Efectivamente, si acudimos a las webs municipales se observa muchas veces que la información (obligatoria) figura al margen del acceso específico de transparencia.

● En esta misma línea, en muchos casos se estructura el acceso de transparencia de acuerdo con los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI). Esta organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global, cumple una finalidad elogiable y ha impulsado la función de transparencia de los municipios españoles. Pero al propio tiempo he de decir, a la vista de mi experiencia, que en muchos casos -dada la publicidad que supone salir en el ránking anual de municipios más transparentes que dicha organización difunde- seguir la estructura de contenidos de la misma (que está bien, cuánta más información mejor) impide que se incluyan los demás bloques de contenidos que la ley de transparencia (la LTAIBG) exige. Y no digamos sobre la veracidad y actualización de los contenidos, que hace que la transparencia sea “flor de un día”

Y es que también -como ha observado el CTBG, se mantiene publicada información que carece de actualización.

● En cuanto a los distintos bloques de materias, el CTBG DETECTA déficits en:

– publicación de información vinculada al grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas. ¿Será que se planifica poco y se evalúa menos?

– información de relevancia jurídica: me sorprende enormemente que el nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es solo de un 16,3 %

● Finalmente, en cuanto a la calidad de la información, únicamente un 39% de la información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la fecha de actualización. Se incumple, en este sentido, la Ley de Transparencia.

Confirma esta evaluación realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la crítica que en este mismo blog (trasladando mi artículo en el blog EsPublico) hacía, cuestionado si en los Ayuntamientos españoles,en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales en la materia, hay transparencia o postureo, claridad o tinieblas:

https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/133