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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas LO BÁSICO DE LA ADMINISTRACIÓN

Transparencia y protección de datos… Protección de datos y transparencia

La obra completa, cuya realidad y conocimiento se imponen para los operadores jurídicos de la Administración Local

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿SABÍAS QUE UN ALTO PROCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SON SILENCIADAS POR LA ADMINISTRACIÓN?

Según el resumen de la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y de actividades durante el ejercicio 2020, aprobada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en relación al motivo de las reclamaciones presentadas ante dicho organismo, el primer dato a destacar es el elevado número de reclamaciones que se presentan frente a solicitudes de acceso a información pública (SAIP) resueltas por la vía del silencio administrativo, esto es, sin que el organismo o la entidad reclamada hayan dictado resolución en el plazo legalmente establecido: un 47,06 % del total en el ámbito estatal y un 70,30 % en el ámbito territorial (Comunidades Autónomas y Entidades Locales).

Ello hace concluir al CTBG el hecho es que el elevado volumen de SAIP desestimadas por falta de resolución en el plazo legalmente establecido dificulta el ejercicio del derecho de acceso en la medida en que, a la hora de presentar una reclamación ante el CTBG o acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, él o la reclamante desconocen los motivos por los que se ha denegado su solicitud de acceso.

Hago en este punto un paréntesis en el resumen del informe anual del CTBG, es decir que destaco y llamo la atención, a modo de reflexión crítica personal, sobre el extremo siguiente: a pesar de que el artículo 105 b) de la Constitución mandata la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos (salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas), a pesar de que en cumplimiento de dicho mandato constitucional la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno [https://www.boe.es/eli/es/l/2013/12/09/19/con] obliga a todas las Administraciones Públicas a facilitar, en el plazo de un mes, al ciudadano que lo solicite la información de que dispone (entendiéndose por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones) y a pesar de la obligación de todas las Administraciones Públicas de resolver todas las solicitudes que se le formulen (artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), a pesar de todo ello -digo- resulta que en la mayoría de los casos en que el ciudadano acude en reclamación al CTBG no es porque la Administración de turno le haya denegado, se entiende que motivadamente, su solicitud, o que se inadmitiese la misma por tratarse de derechos dignos de mayor protección (como la existencia de datos de carácter personal) sino simplemente porque la Administración ni siquiera ha contestado.

Y tal resultado origina que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (que es una Autoridad Administrativa Independiente) en uso de la competencia genérica de la misma de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, considera necesario poner de manifiesto esta situación a las Administraciones y organismos responsables de la gestión de las SAIP y recomendar la adopción de medidas conducentes a su superación.

Por otra parte, en cuanto al cumplimiento de las Resoluciones dictadas por el CTBG: en el ámbito autonómico y local, de las 294 resoluciones que requerían ejecución, a 31 de diciembre de 2020, se hallaban ejecutadas el 69,39 % del total (porcentaje superior en 14 puntos a la obtenida a dicha fecha para las resoluciones de la misma naturaleza de 2019); el 4,42 % se encontraban en trámite de ejecución; el 4,08 % habían sido suspendidas por la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y el 22,11 % restante no existía en este Consejo constancia de su cumplimiento.

¿No será -y sigo proclamando- que la Administración sigue necesitando mejorar en transparencia?

Pueden verse otras entradas y artículos en mi sitio web sobre la transparencia:

LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA (artículo publicado el 15/02/2021)

La administración electrónica sí, pero una administración pública que sirva al ciudadano: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

-Sabias que es posible la modernización del-lenguaje jurídico haciéndolo más claro y accesible para el ciudadano?: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/03/15/sabias-que-es-posible-la-modernizacion-del-lenguaje-juridico-haciendolo-mas-claro-y-accesible-para-el-ciudadano

Puedes visitar también en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, la sección de ¿SABÍAS QUE…? https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

Elogio de la Ley de simplificación administrativa de Aragón

1. Aunque este sitio no pretende ni puede abarcar todas las iniciativas o novedades normativas de las diecisiete Comunidades Autónomas, tras la lectura de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, de Aragón publicada en el BOE en el día de hoy, 18 de marzo de 2021, uno se queda con una agradable sensación de optimismo y -con las debidas reservas en cuanto a sus beneficios, que solo el tiempo valorará- opta con incluir este post en este sitio web que tiene entre su objetivo esencial acercar, hacer más fácil, la Administración al ciudadano.

2. Como indica su Preámbulo, las políticas de simplificación administrativa solo serán eficaces si se conciben y ejecutan simultáneamente en los tres ámbitos implicados: normativo, procedimental y organizativo, única forma real de lograr los objetivos propuestos y de implantar, de forma efectiva, una Administración más ágil y proactiva.

En este sentido en el artículo 1 se indica que es objeto de la Ley establecer medidas de simplificación administrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público.

Define la simplificación administrativa (artículo 2) como las iniciativas de mejora de la calidad normativa, simplificación normativa, transformación digital del sector público, modernización y racionalización administrativa, revisión, reordenación y agilización de procedimientos y reducción de cargas administrativa; en el artículo 3 lo establece como deber general.

 Y en el artículo 4 fija los criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas:

a) Simplificación, unificación o eliminación de procedimientos, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia de la actividad administrativa.

b) Reducción de términos y plazos y supresión, acumulación o simplificación de trámites innecesarios, redundantes o que no contribuyan a la mejora de la actividad administrativa, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia de la actividad administrativa.

c) Supresión de cargas administrativas repetitivas, obsoletas, no exigibles legalmente o que, aun siéndolo, no sean necesarias para la adecuada resolución del procedimiento.

d) Supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas, favoreciendo la sustitución de la aportación por declaraciones responsables y analizando en todo caso el momento idóneo para la aportación, tendiendo a exigirla únicamente a quienes resulte estrictamente necesario atendida la propuesta de resolución y en el momento inmediatamente anterior más cercano a la misma.

e) Programación temporal del desarrollo de los procedimientos, considerando el impacto de las incidencias administrativas o generadas por los interesados en los mismos.

f) Establecimiento de modelos de declaración, memorias o test de conformidad que faciliten la presentación de solicitudes y la elaboración de informes preceptivos.

g) Extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta inmediata o resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así como para su renovación o continuidad de su ejercicio. Este criterio se aplicará especialmente a los procedimientos y servicios en que se resuelven las pretensiones y demandas de la ciudadanía tras un único contacto con la Administración o en un tiempo muy breve.

h) Agilización de las comunicaciones, especialmente potenciando la transformación digital de la Administración y fomentando la relación electrónica con los ciudadanos, garantizando, en todo caso, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir los dispositivos y servicios electrónicos para las personas con algún tipo de discapacidad y para las personas mayores, en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, reduciendo la brecha digital y garantizando atención a aquellas personas para las que no resulte posible la comunicación electrónica.

i) Reordenación de la distribución de competencias entre los diferentes órganos para favorecer de forma efectiva la simplificación de la actividad administrativa, considerando especialmente el principio de subsidiariedad.

j) Fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportación de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia y control públicos de la actividad administrativa.

k) Agrupación documental, incorporando en un único documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar naturaleza, deba hacer una misma persona en un mismo trámite, o en varios si la gestión del procedimiento lo permite.

l) Normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de análogo carácter, diseñando modelos que faciliten y agilicen su cumplimentación, con los datos mínimos necesarios para identificar a la persona interesada y facilitando, cuando sea posible, su cumplimentación anticipada. Los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en formato electrónico accesible.

m) Revisión de la necesidad de determinados registros y, en caso de serlo, posibilidad de inscripción de oficio y de vigencia indefinida de la inscripción.

n) Mejora de la información sobre requisitos, documentación y procedimientos, cumpliendo las obligaciones generales de transparencia y las específicas que establece la presente ley.

ñ) Formación permanente y específica de los empleados públicos en materia de simplificación administrativa en su triple vertiente: normativa, organizativa y procedimental.

o) Adaptación de la información y los diferentes trámites de los procedimientos a lectura fácil y lenguaje claro para garantizar la participación e integración en la sociedad de las personas con mayores dificultades.

3. Se crea (artículo 6) una Comisión de simplificación administrativa como órgano permanente de asesoramiento y trabajo para el impulso y promoción de la simplificación administrativa en todos los ámbitos del sector público autonómico de Aragón.

 Entiendo positivamente que para evitar cambios en función de intereses partidistas o del gusto del gobierno autonómico de turno, se establece en esta ley que dicha Comisión estará adscrita orgánicamente al departamento competente en materia de Administración pública y, funcionalmente, a la Presidencia; y que estará integrada por un máximo de diez miembros, designados entre el personal al servicio del sector público autonómico y local de Aragón con experiencia o especialización en derecho administrativo, organización administrativa, gestión y políticas públicas, empleo público, contratación administrativa, subvenciones, administración electrónica y transformación digital de organizaciones.

Es elogiable igualmente que se disponga que el mandato de los miembros de la Comisión será de cinco años, que podrá renovarse sin limitación de mandatos; favoreciéndose en lo posible en cada expiración del mandato la renovación parcial de los miembros de la Comisión con objeto de lograr la máxima implicación de los empleados públicos en el impulso a la simplificación administrativa.

4. Se trata de diseñar una estrategia global de cambio, de transformación del conjunto de la cultura organizativa del sector público haciendo que los nuevos principios organizativos y de funcionamiento, repetidamente proclamados, orienten de forma efectiva el rumbo futuro del sector público, sus relaciones con la sociedad y la función de servicio a los intereses generales.

Como proclama el Preámbulo de este texto legal “la Administración debe modernizarse, las actitudes deben modernizarse y la regulación debe, también, modernizarse”

Destaca que es preciso desarrollar los principios de buen gobierno y buena administración, entre muchos otros, los cuales no pueden quedar en meras declaraciones programáticas. ni caer tampoco en delirios hiperregulatorios; y es preciso desarrollar tales principios con visión de futuro ante todo, y también, en las actuales circunstancias, como una de las palancas de salida de la crisis.

La Ley indica que determinadas cuestiones esenciales de la simplificación administrativa que están presentes en la normativa administrativa general (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sin embargo distan mucho de estar efectivamente implantadas y, sobre todo, no lo han sido a través de un proceso global, integrado y propositivo orientado a lograr su máxima extensión en la organización.  

Por ello, de forma valiente y avanzada regula la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones (artículos 15 a 18), la implantación efectiva del silencio positivo (artículo 27), la reducción de plazos de resolución o informe (artículos 28 y 29), la coordinación interna de los órganos implicados en un mismo procedimiento (artículos 10, 11 y 30), la reducción de las obligaciones de aportación de documentación o la efectividad del derecho a no aportarla cuando la Administración disponga de ella o pueda obtenerla (artículo 31).

Especial mención y elogio merece, a mi parecer, la fijación del silencio administrativo positivo en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos iniciados a solicitud del interesado, con las excepciones -además de las ya previstas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, de aquellos en los que una norma estatal con rango de ley establezca lo contrario. Limitándose extraordinariamente la posibilidad de añadir más excepciones por ley autonómica al establecer que solo excepcionalmente, podrá también establecerse el sentido desestimatorio del silencio mediante norma con rango de ley (que puede tener por tanto carácter autonómico) pero ello ha de ser por razones imperiosas de interés general; y la memoria justificativa de esa norma con rango de ley deberá concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el sentido desestimatorio del silencio, especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.

Lo mismo cabe decir (artículo 28.3) respecto al plazo máximo de duración de los procedimientos al permitir excepcionalmente, establecerse un plazo superior (a tres meses), mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. En estos casos, también la memoria justificativa de la norma con rango de ley deberá concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el plazo que se proponga establecer, especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios

5. Con clara intención homogeneizadora, clarificadora y de transparencia para el ciudadano se refuerza la importancia y valor del Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, exigiendo en el artículo 54 que la información de los procedimientos y servicios que se ofrezca por los órganos gestores en sedes electrónicas asociadas, portales de internet asociados a aragon.es o espacios propios dentro del portal deberá ser coincidente con la del Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante, Catálogo de Servicios). Así mismo se exige que en dicha información deberán incluirse los enlaces a los espacios de tramitación electrónica de forma que las personas interesadas, además de encontrar la información asociada al servicio, puedan acceder a las opciones de tramitación correspondientes.

Como medida complementaria para la consecución de dichos objetivos de claridad, transparencia y no confusión para el ciudadano, se prevé que la dirección general competente en administración electrónica podrá dar de baja aquellos contenidos discrepantes con la información del Catálogo de Servicios que puedan generar confusión en las personas interesadas o que no incluyan las características descritas en este artículo.

No solo eso: en el artículo 33 se dispone que el portal de transparencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón publicará, a efectos informativos, en formatos y presentación fácilmente comprensibles y de forma coordinada con el departamento competente en materia de administración electrónica, la siguiente información:

a) Relación de procedimientos de su competencia.

b) Régimen de intervención administrativa sobre actividad de los particulares que se aplique.

c) Indicación, en su caso, de plazos máximos de resolución y de los efectos que produzca el silencio administrativo.

d) Plazos de emisión de informes y dictámenes de su competencia.

6. Más carácter de proclama política optimista es la declaración de que este proyecto de reformas estructurales de normas fundamentales para la organización y funcionamiento del sector público (regular mejor, homogeneizar procedimientos, suprimir trámites superfluos, automatizar la actuación administrativa utilizando nuevas herramientas tecnológicas, interconectar todas las áreas para facilitar el flujo de información), afrontado por muchos Estados ya y permanentemente pendiente en España [esto es cierto añado yo], “será un instrumento más de mejora para los servicios públicos, la garantía de los derechos sociales y el desarrollo de actividades económicas en Aragón, haciéndolas más competitivas, haciendo más competitivo a nuestro sector público autonómico y, a la postre, aumentando la competitividad de Aragón como territorio”.

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TRANSPARENCIA

LOS AYUNTAMIENTOS NECESITAN MEJORAR EN TRANSPARENCIA

No es mi opinión subjetiva sino el resultado plasmado en la Memoria de cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información pública y Buen Gobierno aprobada por Resolución de 2 de febrero de 2021, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y que se publicó en el B.O.E. el día 12 de este mes de febrero de 2021.

La evaluación ha partido de la selección de tres municipios efectuada por aquellas Comunidades y Ciudades Autónomas que hayan atribuido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno el ejercicio de la competencia para resolver las reclamaciones del artículo 24 de la Ley mediante la suscripción del oportuno convenio de colaboración. En concreto, Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Siendo el objeto de la evaluación el grado y calidad de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)

Por ello, es cierto que los resultados que seguidamente comentaré son solo una muestra, tomada en el sentido indicado, del conjunto de los 8.131 municipios españoles. Y vaya por delante que la crítica aquí apuntada no puede extenderse ni mucho menos a todos los Ayuntamientos ya que los hay que cumplen escrupulosamente las obligaciones de publicidad activa de dicha Ley.

En lo que se refiere a las Entidades Locales, la evaluación se ha centrada en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG)

Los resultados que destaco aquí son los siguientes

  1. LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Los municipios evaluados disponen de un acceso específico para la información sujeta obligaciones de publicidad activa. Sin embargo, uno de ellos posiciona al visitante en la página web de su correspondiente Diputación provincial. Esta dispersión no ha contribuido a facilitar la localización de la información que, además, se presentaba en su mayor parte desactualizada.

En cuanto a la estructuración de la información incluida bajo estos accesos específicos de transparencia seis estructuran el acceso de transparencia de acuerdo con los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI); y los restantes conforme al patrón que definen sus ordenanzas municipales o de modo organizado pero sin ajustarse exactamente a los bloques de información que definen la LTAIBG o su norma autonómica.

Por otro lado, en cinco de los once municipios evaluados se ha localizado información sujeta a publicidad activa al margen del acceso específico de transparencia. Y cuatro de ellos mantienen publicada información que carece de actualización y que, con carácter general, no ha sido posible tener en cuenta.

B) Cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

B.a) Información IOP (Institucional, Organizativa y de Planificación) y Registro de Actividades de Tratamiento.

La proporción de informaciones publicadas correspondiente a este bloque de obligaciones alcanza casi un 64%. La falta de publicación de información vinculada al grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas, así como la ausencia de publicación del inventario de actividades de tratamiento son los factores que explican el déficit de cumplimiento en este bloque de obligaciones.

Por lo que respecta a la calidad de la información, únicamente un 39% de la información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la fecha de actualización.

El nivel global de cumplimiento en este bloque de obligaciones alcanza el 63,5%.

B.b) Información de relevancia jurídica.

La proporción de informaciones obligatorias publicadas es muy inferior en este bloque: un 16,2%. Este valor promedio se explica porque en cinco de los once municipios no ha resultado posible localizar información respecto de este grupo de obligaciones.

En cuanto a la calidad de la información publicada, se observa cierto margen de mejora en cuanto a la utilización de formatos reutilizables y referencias que permitan conocer su grado de actualización.

El nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es muy bajo: un 16,3 %.

B.c) Información EPE (Económica, Presupuestaria y Estadística).

En este bloque de obligaciones vuelve a aumentar la proporción de informaciones publicadas, pero sin llegar a alcanzar el porcentaje del bloque de información institucional, organizativa y de planificación: un 50,9%. Ninguno de los municipios evaluados cumple con la totalidad de las obligaciones de este grupo.

Respecto de la calidad de la publicación de las informaciones obligatorias, en este bloque de obligaciones los dos principales déficits se localizan en la forma de acceso a la información – más del 57% de las informaciones no se publica de manera directa en el Portal sino que los enlaces dirigen a otras webs para localizarla (contratación, cuentas públicas e informes de auditoría y fiscalización, principalmente) y como consecuencia de esto, una proporción similar de informaciones presentan dificultades de acceso. Otro déficit observado es que parte de la información no se proporciona en formato reutilizables.

B.d) Información sobre bienes patrimoniales.

Diez de los once municipios evaluados cumplen con la obligación de publicar este tipo de información, bien mediante una relación específica de bienes inmuebles (de naturaleza urbana y rústica), bien a través de la publicación del inventario municipal.

Los diez municipios que publican esta información la presentan de forma directa, es accesible y comprensible. Sin embargo, poco más del 45% cumple con el requisito de reutilización y solo la mitad con el de actualización.

B.e.) Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO).

El valor medio del ICIO de los municipios evaluados es bajo, se sitúa en el 49%, aunque con una gran variabilidad ya que un municipio alcanza un 87,7% frente a otro con un índice de cumplimiento del 28,7%. El ICIO mediano se sitúa en el 36,8%, es decir, la mitad de los ayuntamientos presentan un nivel de cumplimiento igual o inferior a esta proporción.

La falta de publicación de informaciones obligatorias explica fundamentalmente la puntuación alcanzada y en un segundo plano, la publicación mediante formatos de imagen o directamente sobre la propia web, el recurso a fuentes de datos centralizadas para la publicación de muchas de las informaciones del bloque Información EPE, y la falta de referencias a la actualización de la información.

  • TRANSPARENCIA COMPLEMENTARIA Y BUENAS PRÁCTICAS.

Todos los municipios evaluados publican información adicional, relevante desde el punto de vista de la Transparencia, que va más allá de las informaciones obligatorias que recoge la LTAIBG, si bien en la mayor parte de los casos no cabe tratarla como transparencia voluntaria, en la medida en que estas informaciones responden a obligaciones fijadas por las normas autonómicas o sus propias ordenanzas en esta materia, mucho más exigentes en cuanto a obligaciones de publicidad activa que la ley básica estatal. Y en ocasiones, esta información adicional deriva de las obligaciones impuestas por normas de aplicación al ámbito local como la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LBRL).

Entre las informaciones que un mayor número de municipios publican, cabe destacar, de mayor a menor frecuencia: Plenos municipales, planeamiento urbanístico, relación de puestos de trabajo, información sobre empleo y procesos selectivos, Agendas, órdenes del día y actas de las sesiones de la Junta de Gobierno local Gastos de viajes y dietas Plazas e Identificación de personal eventual Flota de vehículos adscritos al Ayuntamiento Composición del Comité de empresa Gastos en campañas de publicidad, promoción y comunicación institucional e Información medioambiental urbana.

Como buenas prácticas identificadas (respecto a las que debe felicitarse a los Ayuntamientos autores) el CTBG destaca las siguientes:

Aprobación de una ordenanza de transparencia o una Carta de Servicios en materia de transparencia.

Inclusión de textos introductorios o explicativos.

Inclusión de la fecha de la actualización en los documentos incorporados a la web.

Elaboración y publicación de una Memoria anual de Transparencia.

Inclusión dentro del Portal de Transparencia de un bloque dedicado a la última información publicada.

Inclusión de buscadores con varios filtros para facilitar la localización de la información.

Proporcionar la información en más de un formato reutilizable.

En conclusión, estimo que los Ayuntamientos necesitan mejorar en transparencia, porque de la evaluación realizada se deduce:

● Existe un acceso y una estructura no clara de la información. Efectivamente, si acudimos a las webs municipales se observa muchas veces que la información (obligatoria) figura al margen del acceso específico de transparencia.

● En esta misma línea, en muchos casos se estructura el acceso de transparencia de acuerdo con los indicadores establecidos por Transparencia Internacional España (TI). Esta organización no gubernamental dedicada a combatir la corrupción, congregando a la sociedad civil, sector privado y los gobiernos en una amplia coalición global, cumple una finalidad elogiable y ha impulsado la función de transparencia de los municipios españoles. Pero al propio tiempo he de decir, a la vista de mi experiencia, que en muchos casos -dada la publicidad que supone salir en el ránking anual de municipios más transparentes que dicha organización difunde- seguir la estructura de contenidos de la misma (que está bien, cuánta más información mejor) impide que se incluyan los demás bloques de contenidos que la ley de transparencia (la LTAIBG) exige. Y no digamos sobre la veracidad y actualización de los contenidos, que hace que la transparencia sea “flor de un día”

Y es que también -como ha observado el CTBG, se mantiene publicada información que carece de actualización.

● En cuanto a los distintos bloques de materias, el CTBG DETECTA déficits en:

– publicación de información vinculada al grupo planificación y en particular, la relativa al grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas. ¿Será que se planifica poco y se evalúa menos?

– información de relevancia jurídica: me sorprende enormemente que el nivel de cumplimiento global de este grupo de obligaciones es solo de un 16,3 %

● Finalmente, en cuanto a la calidad de la información, únicamente un 39% de la información se publica en formatos reutilizables y un 40% no contiene referencias a la fecha de actualización. Se incumple, en este sentido, la Ley de Transparencia.

Confirma esta evaluación realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la crítica que en este mismo blog (trasladando mi artículo en el blog EsPublico) hacía, cuestionado si en los Ayuntamientos españoles,en cuanto al cumplimiento de las obligaciones legales en la materia, hay transparencia o postureo, claridad o tinieblas:

https://wordpress.com/post/blogdejoselopezvinyaaldia.com/133

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Ayuntamientos e incumplimientos (de la Constitución)

Incumplimientos menos mediáticos, pero frecuentes y extendidos

José López Viña

Publicado en el Blog de EsPublico el 17/06/2020]

En estos últimos tiempos se habla, con motivo del juicio del “procés”, de incumplimiento de la Constitución añadiéndose calificativos graves ya que conducirán, posiblemente, a importantes penas por comisión de delitos relacionados con la violación de nuestra carta magna. Por otro lado, desde el día 15 de junio de este año quedan constituídos los nuevos Ayuntamientos tomando posesión más de 70.000 concejales.

No trataremos aquí del “procés” ni de los nuevos Ayuntamientos y de todas las circunstancias que rodean a ambos temas, pero sí de los incumplimientos de la Constitución que con un alcance u otro se vienen produciendo en las Entidades Locales. Recordemos que cuando los ediles toman posesión lo hacen previo juramento promesa del cargo, como exige la ley, cuya fórmula incluye la expresión “guardar y hacer guardar la Constitución”, lo que implica observar, cumplir, la ley, en este caso la máxima norma jurídica de nuestro ordenamiento. Sin embargo, como digo, quizás con más frecuencia de la deseada, a lo largo del mandato se incumplen preceptos constitucionales, que podemos catalogar en las materias y anomalías siguientes:

1.- Programación y ejecución de los gastos según criterios de eficiencia y economía.

Es un mandato de la C.E. a los poderes públicos, que debe respetarse y que tiene especial incidencia a la hora de celebrar contratos y convenios o de conceder subvenciones. Resoluciones de los tribunales y de las cámaras de cuentas están llenas de pronunciamientos de reproche de los actos de las Entidades Locales por infracción de la legislación reguladora de los contratos públicos y de otras normas en materia de gastos (subvenciones, convenios, normativa presupuestaria) por infracción de dicho principio constitucional.

Artículo 31.2 C.E.: El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

2.-Selección de personal.

Celebración de entrevista como criterio determinante de la selección, ausencia de procesos de selección, ausencia o insuficiente publicidad de convocatoria y por tanto limitación del principio de igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública

Artículo 103.3 C.E.: La ley regulará …. el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Artículo 23.2: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

3.-Participación en asuntos públicos.

Negativas a facilitar documentos concretos y determinados a Concejales. La petición, referente a actuaciones del Ayuntamiento del que forman parte “ha de reputarse precisa para el desarrollo de su función” y la negativa infundada infringe el derecho fundamental establecido el artículo 23.1 de la Constitución.

Artículo 23.1 C.E.: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

4.-Procedimiento administrativo y audiencia a interesados.

El procedimiento administrativo es la expresión clara de que la Administración debe actuar con sometimiento a la ley y al derecho y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. La vulneración del procedimiento legalmente establecido puede dar lugar a la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa.

Artículo 105.3 C.E.: la ley regula “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado”.

5.-Eficacia

La falta de funcionamiento íntegramente electrónico de la Administración, que ahora se impone, impide servir al principio de eficacia y reforzar las garantías de los interesados.

Artículo 103.1 C.E.: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

6.-Transparencia, acceso a archivos y registros.

A pesar del reconocimiento constitucional del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de alardearse de transparencia, por un lado se observan Ayuntamientos con ausencia de portal de transparencia o similar, o informaciones o bien parciales o bien carentes de comprensión, de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, y por otro numerosas resoluciones del correspondiente Consejo de transparencia y buen gobierno estimando reclamaciones de los ciudadanos ante las denegaciones de acceso a información.

Artículo 105 b) de la C.E.: La ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”

7.-Participación ciudadana.

La omisión de los trámites de información pública, preceptivos en numerosos procedimientos, o de participación ciudadana, recientemente incorporado, en el ejercicio de la potestad normativa pueden dar lugar también a la anulación de acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre aprobación de planes o normas vulnerando los preceptos constitucionales sobre la participación ciudadana. Señala la jurisprudencia (STS, entre otras, de 15-1-2000 y 23-1-2003) que “el sentido último del trámite de información pública mira, precisamente, a que por medio de la participación ciudadana se produzcan alteraciones respecto de las previsiones originarias -para que la intervención del ciudadano pueda hacerse sentir en el curso del procedimiento y la participación resulte verdaderamente efectiva-“

Artículo 9.2 C.E.: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” / Artículo 23.1 C.E.: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. / Artículo 105 a) C.E.: la ley regulará “la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”

8.-Promover las condiciones necesarias para acceso a la vivienda.

Aunque hoy por hoy el derecho a la vivienda no se encuentra entre los derechos fundamentales sino entre los principios rectores de la política económica y social, la intervención activa de los Ayuntamientos mediante el planeamiento urbanístico y el Patrimonio Municipal del Suelo puede resultar muy relevante. En este sentido, muchas veces se incumple el mandato legal de que los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dispuesto en la legislación urbanística básica, deben ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Artículo 47 C.E.: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación

9.-La actuación del Ayuntamiento debe servir con objetividad los intereses generales.

Se confunden muchas veces los “intereses generales” con intereses particulares, o del partido o equipo gobernante o incluso con los de la Corporación. En este sentido, es elocuente la jurisprudencia que señala que “las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal”(STS sala 3ª, 29/2/2012, rec. 6392/2008)

Artículo 103.1 C.E.: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales

10.- Principio de legalidad.

Como vemos en los preceptos que citamos la Constitución está inundada de principios y mandatos a los poderes públicos, y por tanto a los Ayuntamientos, de someter su actuación a derecho. Sin embargo, observamos que con frecuencia se confunde la discrecionalidad con la arbitrariedad, la legalidad con la conveniencia política o partidista, y el derecho con la apariencia del mismo que oculta una desviación de poder.

Artículo 9.1 C.E.: “los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” / Artículo 9.3: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos / Artículo 103.1: La Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Sí, guardar y hacer guardar la Constitución significa cumplir la misma. Sin embargo, las prácticas aquí apuntadas son incumplimientos de la Constitución, con una mayor o menor relevancia jurídica pero incumplimientos.