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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

FUNCIÓN PÚBLICA: LA PREVISIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE DOS NORMAS DE PRÓXIMA APROBACIÓN. Inicua es la ley que a todos igual no es

Primera ley:

Disposición Final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que modifica el apartado 7 de la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local [LRBRL].

El texto hasta ahora vigente del apartado 7 de la disposición adicional segunda de la LRBRL [ver, en este sitio web, el texto completo: https://www.boe.es/eli/es/l/1985/04/02/7/con] dice:

En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la normativa reguladora de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el artículo 92 bis y concordantes de esta Ley, se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, teniendo en cuenta que todas las facultades previstas respecto a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes, en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar exclusivamente para su territorio los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento de los funcionarios, en dichos concursos.

 que quedará redactado como sigue:

“7. …….., teniendo en cuenta que todas las facultades previstas en el citado artículo 92.bis respecto a dicho personal serán asumidas en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo entre las mismas la facultad de selección, la aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes existentes de las plazas correspondientes a las mismas en su ámbito territorial, convocar exclusivamente para su territorio los procesos de provisión para las plazas vacantes en el mismo, la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas”.

Debo recordar que en el artículo 92 bis de la LRBRL [no olvidemos que es una ley básica de competencia exclusiva estatal] se establece, en síntesis:

El apartado 1 fija las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional [FHN] (es decir, las de Secretaría y el control y las de fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación).

Los aptdos 2 y 3 regula, dentro de la citada escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional las distintas subescalas y categorías

El aptdo 4 atribuye al Gobierno, la regulación mediante real decreto, las especialidades de la creación, clasificación y supresión de puestos reservados a FHN así como las que puedan corresponder a su régimen disciplinario y de situaciones administrativas

El apartado 5 atribuye igualmente al Estado la aprobación de la oferta de empleo público, la selección, la formación y la habilitación de los FHN, conforme a las bases y programas aprobados reglamentariamente.

El apartado 6 atribuye también al Gobierno, mediante real decreto, la regulación de las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a FHN.

A las Comunidades Autónomas se atribuye en el apartado 7 los nombramientos provisionales de FHN, así como las comisiones de servicios, acumulaciones, nombramientos de personal interino y de personal accidental todo ello de acuerdo con la normativa establecida por la Administración del Estado,

El apartado 8 establece una condición de permanencia en cada puesto de trabajo, obtenido por concurso, un mínimo de dos años

El apartado 9 regula el Registro de FHN

Los apartados 10 y 11 los órganos competentes para la incoación, instrucción y resolución de los expedientes disciplinarios

Por consiguiente, esta modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local supondrá que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la selección, la oferta pública de empleo y la provisión para las plazas de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional corresponderá a la administración autonómica. Es decir, todo

Como se observará fácilmente con esta modificación legislativa y respecto a las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a FHN (FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN NACIONAL), resulta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco todas las facultades, todas las competencias, respecto a los mismos, corresponderá a la Administración de dicha Comunidad Autónoma.

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el contenido de las Leyes de Presupuestos, según la función y los límites materiales derivados de su regulación constitucional. Así, por ejemplo, la Sentencia 206/2013, de 5 diciembre, o la Sentencia 217/2013, de 19 de diciembre.

Se que todo tiene que ver de forma directa o indirecta con los gastos e ingresos. Pero considero que conforme a la propia doctrina sentada por el mismo, el Tribunal Constitucional no puede apreciar, respecto a la Disposición Final primera antes indicada, su carácter inmediato y directo, ni tampoco su relación evidente con la ejecución del gasto público presupuestado.

Además, el principio de igualdad, ya recogido en el artículo 1 de la Constitución como valor supremo del ordenamiento jurídico, se proclama en el artículo 23.2 como uno de los derechos de todos los ciudadanos en cuanto al acceso a las funciones y cargos públicos. Difícilmente puede compatibilizarse constitucionalmente unas condiciones diferentes de acceso a la Escala de FHN en el territorio del País Vasco y en el resto de los territorios del Estado español con el mencionado principio de igualdad, que recordemos es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En consecuencia, con todo el respeto a los Sres. legisladores, considero que, como suele decirse “blanco y en botella”, es decir la inconstitucionalidad está servida.

Segunda ley:

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio) [Ver el texto de dicho Real Decreto-ley aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2021/07/06/con]

Disposición adicional sexta del Proyecto de Ley. Convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración:

“Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Estos procesos, que se realizarán por una sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, los plazos establecidos en esta norma”.

Nuevamente nos encontramos, a mi juicio, con la evidente vulneración del principio de igualdad. Me remito a mi artículo publicado en este blog el pasado 14 de noviembre: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/

Si a ello unimos, en lo que a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (FHN) la prevista integración de los interinos en la Escala de habilitados (véase lo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local antes aludido) se produce además una injusta, irregular, desproporcionada y en ningún caso justificada integración en una Escala de funcionarios de personal que no reúne los requisitos exigidos para que cualquier ciudadano en general, y me refiero a los opositores en particular, pueda realizar de forma permanente las funciones reservadas.

Decía hace cuatro siglos el escritor español Agustín de Rojas que “inicua es la ley que a todos igual no es”.

Y que razón tenía.

Al tiempo.

 

Por José López Viña

Especialista en Administración local. Secretario General en Ayuntamientos de Asturias y Madrid. Autor y coautor de manuales, libros y artículos, especialmente sobre procedimiento administrativo. Ahora también bloguero.
Asturiano nacido "a la vera del Cabo Peñes", en Luanco (Gozón), o sea junto a la mar.
Escritor aficionado de literatura.
Practicante aficionado de carreras de fondo.
Abogo por una Administración transparente, sencilla, de fácil acceso para el ciudadano

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