La transparencia de la Administración Pública en su relación con el ciudadano es algo más que el proporcionar la información debida desde los organismos que se financian con presupuestos, gestionan bienes o prestan servicios públicos.
La información debida tiene que ser, además, clara, precisa y comprensible. No solo consiste en el buen uso de la lengua sino en transmitir la información de manera clara, sencilla y procurar la concreción en la respuesta es parte de la transparencia. Ello es la transparencia obligada.
El artículo 3.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público recoge en primer lugar lo dispuesto en el artículo 103 CE, es decir las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
Además, incorpora entre otros, los siguientes principios que las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuación de todas las unidades administrativas:
a) Servicio efectivo a los ciudadanos.
b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
c) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.
d) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos
Una información, o la utilización de un lenguaje en los documentos administrativos, que no sea clara, preciso y comprensible por el ciudadano supone un alejamiento por parte de la Administración de aquellos principios rectores de su actuación y, en definitiva, un alejamiento del ciudadano.
Por ello:
► La información y los documentos administrativos deben ser claros. La claridad es la primera cualidad del estilo del lenguaje de la Administración.
Muchas veces se encuentra el ciudadano con textos que no comprende. El ciudadano tiene derecho a entender lo que se le transmite o informa en un documento administrativo. La Administración está obligada a la claridad.
No proceden ya las formas y construcciones arcaicas, propias de otros tiempos, los alargamientos innecesarios de frases, los párrafos oscuros e interminables o el exceso de tecnicismos. Todo ello hace inaccesible el mensaje y, en definitiva, si no hay claridad no hay transparencia.
► El lenguaje en los documentos administrativos debe caracterizarse por su precisión.
El lenguaje que utiliza la Administración es un lenguaje especializado, lo que le confiere unas características propias, tanto de léxico, como de gramática o de estilo.
Pero una cosa es que deban usarse términos adecuados y precisos, propios del derecho administrativo y otra muy distinta que dichos términos no se entiendan por el ciudadano. Así, por ejemplo, cuando la Administración notifica al interesado una resolución emitida por la misma y le informa de que contra aquella resolución puede interponer recurso de reposición, necesariamente debe utilizar este término preciso (recurso de reposición). Ello no quiere decir que la redacción de esta información no pueda ser sencilla, de forma que se entienda y sea accesible al ciudadano.
► En definitiva, esa información contenida en un documento administrativo debe ser comprensible al ciudadano.
Yo no tengo la menor duda de que la utilización de términos precisos, que se corresponden con lo regulado en la ley, es perfectamente compatible tanto con la utilización de un lenguaje sencillo como comprensible por cualquier ciudadano.
El Defensor del Pueblo difundió en su día a través de su página web un cuestionario sobre transparencia en la información de las Administraciones Públicas.
Aparte de otras cuestiones, como la relativa al tiempo tardado en recibir la contestación de la Administración, me interesa destacar en esta entrada que -según el cuestionario indicado- el 43,10% de las personas que respondieron a la pregunta sobre la comprensión de la información consideraban que la información recibida de la Administración era difícil de entender.
Tras lo cual esa Alta institución constitucional proclamó la necesidad de claridad en el lenguaje administrativo como garantía de transparencia y, haciendo uso de la facultad conferida por los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, efectuó, entre otras, la RECOMENDACIÓN de instar a las Administraciones Públicas a usar un lenguaje comprensible en sus escritos.
Las recomendaciones citadas fueron formuladas al Ministerio de Hacienda y Función Pública; Instituto Nacional de la Seguridad Social; Comunidades Autónomas; los 10 Ayuntamientos de España con mayor número de población: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria y Bilbao; y las Diputaciones provinciales.
Muestra, como la del cuestionario indicado y el resultado de la encuesta, altamente ilustrativa de la percepción del ciudadano sobre el lenguaje que utiliza la Administración.
Si la Administración no utiliza en el lenguaje de sus actos administrativos y en la información que facilita al ciudadano, unos términos claros, precisos y comprensibles, no es una Administración transparente. No basta con la rutinaria publicación en la web de la información institucional, organizativa, presupuestaria y jurídica. Además de que dicha información debe estar actualizada, ha de ser comprensible al ciudadano. Lo mismo el lenguaje utilizado en sus documentos.
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Un comentario en “CLARIDAD EN EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO VERSUS OPACIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN”