NO CABE EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN LA TRANSFORMACIÓN AUTOMÁTICA DE UNA RELACIÓN DE SERVICIO TEMPORAL EN UNA RELACIÓN DE SERVICIO PERMANENTE. ¿QUÉ BIEN JURÍDICO DEBE PREVALECER EN SU PROTECCIÓN, EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA RESPETANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES O EVITAR LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO?

Desde finales del año 2021 he venido publicando una considerable cantidad de artículos sobre la normativa -primero en forma de Real Decreto-Ley y después en forma de Ley- relativa a la reducción de la temporalidad en el sector público. La publicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y -hace apenas unos días- del Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado (AGE) correspondiente a dicha Ley ha supuesto la materialización de los peores presagios.

Poco más puedo añadir. “Doctores tiene la iglesia” y buenos magistrados la judicatura. Pero repasando mis reflexiones durante el último año y medio considero oportuno recordar y reforzar esas opiniones críticas en relación a estos llamados “procesos de estabilización” (que en estos días inundan los boletines oficiales de nuestro país) al propio tiempo que sirven para situar en el contexto histórico, europeo y constitucional las normas aprobadas, a mi juicio de dudosa legalidad y constitucionalidad por las razones que expongo:

1.- ADMINISTRACIÓN, EMPLEADOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS: CAMINEMOS TODOS JUNTOS POR LA SENDA CONSTITUCIONAL

Este era uno de mis primeros artículos, publicados en este blog, acerca de la legislación para la reducción de la temporalidad en el sector público. [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/14/administracion-empleados-publicos-y-ciudadanos-caminemos-todos-juntos-por-la-senda-constitucional-en-el-tema-de-la-interinidad/]

En él decía que la propia Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (antecedente inmediato y origen de la Ley 20/2021) recalca que el TJUE comparte la postura, defendida por España, de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente. Esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Siendo ello así (no se pierda de vista en este momento ni al ciudadano ni el principio de igualdad) y valorando positivamente (al menos en la redacción que consta en el Real Decreto-Ley) las medidas drásticas de “castigo” a las Administraciones que a partir de ahora incumplan las normas sobre la interinidad, incluso admitiendo que alguna medida excepcional debe adoptarse respecto al personal interino actualmente “de larga duración”, lo que a mi juicio no encaja en los principios constitucionales indicados es que la medida anunciada abarque todas las situaciones de interinidad: me refiero al sistema de ingreso, es decir que abarque tanto las situaciones de interinidad en que el empleado superó algún tipo de prueba selectiva como aquéllas. Aquí es donde el ciudadano (sí, el ciudadano, por no decir el opositor que lleva también quince o veinte años presentándose e incluso superando alguna prueba selectiva) puede invocar el principio de igualdad.

Me atrevía a decir -aparte de dudar de la constitucionalidad de la medida- que si ésta se lleva a cabo en los términos y abarcando todas las situaciones que acabo de indicar la “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público” (vamos a denominarla así para entendernos) supondría una verdadera amnistía para las Administraciones Públicas incumplidoras de las normas de selección del personal interino ya que, después de regular con medidas contundentes y sancionadoras (como la declaración de nulidad de pleno derecho) las exigencias de la nueva interinidad, introduce una cláusula de perdón para los infractores anteriores.

Y aquel anuncio de amnistía para las Administraciones Públicas incumplidoras de las normas de selección del personal interino ya se ha producido con lo establecido en las en la disposiciones adicionales sexta y octava en relación al artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (es decir la “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público”).

Quizás ahora podría denominarse ya -para entendernos- “ley de reducción de la temporalidad en el empleo público y de amnistía para los infractores de ésta” [Cuando digo los «infractores de ésta» quiero decir los infractores de las normas reguladoras de la selección de personal temporal, régimen jurídico de éste, duración, oferta anual de empleo público y convocatorias para la provisión de los puestos con carácter permanente]

En fin -concluía mi artículo- marchemos todos juntos pero por la senda constitucional.

2.- INICUA ES LA LEY QUE A TODOS IGUAL NO ES

En otro artículo (publicado el 19/12/2021) alertaba de nuevo de la previsible inconstitucionalidad de la ley próxima a aprobar [la que se convertiría en Ley 20/2021, de 28 de diciembre]

Y adelantaba, ya refiriéndome en concreto a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (FHN), que la prevista integración de los interinos en la Escala de habilitados se produce además una injusta, irregular, desproporcionada y en ningún caso justificada integración [de los citados interinos] en una Escala de funcionarios de personal cuya integración no reúne los requisitos exigidos para que cualquier ciudadano en general, y me refiero a los opositores en particular, pueda realizar de forma permanente las funciones reservadas.

Por ello -concluía mi artículo- rememorando lo que decía hace cuatro siglos el escritor español Agustín de Rojas “inicua es la ley que a todos igual no es”.

Véase el artículo aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/12/19/funcion-publica-la-previsible-inconstitucionalidad-de-dos-normas-de-proxima-aprobacion-inicua-es-la-ley-que-a-todos-igual-no-es/

3.- LA AMNISTÍA DE LAS INFRACCIONES EN LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS

En el artículo sobre “las sombras de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo públicoahondaba, entre otras cosas, sobre estos dos aspectos:

El “castigo parcial” de las interinidades incumplidoras de la ley

-La peligrosa, y probablemente inconstitucional, “amnistía” en los fraudes en el acceso al empleo público

Véase el artículo completo que publiqué en este blog, aquí:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/07/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-ii-las-sombras-de-la-ley-20-2021/

4.- TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN DERECHO AL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD

Esta es la síntesis de mi reflexión en el artículo “A río revuelto, ganancia de pescadores”. SÍ AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE MANIFESTACIÓN Y HUELGA

Decía -y ahora ratifico- que la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público [https://www.boe.es/eli/es/l/2021/12/28/20] establece en su Disposición adicional sexta una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, de tal manera que -a los efectos que aquí interesan- la Administración competente convocará, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas contempladas y dotadas presupuestariamente, que hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

Y adelantaba que frente al sistema selectivo de oposición libre para ingresar como funcionario de carrera en la escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional se introduce la posibilidad de acceso a través de un concurso para otros empleados públicos que hubiesen estado ocupando interinamente los puestos reservados desde hace cinco años, aunque no hubiesen realizado las duras pruebas selectivas para ingreso en dicha escala

Como señala con posterioridad el Catedrático de Derecho Administrativo Federico Castillo Blanco, en su reciente y excelente dictamen acerca de si resulta de aplicación la Ley 20/2021 a los FHN interinos, los procesos selectivos para la habilitación de carácter nacional, que son los que puede realizar la AGE, no pueden ser restringidos, ceñidos a un puesto o plaza, sino de concurrencia competitiva y con carácter general para todos los puestos y plazas que se encuentren clasificados como tales dentro de una determinada Escala y Subescala. A diferencia de ellos los procesos de estabilización, objeto de la Ley 20/2021, son para plazas y puestos concretos que son los que son objeto de estabilización en una entidad local concreta, pero no para obtener una habilitación.

Recordaba en mi artículo, y ahora reitero, que tanto el propio Estatuto Básico del Empleado Público como la Constitución sientan unos principios que -a mi entender- solo podrán saltarse modificando ésta. Así, el artículo 61.1 del TRLEBEP establece que “los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de discriminación positiva previstas en este Estatuto”.

Y el artículo 55 del TRLEBEP establece que “Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico” (como la publicidad de las convocatorias y de sus bases, ex artículo 55.2 a) de dicho Estatuto).

P.D.:

Uno.- ¿Dónde ha quedado la categórica aseveración en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 14/2021, de 6 de julio de que no cabe en nuestra Administración la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente? ¿Y que esta opción está excluida categóricamente en el Derecho español, ya que el acceso a la condición de funcionario de carrera o de personal laboral fijo sólo es posible a raíz de la superación de un proceso selectivo que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad?

Dicho de otro modo: una cosa es que España debía adoptar drásticas medidas para la reducción de la temporalidad en el sector público (medidas que aparecen en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre y que deben aplaudirse y que este bloguero critica positivamente en el artículo https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2022/01/02/luces-y-sombras-de-la-ley-de-reduccion-de-la-temporalidad-en-el-sector-publico-i-las-luces-de-la-ley-20-2021/) y otra muy distinta que el legislador ataje el cumplimiento de aquellos principios constitucionales convirtiendo una relación de carácter temporal en una relación de servicio permanente. ¿O acaso es que debe protegerse más la eliminación de la prolongada temporalidad en el sector público, haya sido la selección y nombramiento del personal de la forma y bajo el procedimiento que fuese, o el respeto a aquellos principios constitucionales, así como el de igualdad, de forma que cualquier ciudadano español haya tenido las mismas posibilidades de acceder a la Administración con una vinculación permanente?

Dos.- Sobre el ejercicio del derecho de manifestación (al que aludía de forma breve en mi artículo citado en el apartado 4 anterior):

Con motivo de la publicación del Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la AGE correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la que se incluyen 807 plazas de las Escalas de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (FHN), 159 por concurso-oposición y 658 plazas por concurso, está convocada una manifestación en Madrid para el día 14 de junio, a las 13:30 horas, en la Plaza de Las Cortes. Además, se ha anunciado ya la interposición de recursos contencioso-administrativos.

Publicado por José López Viña

Especialista en Administración local. Secretario General en Ayuntamientos de Asturias y Madrid. Autor y coautor de manuales, libros y artículos, especialmente sobre procedimiento administrativo. Ahora también bloguero. Asturiano nacido "a la vera del Cabo Peñes", en Luanco (Gozón), o sea junto a la mar. Escritor aficionado de literatura. Practicante aficionado de carreras de fondo. Abogo por una Administración transparente, sencilla, de fácil acceso para el ciudadano

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