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LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

¿Qué recursos caben contra los actos de las Entidades locales? Las peculiaridades del agotamiento de la vía previa contra actos en materia tributaria. Qué otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje existen en relación a los actos de las Entidades Locales

Éstas y otras cuestiones se analizan en el Capítulo VI de mi reciente libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, publicado por la editorial Wolters Kluver, incluyendo -como en el resto de la obra- toda la normativa aplicable, jurisprudencia, doctrina de interés, dictámenes de órganos administrativos y consultas y expedientes de El Consultor en relación con esta materia

El índice completo de este Capítulo se compone de los siguientes apartados:

I. Consideraciones previas

II.-Normativa aplicable

III.- Principios y normas generales sobre los recursos administrativos frente a los actos de las EELL

1. Actos de trámite, actos definitivos y actos firmes

2. Clases de recursos

3. Actos que agotan la vía administrativa en la Administración local

4. Impugnación de disposiciones administrativas de carácter general

5. Requisitos formales para la interposición de recursos administrativos

6. Otros principios informadores

7. Interposición de recursos y ejecutoriedad

1. Regla general

2. Suspensión por silencio administrativo

3. La suspensión por el órgano competente: supuestos y régimen jurídico

8. Instrucción del procedimiento

9. Resolución del recurso administrativo

IV.-Recurso potestativo de reposición

1. Objeto y naturaleza

2. Requisitos de presentación y efectos

2.1. Requisitos de presentación

2.2. Plazo de presentación. Supuestos

2.3. Ante quién

2.4. Efectos de la presentación  

3. Tramitación y resolución

4. Recurso contra la desestimación del recurso de reposición

V.-El agotamiento de la vía administrativa previa en materia tributaria en las EELL

1. Consideraciones previas

2. El recurso preceptivo de reposición

2.1. Naturaleza y ámbito de aplicación

2.2. Procedimiento

3. Aplicación, naturaleza y régimen jurídico de la reclamación económico-administrativa en materia tributaria

VI.-Agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial

VII.-Recurso de alzada contra actos de las EELL 

VIII.-Recurso extraordinario de revisión

1. Concepto y naturaleza

2. Supuestos

3. Régimen jurídico y tramitación en la Administración local

IX.-Otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje

1. Recurso especial en materia de contratación

2. Reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios municipales

3. Quejas ante Defensor del Pueblo

4. Reclamaciones en materia de transparencia

5. Arbitrajes en materia de consumo

[Véase información sobre el resto de los capítulos de esta obra y la colección Todo Administración Local en otras entradas de este sitio web:

blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/09/16/novedades-bibliograficas/

blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/11/procedimiento-administrativo-indice-de-los-capitulos-i-y-ii/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/14/todas-las-normas-de-ordenacion-del-procedimiento-en-las-entidades-locales/

blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/las-fases-de-iniciacion-y-de-instruccion-del-procedimiento/

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/11/13/la-fase-de-terminacion-del-procedimiento/

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LA FASE DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En mi Libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, publicado recientemente por la editorial Wolters Kluver, el Capítulo V viene constituido por la fase de terminación del procedimiento, en el cual, además de analizar los distintos modos de finalización, son objeto de estudio en profundidad instituciones relevantes para el procedimiento como el silencio administrativo, la notificación o la publicación, con especial referencia a las Entidades Locales. Este Libro forma parte de la Colección «Todo Administración Local» de El Consultor, que próximamente su publicará también en formato digital (EL CONSULTOR VISIÓN)

El índice completo de este Capítulo es el siguiente:

CONSIDERACIONES PREVIAS

MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. La resolución expresa

1.1. Obligación de resolver y distinción entre resolución expresa y otras

1.2. Actuaciones complementarias

1.3. Expediente administrativo, propuesta de resolución y resolución expresa

1.4. Requisitos formales y sustantivos

1.5. Plazos de resolución

1.6. Indicación de recursos

1.7. La resolución en la tramitación simplificada

2. La renuncia

3. El desistimiento por el interesado

4. El desistimiento por la Administración

5. La declaración de caducidad del procedimiento

6. La prescripción.

7. La imposibilidad material de continuación del procedimiento

8. La terminación convencional

SILENCIO ADMINISTRATIVO

1.-La naturaleza del silencio administrativo

2.-La vinculación con los derechos de los interesados y la obligación de resolver

3.-El silencio en las peticiones de acceso a la información por los ciudadanos y por los miembros de la Corporación

4.-Relación con los plazos

5.-Régimen jurídico del silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

5.1. Presupuestos del silencio positivo

5.2. Supuestos de silencio positivo

5.3. Supuestos de silencio negativo

5.4. Efectos del silencio administrativo positivo

5.5. Efectos del silencio administrativo negativo

5.6. Acreditación de los actos producidos por silencio.

6.-Régimen jurídico del silencio en los procedimientos iniciados de oficio

 NOTIFICACIÓN

1.- Consideraciones previas

2.- La eficacia de los actos administrativos y la notificación.

3.- Quién debe hacer la notificación del acto administrativo en las EELL

4.- Destinatarios de las notificaciones

5.- Contenido y plazo.

6.- Notificación defectuosa

7.- Notificación infructuosa.

8.- La notificación y la protección de datos personales.

9.- Rechazo de la notificación.

10.- Medios de notificación.

11.- Notificaciones electrónicas

11.1. Supuestos obligatorios, facultativos y excluidos 

11.2. Práctica de la notificación.

12.- Notificaciones en papel

12.1. Supuestos.

12.2. Práctica de la notificación

13.- El cumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento y la notificación

PUBLICACIÓN

1. Actos objeto de publicación en las Entidades Locales.

2. La publicación como instrumento de notificación

2.1. Supuestos

2.2. Contenido

2.3. Simplificación

2.4. La protección de datos personales en las publicaciones.

2.5. A quién corresponde en las EELL

2.6. Medio de publicación

2.7. Coste o gratuidad de publicaciones.

[Puedes ver los Índices de otros Capítulos de este Libro:

CAPÍTULOS I y II: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/11/procedimiento-administrativo-indice-de-los-capitulos-i-y-ii/

CAPÍTULO III: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/14/todas-las-normas-de-ordenacion-del-procedimiento-en-las-entidades-locales/

CAPÍTULO IV: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/las-fases-de-iniciacion-y-de-instruccion-del-procedimiento/ ]

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LAS FASES DE INICIACIÓN Y DE INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Puedes ver aquí las materias tratadas -con especial referencia a la administración local- en el Capítulo IV de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, de la Colección «Todo Administración Local» de «El Consultor» (Editorial Wolters Kluver»), recientemente publicado:

I. Consideraciones previas

II. Normativa aplicable

III. La fase de iniciación del procedimiento

1. Concepto

2. Características

3. Clases de iniciación

4. Disposiciones comunes

4.1. Información y actuaciones previas 

4.2. Comunicación a los interesados del plazo máximo de resolución del procedimiento y efectos del silencio

4.3. Medidas provisionales

4.4. Acumulación a otros procedimientos

4.5. La iniciación del procedimiento y el expediente administrativo

4.6. La iniciación y la tramitación simplificada

4.7. La iniciación y la obligación de resolver

5. Iniciación de oficio por la Administración

5.1. Formalización, ámbito y características

5.2. Iniciación a propia iniciativa

5.3. Iniciación como consecuencia de orden superior

5.4. Iniciación por petición razonada de otros órganos 

5.5. Iniciación por denuncia

5.6. Desistimiento por la Administración

5.7. Iniciación de oficio y caducidad

6. Iniciación a solicitud del interesado

6.1. Diferencia con el derecho de petición

6.2. Las Oficinas de asistencia

6.3. Requisitos de la solicitud de iniciación

6.4. Declaración responsable y comunicación

6.5. Modelos normalizados de solicitud, de declaración responsable y de comunicación previa

6.6. Modelos telemáticos de solicitud

6.7. Propuestas de actuación municipal

6.8. Lengua utilizada

6.9. La iniciación y el Registro

6.10. Subsanación, desistimiento, y mejora de la solicitud

IV. La fase de instrucción del procedimiento

1. Concepto y régimen jurídico de los actos de instrucción

2. Derechos de los interesados durante la instrucción

3. Alegaciones de los interesados

4. La prueba

4.1. Medios de prueba: régimen jurídico

4.2. Periodo de prueba

4.3. Práctica de la prueba

5. Los informes

5.1. Concepto y clases

5.2. Petición

5.3. Plazo, emisión y contenido 

5.4. Los informes y la motivación de la resolución administrativa

6. La participación de los interesados

6.1. Trámite de audiencia

6.2. Información pública

6.3. Participación ciudadana

7. La instrucción y la tramitación simplificada

8. La propuesta de resolución

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Todas las NORMAS DE ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN LAS ENTIDADES LOCALES

En esta entrada puede verse el lndice del CAPÍTULO III de mi obra PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO (de la colección Todo Administración Local, que edita Wolters Kluver), recientemente publicada, en el que de forma sistemática y minuciosa y desde mi experiencia como Secretario Municipal compendio y analizo, en clave local, todas las normas e instituciones jurídicas comunes a las distintas fases del procedimiento administrativo, desde los principios rectores del mismo, los requisitos y vicios de los actos o trámites, los órganos o unidades intervinientes y el régimen jurídico de la abstención y la recusación, así como las normas específicas o tradicionalmente consideradas de ordenación (actualizadas al necesario funcionamiento electrónico de la administración local). Finalmente se incluye el análisis actualizado de instituciones tan vinculadas a las fases procedimentales como los plazos y su régimen jurídico (abarcando igualmente las peculiaridades producidas durante el estado de alarma decretado en marzo de 2020), el registro electrónico y el archivo electrónico único

En el INDICE se incluyen los apartados siguientes:

I. CONSIDERACIONES PREVIAS

II. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

III. REQUISITOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Producción de los actos administrativos

3. Requisitos: contenido, motivación e inderogabilidad singular

3.1. Contenido y motivación  

3.2. Inderogabilidad singular

4. Forma

IV. LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL PROCEDIMIENTO

1. Consideraciones previas

2. Empleados públicos, unidades y órganos administrativos

2.1. Empleados públicos

2.2. Unidades administrativas

2.3. Órganos administrativos

V. LA ABSTENCIÓN Y LA RECUSACIÓN DEL PERSONAL Y LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL PROCEDIMIENTO

1. Conceptos

2. Supuestos de abstención

3. Régimen jurídico de la abstención y efectos4. Régimen jurídico de la recusación

VI. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

VII. LOS VICIOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Consideraciones previas

2. Clases de vicios en el acto administrativo

3. Errores materiales, de hecho o aritméticos

4. Irregularidades no invalidantes

5. Vicios de anulabilidad

6. Vicios de nulidad

7. Procedimiento de revisión de los vicios del acto administrativo

8. Efectos

9. Conversión, conservación y convalidación

VIII. ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. El expediente

1.1. Concepto

1.2. Formato

1.3. Contenido y formación

1.4. Impulso de la tramitación

1.5. Orden de tramitación

1.6. Desglose de documentos y carácter bifronte de éstos

1.7. Custodia de documentos

1.8. Salida de expedientes de las oficinas

1.9. Remisión del expediente electrónico

2. Publicidad de las relaciones de procedimientos

3. Impulso del procedimiento

4. Cumplimiento de trámites

5. Concentración de trámites

6. Cuestiones incidentales

7. Tramitación simplificada

8. Responsabilidad de la tramitación

9. La actuación administrativa automatizada

9.1. Consideraciones previas

9.2. Definición y distinción de conceptos afines

9.3. Régimen jurídico

9.4. Algunos ejemplos

10. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Provinciales

IX. TÉRMINOS Y PLAZOS

1. Concepto y obligatoriedad

2. Reglas sobre el cómputo de plazos administrativos

2.1. Regla general

2.2. Excepciones

2.3. Comienzo y cómputo del plazo

2.4. Finalización del plazo

3. Reglas sobre el cómputo de los plazos en los registros electrónicos

4. Las aplicaciones informáticas y los plazos

5. La habilitación de medios para el cumplimiento de los plazos

6. La ampliación de plazos en el procedimiento administrativo

7. La reducción de plazos en el procedimiento administrativo

7.1. Régimen común de la tramitación de urgencia

7.2. La tramitación de urgencia en virtud de ley

8. La suspensión del plazo máximo de resolución

9. La ampliación del plazo máximo de resolución

10. Los plazos administrativos y el funcionamiento de las oficinas de las AAPP

11. La excepcional suspensión de plazos en el estado de alarma

X. EL REGISTRO ELECTRÓNICO

1. Lugares de presentación de los documentos que los interesados dirijan a la Entidad local

2. Objeto

3. Naturaleza y características

4. Las oficinas de asistencia en materia de registro

5. El registro y la sede electrónica

6. Horario de funcionamiento del Registro de la Entidad local

7. Orden de anotación en el Registro, contenido, recibo acreditativo y curso del documento

8. Dirección de la función de fe pública

9. Creación y regulación.

10.-Entrada en vigor

XI. EL ARCHIVO ELECTRÓNICO ÚNICO

1. Consideraciones previas y definiciones de interés en la legislación vigente sobre archivos

2. El archivo electrónico de documentos

3. La figura del archivo electrónico único y el procedimiento administrativo

4. Conservación y medidas de seguridad

5. Los antiguos archivos en papel

6. Dirección de la función de fe pública

7. Acceso de los ciudadanos al Archivo

8. Entrada en vigor

Más información en este blog:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/04/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo/

https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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Obra sobre Procedimiento administrativo: ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS I Y II

En esta entrada puede verse al detalle el índice de los dos primeros capítulos de mi obra, recientemente publicada

CAPÍTULO I. NORMAS REGULADORAS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES

I. Consideraciones previas

1. Objeto de este bloque de materias.

2. Objeto de este Capítulo

3. Las fuentes del procedimiento administrativo local

II. Concepto y finalidad del procedimiento administrativo de las Entidades Locales

III. Legislación básica sobre procedimiento administrativo aplicable a las Entidades Locales

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

1.1. Naturaleza.

1.2. Contenido de la LPAC. Especial referencia al Título preliminar, las Disposiciones adicionales primera y segunda, Disposición derogatoria y Disposición final séptima (entrada en vigor). Relación entre los Títulos I a VI y los Capítulos o epígrafes de esta Obra.

2. Otras disposiciones orgánicas o básicas, comunes a los procedimientos administrativos de las EELL 

2.1. Supuestos de informe del Secretario

2.2. Solicitud de informe al Consejo de Estado

2.3. Supuestos de informe del Interventor y de fiscalización en los expedientes.

2.4. Procedimientos cuya resolución corresponde al Alcalde

2.5. Procedimientos cuya resolución corresponde al Presidente de la Diputación

2.6. Ejercicio de la competencia por los órganos de las EELL

2.7. Requisitos de funcionamiento y de adopción de acuerdos de los órganos colegiados

2.8. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno Local

2.9. Procedimientos cuya resolución corresponde a la Junta de Gobierno de la Diputación

2.10. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno del Ayuntamiento

2.11. Procedimientos cuya resolución corresponde al Pleno de la Diputación

2.12. Notificación y publicación de acuerdos

IV. Normativa estatal, autonómica y local

1. Normativa estatal. Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre

2. Legislación autonómica:

2.1.Canarias.

2.2.Cataluña.

2.3.Illes Balears.

2.4.La Rioja.

2.5.Navarra.

3. Normativa local

V. Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de  actividades administrativas de las Entidades Locales

1.-Potestad reglamentaria

2.-Aceptación de competencias o delegación de competencias

3.- Creación de Entidades Locales

4.- Alteración de términos municipales

5.-Constitución de la Corporación

6.-Elección de Alcalde y del Presidente de Diputación y de los Cabildos y Consejos Insulares

7.-Régimen de sesiones del Pleno

8.-Sustitución de Concejales

9.-Instrumentos de control y fiscalización de los órganos de gobierno

10.-Moción de censura

11.-Cuestión de confianza

12.-Consulta popular

13.-Ejercicio del derecho a la información pública

14.-Procedimiento sancionador 

15.-Procedimiento de responsabilidad patrimonial

16.-Elaboración y aprobación del Presupuesto

17.-Aprobación de la liquidación del Presupuesto

18.-Aprobación de la Cuenta General

19.-Aprobación de Ordenanzas Fiscales

20.-Establecimiento o modificación de tributos 

21.-Procedimiento de recaudación

22.- Revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos

23.-Aprobación de convenios

24.-Ejercicio de acciones

25.-Sistemas de selección de los empleados públicos

26.-Régimen de las situaciones administrativas

27.-Régimen disciplinario

28.-Procedimientos de concesión de subvenciones

29.-Procedimiento de justificación y reintegro de subvenciones 

30.-Aprobación del expediente de contratación 

31.-Procedimientos de adjudicación de los contratos

32.-Procedimientos de adquisición de bienes

33-Procedimientos de autorización y concesión de bienes demaniales

34.-Procedimiento de enajenación de bienes patrimoniales

35.- Establecimiento, organización y supresión de servicios

36.-Ejercicio de actividades de servicios y de comercio

37.-Instrumentos de prevención ambiental

38.- Espectáculos públicos

39.-Aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico

40.-Aprobación de Convenios urbanísticos

41.-Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo 

42.-Procedimiento de disciplina urbanística

VI. Leyes autonómicas sobre administración local, sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y sobre urbanismo

1.-Leyes autonómicas sobre administración local

2.-Leyes autonómicas sobre espectáculos públicos y actividades recreativas

3.-Leyes autonómicas sobre urbanismo

CAPÍTULO II. LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS Y DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

I. Consideraciones previas

II. Conceptos y régimen jurídico

1. Las personas y la capacidad de obrar ante la Administración: tipos de personas (personas físicas, personas jurídicas, ciudadanos y vecinos)

1.1. Personas físicas y personas jurídicas

1.2. Capacidad jurídica y capacidad de obrar

1.3. La extensión de la capacidad de obrar en el Derecho Administrativo.

1.4. Los ciudadanos

1.5. Los vecinos

2. Los interesados

3. La representación

4. El registro de apoderamientos

5. La identificación ante la Administración. Clases. Sistemas de identificación electrónica

5.1. Clases de identificación:

5.2. Sistemas de identificación electrónica:

6. La firma ante la Administración. Concepto. Clases. Sistemas de firma electrónica

6.1. La firma ante la Administración

6.2. Clases de firma electrónica:

7. El Punto de Acceso electrónico de la Administración

8. La sede electrónica

9. Las oficinas de asistencia en materia de registro

9.1. Introducción.

9.2. Régimen jurídico

10. Documentos aportados por los interesados

11. Modelos normalizados de solicitud

12. Documentos públicos administrativos 

12.1. Introducción.

12.2. Concepto.

12.3. Clases:

12.4. Documento y acto administrativo

12.5. Las normas técnicas de interoperabilidad que afectan al documento electrónico administrativo

12.6. Requisitos de validez del documento electrónico administrativo

13. Copias auténticas realizadas por las AAPP

13.1. Concepto de copia auténtica.

13.2. Requisitos de las copias auténticas.

13.3. Efectos.

13.4. Derechos de los interesados

13.5. Órganos y funcionarios habilitados para la realización de copias auténticas

13.6. Expedición de copias auténticas de otros documentos públicos

14. Transmisiones de datos entre AAPP

14.1. Consideraciones previas.

14.2. La transmisión de datos entre AAPP y el derecho de los interesados.

14.3. La transmisión de datos entre AAPP y la protección de datos de carácter personal

14.4. La Norma Técnica de Interoperabilidad en materia de intermediación de datos

14.5. Plataforma de intermediación de datos

III. Derechos y obligaciones de las personas en sus relaciones con la Administración

1. Derechos

1.1. Elección del medio para relacionarse con la Administración

1.2. Comunicación a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

1.3. Asistencia en el uso de medios electrónicos

1.4. Obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la LPAC

1.5. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

1.6. Acceso a la información pública, archivos y registros

1.7. Trato con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos

1.8. Facilitación del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones

1.9. Protección de sus datos de carácter personal

1.10. Exigencia de responsabilidad a la Administración y autoridades

1.11. Otros derechos

2. Obligaciones

2.1. Acreditar la identidad

2.2. Firmar el documento en los supuestos exigidos

2.3. Inscribirse en el Padrón del Municipio de residencia habitual

2.4. Colaborar con la Administración en los supuestos exigidos

2.5. Comparecer en una oficina pública en los supuestos legalmente previstos

2.6. Otros deberes

3. Derechos y obligaciones de los vecinos

IV. Derechos y obligaciones de los interesados en sus relaciones con la Administración.

1. Derechos.

1.1. Consideraciones previas

1.2. Derechos reconocidos a las personas

1.3. Obtención de información y orientación sobre requisitos impuestos a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar

1.4. No aportación de documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración

1.5. No presentar documentos originales

1.6. Conocer el estado de la tramitación del procedimiento

1.7. Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda

1.8. Conocer el órgano competente para la instrucción y resolución del procedimiento

1.9. Conocer los actos de trámite dictados en el procedimiento

1.10. Acceder y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento

1.11. Identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento

1.12. Formular alegaciones, utilizar medios de defensa admitidos y aportar documentos

1.13. Actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente

1.14. Interponer el recurso resulte procedente en caso de desestimación por silencio administrativo

1.15. Cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos

1.16. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes

1.17. Otros derechos reconocidos a los presuntos responsables en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora

2. Obligaciones.

2.1. Relacionarse electrónicamente con la Administración en los supuestos exigidos

2.2. Responsabilizarse de la veracidad de los documentos que presenten

2.3. Cumplir los plazos establecidos en la LPAC u otras leyes

V. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con las personas

VI. Obligaciones de la Administración en sus relaciones con los interesados en el procedimiento

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Todo Administración Local: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Acaba de publicarse esta obra de la que soy autor.

Examino el régimen jurídico del procedimiento administrativo en clave local.

Puesto al día a partir del RD 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Forma parte de la colección: Todo Administración Local. Editorial El Consultor de los Ayuntamientos (Wolters Kluver).

Con el objetivo de que los operadores jurídicos del procedimiento administrativo local encuentren toda la información necesaria se abordan cada uno de aspectos de esta materia acompañándose en todo momento de la normativa aplicable, la jurisprudencia, doctrina y consultas de interés y en su caso modelos de documentos.

En el Capítulo I se recogen todas las normas de aplicación en el procedimiento administrativo de las Entidades locales, no solo las de la LPAC sino otras disposiciones tanto orgánicas o básicas como otra normativa estatal, autonómica y local, así como las Normas específicas de procedimiento aplicables a la realización de actividades administrativas o ejercicio de potestades por las Entidades Locales.

El Capítulo II supone un compendio de derechos y obligaciones de las personas y de las entidades locales en la actuación administrativa de éstas y en el Capítulo III un estudio pormenorizado de todas las normas rectoras y de ordenación del procedimiento (incluyendo entre las mismas instituciones esenciales para el procedimiento como los requisitos de los actos administrativos y los vicios de éstos y las garantías del procedimiento, el régimen jurídico de los órganos, los términos y plazos, los registros y los archivos administrativos).

En los Capítulos IV y V se analizan las fases de iniciación e instrucción y la de terminación, con especial referencia en este último a las instituciones del silencio administrativo, la notificación y la publicación.

El Capítulo VI trata exhaustivamente de los recursos administrativos, así como otras figuras afines o complementarias, especialmente en su aplicación a la administración local.

Finalmente, el Capítulo VII analiza las peculiaridades procedimentales de la responsabilidad patrimonial y de la potestad sancionadora de la Administración.

En definitiva, una novedosa obra sobre una materia tan cotidiana en el actuar de la Administración local como imprescindible en EL CONSULTOR VISIÓN en la que voy desgranando los aspectos que a la luz de mi experiencia como Secretario municipal resultan fundamentales en el procedimiento administrativo, a la vez que facilita al usuario las fuentes y herramientas necesarias para la resolución de la problemática que en la práctica se plantea.

Más información: https://tienda.wolterskluwer.es/p/todo-administracion-local-procedimiento-administrativo

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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS

Tengo el gusto de anunciar, a través de este sitio web, la publicación en los próximos días de mi libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, que edita Wolters Kluver y que forma parte de una completa colección de El Consultor denominada «Todo Administración Local».

Igualmente se publicará en los próximos días el libro CONTRATACIÓN PÚBLICA, de Milagros Arcocha Giménez.

Y ya han sido publicados los siguientes libros de esta misma colección «Todo Administración Local»:

RÉGIMEN COMPETENCIAL, ORGANIZATIVO Y DE FUNCIONAMIENTO. Autor: Manuel Cebrián Abellán

RÉGIMEN DE BIENES. Autor: Manuel Cebrián Abellán

TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS. Autor: Javier Brines Almiñana

Informaré próximamente de los libros que formarán parte de la completa documentación práctica, innovadora y actualizada que supondrá esta colección para todos los operadores jurídicos en el ámbito de la Administración local

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LO LLAMAN BUROCRACIA Y NO LO ES

En el año 2011 surgió el movimiento de los indignados frente al bipartidismo, por una democracia más participativa y otras medidas para la mejora del sistema democrático. Uno de los lemas que coreaban los manifestantes era el de “Lo llaman democracia y no lo es”. No voy a entrar en la valoración de esa frase ni del llamado Movimiento 15 M. Sin duda que algo cambió en la política de España desde entonces.

Lo único que extraigo de aquella frase es el título de esta entrada que -inspirado en aquel lema- lo reconvierto en “lo llaman burocracia y no lo es”, para demostrar -desde mi punto de vista- el uso inadecuado de dicho término en numerosas ocasiones tanto por la clase política como por el ciudadano de a pie.

Partamos de las dos acepciones, entre las varias que tiene el término (tanto desde la teoría política como a la vista del diccionario de la RAE) que mejor simbolizan su significado tanto desde el punto de vista positivo como negativo del mismo:

– Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo.

– Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

Y es cierto que a veces nos encontramos bien con “papeleo” excesivo o con formalidades innecesarias o superfluas. Lo cual -si es así, y cuando es así- va incluso en contra del principio constitucional de la eficacia que debe presidir la actuación de la Administración Pública (artículo 103 de la Constitución Española (CE).

Sin embargo, a uno -firme defensor tanto del procedimiento administrativo en cuanto garantía de la seguridad jurídica y de los derechos del ciudadano como de la simplificación, celeridad y eficacia administrativa- le duele enormemente que se banalice sobre los trámites y el procedimiento administrativo hasta generalizar y creer y hacer creer y suponer que aquél se identifica con la burocracia en la acepción negativa antes descrita.

El procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, supone la materialización de los principios de eficacia y de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho, como exige el artículo 103 de la CE.

En definitiva, el procedimiento administrativo es un instrumento preventivo de la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas y por ello “expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», como reza el artículo 103 CE” [y así lo recuerda la Introducción de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)].

Y es que ¿es burocracia (en el sentido negativo descrito)?:

-¿que haya un plazo para resolver el procedimiento, tanto para el iniciado a instancia de parte como el iniciado de oficio por la Administración; lo que supone una garantía y seguridad jurídica para el ciudadano?

-¿que estén definidos, o presupuestos legalmente, los efectos jurídicos del silencio de la Administración; lo que otorga al ciudadano, además de la citada seguridad jurídica, el conocimiento del efecto estimatorio (y en definitiva la habilitación de un derecho al interesado, frente a la inacción de la Administración) o desestimatorio (y con ello la apertura del plazo legal para la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo correspondiente)?

-¿que sea necesario un determinado informe técnico y/o jurídico, como garantía de la debida motivación o justificación de la decisión administrativa a tomar?. ¿O es que el ciudadano prefiere que la licencia o autorización solicitada se le conceda, o deniegue, sin más, por la autoridad u órgano político correspondiente, sin el informe previo de un funcionario cualificado en la materia?

-lo mismo un trámite de información pública y/o de audiencia a interesados. ¿O es que el ciudadano no quiere que le den traslado -previamente a la imposición de una sanción- de las circunstancias concretas que motivan la instrucción del expediente, así como el fundamento legal tanto de la infracción imputada como de la sanción prevista? ¿tampoco desea ese ciudadano que le den trámite de audiencia en un expediente no iniciado a instancia del mismo sino de otro, pudiendo afectarle la resolución a sus derechos?

¿Los ejemplos citados pueden calificarse de burocracia? Si lo son en la acepción positiva expuesta, denominémoslos burocracia. Pero no creo que nadie los califique de “burocracia” en el sentido negativo o peyorativo antes indicado.

Los ejemplos citados son paradigmas del procedimiento administrativo. Este -en el marco y contexto constitucional vigente- no es algo inventado por los funcionarios, ni ha de considerarse un instrumento contra el ciudadano sino precisamente salvaguarda y garantía de los derechos del mismo y, cómo queda indicado, expresión clara de que la Administración actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Cualquier actuación de la Administración que vulnere las pautas y normas citadas, denúnciese. La propia ley otorga instrumentos para ello, desde las quejas ante el Defensor del Pueblo hasta la utilización de la justicia administrativa mediante los recursos ante la propia Administración y/o ante los juzgados y tribunales.

Es cierto que deben corregirse determinadas deficiencias de la Administración, como la falta de resolución expresa o la tardanza en la misma, en definitiva el silencio tantas denunciado desde este sitio [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/silencio-administrativo/] y actualmente, con la utilización (necesaria e imparable) de medios electrónicos por la Administración, la falta de atención al ciudadano (igualmente denunciada en este sitio [blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano] en el uso de tales medios, incluso en la propia atención telefónica ante la necesidad de una información por el ciudadano

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Silencio administrativo

Del suspense al drama

[Publicado este artículo en el Blog de EsPublico el 15/01/2021]

El ejercicio de las potestades de la Administración pública se manifiesta fundamentalmente a través del procedimiento administrativo cuya forma normal de terminación es la resolución expresa. Ante la posible ausencia de esta resolución administrativa –expresa- surge la institución jurídica del silencio administrativo, concebido como garantía de los ciudadanos y no como un mero pretexto de la Administración para eximir su obligación o deber de resolver expresamente.

1. Ya la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (LPA), en su artículo 94.2 establecía que la denegación presunta “no excluirá el deber de la Administración de dictar una resolución expresa”.

En aquella ley -del régimen anterior- se planteaba la desestimación presunta como vía para que el administrado pudiera formular el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, según procediese, o esperar la resolución expresa de su petición.

Además, el apartado 1 del mismo artículo 94 diseñaba un mecanismo para que operase el silencio (desestimación presunta) que implicaba un período de intriga, ya que el transcurso del plazo de tres meses sin que la Administración notificase su decisión habilitaba al interesado para denunciar la mora (advertencia a aquélla de que no había resuelto en plazo) abriéndose otro plazo de tres meses (el thriller estaba servido) durante el cual al interesado se le abrían ciertos motivos de esperanza de recibir la respuesta de la Administración, esperanza que se convertía en decepción al transcurrir el nuevo plazo de tres meses sin respuesta alguna, ya que solamente le quedaba entonces la opción de impugnar, en vía administrativa o jurisdiccional, tal desestimación presunta.

Añadir que en aquella Ley de 1958 la regla general era la del silencio negativo y solo se entendía positivo (es decir, favorable a la petición del interesado) cuando así viniese establecido por disposición expresa o cuando se tratase de autorizaciones o aprobaciones que debían acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores.

2. Con la restauración democrática, la Constitución española de 1978 (C.E.) impone unos nítidos mandatos a las Administraciones Públicas en sus artículos 9.2 (el sometimiento al ordenamiento jurídico y la garantía del principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), 103 (el deber de servir con objetividad los intereses generales y de actuar de acuerdo con determinados principios, entre ellos el de eficacia, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y 105 a) (la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas).

Por ello, la concepción vertical de la Administración española basada en la posición de supremacía de la misma (frente al administrado) y en las prerrogativas administrativas (como la autotutela), evolucionó a una concepción más interrelacionada con los ciudadanos, en cumplimiento de dichos mandatos constitucionales. En definitiva, la C.E. limita las tradicionales prerrogativas de la Administración Pública consagrando el pleno sometimiento de ésta a la Ley y al Derecho.

Nos encontramos con una historia basada en hechos reales. Sí, lejos de las disputas partidistas, y doctrinales, sobre determinados e importantes materias constitucionales cuya permanencia en la Carta Magna está actualmente en entredicho, no parece imaginable que las reglas antes relatadas sobre el funcionamiento de la Administración sean, ni vayan a serlo, una quimera.

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L.R.J.A.P.-P.A.C.), especialmente con la reformas de la misma operadas por las Leyes 4/1999, de 13 de enero y 25/2009, de 22 de diciembre, de adaptación a la Ley sobre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, consagra en su artículo 43 la regla general del silencio positivo, es decir, el silencio estimatorio ante la falta de resolución expresa de la Administración, dado que las excepciones a la regla general sólo podían ser establecidas mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o por una norma de Derecho comunitario; además de los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 C.E., aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, se castiga el “doble silencio”, de forma que cuando el recurso de alzada se hubiese interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias antes mencionadas.

4. Pero como quiera que una Ley podría excepcionar la regla general del silencio positivo, aparece -cual filme expresivo de la picaresca española o de la expresión popular de “quien hizo la ley, hizo la trampa”- la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en su Disposición Adicional vigésima novena, regula el régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias,  aprobándose una relación de procedimientos, contenidos en los Anexos I y II, en los que el sentido del silencio tiene carácter desestimatorio. En similares términos y con idéntica intención, las Comunidades Autónomas aprobaron leyes en las que, en el ámbito de sus competencias, se dispuso que para determinados procedimientos opera el silencio negativo en el caso de que la Administración no resuelva en plazo.

5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.), en su artículo 24, consolida el silencio positivo como regla general. Y también regula las excepciones en similares términos a la Ley anterior. Recordemos que entre las excepciones al carácter positivo del silencio se encuentran los supuestos en que una Ley así lo disponga; y no olvidemos que la Disposición Adicional vigésima novena de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre antes mencionada continúa vigente. También se castiga el “doble silencio” en los términos antes indicados.

En definitiva, un remake de la anterior ley, la LRJAP-PAC

Como novedad, el artículo 24.4 de la actual LPACAP de 2015 establece que el órgano competente para resolver, en procedimientos a instancia de parte, en caso de silencio administrativo, emitirá de oficio en el plazo de quince días desde el vencimiento del plazo, el certificado acreditativo de su producción. Resulta cuando menos pintoresco que la Administración que incumplió su obligación de resolver en plazo ahora tenga la obligación de certificar por escrito de oficio la “respuesta presunta”, certificado que además será prueba para impugnar su actuación y, sin embargo, la Ley no prevé las consecuencias de no emitirse “de oficio” esta certificación, lo que abre las puertas (película futurista, pues) a que se pronuncie al respecto la jurisprudencia o que de lege ferenda se regulen tales consecuencias.

6. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (L.T.A.I.B.G.) tiene, entre otros objetivos, reconocer y garantizar el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. Teniendo todas las personas derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) C.E., desarrollados por esta Ley.

Son aspectos destacados de la Ley, a los efectos que aquí interesan:

-Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título primero de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. (Artículo 13)

– Los límites (tasados) al derecho de acceso (Artículo 14)

-El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información (Artículo 17.3)

-La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. (Artículo 20.1)

-Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso (Artículo 20.2)

-Transcurrido el plazo máximo para resolver (es decir, un mes) sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada (artículo 20.4)

-Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa frente a la resolución expresa o presunta en materia de acceso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, siendo el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de dicha reclamación de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada (Artículos 20.5 y 24).

Pues bien -aquí viene el drama, o quizás tragedia– si la Administración está obligada a resolver todas las solicitudes que se le formulen (no hablo del carácter positivo o negativo del silencio, sino de la obligación de resolver), incluso las que versen sobre el acceso a la información a que los interesados tienen derecho y teniendo en cuenta (artículo 20.2 citado de la L.T.A.I.B.G.) que deben ser motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, considero que, independientemente de las vías de impugnación administrativa y/o jurisdiccional, la actitud de silencio injustificado y reiterado que en muchas ocasiones aplican determinadas Administraciones públicas ha de producir en el ciudadano desazón, angustia, desconfianza, impotencia… Repárese en que estamos hablando del reconocimiento de un derecho, a la información, y así como por ejemplo ante la solicitud de una licencia, en que se produce el silencio positivo y por tanto el interesado está habilitado para realizar la obra o la actividad correspondiente, en cambio en el caso de la denegación, por silencio, del acceso a esa información, el ciudadano no puede acceder a la misma, aunque no se trate de ninguna información protegida o cuyo acceso esté limitado. Pero lo que resulta más grave es que según datos estadísticos del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en los últimos cuatro años el número de casos en que no consta cumplimiento por la Administración General del Estado de las resoluciones estimatorias (es decir, que reconocen el derecho de acceso a la información, denegada expresa o presuntamente) ha sido de un 1,8 % en el año 2017, un 7,4 % en 2018, un 18,2 % en 2019 y de un 21,9 % en 2020. Y causa aún más sonrojo los datos correspondientes a las demás Administraciones territoriales, ya que el número de casos en que no consta cumplimiento por las mismas de las resoluciones estimatorias ha sido de un 21,1 % en el año 2017, un 25,6 % en 2018, un 21,6 % en 2019 y de un 22,6 % en 2020.

Los hipotéticos perjuicios que la falta de acceso a una información (por ejemplo, para la defensa de sus derechos ante la propia Administración o ante un tercero) origina en ciertos casos a los ciudadanos pueden ser muy elevados.

En cambio, el castigo para los responsables está previsto en la Ley de una forma un tanto difusa: así, el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo “tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora”, según el artículo 20.6 de la L.T.A.I.B.G. Pero ¿está definido siempre y en cada Administración quién es el funcionario responsable? ¿quién es el responsable en un Ayuntamiento pequeño? ¿cuál es el “régimen disciplinario” de los cargos políticos?

Si bien, debe advertirse de una hipotética responsabilidad penal, del tipo de prevaricación administrativa por omisión, si un Juez apreciase la concurrencia de todos los elementos necesarios del delito en el caso de una manifiesta y reiterada conducta de denegación presunta del derecho de acceso a la información.

No puede decirse que con la actitud silenciosa de la Administración ésta ofrezca -como lo hace con una resolución expresa- una interpretación y aplicación del derecho razonable, motivada y reflexiva, aunque pueda ser discutible y susceptible de revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el contrario, incurre en una conducta grosera, de desprecio palmario, craso, evidente e injustificado hacia el ciudadano o interesado. Acogerse al silencio administrativo no puede suponer nunca un mero pretexto de la Administración para eximir su obligación o deber de resolver expresamente.

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Ayuntamientos e incumplimientos (de la Constitución)

Incumplimientos menos mediáticos, pero frecuentes y extendidos

José López Viña

Publicado en el Blog de EsPublico el 17/06/2020]

En estos últimos tiempos se habla, con motivo del juicio del “procés”, de incumplimiento de la Constitución añadiéndose calificativos graves ya que conducirán, posiblemente, a importantes penas por comisión de delitos relacionados con la violación de nuestra carta magna. Por otro lado, desde el día 15 de junio de este año quedan constituídos los nuevos Ayuntamientos tomando posesión más de 70.000 concejales.

No trataremos aquí del “procés” ni de los nuevos Ayuntamientos y de todas las circunstancias que rodean a ambos temas, pero sí de los incumplimientos de la Constitución que con un alcance u otro se vienen produciendo en las Entidades Locales. Recordemos que cuando los ediles toman posesión lo hacen previo juramento promesa del cargo, como exige la ley, cuya fórmula incluye la expresión “guardar y hacer guardar la Constitución”, lo que implica observar, cumplir, la ley, en este caso la máxima norma jurídica de nuestro ordenamiento. Sin embargo, como digo, quizás con más frecuencia de la deseada, a lo largo del mandato se incumplen preceptos constitucionales, que podemos catalogar en las materias y anomalías siguientes:

1.- Programación y ejecución de los gastos según criterios de eficiencia y economía.

Es un mandato de la C.E. a los poderes públicos, que debe respetarse y que tiene especial incidencia a la hora de celebrar contratos y convenios o de conceder subvenciones. Resoluciones de los tribunales y de las cámaras de cuentas están llenas de pronunciamientos de reproche de los actos de las Entidades Locales por infracción de la legislación reguladora de los contratos públicos y de otras normas en materia de gastos (subvenciones, convenios, normativa presupuestaria) por infracción de dicho principio constitucional.

Artículo 31.2 C.E.: El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

2.-Selección de personal.

Celebración de entrevista como criterio determinante de la selección, ausencia de procesos de selección, ausencia o insuficiente publicidad de convocatoria y por tanto limitación del principio de igualdad de oportunidades para el acceso a la función pública

Artículo 103.3 C.E.: La ley regulará …. el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Artículo 23.2: los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

3.-Participación en asuntos públicos.

Negativas a facilitar documentos concretos y determinados a Concejales. La petición, referente a actuaciones del Ayuntamiento del que forman parte “ha de reputarse precisa para el desarrollo de su función” y la negativa infundada infringe el derecho fundamental establecido el artículo 23.1 de la Constitución.

Artículo 23.1 C.E.: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.

4.-Procedimiento administrativo y audiencia a interesados.

El procedimiento administrativo es la expresión clara de que la Administración debe actuar con sometimiento a la ley y al derecho y salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. La vulneración del procedimiento legalmente establecido puede dar lugar a la nulidad de pleno derecho de la actuación administrativa.

Artículo 105.3 C.E.: la ley regula “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado”.

5.-Eficacia

La falta de funcionamiento íntegramente electrónico de la Administración, que ahora se impone, impide servir al principio de eficacia y reforzar las garantías de los interesados.

Artículo 103.1 C.E.: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

6.-Transparencia, acceso a archivos y registros.

A pesar del reconocimiento constitucional del derecho de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de alardearse de transparencia, por un lado se observan Ayuntamientos con ausencia de portal de transparencia o similar, o informaciones o bien parciales o bien carentes de comprensión, de la actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública, y por otro numerosas resoluciones del correspondiente Consejo de transparencia y buen gobierno estimando reclamaciones de los ciudadanos ante las denegaciones de acceso a información.

Artículo 105 b) de la C.E.: La ley regulará “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”

7.-Participación ciudadana.

La omisión de los trámites de información pública, preceptivos en numerosos procedimientos, o de participación ciudadana, recientemente incorporado, en el ejercicio de la potestad normativa pueden dar lugar también a la anulación de acuerdos adoptados por el Ayuntamiento sobre aprobación de planes o normas vulnerando los preceptos constitucionales sobre la participación ciudadana. Señala la jurisprudencia (STS, entre otras, de 15-1-2000 y 23-1-2003) que “el sentido último del trámite de información pública mira, precisamente, a que por medio de la participación ciudadana se produzcan alteraciones respecto de las previsiones originarias -para que la intervención del ciudadano pueda hacerse sentir en el curso del procedimiento y la participación resulte verdaderamente efectiva-“

Artículo 9.2 C.E.: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” / Artículo 23.1 C.E.: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. / Artículo 105 a) C.E.: la ley regulará “la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”

8.-Promover las condiciones necesarias para acceso a la vivienda.

Aunque hoy por hoy el derecho a la vivienda no se encuentra entre los derechos fundamentales sino entre los principios rectores de la política económica y social, la intervención activa de los Ayuntamientos mediante el planeamiento urbanístico y el Patrimonio Municipal del Suelo puede resultar muy relevante. En este sentido, muchas veces se incumple el mandato legal de que los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de suelo en virtud de lo dispuesto en la legislación urbanística básica, deben ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

Artículo 47 C.E.: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación

9.-La actuación del Ayuntamiento debe servir con objetividad los intereses generales.

Se confunden muchas veces los “intereses generales” con intereses particulares, o del partido o equipo gobernante o incluso con los de la Corporación. En este sentido, es elocuente la jurisprudencia que señala que «las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal»(STS sala 3ª, 29/2/2012, rec. 6392/2008)

Artículo 103.1 C.E.: La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales

10.- Principio de legalidad.

Como vemos en los preceptos que citamos la Constitución está inundada de principios y mandatos a los poderes públicos, y por tanto a los Ayuntamientos, de someter su actuación a derecho. Sin embargo, observamos que con frecuencia se confunde la discrecionalidad con la arbitrariedad, la legalidad con la conveniencia política o partidista, y el derecho con la apariencia del mismo que oculta una desviación de poder.

Artículo 9.1 C.E.: “los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico” / Artículo 9.3: La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos / Artículo 103.1: La Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

Sí, guardar y hacer guardar la Constitución significa cumplir la misma. Sin embargo, las prácticas aquí apuntadas son incumplimientos de la Constitución, con una mayor o menor relevancia jurídica pero incumplimientos.