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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas Mis artículos

LA FASE DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

En mi Libro PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, publicado recientemente por la editorial Wolters Kluver, el Capítulo V viene constituido por la fase de terminación del procedimiento, en el cual, además de analizar los distintos modos de finalización, son objeto de estudio en profundidad instituciones relevantes para el procedimiento como el silencio administrativo, la notificación o la publicación, con especial referencia a las Entidades Locales. Este Libro forma parte de la Colección «Todo Administración Local» de El Consultor, que próximamente su publicará también en formato digital (EL CONSULTOR VISIÓN)

El índice completo de este Capítulo es el siguiente:

CONSIDERACIONES PREVIAS

MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1. La resolución expresa

1.1. Obligación de resolver y distinción entre resolución expresa y otras

1.2. Actuaciones complementarias

1.3. Expediente administrativo, propuesta de resolución y resolución expresa

1.4. Requisitos formales y sustantivos

1.5. Plazos de resolución

1.6. Indicación de recursos

1.7. La resolución en la tramitación simplificada

2. La renuncia

3. El desistimiento por el interesado

4. El desistimiento por la Administración

5. La declaración de caducidad del procedimiento

6. La prescripción.

7. La imposibilidad material de continuación del procedimiento

8. La terminación convencional

SILENCIO ADMINISTRATIVO

1.-La naturaleza del silencio administrativo

2.-La vinculación con los derechos de los interesados y la obligación de resolver

3.-El silencio en las peticiones de acceso a la información por los ciudadanos y por los miembros de la Corporación

4.-Relación con los plazos

5.-Régimen jurídico del silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado

5.1. Presupuestos del silencio positivo

5.2. Supuestos de silencio positivo

5.3. Supuestos de silencio negativo

5.4. Efectos del silencio administrativo positivo

5.5. Efectos del silencio administrativo negativo

5.6. Acreditación de los actos producidos por silencio.

6.-Régimen jurídico del silencio en los procedimientos iniciados de oficio

 NOTIFICACIÓN

1.- Consideraciones previas

2.- La eficacia de los actos administrativos y la notificación.

3.- Quién debe hacer la notificación del acto administrativo en las EELL

4.- Destinatarios de las notificaciones

5.- Contenido y plazo.

6.- Notificación defectuosa

7.- Notificación infructuosa.

8.- La notificación y la protección de datos personales.

9.- Rechazo de la notificación.

10.- Medios de notificación.

11.- Notificaciones electrónicas

11.1. Supuestos obligatorios, facultativos y excluidos 

11.2. Práctica de la notificación.

12.- Notificaciones en papel

12.1. Supuestos.

12.2. Práctica de la notificación

13.- El cumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento y la notificación

PUBLICACIÓN

1. Actos objeto de publicación en las Entidades Locales.

2. La publicación como instrumento de notificación

2.1. Supuestos

2.2. Contenido

2.3. Simplificación

2.4. La protección de datos personales en las publicaciones.

2.5. A quién corresponde en las EELL

2.6. Medio de publicación

2.7. Coste o gratuidad de publicaciones.

[Puedes ver los Índices de otros Capítulos de este Libro:

CAPÍTULOS I y II: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/11/procedimiento-administrativo-indice-de-los-capitulos-i-y-ii/

CAPÍTULO III: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/14/todas-las-normas-de-ordenacion-del-procedimiento-en-las-entidades-locales/

CAPÍTULO IV: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/10/29/las-fases-de-iniciacion-y-de-instruccion-del-procedimiento/ ]

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos NOVEDADES NORMATIVAS

Elogio de la Ley de simplificación administrativa de Aragón

1. Aunque este sitio no pretende ni puede abarcar todas las iniciativas o novedades normativas de las diecisiete Comunidades Autónomas, tras la lectura de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de simplificación administrativa, de Aragón publicada en el BOE en el día de hoy, 18 de marzo de 2021, uno se queda con una agradable sensación de optimismo y -con las debidas reservas en cuanto a sus beneficios, que solo el tiempo valorará- opta con incluir este post en este sitio web que tiene entre su objetivo esencial acercar, hacer más fácil, la Administración al ciudadano.

2. Como indica su Preámbulo, las políticas de simplificación administrativa solo serán eficaces si se conciben y ejecutan simultáneamente en los tres ámbitos implicados: normativo, procedimental y organizativo, única forma real de lograr los objetivos propuestos y de implantar, de forma efectiva, una Administración más ágil y proactiva.

En este sentido en el artículo 1 se indica que es objeto de la Ley establecer medidas de simplificación administrativa para promover la mejora de los procesos regulatorios, de gestión y la organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y su sector público.

Define la simplificación administrativa (artículo 2) como las iniciativas de mejora de la calidad normativa, simplificación normativa, transformación digital del sector público, modernización y racionalización administrativa, revisión, reordenación y agilización de procedimientos y reducción de cargas administrativa; en el artículo 3 lo establece como deber general.

 Y en el artículo 4 fija los criterios para la simplificación de procedimientos, agilización de trámites y reducción de cargas:

a) Simplificación, unificación o eliminación de procedimientos, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia de la actividad administrativa.

b) Reducción de términos y plazos y supresión, acumulación o simplificación de trámites innecesarios, redundantes o que no contribuyan a la mejora de la actividad administrativa, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia de la actividad administrativa.

c) Supresión de cargas administrativas repetitivas, obsoletas, no exigibles legalmente o que, aun siéndolo, no sean necesarias para la adecuada resolución del procedimiento.

d) Supresión o reducción de la documentación requerida a las personas interesadas, favoreciendo la sustitución de la aportación por declaraciones responsables y analizando en todo caso el momento idóneo para la aportación, tendiendo a exigirla únicamente a quienes resulte estrictamente necesario atendida la propuesta de resolución y en el momento inmediatamente anterior más cercano a la misma.

e) Programación temporal del desarrollo de los procedimientos, considerando el impacto de las incidencias administrativas o generadas por los interesados en los mismos.

f) Establecimiento de modelos de declaración, memorias o test de conformidad que faciliten la presentación de solicitudes y la elaboración de informes preceptivos.

g) Extensión y potenciación de los procedimientos de respuesta inmediata o resolución automatizada para el reconocimiento inicial de un derecho o facultad, así como para su renovación o continuidad de su ejercicio. Este criterio se aplicará especialmente a los procedimientos y servicios en que se resuelven las pretensiones y demandas de la ciudadanía tras un único contacto con la Administración o en un tiempo muy breve.

h) Agilización de las comunicaciones, especialmente potenciando la transformación digital de la Administración y fomentando la relación electrónica con los ciudadanos, garantizando, en todo caso, las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deberán reunir los dispositivos y servicios electrónicos para las personas con algún tipo de discapacidad y para las personas mayores, en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos, reduciendo la brecha digital y garantizando atención a aquellas personas para las que no resulte posible la comunicación electrónica.

i) Reordenación de la distribución de competencias entre los diferentes órganos para favorecer de forma efectiva la simplificación de la actividad administrativa, considerando especialmente el principio de subsidiariedad.

j) Fomento de las declaraciones responsables y comunicaciones, reduciendo la aportación de datos, documentos y requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, sin merma de las garantías exigibles ni de la transparencia y control públicos de la actividad administrativa.

k) Agrupación documental, incorporando en un único documento las manifestaciones que, en forma de declaraciones, certificaciones o actuaciones de similar naturaleza, deba hacer una misma persona en un mismo trámite, o en varios si la gestión del procedimiento lo permite.

l) Normalización documental, fundamentalmente de los formularios de solicitud, declaraciones responsables, comunicaciones, certificaciones y documentos de análogo carácter, diseñando modelos que faciliten y agilicen su cumplimentación, con los datos mínimos necesarios para identificar a la persona interesada y facilitando, cuando sea posible, su cumplimentación anticipada. Los documentos e impresos deberán estar en todo caso disponibles en formato electrónico accesible.

m) Revisión de la necesidad de determinados registros y, en caso de serlo, posibilidad de inscripción de oficio y de vigencia indefinida de la inscripción.

n) Mejora de la información sobre requisitos, documentación y procedimientos, cumpliendo las obligaciones generales de transparencia y las específicas que establece la presente ley.

ñ) Formación permanente y específica de los empleados públicos en materia de simplificación administrativa en su triple vertiente: normativa, organizativa y procedimental.

o) Adaptación de la información y los diferentes trámites de los procedimientos a lectura fácil y lenguaje claro para garantizar la participación e integración en la sociedad de las personas con mayores dificultades.

3. Se crea (artículo 6) una Comisión de simplificación administrativa como órgano permanente de asesoramiento y trabajo para el impulso y promoción de la simplificación administrativa en todos los ámbitos del sector público autonómico de Aragón.

 Entiendo positivamente que para evitar cambios en función de intereses partidistas o del gusto del gobierno autonómico de turno, se establece en esta ley que dicha Comisión estará adscrita orgánicamente al departamento competente en materia de Administración pública y, funcionalmente, a la Presidencia; y que estará integrada por un máximo de diez miembros, designados entre el personal al servicio del sector público autonómico y local de Aragón con experiencia o especialización en derecho administrativo, organización administrativa, gestión y políticas públicas, empleo público, contratación administrativa, subvenciones, administración electrónica y transformación digital de organizaciones.

Es elogiable igualmente que se disponga que el mandato de los miembros de la Comisión será de cinco años, que podrá renovarse sin limitación de mandatos; favoreciéndose en lo posible en cada expiración del mandato la renovación parcial de los miembros de la Comisión con objeto de lograr la máxima implicación de los empleados públicos en el impulso a la simplificación administrativa.

4. Se trata de diseñar una estrategia global de cambio, de transformación del conjunto de la cultura organizativa del sector público haciendo que los nuevos principios organizativos y de funcionamiento, repetidamente proclamados, orienten de forma efectiva el rumbo futuro del sector público, sus relaciones con la sociedad y la función de servicio a los intereses generales.

Como proclama el Preámbulo de este texto legal “la Administración debe modernizarse, las actitudes deben modernizarse y la regulación debe, también, modernizarse”

Destaca que es preciso desarrollar los principios de buen gobierno y buena administración, entre muchos otros, los cuales no pueden quedar en meras declaraciones programáticas. ni caer tampoco en delirios hiperregulatorios; y es preciso desarrollar tales principios con visión de futuro ante todo, y también, en las actuales circunstancias, como una de las palancas de salida de la crisis.

La Ley indica que determinadas cuestiones esenciales de la simplificación administrativa que están presentes en la normativa administrativa general (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), sin embargo distan mucho de estar efectivamente implantadas y, sobre todo, no lo han sido a través de un proceso global, integrado y propositivo orientado a lograr su máxima extensión en la organización.  

Por ello, de forma valiente y avanzada regula la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones (artículos 15 a 18), la implantación efectiva del silencio positivo (artículo 27), la reducción de plazos de resolución o informe (artículos 28 y 29), la coordinación interna de los órganos implicados en un mismo procedimiento (artículos 10, 11 y 30), la reducción de las obligaciones de aportación de documentación o la efectividad del derecho a no aportarla cuando la Administración disponga de ella o pueda obtenerla (artículo 31).

Especial mención y elogio merece, a mi parecer, la fijación del silencio administrativo positivo en todos los procedimientos de competencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus organismos públicos iniciados a solicitud del interesado, con las excepciones -además de las ya previstas en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, de aquellos en los que una norma estatal con rango de ley establezca lo contrario. Limitándose extraordinariamente la posibilidad de añadir más excepciones por ley autonómica al establecer que solo excepcionalmente, podrá también establecerse el sentido desestimatorio del silencio mediante norma con rango de ley (que puede tener por tanto carácter autonómico) pero ello ha de ser por razones imperiosas de interés general; y la memoria justificativa de esa norma con rango de ley deberá concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el sentido desestimatorio del silencio, especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios.

Lo mismo cabe decir (artículo 28.3) respecto al plazo máximo de duración de los procedimientos al permitir excepcionalmente, establecerse un plazo superior (a tres meses), mediante norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general. En estos casos, también la memoria justificativa de la norma con rango de ley deberá concretar expresamente las razones de interés general que justifiquen el plazo que se proponga establecer, especificando los daños para los intereses generales ponderándolos con los legítimos intereses de sus destinatarios

5. Con clara intención homogeneizadora, clarificadora y de transparencia para el ciudadano se refuerza la importancia y valor del Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, exigiendo en el artículo 54 que la información de los procedimientos y servicios que se ofrezca por los órganos gestores en sedes electrónicas asociadas, portales de internet asociados a aragon.es o espacios propios dentro del portal deberá ser coincidente con la del Catálogo de Procedimientos Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (en adelante, Catálogo de Servicios). Así mismo se exige que en dicha información deberán incluirse los enlaces a los espacios de tramitación electrónica de forma que las personas interesadas, además de encontrar la información asociada al servicio, puedan acceder a las opciones de tramitación correspondientes.

Como medida complementaria para la consecución de dichos objetivos de claridad, transparencia y no confusión para el ciudadano, se prevé que la dirección general competente en administración electrónica podrá dar de baja aquellos contenidos discrepantes con la información del Catálogo de Servicios que puedan generar confusión en las personas interesadas o que no incluyan las características descritas en este artículo.

No solo eso: en el artículo 33 se dispone que el portal de transparencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón publicará, a efectos informativos, en formatos y presentación fácilmente comprensibles y de forma coordinada con el departamento competente en materia de administración electrónica, la siguiente información:

a) Relación de procedimientos de su competencia.

b) Régimen de intervención administrativa sobre actividad de los particulares que se aplique.

c) Indicación, en su caso, de plazos máximos de resolución y de los efectos que produzca el silencio administrativo.

d) Plazos de emisión de informes y dictámenes de su competencia.

6. Más carácter de proclama política optimista es la declaración de que este proyecto de reformas estructurales de normas fundamentales para la organización y funcionamiento del sector público (regular mejor, homogeneizar procedimientos, suprimir trámites superfluos, automatizar la actuación administrativa utilizando nuevas herramientas tecnológicas, interconectar todas las áreas para facilitar el flujo de información), afrontado por muchos Estados ya y permanentemente pendiente en España [esto es cierto añado yo], “será un instrumento más de mejora para los servicios públicos, la garantía de los derechos sociales y el desarrollo de actividades económicas en Aragón, haciéndolas más competitivas, haciendo más competitivo a nuestro sector público autonómico y, a la postre, aumentando la competitividad de Aragón como territorio”.

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Silencio administrativo

Del suspense al drama

[Publicado este artículo en el Blog de EsPublico el 15/01/2021]

El ejercicio de las potestades de la Administración pública se manifiesta fundamentalmente a través del procedimiento administrativo cuya forma normal de terminación es la resolución expresa. Ante la posible ausencia de esta resolución administrativa –expresa- surge la institución jurídica del silencio administrativo, concebido como garantía de los ciudadanos y no como un mero pretexto de la Administración para eximir su obligación o deber de resolver expresamente.

1. Ya la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 (LPA), en su artículo 94.2 establecía que la denegación presunta “no excluirá el deber de la Administración de dictar una resolución expresa”.

En aquella ley -del régimen anterior- se planteaba la desestimación presunta como vía para que el administrado pudiera formular el correspondiente recurso administrativo o jurisdiccional, según procediese, o esperar la resolución expresa de su petición.

Además, el apartado 1 del mismo artículo 94 diseñaba un mecanismo para que operase el silencio (desestimación presunta) que implicaba un período de intriga, ya que el transcurso del plazo de tres meses sin que la Administración notificase su decisión habilitaba al interesado para denunciar la mora (advertencia a aquélla de que no había resuelto en plazo) abriéndose otro plazo de tres meses (el thriller estaba servido) durante el cual al interesado se le abrían ciertos motivos de esperanza de recibir la respuesta de la Administración, esperanza que se convertía en decepción al transcurrir el nuevo plazo de tres meses sin respuesta alguna, ya que solamente le quedaba entonces la opción de impugnar, en vía administrativa o jurisdiccional, tal desestimación presunta.

Añadir que en aquella Ley de 1958 la regla general era la del silencio negativo y solo se entendía positivo (es decir, favorable a la petición del interesado) cuando así viniese establecido por disposición expresa o cuando se tratase de autorizaciones o aprobaciones que debían acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela de los órganos superiores sobre los inferiores.

2. Con la restauración democrática, la Constitución española de 1978 (C.E.) impone unos nítidos mandatos a las Administraciones Públicas en sus artículos 9.2 (el sometimiento al ordenamiento jurídico y la garantía del principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos), 103 (el deber de servir con objetividad los intereses generales y de actuar de acuerdo con determinados principios, entre ellos el de eficacia, y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho) y 105 a) (la regulación por ley del acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas).

Por ello, la concepción vertical de la Administración española basada en la posición de supremacía de la misma (frente al administrado) y en las prerrogativas administrativas (como la autotutela), evolucionó a una concepción más interrelacionada con los ciudadanos, en cumplimiento de dichos mandatos constitucionales. En definitiva, la C.E. limita las tradicionales prerrogativas de la Administración Pública consagrando el pleno sometimiento de ésta a la Ley y al Derecho.

Nos encontramos con una historia basada en hechos reales. Sí, lejos de las disputas partidistas, y doctrinales, sobre determinados e importantes materias constitucionales cuya permanencia en la Carta Magna está actualmente en entredicho, no parece imaginable que las reglas antes relatadas sobre el funcionamiento de la Administración sean, ni vayan a serlo, una quimera.

3. La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (L.R.J.A.P.-P.A.C.), especialmente con la reformas de la misma operadas por las Leyes 4/1999, de 13 de enero y 25/2009, de 22 de diciembre, de adaptación a la Ley sobre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, consagra en su artículo 43 la regla general del silencio positivo, es decir, el silencio estimatorio ante la falta de resolución expresa de la Administración, dado que las excepciones a la regla general sólo podían ser establecidas mediante una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o por una norma de Derecho comunitario; además de los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 C.E., aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, se castiga el “doble silencio”, de forma que cuando el recurso de alzada se hubiese interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias antes mencionadas.

4. Pero como quiera que una Ley podría excepcionar la regla general del silencio positivo, aparece -cual filme expresivo de la picaresca española o de la expresión popular de “quien hizo la ley, hizo la trampa”- la Ley 14/2000 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, que en su Disposición Adicional vigésima novena, regula el régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias,  aprobándose una relación de procedimientos, contenidos en los Anexos I y II, en los que el sentido del silencio tiene carácter desestimatorio. En similares términos y con idéntica intención, las Comunidades Autónomas aprobaron leyes en las que, en el ámbito de sus competencias, se dispuso que para determinados procedimientos opera el silencio negativo en el caso de que la Administración no resuelva en plazo.

5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (L.P.A.C.A.P.), en su artículo 24, consolida el silencio positivo como regla general. Y también regula las excepciones en similares términos a la Ley anterior. Recordemos que entre las excepciones al carácter positivo del silencio se encuentran los supuestos en que una Ley así lo disponga; y no olvidemos que la Disposición Adicional vigésima novena de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre antes mencionada continúa vigente. También se castiga el “doble silencio” en los términos antes indicados.

En definitiva, un remake de la anterior ley, la LRJAP-PAC

Como novedad, el artículo 24.4 de la actual LPACAP de 2015 establece que el órgano competente para resolver, en procedimientos a instancia de parte, en caso de silencio administrativo, emitirá de oficio en el plazo de quince días desde el vencimiento del plazo, el certificado acreditativo de su producción. Resulta cuando menos pintoresco que la Administración que incumplió su obligación de resolver en plazo ahora tenga la obligación de certificar por escrito de oficio la “respuesta presunta”, certificado que además será prueba para impugnar su actuación y, sin embargo, la Ley no prevé las consecuencias de no emitirse “de oficio” esta certificación, lo que abre las puertas (película futurista, pues) a que se pronuncie al respecto la jurisprudencia o que de lege ferenda se regulen tales consecuencias.

6. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (L.T.A.I.B.G.) tiene, entre otros objetivos, reconocer y garantizar el acceso a la información, regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo. Teniendo todas las personas derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) C.E., desarrollados por esta Ley.

Son aspectos destacados de la Ley, a los efectos que aquí interesan:

-Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título primero de la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. (Artículo 13)

– Los límites (tasados) al derecho de acceso (Artículo 14)

-El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información (Artículo 17.3)

-La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. (Artículo 20.1)

-Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso (Artículo 20.2)

-Transcurrido el plazo máximo para resolver (es decir, un mes) sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada (artículo 20.4)

-Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa frente a la resolución expresa o presunta en materia de acceso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa, siendo el plazo máximo para resolver y notificar la resolución de dicha reclamación de tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada (Artículos 20.5 y 24).

Pues bien -aquí viene el drama, o quizás tragedia– si la Administración está obligada a resolver todas las solicitudes que se le formulen (no hablo del carácter positivo o negativo del silencio, sino de la obligación de resolver), incluso las que versen sobre el acceso a la información a que los interesados tienen derecho y teniendo en cuenta (artículo 20.2 citado de la L.T.A.I.B.G.) que deben ser motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, considero que, independientemente de las vías de impugnación administrativa y/o jurisdiccional, la actitud de silencio injustificado y reiterado que en muchas ocasiones aplican determinadas Administraciones públicas ha de producir en el ciudadano desazón, angustia, desconfianza, impotencia… Repárese en que estamos hablando del reconocimiento de un derecho, a la información, y así como por ejemplo ante la solicitud de una licencia, en que se produce el silencio positivo y por tanto el interesado está habilitado para realizar la obra o la actividad correspondiente, en cambio en el caso de la denegación, por silencio, del acceso a esa información, el ciudadano no puede acceder a la misma, aunque no se trate de ninguna información protegida o cuyo acceso esté limitado. Pero lo que resulta más grave es que según datos estadísticos del propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en los últimos cuatro años el número de casos en que no consta cumplimiento por la Administración General del Estado de las resoluciones estimatorias (es decir, que reconocen el derecho de acceso a la información, denegada expresa o presuntamente) ha sido de un 1,8 % en el año 2017, un 7,4 % en 2018, un 18,2 % en 2019 y de un 21,9 % en 2020. Y causa aún más sonrojo los datos correspondientes a las demás Administraciones territoriales, ya que el número de casos en que no consta cumplimiento por las mismas de las resoluciones estimatorias ha sido de un 21,1 % en el año 2017, un 25,6 % en 2018, un 21,6 % en 2019 y de un 22,6 % en 2020.

Los hipotéticos perjuicios que la falta de acceso a una información (por ejemplo, para la defensa de sus derechos ante la propia Administración o ante un tercero) origina en ciertos casos a los ciudadanos pueden ser muy elevados.

En cambio, el castigo para los responsables está previsto en la Ley de una forma un tanto difusa: así, el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo “tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora”, según el artículo 20.6 de la L.T.A.I.B.G. Pero ¿está definido siempre y en cada Administración quién es el funcionario responsable? ¿quién es el responsable en un Ayuntamiento pequeño? ¿cuál es el “régimen disciplinario” de los cargos políticos?

Si bien, debe advertirse de una hipotética responsabilidad penal, del tipo de prevaricación administrativa por omisión, si un Juez apreciase la concurrencia de todos los elementos necesarios del delito en el caso de una manifiesta y reiterada conducta de denegación presunta del derecho de acceso a la información.

No puede decirse que con la actitud silenciosa de la Administración ésta ofrezca -como lo hace con una resolución expresa- una interpretación y aplicación del derecho razonable, motivada y reflexiva, aunque pueda ser discutible y susceptible de revisión por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por el contrario, incurre en una conducta grosera, de desprecio palmario, craso, evidente e injustificado hacia el ciudadano o interesado. Acogerse al silencio administrativo no puede suponer nunca un mero pretexto de la Administración para eximir su obligación o deber de resolver expresamente.