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LO LLAMAN BUROCRACIA Y NO LO ES

En el año 2011 surgió el movimiento de los indignados frente al bipartidismo, por una democracia más participativa y otras medidas para la mejora del sistema democrático. Uno de los lemas que coreaban los manifestantes era el de “Lo llaman democracia y no lo es”. No voy a entrar en la valoración de esa frase ni del llamado Movimiento 15 M. Sin duda que algo cambió en la política de España desde entonces.

Lo único que extraigo de aquella frase es el título de esta entrada que -inspirado en aquel lema- lo reconvierto en “lo llaman burocracia y no lo es”, para demostrar -desde mi punto de vista- el uso inadecuado de dicho término en numerosas ocasiones tanto por la clase política como por el ciudadano de a pie.

Partamos de las dos acepciones, entre las varias que tiene el término (tanto desde la teoría política como a la vista del diccionario de la RAE) que mejor simbolizan su significado tanto desde el punto de vista positivo como negativo del mismo:

– Conjunto de actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo.

– Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.

Y es cierto que a veces nos encontramos bien con “papeleo” excesivo o con formalidades innecesarias o superfluas. Lo cual -si es así, y cuando es así- va incluso en contra del principio constitucional de la eficacia que debe presidir la actuación de la Administración Pública (artículo 103 de la Constitución Española (CE).

Sin embargo, a uno -firme defensor tanto del procedimiento administrativo en cuanto garantía de la seguridad jurídica y de los derechos del ciudadano como de la simplificación, celeridad y eficacia administrativa- le duele enormemente que se banalice sobre los trámites y el procedimiento administrativo hasta generalizar y creer y hacer creer y suponer que aquél se identifica con la burocracia en la acepción negativa antes descrita.

El procedimiento, constituido por una serie de cauces formales que han de garantizar el adecuado equilibrio entre la eficacia de la actuación administrativa y la imprescindible salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, supone la materialización de los principios de eficacia y de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho, como exige el artículo 103 de la CE.

En definitiva, el procedimiento administrativo es un instrumento preventivo de la esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas y por ello “expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», como reza el artículo 103 CE” [y así lo recuerda la Introducción de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP)].

Y es que ¿es burocracia (en el sentido negativo descrito)?:

-¿que haya un plazo para resolver el procedimiento, tanto para el iniciado a instancia de parte como el iniciado de oficio por la Administración; lo que supone una garantía y seguridad jurídica para el ciudadano?

-¿que estén definidos, o presupuestos legalmente, los efectos jurídicos del silencio de la Administración; lo que otorga al ciudadano, además de la citada seguridad jurídica, el conocimiento del efecto estimatorio (y en definitiva la habilitación de un derecho al interesado, frente a la inacción de la Administración) o desestimatorio (y con ello la apertura del plazo legal para la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo correspondiente)?

-¿que sea necesario un determinado informe técnico y/o jurídico, como garantía de la debida motivación o justificación de la decisión administrativa a tomar?. ¿O es que el ciudadano prefiere que la licencia o autorización solicitada se le conceda, o deniegue, sin más, por la autoridad u órgano político correspondiente, sin el informe previo de un funcionario cualificado en la materia?

-lo mismo un trámite de información pública y/o de audiencia a interesados. ¿O es que el ciudadano no quiere que le den traslado -previamente a la imposición de una sanción- de las circunstancias concretas que motivan la instrucción del expediente, así como el fundamento legal tanto de la infracción imputada como de la sanción prevista? ¿tampoco desea ese ciudadano que le den trámite de audiencia en un expediente no iniciado a instancia del mismo sino de otro, pudiendo afectarle la resolución a sus derechos?

¿Los ejemplos citados pueden calificarse de burocracia? Si lo son en la acepción positiva expuesta, denominémoslos burocracia. Pero no creo que nadie los califique de “burocracia” en el sentido negativo o peyorativo antes indicado.

Los ejemplos citados son paradigmas del procedimiento administrativo. Este -en el marco y contexto constitucional vigente- no es algo inventado por los funcionarios, ni ha de considerarse un instrumento contra el ciudadano sino precisamente salvaguarda y garantía de los derechos del mismo y, cómo queda indicado, expresión clara de que la Administración actúa con pleno sometimiento a la ley y al derecho. Cualquier actuación de la Administración que vulnere las pautas y normas citadas, denúnciese. La propia ley otorga instrumentos para ello, desde las quejas ante el Defensor del Pueblo hasta la utilización de la justicia administrativa mediante los recursos ante la propia Administración y/o ante los juzgados y tribunales.

Es cierto que deben corregirse determinadas deficiencias de la Administración, como la falta de resolución expresa o la tardanza en la misma, en definitiva el silencio tantas denunciado desde este sitio [https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/01/19/silencio-administrativo/] y actualmente, con la utilización (necesaria e imparable) de medios electrónicos por la Administración, la falta de atención al ciudadano (igualmente denunciada en este sitio [blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano] en el uso de tales medios, incluso en la propia atención telefónica ante la necesidad de una información por el ciudadano

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Una «ventanilla», por favor

El principio de eficacia exige que los servicios de  atención telefónica y presencial sean inmediatos y de calidad

Érase una vez una señora que no sabe manejar internet, quiere información sobre su próxima jubilación y la pensión correspondiente y otros datos complementarios.

Se informa de que debe pedir cita por internet. Lógicamente no puede hacerlo ya que ni siquiera tiene internet y no sabe utilizarlo.

Llama a un número de teléfono y al otro lado no está una persona sino un contestador con una serie de opciones a escoger: ninguna de ella encaja en lo que le interesa, que es recibir información sobre el asunto indicado.

Se desplaza a la oficina de la Seguridad Social para informarse del asunto: se encuentra con una larga cola que prácticamente da la vuelta al edificio de la Administración. Entabla conversación con otra señora, ésta le dice que si no tiene cita no tiene nada que hacer y le añade que ella consiguió la cita (a través de internet) un día a las 02:30 horas de la noche.

La Exposición motivos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPCAP) señala que en el título II, capítulo I sobre normas generales de actuación se dispone la obligación de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la Administración General del Estado. Estos registros estarán asistidos a su vez por la actual red de oficinas en materia de registros, que pasarán a denominarse oficinas de asistencia en materia de registros, y que permitirán a los interesados, en el caso que así lo deseen, presentar sus solicitudes en papel, las cuales se convertirán a formato electrónico.

Es decir, el medio para relacionarse el ciudadano con la Administración puede ser presencial o electrónico (artículo 14.1 LPACAP). Y el ciudadano puede optar, en cualquier momento, por el medio de relación con la Administración, pudiendo incluso modificar el medio elegido también en cualquier momento; disponiendo el artículo 13 b) LPACP el derecho de las personas a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con la Administración.

 Todas las Administraciones Públicas (incluidas por supuesto las Entidades Locales) deben «hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos, en virtud de lo establecido en la Disposición adicional cuarta LPACAP: “Las Administraciones Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio”

A nivel local, el artículo 230 del ROF dispone que debe existir en las EELL una Oficina de Información que canalice tanto la publicidad de las convocatorias y de los acuerdos adoptados como el resto de la información sobre la actividad municipal y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.

Y con carácter general el art. 53.1 f) de la LPACAP dispone que el interesado tiene derecho a obtener información y orientación sobre los requisitos necesarios para los proyectos, actuaciones o solicitudes que pretenda realizar.

Por otra parte, actualmente se habla de modernización de la Administración Pública, administración electrónica, digitalización, “Next generation” (fondos de emergencia de la Unión Europea (UE) para relanzar la actividad económica, como consecuencia de la crisis por el COVID), …

Hasta aquí la descripción de un hecho real, que es solo un ejemplo de las quejas de ciudadanos de a pie sobre las dificultades para poder recibir información (directa, o presencial) de la Administración. Y la normativa vigente (que sin duda mejorará en muchos aspectos el funcionamiento electrónico de la Administración).

Como ya decía en mi artículo “La administración electrónica sí, pero una Administración Pública que sirva al ciudadano”, publicado en este sitio web el pasado 8 de abril, el ciudadano, además de la administración electrónica, lo que «quiere, en primer lugar, es que su Administración le atienda. Con ello me refiero a que simplemente atiendan por ejemplo su llamada telefónica o le atiendan presencialmente para obtener una información; pero que no se encuentre con un número telefónico que o bien tiene un coste adicional al normal o no es atendida la llamada o que solo después de muchos intentos es atendida. Es decir, que la Administración le atienda, ya sea de una manera presencial o telefónica o, en su caso telemáticamente. Y no me estoy refiriendo a “la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos” a través del medio telefónico o en su caso presencial a que se refiere el artículo 4 del Reglamento Administración-e (que también) sino a la mera consulta telefónica o en su caso presencial para obtener información de cualquier dato o trámite.»

Recuerdo que hace ya más de cuarenta años se hizo viral -como se dice ahora- aquella frase de que “se derribarán las ventanillas, como muros que separan a la Administración del administrado”, en alusión a la desaparición física de las ventanillas en las oficinas públicas, para sustituirlas por mesas o mostradores en las que el ciudadano se sentaba cara a cara con el empleado informador; y se trataba de evitar también el “vuelva usted mañana”.

Sin embargo, al leer el relato expuesto al principio de este artículo, que es solo un ejemplo (podrían levantar la mano muchos lectores de este artículo) de las dificultades con que se encuentra el ciudadano no ya para hacer un trámite sino simplemente para recibir información de la Administración, puedo asegurar que más de un ciudadano está echando de menos la existencia de aquellas ventanillas… aunque tuviera que volver al día siguiente.

Todo ello me lleva a terminar este artículo con la siguiente reflexión: ¿Cómo va la Administración en su deber de asistir al ciudadano en el uso de medios electrónicos? ¿Y qué grado de calidad tiene actualmente el canal presencial de atención/información al ciudadano?

 Véase el artículo antes aludido aquí: blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/04/08/la-administracion-electronica-si-pero-una-administracion-publica-que-sirva-al-ciudadano/

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Local (LUANCO-GOZÓN), Regional (ASTURIAS)

Nuevos contenidos: REGIONAL (ASTURIAS) / LOCAL (LUANCO-GOZÓN)

Regional (ASTURIAS):

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. Consejería de Presidencia. Sellos electrónicos y actuaciones administrativas automatizadas

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se crean sellos electrónicos y se regulan actuaciones administrativas automatizadas dentro del ámbito de las competencias funcionales de la Consejería de Presidencia.

Resumen:

Esta disposición tiene por objeto la creación de sellos electrónicos de la Consejería de Presidencia y la regulación de las actuaciones administrativas automatizadas a las que se aplicarán.

En concreto, se crean los siguientes sellos:

a) Sello electrónico del Principado de Asturias.

b) Sello electrónico “Plataforma de firma electrónica de la Administración del Principado de Asturias.”

c) Sello electrónico “Principado de Asturias plataformas externas.”

d) Sello electrónico “Firma justicia Principado de Asturias.

El sello electrónico es un sistema de identificación de las Administraciones Públicas en sus actuaciones administrativas por medios electrónicos. Conforme al artículo 19.1 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. Estos certificados electrónicos incluirán el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, así como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos.

Así mismo en esta Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, se establecen las actuaciones administrativas automatizadas a las que se aplicarán cada uno de los citados sellos electrónicos [véanse artículos 4 y 6]

Recordar que se entiende por actuación administrativa automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público (artículo 41.1 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público)

En cuanto a los órganos competentes en materia de las actuaciones administrativas automatizadas incluidas en esta resolución serán los siguientes:

a) Para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, la Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital.

b) A efectos de impugnación de las actuaciones administrativas automatizadas, será responsable la persona titular de Consejería de Presidencia.

Esta Resolución entra en vigor el día 6 de agosto de 2021

Recordar finalmente que a la Consejería de Presidencia le corresponden, entre otras, las funciones siguientes:

– Justicia, seguridad pública e interior. 

– Administración Local.

– Gobierno abierto, transparencia de la actividad pública y participación ciudadana.

– Modernización de los procesos administrativos. 

– Gestión centralizada del soporte tecnológico y los servicios informáticos y de comunicaciones de la Administración del Principado de Asturias

Ver el texto completo de esta disposición aquí: https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/05/2021-07524.pdf

[Ver página completa de Regional (Asturias) en: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/]

Local (LUANCO-GOZÓN):

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD GENERAL:

CÓMO PRESENTAR UNA SOLICITUD GENERAL: DÓNDE, MEDIOS, FORMA, REQUISITOS.

Ver aquí: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/#PRESENTACI%C3%93N-DE-SOLICITUD-GENERAL

[Ver página completa de Local (LUANCO-GOZÓN EN: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/local-luanco-gozon/

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos

GUÍA RÁPIDA DE VÍAS DE RECURSO O QUEJA FRENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

¿Qué puede hacer el ciudadano si la Administración no contesta? ¿y si desestima una solicitud basada en algún derecho subjetivo o en una norma previa habilitante ¿y si desestima una solicitud de acceso a información pública?

¿Cuáles son las vías de impugnación contra un acto de aplicación y efectividad de un tributo u otro ingreso de derecho público dictado por el Ayuntamiento?

¿Cómo y ante quién se pueden formular quejas por el mal funcionamiento de los servicios municipales?

¿Qué hacer si la Administración ha causado un daño al ciudadano que éste no tiene el deber legal de soportar?

¿Qué recursos de impugnación o queja tiene el ciudadano en materias tan cotidianas como el consumo, el uso de las telecomunicaciones o la protección de sus datos personales?

Estas cuestiones se analizan en este sitio web, en la página de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, en el apartado:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFD%C3%93NDE-IR-SI…?

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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA NOVEDADES NORMATIVAS

Administración electrónica: avances para el ciudadano en Seguridad Social y Justicia

Dos disposiciones publicadas hoy, 31 de enero de 2021, en el BOE, establecen mecanismos para facilitar al ciudadano su relación electrónica con la Administración.

Por un lado, se establecen medios más sencillos para el ciudadano para asegurar la verificación de la identidad, la expresión de la voluntad y la prestación del consentimiento, en la realización de trámites con la Seguridad Social a través de los canales telefónico y telemático.

Mediante la Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, se habilita la presentación de solicitudes y documentos, así como la realización de trámites y el acceso a servicios a través de los canales telefónico y telemático.

Como se justifica en la Exposición de Motivos, la utilización de los servicios electrónicos de la Seguridad Social continúa siendo minoritaria, en contraste con el potente crecimiento que ha experimentado en la sociedad española la utilización de las nuevas tecnologías e internet, que se ha configurado como el canal preferente, incluso prácticamente exclusivo, en distintos ámbitos de actividad, especialmente en el sector servicios. Y se constata también que el uso de certificados electrónicos o de cl@ve como medios de identificación no está suficientemente extendido entre los ciudadanos.

Por ello, ambas realidades sugieren la oportunidad de complementar la actual oferta de servicios con nuevos medios más sencillos que aseguren tanto la verificación de la identidad y de la expresión de la voluntad como la prestación del consentimiento por parte de los interesados, en las solicitudes.

Para la realización por medio de los canales telefónico y telemático de los trámites y actuaciones que en cada momento consten relacionados en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, será necesario identificarse ante la Administración de la Seguridad Social mediante los sistemas previstos en esta resolución, que son:

certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen los incorporados al documento nacional de identidad.

videoconferencia o vídeo-identificación.

sistemas de identificación basados en datos biométricos

– sistemas de identificación distintos de los basados en certificados electrónicos cualificados, entre los que se incluyen el sistema Cl@ve, tanto en su modalidad de Cl@ve PIN como de Cl@ve permanente, el acceso mediante código de un solo uso enviado al móvil del ciudadano cuyo número se encuentre registrado en la Seguridad Social (acceso vía SMS), el código seguro de verificación o código electrónico de autenticidad (en adelante, CSV/CEA) que conste en el acto o comunicación de que se trate, así como otros sistemas de identificación basados en datos de contraste (referencia, contraseñas u otros).

Respecto a estos últimos sistemas, da más fácil utilización por el ciudadano, éste deberá obtener previamente en la sede electrónica, una vez autenticado, un código de acceso, con validez temporal limitada, que deberá facilitar en la interlocución telefónica o a través del servicio que se habilite, pudiendo ser solicitados, si ello fuera necesario, otros datos de contraste para verificar la identidad. Una vez validados los mismos, se procederá a tramitar la demanda solicitada.

Véase el texto completo de esta Resolución en el siguiente enlace:

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf

Por otro lado, la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.

Véase el texto completo de esta Resolución en el siguiente enlace:

https://boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf

[Puedes visitar también, en este sitio web, la página:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#NORMATIVA-AL-DÍA ]

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Regional (ASTURIAS) TRANSPARENCIA

Sabías que hasta el día 31 de mayo está abierto el trámite de consulta pública sobre el Proyecto de Decreto (del Principado de Asturias) de Estatuto del denunciante contra la corrupción?

Se pretende fijar el marco jurídico donde se desarrollarán los derechos del denunciante, definidos y regulados en el Título IV la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés [https://www.boe.es/eli/es-as/l/2018/09/14/8/con], así como la presentación de denuncias ante el Canal de Lucha contra la Corrupción y su tramitaciónAsí, el artículo 59 de dicha Ley establece que Cualquier persona física o jurídica podrá denunciar conductas, hechos o situaciones de las que pudieran derivarse ilícitos administrativos o penales con la corrupción o comportamientos contrarios a la integridad pública en el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, los organismos y entes públicos dependientes o vinculados a ella, así como en las sociedades mercantiles y fundaciones en las que aquella tenga directa o indirectamente participación mayoritaria o dominio efectivo cuando sean designados previo acuerdo del Consejo de Gobierno o por sus propios órganos de gobiernoY conforme al artículo 60 el denunciante gozará, en todo caso, de los derechos de confidencialidad e indemnidad (no represalias)

Los ciudadanos pueden presentarse aportaciones a este proyecto normativo hasta el día 4 de junio de 2021

Véase, también en este sitio web en las páginas:

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/regional-asturias-2/#INFORMACI%C3%93N-JUR%C3%8DDICO-ADMINISTRATIVA-DE-INTERÉS

https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?

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¿SABÍAS QUÉ...? INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

¿Sabías que está abierta una consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del servicio público de la justicia?

Hasta el próximo día 31-05-2021 está abierto a todos los ciudadanos el trámite de consulta pública sobre la propuesta de anteproyecto de LEY DE EFICIENCIA DIGITAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA

La Ley de Eficiencia Digital propuesta aborda un marco jurídico que facilite y promueva el avance en el camino de la transformación digital de la Justicia, en el marco de garantizar al ciudadano el derecho a obtener la tutela efectiva de sus derechos ante los Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución), resultando esencial para garantizar este derecho que la Administración de Justicia sea una administración moderna y eficiente.

Los avances en tecnología exigen aprovecharla en beneficio de los ciudadanos, implementando nuevas soluciones dirigidas a proporcionar una Justicia accesible, como son:

– la posibilidad de consultar electrónicamente sus trámites judiciales

– permitir la realización de numerosas actuaciones por vía telemática, ya sea autónomamente o asistido de un funcionario en oficinas de justicia próximas a su domicilio.

– la realización mediante sistemas de inmediación digital, de actuaciones que tradicionalmente se realizaban presencialmente (juicios, comparecencias, mediación).

Los ciudadanos, organizaciones y asociaciones que así lo consideren pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos planteados en el cuestionario, a través del siguiente buzón de correo electrónico: consulta.apleficienciadig@mjusticia.es

El cuestionario que se plantea a los ciudadanos, además de la relación de los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa legislativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación y los objetivos de la misma, puede verse en el siguiente enlace:

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20p%C3%BAblica%20-%20APL%20EFICIENCIA%20DIGITAL.pdf

[Esta entrada puede verse igualmente, en mi blog, clicando en la página de información administrativa (véase menú en el margen superior derecho), en el enlace: https://blogdejoselopezvinyaaldia.com/informacion-administrativa/#%C2%BFSAB%C3%8DAS-QUE…?]

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Local (LUANCO-GOZÓN), Regional (ASTURIAS)

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DERECHO ADMTVO. LOCAL: normas básicas INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Mis artículos TRANSPARENCIA

La administración electrónica sí, pero una Administración Pública que sirva al ciudadano

Estos últimos días se habla (y cualquier ciudadano de a pie habrá “oído algo”) de la administración electrónica, del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos [yo lo denomino aquí, por abreviar, Reglamento Administración-e], de la Agenda España Digital 2025, de impulsar la digitalización de las Administraciones Públicas… Y si a ello añadimos que -según anuncia su exposición de motivos- el citado Reglamento persigue cuatro grandes objetivos, como son mejorar la eficiencia administrativa, incrementar la transparencia y la participación, garantizar servicios digitales fácilmente utilizables y mejorar la seguridad jurídica, pues el asunto suena muy bien, es elogiable -en aras a la simplificación normativa- la unificación en un único texto reglamentario el desarrollo en esta materia de las leyes 39 y 40 de 2015, es decir la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). Y sin duda supone un paso más, a nivel reglamentario, para el funcionamiento electrónico de la Administración.

Ahora bien -y por ello este post podría también titularse “La administración electrónica desde la perspectiva ciudadana”- ¿está produciendo y producirá efectos positivos en la ciudadanía? ¿supone en la práctica un avance en la práctica de cada día en el cumplimiento por la Administración de los mandatos del artículo 103.1 de la C.E. como lo son, entre otros, los de servir con objetividad a los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho?

Cuando un servidor impartía algún curso o charla formativa, a raíz de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos los Servicios Públicos (va a hacer catorce años), transmitía el mensaje de distinguir entre informatización y “administración electrónica”, ya que en el seno de la Administración aquélla es una herramienta (aplicaciones, programas para automatización de procesos, a veces sin interrelación con el ciudadano, como un programa de contabilidad por ejemplo) mientras que el término “administración electrónica” en el sentido regulado por aquella ley, y teniendo en cuenta los fines de la Administración Pública, es más amplio, es aquel en el que se interactúa con el ciudadano (ya sea mediante la presentación de una solicitud en un registro electrónico, o aquél obtiene información -precisa y actualizada- a través de un portal de internet de la Administración, o recibe una notificación electrónica o hace un pago por medios telemáticos).

Por otra parte, desde el prisma de los rectores políticos -a nivel local, y hablo de experiencias vividas o conocidas, no quiero generalizar ya que soy consciente de la existencia de entidades locales muy avanzadas en la materia y desde aquellos lejanos tiempos, aunque intuyo que muchos Ayuntamientos están, desgraciadamente, todavía en la “prehistoria” de la administración electrónica- los recuerdos que tengo son, por una parte, los anuncios a bombo y platillo en muchas entidades locales de haber implantado dicha “administración electrónica”, cuando en realidad se trataba de la adquisición de determinada aplicación informática para la gestión de un trámite o para la gestión de expedientes, pero sin una planificación y estrategia que abarcase los aspectos jurídicos, tecnológicos, organizativos, de simplificación procedimental, formativos y económicos, aspectos todos ellos imprescindibles para hacer una transformación adecuada, decidida y permanente de la Administración “en papel” a la Administración “electrónica” que, además de cumplir los requisitos legales, sea efectiva a los ojos del ciudadano.

Y, unos años más tarde, cuando las leyes 39 y 40 de 2015 comenzaron a apretar a las Administraciones Públicas exigiendo ya su funcionamiento electrónico aunque con sucesivas prórrogas para determinados aspectos (registro electrónico, sede electrónica, punto de acceso general, registro electrónico de apoderamientos…) recuerdo también que tratando en determinados foros o con compañeros y otros empleados públicos la situación de retraso considerable en la implantación de los requerimientos legales a pesar de las advertencias y recordatorios hechos a los responsables políticos correspondientes yo resumía la situación afirmando (en relación a la pregunta de ¿entonces qué va a pasar ante tal retraso e incumplimientos de las exigencias legales en la materia?) que, por un lado, el problema iba a surgir (y en consecuencia tendría que reaccionar la Corporación) cuando hubiese que relacionarse (electrónicamente, por imperativo legal) con otra Administración o cuando alguna de las personas físicas o jurídicas obligadas a relacionarse electrónicamente con nuestra Administración protestase -no creo que fuese más allá de la protesta, pues no conozco muchos casos de acudir tales personas a la impugnación en vía administrativa o jurisdiccional por tal anomalía-; y que por otro lado -esto sí que hace reaccionar a los máximos responsables políticos- cuando miles de vecinos se concentrasen en la correspondiente Plaza Mayor (o, en definitiva, frente al Ayuntamiento) exigiendo a éste la implantación de la administración electrónica entonces sí que la reacción iba a ser inmediata; lo que ocurre -terminaba yo argumentando- esto último difícilmente va a ocurrir, al menos a corto plazo.

Y es que los ciudadanos lo que quieren, además de que la Administración cumpla la ley (artículos 38 a 46 de la Ley 40/2015 y 9 a 12, 13 b), 14, 16, 36, etc. de la LPACAP) funcionando la misma electrónicamente con toda la extensión que dichas normas más el reciente Reglamento de desarrollo exigen (¿cómo no van a querer aquéllos el funcionamiento electrónico? ¿acaso cuando se inventó la máquina de escribir alguien pretendía que los documentos de su Administración siguiesen siendo manuscritos?), pues lo que quieren -digo- es:

-en primer lugar, que su Administración le atienda. Con ello me refiero a que simplemente atiendan por ejemplo su llamada telefónica o le atiendan presencialmente para obtener una información; pero que no se encuentre con un número telefónico que o bien tiene un coste adicional al normal o no es atendida la llamada o que solo después de muchos intentos es atendida. Es decir, que la Administración le atienda, ya sea de una manera presencial o telefónica o, en su caso telemáticamente. Y no me estoy refiriendo a “la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos” a través del medio telefónico o en su caso presencial a que se refiere el artículo 4 del Reglamento Administración-e (que también) sino a la mera consulta telefónica o en su caso presencial para obtener información de cualquier dato o trámite.

-que no le exijan documentos ya presentados o que obran en poder de la Administración o no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate (artículo 53.1 d) LPACAP)

– que le traten las autoridades y empleados públicos con respeto y deferencia, y que les faciliten el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones (artículo 13 e) LPACAP.

– que le “contesten” (utilizo la expresión del ciudadano de a pie) su solicitud. Y es que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación (artículo 21 de la LPACAP). Sin embargo, si ni siquiera se cumplen los mandatos de publicidad activa (me remito al post publicado en este sitio web el pasado 15 de febrero en relación a los porcentajes de cumplimiento por los Ayuntamiento de las obligaciones de publicidad activa, blogdejoselopezvinyaaldia.com/2021/02/15/los-ayuntamientos-necesitan-mejorar-en-transparencia/) ¿qué pasa con los cientos y miles de solicitudes que no son contestadas por la Administración? ¿cuántos ciudadanos están esperando por la contestación a aquél escrito que presentaron hace x meses o incluso años? ¿se ha mejorado -con la implantación de la “administración electrónica”- respecto al abuso del silencio por parte de la Administración?

Esto es resumidamente, en síntesis, lo que el ciudadano quiere. Y no me estoy refiriendo solo a la cuarta parte de la población española, que está constituida por personas mayores de sesenta años, lo que supone más de 12.000.00 de habitantes, sino al conjunto de la población hasta alcanzar los algo más de 47.000.000.

En este sentido, cobra especial importancia:

► el principio de accesibilidad del artículo 2.1 b) del reciente Reglamento Administración-e, consistente en el conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener y actualizar los servicios electrónicos para garantizar la igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas con discapacidad y de las personas mayores. También el principio de facilidad de uso, que determina que el diseño de los servicios electrónicos esté centrado en las personas usuarias, de forma que se minimice el grado de conocimiento necesario para el uso del servicio (artículo 2.1 c) del mismo Reglamento)

► así mismo, la obligación de la Administración (artículo 4 del Reglamento que cito) de prestar la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los canales que se indican, es decir, presencial, a través de las oficinas de asistencia, portales de internet, sedes electrónicas, redes sociales, telefónico, correo electrónico y cualquier otro canal que pueda establecerse de acuerdo con lo previsto en la ley.

► por supuesto, el funcionamiento electrónico en cuanto se refiere a la gestión mediante documentos y expedientes electrónicos (artículos 46 y 51), notificaciones electrónicas (artículos 41 a 45), sedes electrónicas con los servicios a los ciudadanos relacionados en el artículo 11.2 del Reglamento y con la responsabilidad exigida en el artículo 12 a los responsables sobre la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de dichas sedes; y con la actuación administrativa automatizada (del artículo 13 del Reglamento)

¿Acaso con estos instrumentos tecnológicos, tan necesarios y dotados de los mecanismos técnicos y legales precisos, no serán capaces las Administraciones Públicas de resolver, de contestar a todas las solicitudes que se le formulen y de recibir atención inmediata (a través de cualquiera de los canales indicados) sobre cualquier duda que en relación a la organización, funcionamiento y competencias de la Administración le formulen los ciudadanos?

Si es así, el ciudadano podrá afirmar que la administración electrónica supuso que la Administración Pública sirve al ciudadano. Veremos.

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Novedad normativa: Reglamento de la Administración electrónica

Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032

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